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¡Somos sujetos de derechos!

Una guía para cambiar el paradigma de la discapacidad

Por: Elena Pinos @ElenaPinosC

Publicado 26 de octubre 2023

Nueva publicación sobre derechos de las personas con discapacidad propone abordar las discapacidades desde un enfoque humano, social y de derechos. Organizaciones sociales, activistas y familiares de las personas con discapacidad   participaron en el lanzamiento del documento realizado por la Defensoría del Pueblo mediante el Mecanismo de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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Organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad como la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC, la Federación Ecuatoriana Pro-Atención a la Persona con Deficiencia Mental, FEPAPDEM; así como activistas, familiares y sociedad civil participaron en la socialización de la publicación “Derechos de las personas con discapacidad y la obligación de implementar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” que presentó la Defensoría del Pueblo, mediante el Mecanismo de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Aide Peralta, especialista en el monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, en el evento de lanzamiento, explicó que el documento aborda los derechos de las personas con discapacidad al amparo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas que desde 2008 obliga al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos de esta población eliminando barreras de acceso y previniendo la discriminación.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea cambios legales. Es el caso del Código Civil ecuatoriano, vigente desde 1860, que concibe a estas personas como sujetos tutelados, siendo necesario el reconocimiento de su capacidad jurídica como sujetos plenos, iguales en derechos y dignidad.

También sugiere un cambio de paradigmas en el abordaje de la discapacidad. Reemplaza el modelo médico y de rehabilitación, por el modelo social y de derechos humanos. Sobre esto, Peralta explicó que el modelo médico tradicional ve a la discapacidad como una enfermedad, anormalidad y condición individual que debe ser rehabilitada; mientras que el enfoque social es innovador porque ve a la discapacidad como el resultado de las barreras sociales y depende de las garantías que dé el Estado para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad.

“La discapacidad es la suma de una deficiencia física, mental o sensorial y las barreras legales, institucionales, sociales de toda índole que limitan los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es una construcción social”, dijo Peralta.

Otro aspecto que promueve el documento, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el paso de la sustitución de voluntad a un sistema de apoyos y salvaguardas.

Al respecto, las personas con discapacidad ya no necesitan un representante legal que tome decisiones por ellos/as, tutores en el caso de niñas, niños y adolescentes; y de curadores para mayores de 18 años. Y se adopta un sistema de apoyos y salvaguardas que consiste en recibir apoyo de una persona para acceder a información y ayuda sin reemplazar la voluntad propia, con recursos públicos que puedan garantizar estos medios.

Para Rodolfo Minchalo, presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas, FENASEC, las barreras a las que se enfrentan las personas sordas son recurrentes y generan frustración. “Las personas sordas evitamos hacer trámites porque es extremadamente difícil. Cuando voy a sacar la licencia, por ejemplo, se centran en la discapacidad que tengo, pero no en mis capacidades. Sí, no puedo escuchar, pero veo muy bien y puedo manejar, les digo. Además, los funcionarios desconocen la lengua de señas y no están sensibilizados. Desconocen la ley y no saben cómo actuar. Por todo eso, mucha gente deja ahí trámites importantes como cobrar un bono, sacar una licencia u  otros, o debe pagar para que alguien más lo haga”.

Por otro lado, Aide Peralta añadió que la situación de las mujeres con discapacidad merece especial atención debido a casos de embarazo y esterilización forzada que son actos de discriminación y vulneración de derechos, que muchas veces están justificados en decisiones de terceros.

“El Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad prohíbe aplicar la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, mientras que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es el único tratado internacional que garantiza el derecho a la fertilidad, expresamente, en este grupo poblacional. En el documento también se habla de esto porque, al igual que otras formas de vulneración, son recurrentes”, concluyó Peralta.