Solidaridad con Palo Quemado, Las Pampas y la resistencia a la minería
Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx
Publicado 09 de abril del 2024
Organizaciones sociales, indígenas, ecologistas y activistas de seis ciudades del país manifestaron con acciones públicas y comunicados, su respaldo a las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, luego de la militarización ordenada por el gobierno de Daniel Noboa para impulsar la Consulta Ambiental que dé paso al proyecto minero La Plata.
En 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, estas parroquias ya fueron militarizadas, pero la resistencia de las comunidades logró que la Corte Constitucional declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo 754 y con ello, se frenó la consulta ambiental. Sin embargo, el actual gobierno sigue impulsando los proyectos mineros.
A la militarización en Palo Quemado y Las Pampas se sumó la criminalización. 72 campesinas y campesinos fueron acusados de terrorismo por la Fiscalía. Esta acusación llegó mientras las comunidades denunciaron represión por parte de la Policía y el Ejército.
Las comunidades de estas parroquias esperan que la justicia falle a su favor y les conceda una Acción de Protección que paralice la consulta ambiental, cese la militarización y ponga un freno al proyecto minero.
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Solidaridad con Palo Quemado
Tulcán, Carchi
En esta provincia, al norte de Ecuador, organizaciones realizaron el 27 de marzo, una acción simbólica para respaldar a las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas. Colocaron una pancarta en la ciudad, donde se solidarizaron con estas parroquias. Además, manifestaron su rechazo a la minería en Chical, Goaltal, Jijón y Caamaño, comunidades del Carchi.
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Puyo, Pastaza
Colectivos ambientalistas, nacionalidades amazónicas y miembros de la Iglesia Católica de esta provincia realizaron plantones en la Plaza Roja de la ciudad, el 27 de marzo y el 2 de abril.
“Alto al fuego”, “No es ser terrorista, es defender nuestros derechos”, “Terrorista es amenazar y amedrentar al pueblo”, fueron parte de las consignas de exigencia al gobierno, que se escucharon durante estas acciones.
Los plantones fueron acompañados con música y carteles de solidaridad.
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Ibarra, Imbabura
La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador “Chijallta FICI” y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC se movilizaron hasta la Gobernación de la provincia para exigir la salida de los militares de Palo Quemado y Las Pampas. Las organizaciones colocaron fotografías y carteles en el edificio de la Gobernación para evidenciar la represión y violencia en estas parroquias de Cotopaxi. También rechazaron la criminalización de 70 campesinos.
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Latacunga, Cotopaxi
En esta ciudad, la protesta también se centró en la gobernación de la provincia. La Federación de Comunidades y Organizaciones del Cantón Salcedo, FECOS, rechazó la minería en Cotopaxi.
De su parte, la Asociación de Productores Orgánicos y Emprendedores de Cotopaxi, Apaoec, entregó productos agrícolas a Palo Quemado y Las Pampas. Joselyn Vega, presidenta de la organización, manifestó: «El gobierno tiene su capacidad represiva y nosotros tenemos la capacidad organizativa, productiva, siendo diversos, nos unimos y decimos no a la minería».
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Loja
Integrantes del Frente Nacional Antiminero protestaron en el Parque Central de Loja, el 27 de marzo. “Defender los derechos de los pueblos, no es terrorismo”, fue una de las consignas que gritó Benjamín Macas de la Asamblea de los Pueblos del Sur, durante la acción.
Organizaciones como la Red Agroecológica y Surcos de Resistencia también se solidarizaron con las parroquias de Cotopaxi “Sigan luchando por lo que nos pertenece y sigan luchando contra la minería”, manifestó en un vídeo, una de las integrantes de la Red Agroecológica.
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Cuenca, Azuay
Organizaciones estudiantiles y sociales brindaron una rueda de prensa el 27 de marzo, para pronunciarse sobre lo sucedido en Sigchos. Los colectivos señalaron que en Azuay también se vive una situación similar por el avance de la minería.
“Pedir al presidente que cese esta arremetida. Que salgan los militares, los policías, lo único que hacen es defender su tierra, el sueldo donde producen para dar de comer a las grandes ciudades”, “Queremos manifestar nuestro profundo rechazo a este terrorismo de Estado que lo está impulsado el gobierno de Daniel Noboa con sus fuerzas represivas”, señaló Edison Deleg del Frente Unitario de Trabajadores del Azuay.
De su parte, Noelia Ochoa de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuenca manifestó: “Solidarizarnos con el pueblo de Cotopaxi. Son compañeros que exigen una lucha justa por su tierra y agua”.
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Quito, Pichincha
En esta ciudad se desarrolló un plantón en la Embajada de Canadá, el martes 26 de marzo,y un plantón a las afueras del Ministerio de Ambiente, el miércoles 27 de marzo.
Las acciones se desarrollaron de forma pacífica, sin embargo, la policía desalojó la calle de forma violenta. Organizaciones y colectivos participantes denunciaron el uso de gas pimienta, de motos y golpes con toletes por parte de la Policía para dispersar la multitud. Comunicadores de medios comunitarios también denunciaron agresiones mientras realizaban su trabajo periodístico.
En el plantón nuestra compañera Angelly Tinoco recibió gas pimienta en su rostro, a pesar de identificarse como prensa.
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Amazonía Centro Sur
Las nacionalidades del Centro Sur de la Amazonía dieron una rueda de prensa el lunes 1 de abril, donde rechazaron la violencia en contra de los pueblos indígenas. También ratificaron su oposición a la Consulta Popular, propuesta por el Presidente Daniel Noboa: «Porque esta consulta permite que nuestros territorios en algún momento sean militarizados y que nosotros seamos criminalizados. Siempre hemos sido vistos como terroristas», según expresó Luis Canelos, presidente de Pakkiru.
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Pueblo Montubio
En un comunicado del 22 de marzo, el Pueblo Montubio hizo un llamado a “los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza para que visibilicen a este abuso de autoridad y la violenta arremetida de instituciones de gobierno contra los más desatendidos de Ecuador”.
El Pueblo Montubio rechazó el avance del extractivismo y rechazó la violencia en las comunidades.
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Conferencia Episcopal Ecuatoriana
La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal se pronunció y apeló a “la responsabilidad social de las autoridades del Estado ecuatoriano y de las empresas involucradas en la exploración y extracción minera, para que resuelvan los conflictos de acuerdo con la normativa que establece la Constitución y la Ley”. En su comunicado, la Conferencia Episcopal recordó el Laudato Deum que en su numeral menciona que: “Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos” y recordó que la vida está por encima de los bienes de capital.
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Asamblea de los Pueblos del Sur
En un comunicado, esta organización recordó a los luchadores sociales, asesinados en el marco de la resistencia antiminera como Bosco Wisuma, José Tendetza, Albita Bermeo, José Durazno, Eduardo Mendúa. También lamentó la criminalización a seis defensores de Las Naves en Bolívar y a 72 campesinos de Palo Quemado y Las Naves.
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Red REPAM
A través de un mensaje del 29 de marzo, pidieron al gobierno ecuatoriano “que respete la vida y los derechos de los habitantes” de Sigchos. “Nos solidarizamos con quienes sufren por causa de la justicia y en defensa de la Naturaleza”.
REPAM está conformada por organizaciones religiosas latinoamericanas, de los países que comparten el Amazonas: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.
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Acción de Protección
El Alcalde de Sigchos, Óscar Monge, presentó una Acción de Protección, el 25 de marzo, que fue acogida por la Unidad Multicompetente del cantón. El juez Darwin Paredes dictó como medida cautelar, la suspensión provisional de la Consulta Ambiental y el repliegue de las fuerzas militares.
Inicialmente, la Audiencia de Acción de Protección debía realizarse el martes 2 de abril. Cientos de habitantes de Palo Quemado y Las Pampas acompañaron con una movilización la audiencia. Sin embargo, esta no pudo realizarse por problemas de conectividad que impidieron que los representantes de los Ministerios involucrados en la Consulta, puedan conectarse a la audiencia.
Oscar Monge, alcalde de Sigchos, Ana María Herrera, asambleísta de la provincia y Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, rechazaron la no presencia física de las autoridades del gobierno en esta audiencia. «Qué pena que los ministerios de las diferentes carteras de Estado no estén porqué no están preparados. Y de seguro no están preparados para defender lo que querían y quieren hacer con nuestros territorios». «Esto es una burla para el cantón Sigchos», señaló Monge.
Alex Toapanta, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC, señaló que la minería no solo es un problema de Sigchos sino de todo Cotopaxi: «La provincia entera tiene el problema de la minería. 90 mil hectáreas tienen minería. La provincia entera les dice No a la minería». Es así que, el Frente Nacional Antiminero denunció el sábado 6 de abril que 13 campesinos y campesinas del cantón Pangua, en Cotopaxi, también fueron criminalizados por la minera Anglo American que impulsa el proyecto Pegasus.
Para este 9 de abril está prevista nuevamente la audiencia de Acción de Protección en Sigchos. Organizaciones en Quito y Puyo anunciaron acciones de respaldo para ambas parroquias.
