por Verónica Calvopiña @kinoraxx
Javier es un campesino de Junín, en Intag al norte de Ecuador. Su vida la divide entre el trabajo agrícola en una finca, el liderazgo de su comunidad y la defensa del derecho a su territorio ante los proyectos mineros. La parroquia de Intag, desde los años 90, ha sido acosada por la presencia de empresas transnacionales mineras que intentan explotar cobre en sus montañas. En 2013, la empresa minera de Chile Codelco, ingresó a Intag junto con la ENAMI, Empresa Nacional Minera, creada durante el gobierno de Rafael Correa para explorar y explotar yacimientos mineros considerados de mediana escala.
Javier Ramírez
Javier, así como la comunidad se opusieron a la presencia de estas empresas mineras y a la explotación del proyecto Llurimaguas. A él le preocupa que la minería afecte el agua de los ríos y eso traiga consecuencias para la agricultura, que es la principal fuente de sustento para la comunidad. Sabe que para extraer una tonelada de mineral, se debe remover cien toneladas de tierra. Teme que la extracción de minerales altere el bosque primario que atraviesa Intag, por eso se pregunta ¿a dónde va ir toda esa tierra que sale de las montañas?
El 10 de abril de 2014, Javier y otros dirigentes de Intag fueron invitados por el ex Ministro del Interior y hoy actual Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano a una reunión en Quito. Antes de ser ministro, Serrano fue abogado de derechos humanos y defendió a la comunidad de Intag, frente a los abusos cometidos por la minera canadiense Ascendant Cooper. Luego de la reunión, cuando Javier y sus compañeros retornaban a su hogar, fueron detenidos en Nanegalito. Javier fue acusado por Fiscalía, de supuestamente agredir a técnicos de la empresa ENAMI, todo como parte de un plan para impedir los trabajos mineros. Por esto Javier fue condenado a diez meses de cárcel por el delito de rebelión. Javier cumplió su condena aunque siempre se declaró inocente, argumentando que el día del supuesto ataque, él estaba enfermo; también aseguró que su detención fue arbitraria, ya que la Policía nunca le mostró una orden de captura.
Para Harold Burbano, de la la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH “El caso de Javier es particular, uno por el tipo penal que usaron, que fue Rebelión, en el marco de una protesta donde él no participó. Luego el proceso penal fue muy raro, porque a pesar de haber varios procesados, a él particularmente por ser líder, se le estableció prisión preventiva”.
Harold Burbano – INREDH
Para Burbano el caso de Javier es una muestra de cómo en los últimos 10 años, hubo un uso de la ley penal para perseguir a los defensores de derechos humanos e impedir su trabajo, lo que unido al avance de proyectos extractivos, como la minería, contribuyó a formar un entorno nada propicio para la defensa de derechos.
Según datos de INREDH, desde el año 2012 se han impulsado procesos penales amparados en el Código Orgánico Integral Penal en contra de aproximadamente 282 personas por actividades de defensa de derechos, es decir, un aumento de más del 300% de víctimas de la criminalización. Parte de los casos de criminalización a defensores de derechos se dio durante el Levantamiento Indígena y Paro Nacional del 2015. De allí que la CONAIE, presentó a la Asamblea Nacional en el mes de mayo, el pedido de amnistía para 35 casos de criminalización que involucran a 177 personas.
Para INREDH, la falta de un entorno propicio para los defensores, hace que se ubiquen en “una posición de vulnerabilidad”, así lo asegura en un boletín emitido el 9 de diciembre, Día de las Defensoras y Defensores de Derechos.
En el caso de Javier Ramírez se usó la ley penal para criminalizarlo pero hay otras vulneraciones a las que está expuesto un Defensor de derechos. La organización internacional Witness, en su informe 2017, menciona que las agresiones contra defensores de derechos pueden ser desaparición forzada, las amenazas y ataques a la familia, el acoso sexual, chantajes, la vigilancia ilegal, acoso judicial, prohibición de viajes, uso de la fuerza como represión en manifestaciones pacíficas, entre otras. El asesinato encabeza la lista de estas agresiones. En Ecuador, según INREDH, hay tres defensores de derechos humanos y de la naturaleza muertos en el marco de la defensa de la nacionalidad shuar de su territorio: José Tendetza, Freddy Taish y Bosco Wisuma.
Liberación de Javier Ramírez, defensor de los Derechos de la Naturaleza de Intag
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también ha dado cuenta de las amenazas que sufre un defensor de derechos. En su informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, presentado en 2015, el organismo hace un recuento de las principales formas de criminalización al trabajo de los defensores de derechos, así como las consecuencias que esta situación deja para sus vidas.
En dicho informe además, la Comisión recomienda a sus Estados miembros no manipular la justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos, así como no someterlos a juicios injustos e infundados. Otra de sus recomendaciones es que los Estados adopten las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar los derechos de las defensoras y defensores. De allí que INREDH recuerda que en el país “no existe un sistema de protección para defensores dentro del marco normativo” e insta al Estado a reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos, y a entender su labor, la misma que se desarrolla dentro de un contexto político, económico y social, como es en algunos casos proyectos extractivos.
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