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La segregación por sexo/género como medida de contención de la COVID 19

¿Por qué esta medida discrecional suena tan natural y normal?

 

Por: Sonia Corrêa @sxpolitics

 

Publicado 16 abril 2020

Tiempo de lectura: 7 minutos

 

 

“Pero la gente muere, ¿verdad? Sí, claro. Sucede, sin embargo, que la naturalización actual de la muerte cancela el pensamiento crítico” Santiago López Petit “El coronavirus como declaración de guerra”, en Sopa de Wuhan, 2019

En la primera semana de abril, la prensa internacional informó que, para reducir drásticamente la circulación de personas en las ciudades a fin de contener la transmisión de la COVID-19 los gobiernos de Panamá y Perú habían definido el criterio de sexo/género para establecer una rotación de quién puede o no puede salir de casa cada día de la semana. Con razón, y muy rápidamente, los efectos de esta medida sobre las personas travestis y trans fueron objeto de denuncias y análisis y la medida se convirtió en objeto de debates en las conversaciones regionales. Estas discusiones fueron el punto de motivación para la investigadora feminista brasileña Sonia Corrêa, para escribir este artículo donde analiza estas medidas como parte de los órdenes desiguales, jerárquicos y autoritarios de género y sexualidad.

 

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Escribo este texto como feminista, y también como brasileña. Es decir, como alguien que vive la crisis de la COVID 19 al mismo tiempo como pandemia y pandemonio político, producido por uno de los cuatro “presidentes” que niegan la gravedad de la crisis poniendo en peligro la población de sus países –los otros tres negacionistas son Daniel Ortega de Nicaragua y los dictadores de Bielorrusia  y Turkmenistán–.

En Brasil, yo,  así como miles de personas que no comparten esta locura, estamos defendiendo, con uñas y dientes, las medidas de aislamiento social, en un contexto, como otros, en el que el gobierno no se ha preparado para la crisis. Faltan pruebas, camas y respiradores, y el pronóstico de lo que le puede pasar a la población más pobre –que es la mayoría– es tenebroso. 

Reconozco la validad y urgencia de las medidas sanitarias de aislamiento social y creo que los estados deben actuar con gran amplitud y pulso, porque como dice la politóloga brasileña, Angela Alonso, en las condiciones de pandemia ningún Estado puede permitirse ser más neoliberal, porque es fundamental garantizar el acceso a la salud, los programas de protección de ingresos y la alimentación de las personas, y también las medidas de restricción que contengan la propagación del virus. Sin embargo, esto no significa, en mi opinión, renunciar a las reflexiones críticas y necesarias sobre las numerosas, profundas e riesgosas implicaciones de la anormalidad y excepcionalidad que se ha instalado en el planeta por efecto de la pandemia.

La crisis que estamos experimentando es sanitaria y económica, pero también es política y biopolítica.  Como sabemos, la COVID-19 ofrece a los diversos regímenes autoritarios y autocráticos que existen en el mundo justificaciones fáciles para amplificar las medidas arbitrarias y coercitivas, siendo un ejemplo, la “orden de matar” instalada por Duterte en Filipinas. Y, saca a la luz las tentaciones totalitarias que, como siempre nos recuerdan pensadores como Hannah Arendt y Michel Foucault, yacen latentes en formaciones democráticas. Estas tentaciones son ciertamente más palpables y fáciles de saltar a la luz en nuestras democracias, hoy abrumadas por procesos de erosión más o menos intensos. Un ejemplo de eso es la conducta de Bukele, en El Salvador.

Por otra parte, la crisis de la COVID reactiva, actualiza y radicaliza los aparatos y dispositivos del biopoder y de la biopolítica, en lo que respecta tanto la gestión de la población a gran escala –como la contención de las aglomeraciones y la circulacióN–, cuanto los dispositivos disciplinarios de vigilancia del cuerpo social y de los cuerpos individuales. En este sentido, nunca será de más recordar que el sexo y el género –como pilares que articulan a los individuos con la especie – están en el centro de esos aparatos.

Por lo tanto, la decisión de los gobiernos de Panamá y Perú de restringir el derecho de las personas a ir y venir, basándose en los criterios de sexo/género, debe situarse en relación con esta gama más amplia de cuestiones y riesgos. Así, no es trivial, en mi opinión, que en esos dos países hay una cifra importante de personas detenidas por desobedecer la cuarentena (acá y acá), así como profesionales de salud peruanos que han denunciado carencia de insumos para responder a la crisis (acá). Por eso, es esencial preguntarse, con toda seriedad, ¿por qué estas autoridades estatales eligieron este criterio de segregación de la población con el fin de restringir la circulación y no otro?.

Seguramente habría otras alternativas. Una de ellas sería, por ejemplo, recurrir a los últimos números de los carnés de identidad, segregando los pares e impares para cada día de la semana. Otra, más fácil de entender para la mayoría de la gente, sería segregar por meses de nacimiento: todas las personas nacidas entre enero y junio salen los lunes, miércoles y viernes, mientras que los demás salen los demás días. Estas opciones serían mucho más apropiadas porque son objetivas y no recurren a categorías contaminadas por distorsiones vinculadas al vasto repertorio de construcciones sociales.

En mi opinión, estos gobiernos han elegido el sexo/género como criterio de segregación, porque como dirían los franceses ça va de soi, o sea “así son las cosas”. Como han subrayado durante mucho tiempo las teóricas feministas, el dimorfismo sexual es un marcador milenario  de diferenciación social, un “diferencial natural” constantemente reiterado. En un razonamiento instrumental, típico de la lógica estatal, la utilización del sexo/género como criterio facilita la labor de vigilancia: basta  mirar para saber “quién es hombre y quién es mujer” –lo que dispensa, por ejemplo, la consulta de documentos de identidad–. Sin embargo, después de décadas de lucha por la justicia de género, justicia social y la democracia sexual en el mundo y en América Latina, las cosas ya no son así.  Esas luchas han legitimado gradualmente el reconocimiento de que, como dijo la filósofa feminista Judith Butler, en su texto El ataque contra la “ideología de género” debe parar, de 2019:

“nos asignan un sexo, nos tratan de varias maneras que comunican expectativas de vivir conforme a un género u otro, y nos formamos dentro de instituciones que reproducen nuestras vidas a través de normas de género. Por lo tanto, siempre somos “construides” de maneras que no elegimos. Y, sin embargo, todes buscamos armar una vida en un mundo social en el que las convenciones están cambiando y donde luchamos por encontrarnos dentro de las convenciones existentes y en evolución. Esto sugiere que el sexo y el género están construidos de una manera que no está totalmente determinada ni es totalmente elegida, sino que reside en la tensión recurrente entre el determinismo y la libertad.”

Al imponer la regla de la segregación basada en el sexo/género, los Estados en cuestión inevitablemente cosifican el supuesto determinismo biológico del dimorfismo sexual. La medida pone inmediatamente a las personas no binarias en un “no-lugar” en contextos de riesgo y vulnerabilidad, incluso por que el poder de la violencia y la coacción de los estados se ha amplificado. No sin razón, los primeros desafíos a las medidas provinieron del activismo trans, pues la medida facilita e incita al estigma y la violencia contra los travestis, las mujeres trans y los hombres trans. Esas consecuencias pueden ilustrarse con la experiencia de Bárbara Delgado en Panamá, descrita por Cristian Gonzales Cabrera  de Human Rights Watch, quien fue arrestada y humillada por la policía porque su identidad social de género no coincidía con la de su documento de identidad.

Estas denuncias deben ser escuchadas, valoradas y respondidas por las autoridades, y replicadas por todes los que pensamos y actuamos sobre el género, la sexualidad y los derechos humanos.   En el caso del Perú, hay que decir que el presidente, Martín Vizcarra, al anunciar las medidas de segregación, declaró que se harán esfuerzos para frenar la transfobia y la homofobia. Este compromiso, aunque bienvenido, es insuficiente. Como saben las personas no binarias que están sujetas al poder de los agentes del orden en su vida cotidiana, estos principios no son fácilmente transportables de la alta política a las calles y a las comunidades marginadas.

Pero hay más que decir. Además de facilitar y fomentar la estigmatización y la violación de los derechos de las personas travestis y trans,  las medidas de segregación reactivan, cuando no cristalizan, el llamado orden natural de sexo/género, o sea, las capas culturales en las que se basan la división sexual del trabajo y las desigualdades entre hombres y mujeres. Para aclarar este argumento, imaginemos que en sociedades profundamente marcadas por el racismo estructural –como Brasil, Colombia, Sudáfrica o incluso Panamá–  se adoptasen medidas de segregación basadas en la raza: los blancos salen un día, los negros en el otro. Esa política sería un escándalo, ¿no?

Sin embargo, y lamentablemente, en 2020, separar a las mujeres y los hombres en el espacio público a nivel discrecional sigue sonando natural y normal. Para mí, esto es muy anormal, especialmente en el contexto de la pandemia cuanto se hace evidente el desbalance en la división sexual de la economía de cuidado, cuando por efecto de la cuarentena los números de violencia de género crecen vertiginosamente y se están cerrando servicios de salud reproductiva y de aborto. Nosotras, feministas, deberíamos estar tan indignadas con las medidas como lo están las travestis, mujeres y hombres trans. También pienso que la virulenta reacción del grupo antigénero ConMisHijosNoteMetas al compromiso del presidente peruano con una agenda de no discriminación para los transexuales y los homosexuales no debería confundirnos. Sospecho que a ellos les agrada mucho el criterio de segregación y su reacción estridente no justifica la defensa ciega de las medidas. Como le dije a una interlocutora peruana, estas son situaciones en las que nuestro pensamiento y acción se mueven al filo de la navaja. Es necesario, de un solo golpe, reconocer el mérito del discurso presidencial, desafiar los argumentos de las fuerzas antigénero y contestar las medidas de segregación por sexo/género.

Dicho eso, soy muy consciente de que, en tiempos de COVID-19, no es una tarea banal articular y vocalizar esta crítica. Entre otras razones, porque la lógica del biopoder y de la biopolítica activa el salubrismo inscrito en nuestras formas de ver y pensar. También somos capturados por el argumento “definitivo” de que las restricciones deben tener primacía sobre todo lo demás. Sobre todo, como estamos viendo, el miedo a la muerte se convierte en un instrumento de la pedagogía social y, como sugiere Santiago López Petit en su texto “El coronavirus como declaración de guerra”, en Sopa de Wuhan, “Pero la gente muere, ¿verdad? Sí, claro. Sucede, sin embargo, que la naturalización actual de la muerte cancela el pensamiento crítico”, este miedo anula el pensamiento crítico. Al contrario, yo misma pienso que es crucial mantener vivo el pensamiento crítico, tanto para sobrevivir y cruzar la crisis como para imaginar el mundo y la vida después de la pandemia.

Revisión de español: Magaly Pazello

 

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