Represión tras el Golpe de Estado en Perú

Hallazgos de la Delegación Feminista del Abya Yala

 

 

Por: Gabriela Peralta @gaperalta07

Fotografías: Lizbeth Hernández @abismada_

 

Publicado 24 de julio del 2023

El pueblo peruano, en especial las comunidades originarias, protestan en las calles de Lima, capital de Perú, y en otros territorios, desde el 7 de diciembre de 2022, tras la salida del presidente Pedro Castillo y la toma del poder por parte de Dina Boluarte.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos durante estas protestas fueron registradas por 22 mujeres de Argentina, Suiza, Ecuador, Colombia y Bolivia, parte de la Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala, quienes recorrieron distintos territorios de Perú, en marzo de 2023.

 

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La Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala, en consonancia con sus ideales, pensares y corazonares, llegó a Perú, en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para acuerpar a las mujeres y comunidades que enfrentaban la “brutal represión desatada desde el golpe de Estado, por la oligarquía peruana y los poderes transnacionales”. La Delegación es una agrupación de mujeres feministas de Argentina, Suiza, Ecuador, Colombia y Bolivia que acompañan las luchas y resistencia de pueblos originarios, maestrxs, comunerxs, niñeces, feministas, activistas, comunidad trans, lesbianas, etc., del Abya Yala.

La Delegación, en su recorrido por Lima, Ayacucho, Cusco y Apurímac, dialogó con activistas, comunicadoras, colectivas trans y de las disidencias sexuales, feministas, mujeres que sostienen las ollas populares en las periferias de Lima y familiares de heridos, de presos y de fallecidos. A cuatro meses de su visita, presentó un informe que revela graves vulneraciones de derechos humanos durante las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022, luego de la salida del expresidente Pedro Castillo que, para la Delegación, fue un golpe de Estado.

 

En el escenario de las protestas, desde el 15 de diciembre de 2022, Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales, que iban “desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura”. La Delegación Feminista registró alrededor de 95 personas asesinadas:

En Cusco, el dirigente Remo Candia y Rosalino Flores fueron asesinados. Rosalino Flores, durante la represión, recibió al menos 36 perdigones el 11 de enero de 2023, por parte de la Policía Nacional y murió el 22 de marzo. Rosalino ayudaba a las y los manifestantes. A pesar de la gravedad de las lesiones que lo llevaron a la muerte, el caso se encuentra en investigación por “lesiones leves”. En Apurímac se registró la muerte de siete personas, dos menores de edad. En Ayacucho se registraron diez fallecidos. En Andahuaylas fueron asesinadas tres personas de entre 18 y 21 años. En Arequipa se registró la muerte de tres personas por heridas de bala. En Lima, una persona murió por impacto de gas lacrimógeno en la cabeza y en Juliaca, Puno se registraron 18 personas asesinadas y 204 heridas, solo el 09 de enero de 2023.

A estas muertes se suman cuerpos heridos de luchadores y luchadoras que, según la Delegación, “dan cuenta de la intención genocida” y constatan la utilización de armas de fuego, prohibidas en su uso contra manifestantes. Las heridas fueron en zonas corporales vitales: espalda, tórax, abdomen y cabeza, pero también en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

 

 

Ayacucho

La Delegación Feminista, el 10 de marzo de 2023, realizó un recorrido por Ayacucho, pueblo donde más del 80% de la población es quechua hablante. En la sede de la Asociación Kallpa receptó denuncias de familiares de heridos y asesinados por militares; familiares de dirigentes populares, universitarios y profesores perseguidos y detenidos.

 

El pueblo ayacuchano se levantó en contra del régimen de Dina Boluarte, para exigir la libertad y restitución de poder a Pedro Castillo, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, desde el 15 de diciembre de 2022. En Ayacucho, según información recogida por la Delegación, solo el 15 de diciembre se registraron 10 fallecidos y más de 60 heridos. Los fallecidos eran estudiantes, obreros y trabajadores. Varios de ellos no fueron a protestar, pero fueron alcanzados por disparos propinados por militares. Ese fue el caso de Jhon Jenry Mendoza, un joven agricultor de 34 años asesinado en el contexto de las protestas.

Yovana Mendoza Huarancca es la hermana mayor de Jhon. De pie y enfurecida, con una pancarta entre sus manos, donde se divisa el rostro de su hermano y madre, dijo que en Ayacucho vivieron “una masacre” y pidió justicia, “que caigan todos, desde el que le disparó a mi hermano hasta quien dio la orden. Nuestros seres queridos ya no van a regresar”.

 

Yovana, cuatro meses después de dialogar con la Delegación, durante la presentación virtual del informe de la Delegación, contó que tiene videos que muestran el asesinato de su hermano: “cuando mi hermano ya está disparado hay una señora que le está protegiendo; van los militares, hacen una fila (trinchera de  militares) para que nadie le ayude, para que mi hermano muera ahí desangrado. Se ve que un militar le dispara nuevamente y le patea a la señora. Se agacha el militar, recoge el casquillo, lo pone en su bolsillo y se retira. Ellos han esperado que mi hermano se muera”, aseguró.

“Ellos son los terroristas, que nos están aterrorizando, pero el pueblo no le va a tener miedo. Ya nuestros familiares murieron, ¿a qué le vamos a tener miedo?, ¿acaso la vida para nosotros es igual? En mi caso murió mi hermano, lo mataron, lo masacraron, pero también le quitaron la vida a mi madre”. Apolonia Huarancca, su madre, todos los días salía a la puerta a esperar a su hermano Jhon. Apolonia falleció a los dos meses; según Yovana, murió de tanta pena, de tanto esperar a su hijo y al darse cuenta que ya no regresaría.

 

Al relato de Yovana se une el de Vitka Padilla Guamán, una mujer indígena quechua y activista por los derechos humanos, quien, a simple vista, parece no querer hablar, pero tiene muchas palabras guardadas. Ella relató que siete dirigentes del Frente para la Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) fueron apresados y acusados de terrorismo el 12 de enero de 2023.

A decir de Vitka, el alzar su voz y el salir a las calles a protestar ha hecho que la prensa nacional los denomine “vándalos” y “terroristas”.

“Nos han acusado de matarnos entre nosotros mismos, aun cuando las movilizaciones han sido pacíficas y nuestra única arma ha sido nuestra voz. Nos vulneran por nuestro color de piel, por nuestro idioma, por ser del sur o de provincia”, dice Vitka mientras se acomoda su sombrero tradicional ayacuchano.

Ella terminó nuestra conversación con una frase potente: “resistimos para poder existir”.

 

¿Cómo opera la criminalización de la protesta en Perú?

Yesenia Alanya, hermana de Estéfany Alanya, una de las dirigentas detenidas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), en el encuentro con la Delegación y en la presentación del informe, relató que, desde el primer día de la detención de los siete dirigentes, denuncian el abuso y violación de sus derechos constitucionales como la libertad de expresión y la organización social. Yesenia asegura que los siete dirigentes estuvieron secuestrados por más de seis horas y llevados a Lima a las instalaciones de la Dirección Contra el Terrorismo, Dircote, lugar donde “se les aplicó tortura psicológica desde el primer momento”.

 

De los siete dirigentes ayacuchanos detenidos, tres han sido liberados y cuatro continuarán detenidos por 18 meses. Entre ellas la hermana de Yesenia, psicóloga y vicepresidenta de FREDEPA, quien se encuentra recluida junto a la activista Rocío Leandro, presidenta del mismo Frente, en el Penal Anexo de Chorrillos, en Lima. “Sabemos que los penales en Lima están hacinados; sin embargo, siguen llegando más presos, sus necesidades básicas no son atendidas. Mi hermana se encuentra hace más de 15 días con sangrados del vientre, producto de la violencia que recibió durante su detención, y no ha sido atendida. Con excusas están atentando hoy su salud y su vida. Ella necesita una evaluación urgente”.

A decir de Yesenia, el Gobierno de Dina Boluarte utiliza la prisión preventiva para torturar a los dirigentes por haber participado en eventos artísticos, culturales, coloquios y conversatorios en el escenario de las protestas sociales.

 

 

Batallar contra el hambre (Lima)

La Delegación visitó el asentamiento de la Olla Común Misky Mikuy. Allí, 16 mujeres madres batallan contra el hambre. La Olla Común Misky Mikuy se ubica en el Distrito de Villa María del Triunfo, uno de los cuarenta y tres distritos que conforman la provincia de Lima. Misky Mikuy es una palabra quechua que significa comida rica o almuerzo rico y que hace alusión al sabor exquisito de los alimentos que preparan las mujeres en la olla que, en su mayoría, son quechua hablantes.

La Olla Misky Mikuy fue fundada en 2020, durante la pandemia de la Covid-19, en el sector de Valle Alto. Allí las mujeres preparan 65 platos de comida, entre desayunos y almuerzos, de acuerdo a los alimentos y recursos que tengan. Villa María tiene 307 ollas comunitarias y es el segundo lugar con más ollas; le antecede el Distrito San Juan de Lurigancho. A nivel de Lima Metropolitana hay más de 2.500 ollas comunes que alimentan a las familias empobrecidas, migrantes, y que, por lo general, son quienes ocupan las calles para reclamar por una mejor calidad de vida.

Doris Loaiza, voluntaria y coordinadora en la olla común, conoce de cerca los asentamientos de ollas comunitarias:

– Lima es de la gente de provincia, Lima no es el Perú. Por eso en los asentamientos muchas mujeres que son de las ollas participaron en las protestas entregando alimentos. Muchas mamitas apoyan a su comunidad. Otras han tenido temor porque si sale el nombre de su olla, el gobierno podría recortar el presupuesto que da a las ollas. Lamentablemente nos etiquetan si decimos algo o estamos en contra del gobierno. Yo, como lideresa, a veces me he visto en la situación de no pronunciarme por no perjudicar a la olla, cuenta Doris mientras prepara tallarín con atún junto a Margarita, voluntaria de la olla y originaria de Huánuco.

 

 

Hallazgos y presentación del informe de la Delegación Feminista

 

La Delegación, en su informe, afirma que las denuncias recogidas son prueba de delitos de lesa humanidad, masacres, violencia sexual, criminalización de la protesta, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, represión racista y misógina. A través de las denuncias recogidas identifican como autores de las masacres y violaciones de derechos a Dina Boluarte, al Congreso de Perú, a la Fiscalía de la Nación y a la Fuerza Pública que ha ejecutado y ha encubierto los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo desarmado.

La Delegación también identifica la presencia del fujimorismo en los modos de persecución a las comunidades y en algunos modos de intervención política, ideológica y cultural. “El golpe de Estado buscó evitar que el pueblo pudiera creer en la posibilidad de ser gobierno”, puntualiza en su informe.

“Lo que está sucediendo en Perú no es algo aislado, es parte de una política que se viene replicando en otros países”, dijo Claudia Korol, periodista argentina, educadora popular, feminista e integrante de la Delegación, durante la presentación del informe, el 08 de julio de 2023. Claudia hace memoria del primer golpe de Estado en Honduras (2009) y del golpe en Bolivia (2019), donde hubo militarización de los territorios y persecución a las comunidades y pueblos que estuvieron en la primera línea de la defensa del buen vivir, del agua, de las tierras, de las fuentes de vida de las comunidades. Para Claudia, bajo la idea de “terroristas” y utilizando el término del “terruqueo” han estigmatizado a las y los luchadores que defienden los derechos de la naturaleza y de los pueblos.

Para Claudia y la Delegación, el golpe de Estado en Perú tuvo un carácter racista, patriarcal, colonial, en defensa de las perspectivas de un capitalismo colonial en Abya Yala. Sobre todo, lo que más resalta la educadora popular es la carga racista que hubo en las argumentaciones políticas y comunicacionales “para tratar de presentar como responsables a las personas que defienden, en primera línea, las políticas del cuidado de la vida”.

Adriana Guzmán, feminista comunitaria que también integra la Delegación y que viajó a Perú, cree que seguir construyendo justicia desde los pueblos, desde los feminismos es necesario para escuchar y acompañar a quienes han luchado “en contra de la represión genocida del golpe, llevado adelante por Dina Boluarte; en contra de la violencia racista que se construye sobre parámetros colonialistas que alimentan discursos de odio contra los pueblos indígenas”.

De los discursos de odio contra los pueblos da cuenta Lisbeth Quispe, coordinadora de la brigada de primeros auxilios de Cusco, quien, en la presentación del informe, ratificó que cuando inició las protestas en Perú, el 7 de diciembre de 2022, la represión por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas se disparó bajo la idea de racismo: “cholos, campesinos, regresen a su tierra, vayan a su chacra”, era lo que escuchaban. Lo mismo escuchaban de los citadinos de Lima, pero, sobre todo, del mismo gobierno de Boluarte que, en notas y conferencia de prensa a los medios de la capital, emitió comentarios racistas. “Quizá hasta eso se pudo soportar, pero lo que ya no fue tolerante fueron los asesinatos de los casi 50 hermanos con balas directo al cuerpo, 20 muertos indirectamente y cientos de heridos”, dijo Lisbeth.

Las masacres en Ayacucho, Puno, Huancavelica, Apurímac y Cusco suman más de 90 luchadores y luchadoras asesinadas, cientos de personas heridas, prisión de líderes de organizaciones populares. Las masacres, a decir de la Delegación, son parte de “un plan de exterminio sistemático dirigido especialmente hacia los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus territorios” del extractivismo, mineras y otras industrias.

Además, según la Delegación, las mujeres peruanas son quienes, en especial, sufren las consecuencias del golpe porque sobreviven a la represión de ellas y sus familias, viven la sobrecarga del sostenimiento de la vida, ya sea en las casas o en asentamientos de ollas comunitarias; el cuidado de la vida de sus hijes; búsqueda de justicia por sus familiares heridos o asesinados y violencia sexual durante las movilizaciones y detenciones arbitrarias. Por ello, la Delegación plantea en firme “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”.

Asimismo, en el informe se puntualiza que, a partir del golpe, la violencia hacia travestis, trans, maricas, lesbianas, no binaries y otras disidencias sexuales se ha recrudecido: “los travesticidios aumentaron exponencialmente, contabilizando ocho muertes” desde enero hasta marzo de 2023.

La intención de la Delegación Feminista Plurinacional, al recorrer los distintos departamentos de Perú, fue recuperar denuncias para romper el cerco mediático, “para interpelar a la justicia patriarcal y colonial, pero también para ir construyendo la justicia feminista y llevarla a tribunales éticos feministas”. La Delegación hace un llamado a las redes de medios comunitarios y alternativos, así como a las y los comunicadores con sensibilidad popular y feminista para replicar las denuncias identificadas. También interpela a los gobiernos del mundo que no han condenado con energía a las violaciones de derechos humanos registrados en Perú.

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La tercera toma de Lima

 

El gobierno de Dina Boluarte inició el 7 de diciembre de 2022, luego de un golpe de Estado a Pedro Castillo. El 75% de los peruanos desaprueba el gobierno de Boluarte, tanto en la capital como en las otras provincias y solo un 13,8% aprueba su gestión, según lo indica la plataforma de estadística Statista Research Department, con corte del 10 de junio de 2023. Pese a eso, la mandataria ha decidido no adelantar las elecciones, sino hasta el 2026, año en el que debía concluir el gobierno de Pedro Castillo.

Las comunidades originarias del Perú estuvieron nuevamente en la primera línea de la lucha por la vida, cuando se realizó lo que denominaron “la tercera toma de Lima”, el 19 de julio de 2023. La Policía de Perú, en vista de la Gran Marcha, intervino buses que se dirigían a Lima, solicitaron el documento de identidad, DNI, y cuestionaron a todos los pasajeros. Algunos no se dirigían a Lima para “la tercera toma de Lima”, pero fueron hostigados con preguntas. Pese a eso, el pueblo aymara, por ejemplo, sobre todo las mujeres dijeron no temer a la intimidación por parte de la Fuerza Pública. Ellas, antes de tomar el bus rumbo a la Gran Marcha Nacional, calentaron motores entonando una canción ideada por ellas mismas:

 

                    Dina y Congreso se preguntaban quiénes son,

                    Dina y Congreso se preguntaban quiénes son,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar.

 

Mujer aymara en la primera línea de las protestas, durante la segunda toma de Lima, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

En 53 provincias del país, las y los peruanos se manifestaron y exigieron el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte. A nivel nacional se registraron seis personas detenidas y ocho heridas, según declaraciones del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, en el programa televisivo 24 Horas.

Las voces que sobresalen en este texto piden a la comunidad internacional estar al pendiente de lo que sucede en Perú. El pueblo peruano coincide en cuatro peticiones: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del actual Congreso, una Asamblea Constituyente y la libertad de todos los presos políticos o presos dirigentes. Mientras, la Delegación Feminista le apuesta a seguir tejiendo solidaridad internacional y redes que acompañen a quienes resisten y siguen de pie en búsqueda de una mejor calidad de vida, a lo largo y ancho del Abya Yala porque, en palabras de la feminista comunitaria Adriana Guzmán, “solo los pueblos hacen las transformaciones, solo los pueblos sacan a las dictaduras, sacan al fascismo, enfrentan a la oligarquía, defienden el territorio”.

 

Lee el informe completo de la Delegación Feminista del Abya Yala en Perú  aquí.