Tres historias muestran el racismo en los operativos de seguridad

Por: Gabriela Peralta  @gaperalta07

Publicado 07 de junio del 2023

Guillermo Lasso, desde enero hasta mayo de 2023, emitió dos decretos, el 707 y el 730. El primero autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, y el segundo ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares “para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas”. Estos decretos se suman a las reformas a la Ley de Seguridad que, a decir de Lasso, buscan enfrentar la inseguridad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que durante los operativos policiales y militares existen perfilamientos de “lo peligroso” que criminalizan a una población racializada y empobrecida específica. Un ejemplo de ello, es lo ocurrido con  Jimmy, Christopher, Helen y otras personas afrodescendientes que han sido víctimas de racismo en los últimos meses, en el contexto de operativos de seguridad por parte de la Fuerza Pública .

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En un video difundido en el Twitter de Fundación Inredh, se visualiza que durante el gobierno de Rafael Correa, 2008, bajo la orden de: “agacha la cabeza, sácate los zapatos”, la Policía Nacional realizó un operativo en el Parque La Carolina y detuvo a personas afrodescendientes que, según la Policía, eran quienes cumplían con el perfil de “sospechosas”. Se escucha que una ciudadana le dice a uno de los policías que los jóvenes requisados no estaban haciendo nada, que “los están tratando así porque son negros”. Otro ciudadano también comenta: “comenzaron a clasear, todos los negros al camión”.

En el mismo video, Douglas Quintero Tenorio, Doctor en Leyes, dice que en el imaginario social de Ecuador, el afroecuatoriano es visto “como delincuente o como futbolista y si es mujer es empleada doméstica”.  Según el artículo 1, numeral 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial “La discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

El escenario de Ecuador en 2023 no es distinto al de 2008. Jimmy, Christopher, Helen y otras personas afrodescendientes han sido víctimas de racismo y discriminación racial en los últimos meses, en el contexto de operativos de seguridad por parte de la Policía y los militares.

A Jimmy, un joven afrodescendiente, ingeniero forestal, fotógrafo y modelo, el 10 de diciembre de 2021, policías vestidos de civil se le acercaron, le tiraron al piso, le arrancaron la camiseta y presionaron su cuello impidiendo que respire. Lo detuvieron y lo llevaron a una Unidad de Policía Comunitaria, UPC, de La Carolina, sin respetar el debido proceso. La entidad bancaria donde Jimmy sacó dinero de un cajero alertó a la Policía porque su actitud y presencia, dijeron, eran “sospechosas”. En horas de la mañana hubo un intento de robo con arma en la agencia bancaria y Jimmy acudió a la agencia en la tarde. Cuando lo intentaron requisar los policías no se identificaron. “Lo único que pensé fue en meterme a un lugar donde me sintiera seguro y elegí meterme al CCI. Al primer guardia que me encontré le dije: ´me están siguiendo, ¿puede llamar a la Policía?` Él no supo qué hacer porque las personas que venían siguiéndome comenzaron a gritar, `detengan al ladrón, al negro este, al negro lo otro`. Fue delito de odio, no encuentro sentido que alguien sea sospechoso por su color de piel, por su cabello” contó Jimmy, en una entrevista para Wambra.

Algo similar le ocurrió a Christopher, un joven afrodescendiente, estudiante de la Universidad Central. Maritza, su madre, relató a Wambra que Christopher sufrió un acto de racismo por parte de las Fuerzas Armadas, el 29 de mayo de 2023, durante un operativo militar en la Estación del Metro de La Ofelia, en Quito. Su hijo regresaba de la universidad con otra compañera, al bajarse del bus se despidieron y cada uno tomó su rumbo. Christopher estaba con audífonos y observó que militares estaban haciendo requisas en la estación. De repente, vio que los militares lo iban a tomar del brazo, frente a eso, él reaccionó y se esquivó. Enseguida, vino otro militar, lo agarró del cuello y le pegó contra una columna de fierro. Los militares lo cuestionaron y le pidieron que les muestre lo que llevaba en la mochila. Luego de eso, Cristopher se percató de que le iban a poner algo en su mochila y les dijo a los militares que él es estudiante de la universidad y que conocía sus derechos.

Maritza asegura que los militares actuaron de forma grosera y abusiva y que eso no sucedió con otras personas, “es por este acto que yo reacciono, por cómo procedieron con él, que yo levanto mi voz y lo tomo como una forma de racismo. Nos sentimos afectados porque al final es un negro al que ni siquiera le preguntan qué está haciendo o le investigan algo más, sino que simplemente, van y le enfocan con la cámara. Un periodista, de un canal televisivo, presume que es un delincuente porque tiene un teléfono y no les quiere entregar”.

Por su parte, Christopher, durante una Vigilia contra el Racismo, realizada el 06 de junio de 2023, convocada por organizaciones de derechos humanos, colectivos y estudiantes, dijo que a él lo requisaron por ser negro y por vestirse ancho, “los militares se manejan por un perfil racial, si te ven vestido ancho eres delincuente, si te ven negro eres delincuente, si te pintas el pelo eres delincuente”.

Tanto Christopher como su madre exigen, como medida de reparación al daño de imagen y moral, una disculpa pública por parte del canal TC Televisión que emitió comentarios estigmatizantes en su contra y de los militares. “Muchas de las personas madrugamos para irnos a nuestros trabajos, regresamos tarde, regresamos cansados y nos afectan internamente y como personas. El caso de Cristopher no es un caso aislado. Vamos a pedir una asesoría legal porque a mi hijo le están llamando delincuente, expendedor de drogas” explica Maritza.

Asimismo, Helen, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, el 08 de mayo de 2023, también fue víctima de racismo. Los guardias de la universidad no le permitían el ingreso a su jornada académica, a pesar de que Helen mostró su cédula de identidad como todos los estudiantes lo hacen cuando no tienen carnet estudiantil. Helen denunció lo sucedido a través de su cuenta de TikTok y mostró su indignación porque toda su vida “ha estado aguantando el racismo”.

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¿Cómo se enfrenta a la agenda de securitización hacia grupos racializados históricamente discriminados?

Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, asegura que los últimos decretos que han salido –707 y 730– y, a partir de la Ley reformatoria, en materia penal y seguridad, “el ejecutivo mueve su arsenal para ciertos grupos y, sobre todo, utiliza el derecho penal y la fuerza pública para reprimir. Se da una cuestión de legitimación de actuaciones arbitrarias e ilegales”.

Rosa cree que no se ve una responsabilidad del Estado en tutelar derechos fundamentales hacia los grupos racializados e históricamente discriminados. Por ello, desde Inredh se han enfocado en visibilizar la problemática de que existen perfilamientos raciales durante los operativos policiales y militares, cuestionar los decretos mencionados y el cómo concibe el Estado la política de seguridad.

La abogada Bolaños asegura, además, que los militares no pueden requisar sin razón alguna en las estaciones de autobuses o en cualquier otro lugar público, y que la fuerza pública “está yendo por encima de los derechos fundamentales”. Por ello, cree necesario que la sociedad civil visibilice el accionar de la Policía y de las Fuerzas Armadas y no avale la idea de seguridad por sobre los derechos humanos.

Sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha afirmado que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”. Cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:

Para la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador las políticas de seguridad de Lasso representan “un retroceso en la garantía del derecho a la vida, de la integridad personal y de la libertad, pues no se están creando las condiciones adecuadas para que estos derechos sean respetados, protegidos y garantizados”.