DERECHOS

Trabajo autónomo en Quito:

Entre el decomiso, la violencia estatal y el desempleo

Por: Gabriela Peralta @gaperalta0

Foto de portada : Archivo ASOTRAB

Publicado 30 de abril del 2024

El trabajo autónomo en las calles de Ecuador ha aumentado en los últimos años como resultado de la falta de oportunidades y el empobrecimiento. En Quito, durante 2021, había alrededor de 12 mil comerciantes autónomos. De ellos, solo 2.116 tenían permiso para ocupar el espacio público. La mayoría trabajaba de manera “no regularizada”.

En la capital de los ecuatorianos persiste una antigua política de regularización del comercio que se basa en imponer multas y retener mercadería a los trabajadores autónomos, en muchos casos de manera violenta, a pesar de las prohibiciones constitucionales.

En el marco del 1ro de mayo, Día Internacional del Trabajo, te contamos sobre la situación de las y los trabajadores autónomos no regularizados en Quito.

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“Se paró una camioneta doble cabina, vinieron agentes metropolitanos, cuatro hombres y una mujer, y me cayeron. Yo abrazaba el coche con la mercadería, forcejeamos, me torcieron los brazos para atrás. Como no quise soltar el coche, otro vino y me pateó la barriga. Me pegaron y se llevaron todo”, dice José, un comerciante ambulante no regularizado de 64 años, originario de Riobamba, que trabaja desde hace 20 años vendiendo ropa deportiva en la Avenida 10 de agosto y Asunción para sostener económicamente su vida y la de su familia.

José recuerda lo que le sucedió a inicios de 2024 y dice que cuando llegan los agentes metropolitanos de control, aquellos comerciantes, como él, denominados “trabajadores autónomos no regularizados” por el Municipio de Quito, deben salir corriendo. La historia de José representa a una infinidad de comerciantes. “Ellos amenazan, nos dicen que nos van a mandar presos, nos quitan las cosas. Nosotros somos gente pobre que trabajamos día a día para nuestra familia. Eso no solo me ha pasado a mí, les ha pasado a muchas personas, a mujeres, a adultos mayores. Les pegan, les quitan, les arranchan la mercadería. Ellos –los agentes de control– abusan del uniforme y del cargo que tienen, vienen encapuchados, ni siquiera se les puede reconocer. En su uniforme no hay ni su nombre”, reclama.

José asegura que con el decomiso de su mercadería perdió alrededor de $700 dólares, $200 eran fiados. Su mercadería fue llevada a la Bodega de la Agencia Metropolitana de Control, AMC, ubicada en la Mariscal. A José le dijeron que le entregarían su mercadería siempre y cuando cancele la multa, $230 dólares, y se rija al proceso de devolución, el mismo que puede tardar meses. Por lo cual, se endeudó nuevamente para continuar trabajando y llevar un sustento a su casa. Sus ganancias oscilan entre los 15 y 20 dólares diarios, en el mejor de los casos. De ese total se restan sus gastos diarios en alimentación, movilización, arriendo, entre otros, para llevar a cabo su actividad laboral, lo que le impide ahorrar para pagar la multa impuesta por la Agencia Metropolitana de Control, por ocupar el espacio público sin autorización.

Aunque la mayoría de los trabajadores autónomos no regularizados prefieren guardar silencio y no dar ningún tipo de testimonio sobre su situación como trabajadores de calle, en varios videos difundidos en redes sociales se ha observado a otros comerciantes, mujeres y hombres, ser tratados con represión y violencia, ser despojados de sus mercaderías y productos, así como denigrados física y verbalmente por parte de los Agentes de Control del Municipio de Quito. Todo esto bajo la consigna de “garantizar el orden y control adecuado del espacio público”, pese a que la Constitución ecuatoriana en su artículo 139 prohíbe explícitamente la confiscación de los productos y herramientas de trabajo de las y los trabajadores autónomos. Además, la Ordenanza Municipal No. 280 reconoce el trabajo autónomo en la ciudad de Quito.

El sector de comercio informal se clasifica de la siguiente manera:

Sobre la situación de los trabajadores autónomos no regularizados, Lira Villalva, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control desde 2023, en una entrevista, dijo que no realizan decomisos, sino “retenciones”, que los decomisos son retiros sin retorno y que las “retenciones” son retiros con retorno. Además, afirmó que previo a las “retenciones” realizan un proceso de socialización sobre el proceso de regulación que debe seguir el o la trabajadora autónoma para ocupar el espacio público. “Les pedimos amablemente que se retiren, muchos de ellos no se retiran, otros se retiran y regresan; no hacen la mínima intención de regularizarse”, dijo la supervisora. Sin embargo, para Rodrigo Guarderas, integrante de la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados, ASOTRAB, “las retenciones terminan siendo un decomiso total”, puesto que hasta que se resuelvan los procesos administrativos, como el pago de la multa, no se devuelven los productos y muchos de ellos son perecibles y ya no se recuperan.

Según describe la AMC en su página web, luego de la socialización, el cuerpo de agentes metropolitanos entrega un acta de advertencia de color amarillo a los comerciantes autónomos no regularizados para indicarles “la necesidad de cumplir con las regulaciones municipales”. Posteriormente, entrega una acta de color naranja, como un segundo llamado de atención. Finalmente, retira la mercadería “como medida para garantizar el uso adecuado del espacio público”. El comerciante, cuya mercadería es detenida, debe acudir a las bodegas de la AMC, ubicadas en el Sector de La Mariscal, para solicitar la devolución. Todo este proceso, según Lira Villalva, puede durar hasta tres meses, aproximadamente.

La sanción para un comerciante que ocupa el espacio público sin permiso equivale al 50% de un salario básico unificado, 230 dólares, que pueden ser cancelados con trabajo comunitario. “Cada hora cuesta 10$, podrían hacer 23 horas de trabajo comunitario sin que les cueste un centavo a los comerciantes para que puedan convalidar sus multas”, enfatizó Lira, pero esta opción implicaría que el trabajador autónomo no regularizado no trabajaría durante varias horas y, si no trabaja, no comería.

Para Rodrigo Guarderas, el trabajo comunitario, aunque también es un proceso largo para la devolución de mercadería, es una opción justa para cancelar las multas. Sin embargo, cuestiona que en los operativos de control se ejerza violencia en contra de quienes no cuentan con un permiso de uso del espacio público. “La violencia que se ejerce en cada decomiso es lo que no está bien y la gran mayoría no tiene permisos. Hay dos capacitaciones al año para poder regularizarse, entonces vas y hay mucha gente inscrita. Si quieren que la gente se regularice, no entreguen una vez al año los permisos; debe estar abierta la posibilidad todo el año. Además, hay solicitudes represadas, mientras que el Municipio dice que todo es ágil”, argumenta. Rodrigo también enfatiza que la sanción es desproporcionada, ya que es la misma, por ejemplo, si vendes tres aguacates o una tonelada de mercadería en ropa.

Para Daniela Chacón, coordinadora del Observatorio Ciudadano Quito Cómo Vamos, la violencia en el espacio público, durante los operativos, a veces es generada por los agentes de control, otras veces por los trabajadores autónomos. Sin embargo, reconoce que en Quito y en las ciudades en general, las administraciones municipales carecen de una visión sobre qué hacer y cómo abordar el trabajo informal.

Según Daniela, tanto la expedición de permisos como el control del espacio público “son herramientas del pasado que no resuelven el problema de fondo”: el desempleo, la pobreza, la falta de educación, etc. “Bajo la emisión de los PUCA, permisos para ocupar el espacio público, lo único que se hace es darle una fachada de legalidad a un trabajo precarizado y eso no es sostenible en el tiempo. Mientras no se resuelva el problema de fondo, siempre vas a tener una ocupación ‘irregular’ del espacio público porque la gente va a buscar la forma de ganarse la vida”, afirma.

Daniela, además, describe a la política de regulación del trabajo informal como “fallida y violenta”, que se viene desarrollando por años y que ha sido fuertemente criticada, incluso, por el actual alcalde Pabel Muñoz. Pabel, cuando no era alcalde, en 2022, también cuestionó la gestión municipal del exalcalde Santiago Guarderas alrededor del trabajo autónomo, por la violencia de agentes de control en contra de comerciantes ambulantes. Sin embargo, en la actual administración a cargo de Muñoz esto sigue ocurriendo.

Daniela enfatiza que el Municipio de Quito debe proponer al gobierno nacional una política de empleo especializada para la ciudad, porque no solo es uno de los lugares al que más personas llegan para trabajar, sino que el panorama laboral en Quito presenta desafíos significativos según el informe de calidad de vida 2023 del Observatorio ciudadano Quito Cómo Vamos.

En la capital de los ecuatorianos, en 2023, menos del 55% de la población económicamente activa (PEA), 1’030.231 de habitantes, tuvo un empleo adecuado que le garantizó al menos el salario básico, 460 dólares. Es decir, 554.324 habitantes de Quito en posibilidad de trabajar ganaron lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación varió entre hombres y mujeres: el 59% de los hombres contó con un empleo que le pagó al menos el salario mínimo, mientras que para las mujeres este porcentaje fue más bajo, del 43%. O sea, en 2023 las mujeres tuvieron menos acceso a empleos que proporcionan un salario mínimo o más alto en comparación con los hombres.

En los últimos años, según el informe antes señalado, la informalidad y el comercio ambulante han aumentado debido a la falta de oportunidades laborales. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, la tasa de desempleo en Quito creció entre el segundo y el tercer trimestre de 2023, pasando del 7,8% al 8,3%. 

En 2021, la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio del Municipio de Quito registró un total de 12.034 comerciantes autónomos. De ellos, el 57,8% fueron mujeres, el 42,1% hombres y un 0,05% se identificaron como otros. Es decir, la mayoría de las personas que ejercen el trabajo autónomo en Quito, con o sin permiso, son mujeres. Las mismas están a cargo de hijos e hijas y, en ocasiones, de adultos mayores.

De los 12.034 trabajadores autónomos registrados en 2021, solo el 17,5% contó con el Permiso Único de Comercio Autónomo, PUCA. O sea, del total de personas trabajadoras autónomas, únicamente 2.116 trabajaban de manera regularizada. De ellas, 13 eran propietarias de un local comercial y 11 tenían puestos adjudicados en mercados. El resto trabajaba en carritos, quioscos, o cajoneras. Respecto de la caracterización del lugar donde desarrollaron el comercio autónomo, el 47% contaba con un espacio fijo, el 26% trabajaba de manera ambulante y el 21% operaba en un lugar semi fijo. Así lo detalla el  informe de calidad de vida 2022 del Observatorio.

Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Grupo Faro a trabajadores autónomos no regularizados en septiembre de 2020 reveló que el 84% de ellos estaría dispuesto a abandonar su trabajo “informal” si pudieran acceder a uno que garantizara al menos el salario básico, bonificaciones de ley y seguro social. Por ello, Grupo Faro sostiene que “la garantía de los derechos se profundiza a través de la representación y la participación en espacios de toma de decisión, así como en la generación de leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses”. Además, recomienda que se construya un camino para que los trabajadores del sector informal accedan a puestos más estables y con posibilidades de mejora, o integrarse al mercado “formal”.