¿Qué desigualdades frenan la adaptación de las cubanas
al cambio climático?
Por Jessica Castro Burunate
Medio: Con/texto Magazine @ContextoMagz
Publicado 03 mayo de 2021
Cuba es una isla que para 2050 habrá perdido poco más del dos por ciento de su territorio a causa del ascenso del nivel medio del mar. El Caribe desplazará al menos 14 asentamientos humanos y otros 100 se verán afectados.
Preocupa también la intrusión salina que afecta suelos agrícolas y fuentes de abasto, y la intensidad de las sequías y los huracanes.
Desde 2014, y por cinco años, el proyecto Manglar Vivo trabajó para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones costeras en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque, al occidente de la Isla.
Este fue un programa implementado por la Agencia de Medio Ambiente y la oficina del PNUD en Cuba para proteger la zona costera mediante la tecnología de adaptación basada en ecosistema, y así aumentar la resiliencia de las poblaciones rurales.
Más del 60 por ciento de las costas cubanas están cubiertas por manglares. Esta reserva forestal constituye una barrera natural para reducir los efectos de los vientos y las olas durante las tormentas, y el avance de la salinidad hacia los acuíferos y las tierras de cultivo.
La estrategia del proyecto era la restauración del ecosistema, deteriorado por la explotación desmedida de sus recursos y servicios, y establecer un principio de convivencia sostenible con los asentamientos que interactuaban, vivían y habían trazado su identidad a partir de este.
A pesar de esa relación tan cercana, los bosques de mangle habían permanecido como algo distante para una parte de la comunidad: era territorio de hombres que se adentraban allí en busca de madera para producir carbón vegetal o para actividades pesqueras.
Muchas mujeres, sin embargo, nunca habían ingresado. Se consideraba un medio demasiado hostil para ellas. Romper este mito fue un paso importante. Así lo recuerda Juliette Díaz Abreu, investigadora de 43 años, especialista de la Agencia de Medio Ambiente, al frente de la Secretaría Científica del programa Nacional Cambio Climático en Cuba, y coordinadora del componente social de Manglar Vivo.
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En 2017 se aprobó el Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático en Cuba, conocido como Tarea Vida, sus proyecciones incluyen la protección costera de las ciudades, relocalización de asentamientos humanos, recuperación integral de playas, manglares y otros ecosistemas naturales protectores.
Entre sus áreas de acción priorizadas está contribuir a la seguridad alimentaria en un país que importa hasta el 70 por ciento de lo que consume. De ahí que varias de las medidas y fondos económicos apunten a hacer sostenible la producción de alimentos.
Pero, ¿cómo vive la población rural femenina la transformación de un sector históricamente masculinizado?
A pesar de la implementación de políticas como la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura, activa desde 2015, las mujeres constituyen apenas el 20 por ciento de la fuerza laboral remunerada en el sector agropecuario y poco más del ocho por ciento de quienes poseen tierras en usufructo al cierre de 2019. Las cifras no mejoran cuando se analizan los puestos decisores.
Al ser minoritaria su presencia en espacios productivos y como usufructuarias de tierras, son muy pocas las que se benefician y pueden aprovechar las oportunidades económicas que ofrece la aplicación de medidas potenciadas por el país. Así lo evidenció un diagnóstico realizado por el Proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (Basal), recogido en la serie Ecos de Aprendizajes.
Otra brecha que pesa es la desigualdad de ingresos. Por una parte están los trabajos no remunerados- doméstico, de cuidados-, y por otra el hecho de que, como tendencia, quienes sí están involucradas en la producción lo hacen en actividades de menor remuneración, o son parte de un empeño familiar por el que no reciben un salario directo.
Esto implica que se ven más afectadas ante pérdidas en las producciones que no pueden amortiguar, y sin posibilidades para realizar las inversiones que demanda la adaptación.
La dependencia económica trasciende el espacio rural. Ante el impacto de un fenómeno hidrometerológico severo- los huracanes son recurrentes en los meses de junio a noviembre -no cuentan con activos que les faciliten la recuperación, por lo que su afectación es a más largo plazo e intensa.
En el año 2018, la socióloga Reina Fleites en un debate realizado por la agencia Inter Press Service en Cuba, advertía que “en los estudios de vulnerabilidad no siempre se incluye la perspectiva de género. Hay resistencia a reconocer que existe feminización de la pobreza; que no quiere decir incremento de mujeres en condiciones de pobreza, sino de la intensidad como se vive”.
Para la socióloga la prevención ante desastres no puede obviar esa mirada. “Los desastres afectan desigualmente porque las sociedades son desiguales y no todos los grupos están en condiciones de recuperarse igual, y reciben los impactos en la medida de cómo viven”.
Por otra parte- advierte el informe de Basal- la poca experiencia en la gestión económica y la administración de recursos propios (dado que generalmente disponen de menos ingresos que los hombres) también limita la autonomía de las mujeres para participar en determinadas iniciativas. Si estas demandan realizar inversiones, los aprendizajes previos en gestión financiera y de recursos se convierten en una condición excluyente.
El acceso a conocimientos es otra brecha por la que se escapa la posibilidad de cambios sostenibles. En los entornos rurales productivos, suele priorizarse para las capacitaciones y la innovación, como también ocurre con los recursos y los espacios de decisión, a quienes cuentan con la mayor experiencia y se infiere puedan hacer un mejor uso de estas herramientas: en su mayoría hombres.
Como tendencia, puede deducirse del diagnóstico, prima la eficiencia antes que la socialización de recursos y conocimientos.
Frecuentemente las estrategias se sustentan en acciones afirmativas que permitan la inclusión en un espacio históricamente excluyente. Sin embargo, esto no significa que logren desmontarse las lógicas y estructuras que soportan esa desigualdad.
“La participación en las medidas de adaptación se condiciona a las labores “apropiadas” según el sexo”, confirma Basal.
Desde Argentina, Ariana Ortega, politóloga y miembro del área Ecofeminismo de Taller Ecologista de Rosario, advierte desde la experiencia de este movimiento regional sobre la necesidad de un cambio en las lógicas de vinculación que no solo impacte en las estructuras de poder, sino que también las transforme:
“Sucede que se arman ministerios, programas o proyectos que suman cuotas de participación de mujeres a estructuras que ya existían-, y eso tiene sus límites porque inevitablemente nos pone a ejercer roles que repiten lógicas previas”.
“Las identidades feminizadas- continúa- tenemos muchas más opciones de modificar estructuras cuando estamos “organizadas”, desde la individualidad no tenemos chances de disputar ningún tipo de poder, asumiendo este como «capacidad» para cambiar las cosas”.
Por otra parte,- señala el reporte de Basal- en las comunidades y la sociedad en general se ha prestado menor atención a las tareas reproductivas, y como consecuencia se valorizan menos aquellas medidas asociadas a estas, como la sustitución de combustibles fósiles para las tareas domésticas o los servicios de apoyo a los cuidados.
Cuba es una sociedad con más del 20 por ciento de su población envejecida y en la que las mujeres dedican 36 horas semanales a trabajos domésticos y de cuidados, 14 más que los hombres.
En las comunidades apartadas, servicios como las guarderías se encuentran distantes o no existen, lo que obliga a muchas mujeres a quedarse en casa luego de convertirse en madres o si deben atender a personas con algún nivel de dependencia.
Precisamente entre las acciones insertadas en la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura en Cuba, la política que rige este tema en el sector, está la creación en las comunidades de servicios de apoyo a la vida familiar (alimentos pre-elaborados, cuidado de niñas, niños y personas ancianas).
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Juliette Díaz recuerda cada paso desde que llegó al proyecto en 2017 como coordinadora: «Había mujeres que a lo largo de su vida jamás habían entrado al manglar, pero la madera que el esposo traía a casa para cocinar salía de ahí”.
El cambio fue por partes. «Primero», dice Juliette:»mostrarles qué tenían a su alrededor, cómo podían hacer uso de los servicios que brinda ese ecosistema, qué beneficio podía traerles contribuir a su restauración y cómo visualizar otras alternativas económicas con las que seguir desarrollando su vida».
Fue un inicio para cambiar viejas formas asentadas. «Si bien en lugares apartados y rurales las mujeres suelen estar enfocadas en las labores del hogar, cuando les presentas un incentivo, logras despertar el impulso de hacer».
Incluso en las empresas forestales, las mujeres estaban en la cocina. “Con el tiempo eso fue cambiando, los roles se fueron intercambiando. Hoy hay mujeres en los viveros y hombres en la cocina», relata.
Luego, y de forma paulatina, se crearon centros de capacitación en esas comunidades más vulnerables y ellas comenzaron a acceder a estos. «También buscamos que salieran de su medio a otros espacios como la Convención de Medioambiente». Hicieron, dice Juliette, un panel de mujeres exitosas, donde pudieron compartir sus experiencias de cómo contribuyeron a una transformación que primero partió de ellas.
Así comenzaron a surgir ideas que se materializaron en círculos de interés, una suerte de aprendizaje colectivo y vocacional que existe en las escuelas cubanas. Las maestras, las madres, formaron parte de ese proceso de creación, de su vínculo con los medios, las empresas productivas.
«Empezaron a desarrollarse con autonomía acciones que no estaban descritas en el proyecto pero que ellas fueron capaces de visualizar. Ahí entraron en el proceso de transformación y gestión de su territorio que, por supuesto, implicaba una reducción de la vulnerabilidad».
Ya en ese punto, salieron del vivero y entraron al manglar para contribuir al proceso de restauración y de monitoreo.
«Hicimos la fusión del conocimiento que aportaba la ciencia con el conocimiento local. Y empezaron a producir el carbón a partir de otras especies exóticas, que a pequeña escala pueden comercializar y hacer uso doméstico». Así, dejó de ser un trabajo solo de hombres; ahora hay mujeres dirigiendo esa actividad, como la directora del área protegida que está al frente de estos hornos de carbón.
“Bastó con que conocieran el potencial, el valor del lugar donde viven para que fueran capaces de generar estrategias para lograr el sustento y cuidado de sus familias. Todo parte de las oportunidades e información que pones en sus manos. Si es buena la propuesta, el resultado será bueno”, concluye.
Foto de portada:
- Una trabajadora agrícola labora en uno de los cultivos tapados, en la empresa agroindustrial ¨La Cuba¨ en la provincia Ciego de Ávila, Cuba. (Foto: Jorge Luis Baños_IPS Cuba)
