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ESPECIAL
¿Cómo funcionan los protocolos de actuación y prevención de la violencia contra las mujeres dentro de las universidades?
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Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Edición: Ana María Acosta @yakuana
Diseño gráfico: Stefa Granada @stefagranada
Ilustración de portada: Andrea Venturini @venturini_art
Publicado 17 de noviembre del 2022
Las universidades ecuatorianas, en los últimos años, han impulsado procesos para la elaboración, ejecución y reestructuración de protocolos de atención y prevención de violencia contra las mujeres. Este reportaje aborda las experiencias que desarrollaron tres universidades: la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, en Esmeraldas; la Universidad Estatal Amazónica, en Puyo y la Universidad de Cuenca, con el objetivo de generar espacios universitarios libres de violencia y cómo estos se vuelven reales cuando hay participación de las y los estudiantes.
Dayana Zamorano, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y trabajadora de la Fundación Lunita Lunera; Ana Cristina Andrade, estudiante de derecho de la Universidad de Cuenca y ex representante del Consejo Universitario y Ana Paula Álvarez, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal Amazónica cuentan los procesos, pasos, trabas y desafíos que tienen las estudiantes cuando buscan hacer uso de los protocolos para actuar y prevenir la violencia contra las mujeres y todo tipo de discrminación basada en género en las universidades.
Sus experiencias son apenas una muestra de lo que ocurre en las universidades de Ecuador.
El estudio De la evidencia a la prevención ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades?, elaborado por la USMP por encargo del Programa PreViMujer implementado por la GIZ, realizó una encuesta a 11.690 mujeres estudiantes sobre la percepción de la violencia contra las mujeres en las universidades. Cuando se les preguntó a las estudiantes si tienen conocimiento sobre las políticas, directivas o protocolos con el que cuentan las universidades para atender casos de violencia contra las mujeres, el 64.2% reportó no conocer. Asimismo, al preguntarles a las estudiantes si saben dónde obtener ayuda en la universidad si en algún momento ellas o compañeras sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas, ex parejas o integrantes de la comunidad universitaria, el 64,2% afirmó que no sabe dónde obtener ayuda. Por último, el 69,2% de estudiantes mujeres señaló que no han recibido orientación, capacitación o información sobre violencia contra las mujeres por parte de la universidad.
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Un protocolo que se adapte a la realidad de la comunidad universitaria esmeraldeña
Guadalupe Gómez Abeledo es docente de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de Esmeraldas, y es parte de la Comisión para Guia Institucional con Enfoque de Género e investigadora principal del Grupo de Ivestigación Al Margen, que trabaja cuatro ejes: poder, feminismo negro, cabello y micropolítica de la universidad. Guadalupe explica que la universidad, hasta el 2017, no contaba con ningún tipo de protocolo de prevención de violencia por lo que ella, junto a Bienestar Estudiantil y varios estudiantes iniciaron un proceso para actuar frente a la violencia. “Nosotras teníamos claro que teníamos muchísimos casos de acoso dentro de la universidad, entre pares también, no solo de profesores y profesoras” recuerda Guadalupe. Por eso, lo primero que hicieron fue generar espacios de sensibilización y conciencia.
Iniciaron con el proyecto de aula: ¿Qué diría tu vagina si hablase? De manera anónima, las estudiantes empezaron a dar sus respuestas sobre la violencia que eran víctimas. Además, en la campaña participaron estudiantes que previamente habían sido sensibilizados en feminismos negros para brindar clases al resto de sus compañeros y compañeras. Este proyecto de aula se lo trabajó con 1500 estudiantes y generó conciencia sobre el acoso y el abuso sexual.
Asimismo, desarrollaron la campaña “Gritan las aulas”, para promover universidades libres de violencia de género, esta iniciativa fue a nivel nacional promocionada por la Secretaría Nacional de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Senescyt, Universidades del Ecuador y organizaciones de la sociedad civil. Los y las estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres ganaron el reconocimiento de la campaña.
Según Guadalupe, con todo ese trabajo realizado tenían las luchas muy claras y buscaron estrategias para hablar del lenguaje inclusivo con enfoque de género en los discursos y documentos institucionales; la formación en feminismo negro del estudiantado y del personal docente; tomando en cuenta que la violencia que viven las mujeres de Esmeraldas está atravesada no solo por el género, sino también por la raza y la clase, por lo que incluyeron una mirada desde la interseccionalidad.
Dayana Zamorano, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y trabajadora de la Fundación Lunita Lunera recuerda que a través de redes sociales y bajo el hashtag #GritanLasAulas empezaron a generar incidencia. Para ella, todo el trabajo realizado fue importante porque la carrera de Trabajo Social no estaba abordando el enfoque de género y menos aún el feminismo negro. La única carrera que tenía una materia de género era la de Sociología, en sus últimos niveles, y las clases eran dictadas por personas que no conocían sobre el tema. Por lo que, la articulación con docentes y otras estudiantes fue necesaria; primero, para que las estudiantes se preparen y sean ellas mismas las que compartan sesiones y brinden clases al resto de sus compañeros y compañeras en distintas clases, donde docentes les permitían y brindaban el espacio, ya que, “del género no se habla e incomoda un montón” dice Dayana.
Para dar las sesiones y socializar el enfoque de género, la violencia contra las mujeres y el placer femenino, como empoderamiento de la mujer, se idearon varias acciones: hacerlo a través del rap, la pintura, obras de arte y realizar investigaciones etnográficas. Con esas acciones más estudiantes se unieron al proyecto y generaron buena articulación; tanto así que participaron en las Mesas de Género de Esmeraldas y en encuentros nacionales.
Otras acciones que realizaron fueron la creación de señaléticas contra el acoso sexual, ubicadas en el camino hasta Bienestar Universitario, una alfombra violeta que cubre los patios de la universidad hasta llegar al departamento, la realización de investigaciones, la formación del estudiantado en temas de salud sexual y reproductiva, la realización de eventos académicos y otros eventos, como los Carnavales Antirracistas, exposiciones para hablar de temas como el amor romántico y la importancia del cabello afro. Para todo este trabajo contaron con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, además se juntaron con otras universidades del país y formaron la Red Latinoamericana de Estudios de Género, Releg, que realiza investigación permanente sobre los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y personas de la diversidad sexual.
Para Guadalupe y Dayana todo ese trabajo fue la antesala necesaria para la creación del Protocolo de Prevención y Actuación en casos de Acoso, Discriminación y Violencia basada en Género, Orientación y/o Identidad Sexual de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Además, todas las actividades realizadas permitieron crear un protocolo que se adaptara a la realidad de la comunidad universitaria esmeraldeña. Pues en la provincia de Esmeraldas, de acuerdo con el Censo del 2010, el 43.9% de la población se identifica como afroecuatoriana. Además, la prevalencia de violencia contra las mujeres en la provincia alcanza el 68.2 %, superando al promedio de la región Costa de 59.9% y al promedio nacional de 64.9%. Siendo la violencia psicológica la más prevalente con un 61.7%, seguida de la violencia gineco-obstétrica con el 58.1%, violencia física, 39.5%, violencia sexual, 30.8% y patrimonial con un 16.8%. Asimismo, en Esmeraldas el 48.6% ha sido violentada por su pareja, el 30.1% han sido violentadas en el ámbito público, el 23.1% en los educativo, el 19.9 % en el sector laboral y el 17.3% en la familia, según datos de la Encuesta Nacional sobre Relaciones familiares y la violencia de género contra las mujeres y de femicidios, 2019.
Para la ejecución y seguimiento de la aplicación del Protocolo se necesitaba de un organismo dentro de la universidad que respalde la política universitaria, es así que, en 2018, se creó la Comisión para la Guía Institucional con Enfoque de Género, Cocieg, que es parte de Bienestar Estudiantil y surgió como iniciativa de Patricia Medina, directora del departamento, con la finalidad de transversalizar el género y velar por la disminución de las brechas de desigualdad en la universidad. Una vez aprobada la Comisión, fue necesario proteger a las víctimas de violencia y animarlas a denunciar. Así el proceso consiste en que primero, se identifican los casos de violencia que ocurren ya sea dentro de las aulas, a través de llamadas telefónicas o por mensajes de whatsapp. Una vez identificados esos casos se da el inicio de la denuncia y, para ello, las estudiantes deben tener garantías de efectividad, pues muchas veces las víctimas solo quieren que la violencia pare y no quieren denunciar. Cuando la denuncia entra a Bienestar Universitario, se busca a la persona más a fin con la víctima para evitar revictimizaciones, se emite un informe para el Comité de Ética donde se presentan todas las pruebas; después el Comité emite una resolución que va al Consejo Superior Universitario para que tomen las decisiones finales. Esto puede incluir la destitución del profesor, el envío de los casos a Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mujer y la Familia o a la Defensoría del Pueblo.
Guadalupe destaca que el hecho de que las estudiantes estén denunciando y accediendo a ayuda es resultado del trabajo de sensibilización realizado previamente desde el enfoque del feminismo negro y en el que participan tanto hombres como mujeres. “Una cosa que me gusta mucho, es que los estudiantes están ayudando a sus compañeras. A veces las denuncias vienen por un compañero que trae a una compañera”. Además la socialización del protocolo con la comunidad universitaria ha generado que los casos de denuncia funcionen, algunos de ellos incluso fueron enviados a Fiscalía. Además, otro punto que para Guadalupe ha aportado es que la directora de bienestar estudiantil, Patricia Medina, es una mujer “muy feminista, muy comprometida y tiene un poder dentro de la universidad”. Por lo tanto, la institución apoya a las estudiantes que denuncian la violencia.
“Para nosotras un logro super grande fue cuando se sacó a un profesor por acoso sexual”, en 2019, recuerda Dayana Zamorano y recalca que ese logro se debe a la socialización del protocolo y todo el trabajo previo realizado desde las aulas de la Universidad. Para ella esto fue necesario porque las estudiantes empiezan a hablar y reconocer el acoso y la violencia y se empieza a poner sobre las mesas de debate. La estudiante también destaca que el protocolo tiene una ruta clara de qué hacer y cómo denunciar el acoso y la violencia dentro de la Universidad.
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Un protocolo con la voz de las estudiantes
La Universidad de Cuenca cuenta con un Protocolo de actuación frente a casos de violencia desde el 2016, denominado Protocolo de Prevención y Actuación en casos de Acoso, Discriminación y Violencia basada en género y orientación sexual en la Universidad de Cuenca .
David Acurio Páez, director de Vinculación de la Universidad, cuenta que este protocolo fue construido por la iniciativa de la Federación de Estudiantes Universitarios y la Asociación Femenina Universitaria, AFU, quienes plantearon una serie de mecanismos e instrumentos para buscar acciones concretas frente al acoso y la violencia en la universidad. El protocolo tuvo un largo camino de discusión a nivel estudiantil, que después fue recogido en la administración universitaria donde se hicieron modificaciones y fue aprobado como instrumento legal específico para que los casos de violencia contra las mujeres sean tratados y sancionados por el Consejo Universitario.
Ana Cristina Andrade, estudiante de derecho y ex representante del Consejo Universitario dice que la Universidad es de las pocas universidades que ha cumplido con el tema de la implementación de un Protocolo que prevenga y actúe frente a los casos de violencia de género; sin embargo, “no se está notando que realmente se esté previendo el tema de acoso, discriminación en temas de género. Además, el protocolo está enfocado a mujeres y hay bastantes problemáticas de la población LGBTQ+ que no se ha mencionado y no se ha activado”. Según Ana Cristina con la activación del protocolo solamente dos veces se ha logrado la destitución de un docente y eso demuestra que aunque esté determinado el proceso legal y normativo “no se ha visto unos buenos resultados. Además, el protocolo es una copia y pega de las normas del Código Orgánico Integral Penal, no hay realmente una formulación administrativa de cómo hacer que el testimonio sea válido y no solo que la universidad derive a Fiscalía y se quede ahí sin pasar nada en la parte administrativa”.
Lo que cuenta Ana Cristina es lo que sienten varias estudiantes cuando se enfrentan a la aplicación de protocolos. Según, una encuesta aplicada a 11.690 estudiantes dentro del estudio De la evidencia a la prevención ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades?, elaborado por la USMP por encargo del Programa PreViMujer implementado por la GIZ, la percepción de las estudiantes sobre la impunidad no es alentadora. Según la encuesta, en caso de que una estudiante denunciara violencia ante las autoridades universitarias por algún integrante de la comunidad universitaria sea este docente, estudiante o personal administrativo el 28,2% de las estudiantes considera que las autoridades juzgarían a la denunciante y el 24% manifiesta que las autoridades tratarían de encubrir el hecho; mientras que el 45,6% considera que las autoridades sancionarían al agresor, el 44,4% señala que las autoridades protegerían la seguridad de la denunciante, el 43,5% declara que las autoridades actuarían oportunamente ante la denuncia y apenas el 41,7% cree que las autoridades realizarían una investigación justa.
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Es por eso que a partir de la aplicación del protocolo, la universidad empezó a identificar algunas necesidades de ajustes, según Acurio. Primero, garantizar que el proceso sea ágil para actuar de manera oportuna frente a la denuncias presentadas por violencia; el segundo, encontrar un mecanismo que no revictimice a las personas sobrevivientes de violencia y hacer que el protocolo se adecue de la mejor manera posible a los mecanismos establecidos en los reglamentos de sanciones a los docentes y la Ley Orgánica de Educación Superior. También, desde el área de rectorado se impulsa un proyecto para transversalizar los contenidos académicos y procesos de sensibilización con enfoque de género. Asimismo, trabajan en el desarrollo de una aplicación que funcione como un mecanismo de alerta, para identificar espacios dentro de la universidad que puedan ser propensos a que se pueda dar acoso u otro tipo de violencia, para actuar frente a eso.
Ana Cristina Andrade cuenta que el proceso de reforma se da por iniciativa de los movimientos, colectivos estudiantiles y feministas de la Universidad de Cuenca que va de la mano con la elección y cargo de la actual rectora, María Augusta Hermida, con quien se propuso tocar los temas de género y la reforma. Además, exigieron e instaron a la institución para que la reforma del protocolo entre a primer debate después de conocer sobre un caso de femicidio en la ciudad de Cuenca donde el “presunto responsable es un estudiante de la carrera de Veterinaria. La víctima no era estudiante de la universidad pero eso no le quita el ponernos a pensar con qué tipo de estudiantes estamos conviviendo en las aulas. Lo preocupante de este caso y lo que se presume es que el estudiante había llevado el cuerpo a las instalaciones de la universidad y con ayuda de compañeros habían movilizado el cuerpo”, según Ana Crisitina eso les generó mucha conmoción. Para ella la institución de educación superior debe ser transformadora de la sociedad y no solo se centrarse en otorgar títulos, sino también en que sus estudiantes salgan a aportar a la sociedad con conocimientos desde el género.
Por su parte, Acurio destaca que otro de los problemas que se identificaron para la reforma es el “espíritu de cuerpo”, es decir, la protección que pueden tener los docentes, estudiantes o personal administrativos para evitar ser sancionados o juzgados tras ser acusados de acoso o violencia contra las mujeres. “Es necesario desnaturalizar la violencia, el acoso como parte de la vida cotidiana”. Para ello, también es necesario que la comunidad universitaria conozca las rutas de protección que existen en la universidad, saber cómo funciona y los pasos a seguir para denunciar situaciones de acoso y violencia contra las mujeres.
Además, Acurio destaca que al activarse el protocolo hay un periodo de tiempo donde la víctima y el victimario presenten las pruebas necesarias para demostrar el hecho de acoso o violencia y los abogados exigen que exista una denuncia firmada, sin considerar que en algunos casos las víctimas “no tienen la capacidad de denunciar”. Por eso, según Acurio desde Bienestar Estudiantil demandan que durante ese periodo de prueba “se crea un tema de tensión entre la denunciante y el denunciado y es donde regularmente los abogados defensores encuentran una brecha para poder encontrar mecanismos de no sanción. “Ha habido casos en donde los abogados ya no discuten si hay o no delito, sino, si fue o no lo suficientemente probado”.
Por tal razón la universidad está en un proceso de reforma del protocolo busca mejorar todas las trabas expuestas. Además, la reestructuración del protocolo busca implementar una Comisión Especializada Permanente que permita manejar los casos de violencia que se presenten, según Acurio.
Sin embargo, durante el proceso de reforma Ana Cristina expresa su preocupación, pues antes, se eligió a una estudiante de la Asociación Femenina Universitaria para que pudiera estar vigilante al proceso, pero en este proceso de reforma hay un retroceso porque ya no se está considerando a una representante para que esté vigilante y menos a una persona de la población LGBTIQ+ “queriendo mantener a funcionarios y personas administrativas”. También destaca que se habla de un plan de transversalización de género y “se confunden un montón de cosas sobre los procesos administrativos, el plan que tiene la universidad para actuar y prevenir la violencia de género, los procesos en Fiscalía. Hay incongruencias”. Ella destaca que en su carrera hay la materia de género y tiene compañeras expertas en el tema que se mantienen vigilantes frente a la aprobación del protocolo, porque pueden estar muy bien normativamente, pero “si no hay un trasfondo sobre lo qué es el género y cómo lo está comprendiendo la universidad queda un poco vacío”, agrega Ana Crisitina.
Para David Acurio contar con un protocolo de atención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en la Universidad es fundamental para desarrollar los procesos investigativos, sancionatorios y establecer un mecanismo claro para que haya las denuncia y los procesos de sanción. “El cambio es sustancial”, según Acurio, porque con el Protocolo se reconoce la existencia del problema, se establece un proceso de denuncia y se institucionaliza el hecho de que la Universidad recoja esas denuncias, haga la investigación y tome resoluciones como la desvinculación de docentes. “El Protocolo es una ventana de oportunidades pero la decisión política también permite que el protocolo se convierta en un instrumento efectivo”. Asimismo, el contar con un protocolo es importante para brindar y hacer seguimiento de la reparación, como la asistencia psicológica, intervención psicosocial y asesoría legal a las víctimas de violencia.
Pero la creación de protocolos no es suficiente para detener la violencia. Es así que la mañana del 31 de octubre de 2022, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca amaneció con consignas contra el acoso sexual y la violencia basada en género y para mostrar apoyo a las víctimas de violencia por parte de docentes. Asimismo, las estudiantes realizaron un plantón después de que una estudiante denunciara a un docente por abuso sexual. En este caso, el Protocolo se activó y se llevó a cabo el procedimiento administrativo sancionador en su fase de prueba donde se recogerán testimonios de estudiantes para “determinar si existe una conducta que sea catalogada como falta muy grave contra el docente denunciado”, informó el programa de Radio Sin Etiquetas 96.1.
En contraste, Ana Cristina cuenta que de primer momento cuando la estudiante denunció al docente por abuso sexual y presentó su versión, le llegó un correo que le comunicaba que el proceso continuaría en Fiscalía y que la universidad no iba a continuarlo . Por ese motivo, las estudiantes realizaron un plantón dentro de la Universidad y la institución activó el protocolo. En ese sentido, reclama Ana Cristina “nosotras nos preguntamos si la universidad solo va a actuar cuando estamos en movilizaciones o cómo serán los procesos”. Es así que el proceso continúa y hasta el momento las medidas que se han dictado es que, el docente no se acerque a la estudiante.
Mientras tanto, hasta finales del 2022, se espera que la reestructuración del protocolo esté aprobada y que contribuya a generar acciones de seguridad en los entornos universitarios desde la infraestructura; las estructuras de soporte para denuncia y el acompañamiento psicológico. Para ello, la Universidad trabaja en un plan de difusión que incluye señalética, infografías en los baños, en la biblioteca sobre cómo funciona el protocolo y los mecanismos de uso.
Por su parte, Ana Cristina Andrade dice “esperamos que se apruebe y el protocolo empiece a activarse, porque no sirve de nada si no se activa y no funciona”. Por eso, las estudiantes plantean que se hagan asambleas de socialización sobre el proceso del protocolo para que todos y todas puedan conocer qué hacer, a dónde acudir y qué procedimiento seguir. Además, que el acompañamiento psicológico sea de manera integral, rápido, urgente y efectivo y no “una cada tres o cinco meses”. Asimismo que los “compañeres” puedan conocer de este proceso, por eso es necesaria una campaña para que las víctimas logren identificar los tipos de violencia que están viviendo.
Ana Crisitina destaca que otro de los planteamientos es que en las evaluaciones docentes que se realizan en la Universidad pueda servir de alertas tempranas de violencia, es decir, si un docente tiene una baja calificación en los temas de género, Bienestar Universitario identifique los casos y vea lo que pasa. Porque la carga procesal del protocolo y la violencia gira en torno a la víctima. “Si la víctima no dice o no hace, no se activa el protocolo, eso es muy peligroso porque para instar, generar espacios cómodos y que las personas no se revicitimicen, la idea es que la Universidad empiece a actuar de oficio” y se acompañen a las víctimas en todo el proceso. Además, la estudiante recalca que al darse casos de violación, tentativa de abuso sexual y otros, es necesario que los procesos se llevan en Fiscalía, sin embargo, debe darse una responsabilidad administrativa y no esperar a que haya una sentencia que determine si el docente es culpable o no para determinar su destitución.
También, la estudiante espera que desde las clases impartidas en las aulas de la universidad se eduque a la comunidad estudiantil sobre los tipos de violencia, para que las víctimas puedan reconocer cuándo están sufriendo violencia y activen el protocolo.
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Un protocolo que vincule a la comunidad universitaria amazónica
La Universidad Estatal Amazónica cuenta, desde el 2018, con un protocolo que fue solicitado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres basada en género; sin embargo, decidieron mejorar esa herramienta y obtener el Protocolo de Prevención y Actuación en Casos de Vviolencia de Género y Acoso Sexual. El objetivo de mejorar el protocolo es “hacerlo más amplio, más abierto, con una ruta de actuación que nos va a llevar a ser más ágiles, para mejorar la atención”, dice la directora de Bienestar Universitario, Maritza Llerena. Además, para la construcción del nuevo protocolo participó un delegado de la parte legal, el vicerrectorado administrativo, un delegado de los y las estudiantes, los docentes, el personal administrativo y el Departamento de Bienestar Universitario, pues la idea es que “se vincule a toda la comunidad universitaria, sin discriminación, ni distinción”, explica Llerena.
La reestructuración del Protocolo entró en vigencia en julio de 2022 y el Departamento de Bienestar Universitario será el ente que atienda las denuncias presentadas por las estudiantes, mientras que Talento Humano será el encargado de atender las denuncias de las docentes y personal administrativo. Sin embargo, al darse ambos casos Procuraduría con la parte legal estará pendiente al igual que el Departamento de Bienestar Universitario para hacer el seguimiento correspondiente a los casos desde el área de trabajo social y psicología.
Otro de los puntos importantes que la directora del Departamento de Bienestar Estudiantil destaca sobre el nuevo protocolo es la no revictimización, esto quiere decir no exponer a las víctimas que denuncian violencia, guardar la confidencialidad y generar un ambiente cómodo y de protección.
En la región amazónica de Ecuador, las provincias con mayor prevalencia de violencia dentro del ámbito familiar son: Pastaza con el 42,1%, Napo con 39,6% y Morona Santiago con el 31,4%, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, Envigmu. Además, en la Asamblea Nacional se discute la reforma a la Ley Especial Amazónica que busca invertir en la prevención de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en la Amazonía. Auxilio Vera, coordinadora de la Red de Mujeres Amazónicas en una entrevista para un medio local de Morona Santiago dijo que la propuesta de reforma a la ley desde la Red es la designación de recursos para la prevención, erradicación y problemas de desigualdad contra las mujeres.
A pesar que, las cifras de violencia contra las mujeres en la Amazonía son altas, en la Universidad Estatal Amazónica, según la directora de Bienestar Universitario no se han presentado muchas denuncias sobre violencia y eso responde al desconocimiento o a la falta se seguridad que pueden sentir la víctimas. Por tal razón, la campaña de difusión, prevención y actuación frente a casos de violencia de género es fundamental. Esperan que esta campaña se realice a través de redes sociales, correos institucionales de manera personalizada, en noviembre de 2022, que inicia el semestre. Para eso han trabajado y recibido charlas sobre prevención de la violencia de género y embarazo adolescente con la Fundación Aliada, quien trabaja en la prevención de la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres. También implementaron el Chatbot Ali, un chat, que trabaja con inteligencia artificial, para informar a los y las adolescentes y jóvenes sobre cómo identificar, reportar y prevenir la violencia de género. “Lo que queremos es que todos conozcan el protocolo, ya que el desconocimiento muchas veces hace que la gente no se considere apoyada”, dice Llerena y agrega que las personas que atiendan las denuncias y casos de violencia contra las mujeres en la Universidad, deben estar preparadas, ser aptas y tener la sensibilización y conocimiento necesario.
Ana Paula Álvarez, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal Amazónica dice que a través de las redes oficiales de la Universidad, redes sociales y el correo institucional conoce el Protocolo y desde el Departamento de Bienestar Universitario las estudiantes tienen apertura para realizar denuncias y dar a conocer si están sufriendo acoso o alguna de sus compañeras está en una situación de violencia. “La U se ha preocupado bastante en el tema del género, y darle una oportunidad a la estudiante de hablar libremente, darle solución y hacer seguimiento”. A todo esto se suman las charlas, foros, talleres que les brindan para enfrentar la violencia contra las mujeres en la Universidad. En esos espacios se les brinda herramientas necesarias para que puedan denunciar un acoso u otro tipo de violencia que viven las mujeres, no solo en la universidad, sino en la calle, transporte público o cualquier otro espacio en el que se encuentren.
Además, los y las estudiantes tienen la oportunidad de hacer debates durante sus clases sobre violencia contra las mujeres basada en género en las comunidades de la Amazonía. “Los y las profesoras son muy accesibles cuando necesitamos hacer un taller direccionado a la realidad de nuestros pueblos, nacionalidades, comunidades y la ciudad”.
Ana Paula recuerda el caso de dos compañeras que estaban atravesando una situación de violencia fuera de la Universidad y en unos talleres de violencia se pudo conocer sobre esos casos, por lo que, Gabriela Garzón, psicóloga de aquel periodo universitario, avocó conocimiento y actuó en los casos, acompañó y brindó ayuda y asesoría psicológica.
Para la directora de Bienestar Universitario una de las principales dificultades que encuentra no solo en las universidades, sino a nivel social, es el hecho de que las víctimas no continúen con los procesos de denuncias por “amenazas, por miedo, por vergüenza”. Por lo tanto, en el trabajo de la construcción del Protocolo determinaron dos caminos: las víctimas de violencia denuncian y siguen la ruta hasta llegar al final o las víctimas presentan las denuncias y tiempo después se rectifican. En este último caso la Universidad y el Departamento de Bienestar Universitario tiene la obligación de brindar el apoyo psicoemocional que las mujeres víctimas de violencia basada en género requieren.
Lo que genera que las víctimas de violencia denuncien y después se rectifiquen o simplemente no quieran denunciar es porque el 64,2% desconoce si la universidad cuenta con un protocolo o política de atención a los casos de violencia. De igual forma, 64,2% no sabe dónde obtener ayuda dentro de la universidad y eso responde a que el 69,2% de las estudiantes señala que no han recibido ningún tipo de orientación o información por parte de la universidad sobre violencia contra las mujeres, según la encuesta del estudio De la evidencia a la prevención ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades?, elaborado por la USMP por encargo del Programa PreViMujer implementado por la GIZ.
Ana Paula destaca que para ella es importante contar con un protocolo dentro de la universidad porque en el momento que “estamos viviendo ahora no debemos callarnos, ya hemos pasado mucho tiempo calladas. A partir de las herramientas y protocolos es una forma fácil de contar lo que pasó”. Para ella, el que la universidad atienda los casos de violencia que puedan presentarse es fundamental porque eso generará que se formen redes de apoyo entre las víctimas dentro y fuera de la universidad.
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Políticas para combatir la violencia contra las mujeres
La adaptación de instrumentos legales y políticos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los espacios públicos, privados y los espacios educativos son de carácter obligatorio para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Por eso, es de vital importancia que las Universidades cuenten con políticas, instrumentos y protocolos que tengan rutas claras para la prevención y erradicación de la violencia, pero esto no basta. El estudio De la evidencia a la prevención ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades?, elaborado por la USMP por encargo del Programa PreViMujer implementado por la GIZ, explica que un modelo de prevención de la violencia contra las mujeres en las universidades para que sea exitoso debe contar con varios puntos: una organización de una cultura de “cero tolerancia a la violencia”; la capacitación al personal administrativo y autoridades, la elaboración de códigos de conductas y normas de seguridad. También es necesaria la investigación, para obtener información y datos reales de la situación de cada universidad. Esta investigación debe contar con monitoreo de estadísticas continuas, evaluación de impacto con enfoque de género y una línea de investigación en prevención de violencia contra las mujeres. En cuanto a la docencia, el estudio aborda la importancia de la formación del personal docente; de la realización de campañas de prevención entre otras acciones. Por último está la vinculación, donde es necesaria una ruta de actuación ante casos de violencia contra las mujeres; indentificación oportuna de los casos; provisión de servicios especializados para atender las consecuencias de la violencia; protocolos de atención y soporte.
La participación de las estudiantes como parte de la comunidad universitaria es fundamental para la creación, ejecución y aplicación de las políticas y los protocolos dentro de las universidades. Esto se puede observar en la experiencia de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas donde las campañas trabajadas con la comunidad estudiantil, desde el feminismo negro como eje central, considerando el contexto y la realidad de la Universidad de Esmeraldas, contribuyó para el desarrollo y ejecución efectiva del protocolo. Mientras que, en la Universidad de Cuenca las estudiantes y la población LGBTIQ+ sigue incidiendo para que el protocolo que se apruebe sea una herramienta eficaz para atender y prevenir la violencia de género y no se quede solo un papel. En cambio, la experiencia de la Universidad Estatal Amazónica, muestra lo que ocasiona la ausencia de acciones de vinculación de los estudiantes, por lo que las docentes y estudiantes buscan desarrollar la campaña de socialización del protocolo, para que las víctimas puedan denunciar y continuar el proceso, con el acompañamiento de Bienestar Universitario y apoyo psicoemocional.
