ESPECIAL PERIODÍSTICO

 

 

Persistir para elegir

Los avances para el acceso a las tres causales de aborto legal en Ecuador

 

 

Por: Wambra medio digital comunitario @wambraec

Publicado 30 de mayo del 2023

 

Fue una tarde de lluvia en Quito cuando la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia que dio luz verde para que todas las mujeres y personas gestantes accedan al aborto por violación de forma legal. Esta causal se sumó a las dos causales de aborto legal en Ecuador ya vigentes desde 1938: vida y salud. Mujeres y feministas, jóvenes y adultas, permanecieron afuera de la Corte, el 28 de abril de 2021, con pañuelos verdes y tambores, gritando cánticos, sin importar el clima reacio. No eran muchas, pero sí las más persistentes. Un año después, las mismas activistas y miles más se movilizaron y se convocaron varias veces en la Asamblea Nacional para exigir la aprobación de una Ley que garantice el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación, una ley que sea “justa y reparadora”.

La Asamblea aprobó finalmente la Ley el 17 de febrero de 2022; pero, el presidente Guillermo Lasso vetó la norma y modificó e incluyó varios artículos con requisitos y restricciones que ponían en riesgo todo lo avanzado. Organizaciones de mujeres, disidencias, feministas y derechos humanos demandaron aquellos artículos que llevaban la huella de Lasso y los grupos antiderechos ante la Corte Constitucional, y lograron medidas cautelares que suspendieron los artículos referentes a los requisitos, al consentimiento, a la decisión autónoma de las adolescentes y a la objeción de conciencia, entre otros.

Ya para febrero del 2023, el Ministerio de Salud emitió los Lineamientos Operativos para la Atención Integral y Acceso Efectivo a Interrupción Voluntaria del Embarazo por violación de aplicación obligatoria en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud. En estos se exponen, entre otras cuestiones, la relación directa entre los embarazos no intencionados y la violencia sexual. Además, se menciona que la atención integral para la interrupción voluntaria del embarazo por violación (IVEV) está orientada a restituir el bienestar físico, psicológico y social de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes en casos de violación. Este documento se suma a la  Guía de Práctica Clínica para la Atención del aborto terapéutico, emitida en 2015, que reúne recomendaciones y evidencias científicas para apoyar al personal médico y pacientes en la toma de decisiones para la atención del aborto terapéutico, es decir, cuando el embarazo afecta la salud o vida de la mujer.

Desde la sentencia de la Corte, en cuanto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación (IVEV), el Ministerio de Salud registra 32 casos de embarazos producto de violación desde el 2021 a abril de 2023, de las cuales el  59% fueron embarazos de niñas entre 10 y 14 años. De estas, 25 mujeres, adolescentes y niñas accedieron a un aborto legal porque así lo decidieron, mientras que las 7 restantes decidieron continuar con su embarazo.

En 2021, se registraron 18 casos de embarazo por violación, de los cuales 15 accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo (IVEV) y 3 decidieron continuar con el mismo. Para el año 2022, se registraron 11 casos de embarazos, de los cuales 7 accedieron a IVEV y 4 decidieron continuar con la gestación. Y en el periodo de enero a abril de 2023, se han registrado 3 casos de embarazo por violación, de los cuales todos accedieron a la interrupción voluntaria. La mayoría de las solicitudes de IVEV son de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años.

 

 

 

En este especial caminamos por los relatos de médicas, médicos y trabajadoras sociales de centros de salud y hospitales públicos que cuentan cómo, a partir de la sentencia de la Corte de 2021, mujeres, adolescentes y niñas acceden a las causales legales de aborto y cómo este camino aún tiene  barreras que deben romperse.

Movemos nuestra mirada hacia la Amazonía ecuatoriana,  donde las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia enfrentan varios retos institucionales y prejuicios culturales que ahondan su situación de vulnerabilidad.

En las provincias amazónicas de Napo, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, hasta la fecha, 15 niñas y adolescentes de 11 a 16 años accedieron a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación, (IVEV), según datos del Proyecto para el Abordaje Integral de la Salud Sexual y Salud Reproductiva en Adolescentes.

El Ministerio de Salud, con información obtenida de registros administrativos, la Mesa técnica de asesoría y la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, de 2021 a 2023, registra 10 casos de embarazos producto de violación en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago y no cuenta con datos de Pastaza ni de Napo. Morona, una de las provincias con mayor población indígena shuar, kichwa y achuar, registra más embarazos producto de violación y todos fueron de niñas entre 10 y 14 años.

Es así que la exigencia para alcanzar el acceso real a las causales de aborto legal continúa construyéndose, ya no solo en el legislativo, en la Corte o en las calles; sino en los centros de salud, en los hospitales y en la cotidianidad de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que se enfrentan a un embarazo no deseado o un embarazo forzado producto de violación, y hoy pueden elegir.

 

 

 

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