Periodistas fallecidos, contagiados por COVID-19 en Ecuador
¿Quién protege a periodistas en una pandemia?
Por: Génesis Anangonó @genestefa
foto de portada: Perú 21
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El primer caso de Covid19 se registró en Ecuador el 29 de febrero de 2020. El anuncio lo hizo la entonces ministra de salud, Catalina Andramuño, desde el ECU 911 de Guayaquil, en una rueda de prensa junto a otras autoridades y periodistas. Días después, el 11 de marzo, el presidente Lenín Moreno anunció que el Ecuador entraba en Estado de Emergencia.
El Estado de Emergencia hizo que se dictaran algunas restricciones para evitar el contagio, como la prohibición de agruparse masivamente en un mismo espacio. Esta medida no solo era de obligatorio cumplimiento para la ciudadanía, también lo era para periodistas que, a partir del 16 de marzo, tuvieron que adaptarse a ruedas de prensa virtuales. Las ruedas de prensa virtuales buscaban evitar el contagio de periodistas, camarógrafos, fotógrafos, autoridades y voceros; y ser un espacio donde se respondieran las preguntas sobre la Emergencia Sanitaria; aunque, varios periodistas han expresado en varios comunicados que en este mecanismo sus preguntas no siempre son respondidas o cuando se lo hace la respuesta es insuficiente.
El día que la exministra de Salud, Catalina Andramuño, renunció; también lo hizo Andrés Madero –entonces ministro de Trabajo–. Madero renunció a la cartera de Estado, porque estaba contagiado con COVID-19 y quería priorizar su salud. En el chat de prensa de la Secretaría General de Comunicación varios periodistas –antes de que se hiciera oficial el anuncio– preguntaron si era verdad que la renuncia de Madero se debía al contagio. La pregunta de los periodistas no era porque querían tener la “primicia”, sino porque días antes habían estado con el ministro en varias ruedas de prensa y querían saber si era necesario tomar medidas de aislamiento. Finalmente el rumor se hizo público y los periodistas tuvieron que enterarse por otros canales, porque ningún funcionario, en ese chat, les respondió.
Gladys Rivadeneira, periodista de El Universo, estuvo en contacto con el exministro en varias ruedas de prensa, por lo que llamó al 171, línea habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), para solicitar la prueba de diagnóstico; sin embargo le recomendaron aislarse y llamar nuevamente “si ya no puede respirar”.
Algo similar le sucedió a María Cecilia Largacha, periodista guayaquileña del canal de televisión Ecuavisa. Ella y sus compañeros del canal estuvieron expuestos al virus el 16 de marzo, algo que se enteraron cinco días después, cuando la persona a la que entrevistaron falleció por COVID-19. Inmediatamente el equipo periodístico se puso en aislamiento y solicitaron al Ministerio de Salud que se les realizaran las pruebas para confirmar o descartar el virus. Pese a los llamados, el MSP no se las practicó, por lo que decidieron contactar con laboratorios privados habilitados; pero tampoco recibieron respuesta. Todo esto la periodista lo denunció en su cuenta de twitter, y ante esta denuncia, el Ministerio de Salud respondió. María Cecilia Largacha y uno de sus dos compañeros lograron practicarse la prueba el 24 de marzo, mientras el camarógrafo Tito Mite –que presentaba fiebre para ese entonces– pudo acceder a la prueba recién el 26 de marzo. María Cecilia, anunció en su cuenta de twitter que recién el 11 de abril – diecinueve días después– le dieron la respuesta de que tenía positivo para COVID-19.
Olmedo Méndez Tacuri, reportero de Radio Universal Guayaquil, es uno de los periodistas que, según fuentes cercanas, se habría contagiado con COVID-19 en una rueda de prensa. Según una publicación de Fundamedios, Olmedo Méndez presentó síntomas por varios días, por eso fue al Hospital Mariana de Jesús en el suburbio de Guayaquil y le recetaron paracetamol. Méndez pudo someterse a la prueba el 24 de marzo, pero ya era tarde, falleció el 25 de marzo.
El 27 de marzo también falleció Víctor Hugo Peña, coordinador de noticias del canal Ecuavisa Guayaquil. Peña empezó a sentir síntomas por lo que fue trasladado al Hospital del Guasmo, allí le habrían dicho que su cuadro no era grave, por lo que no le practicaron la prueba y falleció en su casa.
Manuel Adolfo Varas, periodistas y comentarista deportivo de Radio Caravana, falleció en una clínica de Guayaquil el 30 de marzo con síntomas de COVID-19. Varas fue internado el 27 de marzo y le realizaron una tomografía que reveló una neumonía, un día antes de fallecer se había sometido a la prueba, pero al momento de su deceso esos resultados eran desconocidos.
Paúl Tobar, coordinador de noticias de Canal Uno, falleció el 02 de abril en Guayaquil a causa de un paro respiratorio. Tobar había estado internado en un hospital porque presentaba síntomas, sin embargo hasta el momento de su deceso no se confirmó si tenía COVID-19. Hasta el mediodía del 5 de abril, el cuerpo de Paúl Tobar no había podido ser retirado del Hospital Teodoro Maldonado.
Luis Alberto Flores, periodista y locutor de Radio Estrella, falleció el 8 de abril y Roberto Ramón, periodistas de WQ Radio, falleció el 9 de abril. Ambos tenían síntomas de COVID-19.
Trabajadores de la comunicación también han fallecido, como es el caso de Carlos Loor, tramoyista y asistente de servicios generales de Canal Uno, él falleció a fines de marzo con síntomas de COVID-19, pero no accedió a la prueba. Omar Paredes, conductor de los diarios Extra y Expreso, falleció el 6 de abril. Paredes habría experimentado síntomas de COVID-19, pero pese a la atención médica falleció.
Al momento no existen datos precisos de cuántos periodistas y trabajadores de la comunicación están enfermos. En un comunicado emitido y firmado por varios colectivos, periodistas y trabajadores de la comunicación, se establece que hasta el 12 de abril se registraban al menos 9 fallecimientos, alrededor de 16 contagios y 18 personas en aislamiento; y la mayoría habían tenido dificultad para realizarse las pruebas.
Protección para periodistas en una pandemia
El Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación fue creado por el gobierno ecuatoriano el 29 de abril de 2019. El Comité estaba integrado por cuatro carteras de Estado: La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el Ministerio del Interior –hoy Ministerio de Gobierno–, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).
Con la creación de este Comité se pretendía establecer mecanismos y protocolos que protejan a periodistas y trabajadores de la Comunicación y evitar que episodios como el secuestro y asesinato del equipo de prensa de diario El Comercio en la frontera con Colombia a manos de grupos armados, el 13 de abril de 2018, se repitan. En la primera reunión realizada por el Comité se reafirmó que es una obligación del Estado ecuatoriano y de los medios de comunicación proteger a periodistas y trabajadores de la comunicación, que por su ejercicio periodístico están constantemente expuestos a riesgos.
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) ratifica y garantiza esa protección por parte del Estado y de los medios de comunicación en su artículo 42.1, pero solo en casos de coberturas de temas relacionados con: tráfico de drogas, corrupción, trata de personas y contrabando de mercaderías. La LOC no considera como situaciones de riesgo –que ameriten proteger a los periodistas– las emergencias, desastres o pandemias. Sin embargo, en medio de una pandemia es obligación de los Estados garantizar la seguridad de los periodistas y esto se logra, entre otras medidas, garantizando el derecho al acceso a la información pública.
En un comunicado, el 19 de marzo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Harlem Désir, manifestaron su preocupación por los crecientes contagios de COVID-19 e instaron a los gobiernos a “desarrollar y aplicar estrategias para proteger la salud y la vida humana”. Tal como lo expresa el comunicado: “la salud humana no solo depende del fácil acceso a la atención sanitaria”, la salud también depende del derecho a la información y a la libertad de expresión; en el que se incluye el derecho a la búsqueda, difusión y recepción de información, a través de cualquier medio y en cualquier lugar.
Es indiscutible que el papel de los periodistas en situaciones de emergencia es vital, por ello los gobiernos deben proteger y resguardar, el trabajo de los periodistas, más aún en medio de una pandemia, porque serán quienes entreguen información crítica y verificada al público. No es momento de censura ni de difundir contenidos dudosos, sino de proporcionar información fiable, evitando la censura y exigiendo a las autoridades de gobierno la difusión de información y mensajes claros que generen confianza, reduzcan la desinformación y el miedo entre la población.
La CIDH también solicitó a los medios de comunicación que faciliten los materiales de protección y bioseguridad a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, personal técnico, para que se protejan en el ejercicio de su trabajo durante las coberturas; ya que es una obligación de los medios proteger a los periodistas y trabajadores de la comunicación cuando están expuestos a riesgos por su labor. Con esto coincide el subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO, Moez Chakchouk, que instó a las organizaciones de medios de comunicación a formar e informar a los periodistas sobre las precauciones sanitarias físicas y psicológicas, pues recordó que “los periodistas trabajan en condiciones de considerable tensión psicológica” y por ello recomendó prestar atención a los periodistas independientes que son los más vulnerables –respecto a la seguridad física y psicológica– porque no siempre tienen acceso a recursos y apoyo por parte de los medios de comunicación. Los periodistas deben hacer su parte y no olvidar que las medidas de protección y autocuidado físico y psicológico deben ser un ritual en estos días.
En el país se han activado algunos espacios para conocer, acompañar y exigir el cumplimiento de los derechos de los periodistas durante la emergencia sanitaria, como es el caso de Chicas Poderosas EC que compartió recursos para periodistas que cubren la crisis sanitaria, además habilitaron un formulario en línea para conocer, recolectar datos y realidades de las condiciones en que los trabajadores de la comunicación ecuatorianos están cubriendo la emergencia sanitaria. Con esta información pretenden exigir que las medidas de seguridad y derechos de los periodistas se cumplan.
La pandemia mundial por COVID-19 ha puesto en jaque al mundo, y Ecuador no es la excepción. Desde el primer caso en el país, el debilitado sistema de salud no abastece las demandas y las autoridades deben redoblar esfuerzos para evitar más contagios y atender los que ya existen. Hasta el 11 de abril Ecuador, según la información oficial del Ministerio de Salud y el COE Nacional, se registró 7257 casos confirmados de COVID-19, y 315 personas fallecidas; pero existen 338 personas que probablemente fallecieron por COVID-19, aunque no recibieron diagnóstico, y hay muchas personas más que han quedado en el subregistro.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitió un aviso de seguridad para periodistas que cubren el brote de COVID-19. En este aviso –que se actualiza de acuerdo al surgimiento de nueva información– hay recomendaciones para coberturas nacionales e internacionales, sobre qué hacer: antes, durante y después de las coberturas. También existen recomendaciones sobre el bienestar psicológico de periodistas y sus familiares, sobre seguridad digital y qué hacer en caso de presentar síntomas.
En Ecuador también existe una guía para la cobertura periodística en épocas de Covid19, presentada por Fundamedios, esta guía está basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entre las recomendaciones más importantes destaca: el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial, mascarillas, guantes protectores, gafas y, de ser posible, el uso de trajes de bioseguridad y una máscara facial completa, especialmente si la cobertura es en una zona de alto contagio. Al terminar las coberturas también se recomienda desinfectar con alcohol las cámaras, grabadoras, celulares y todo lo que pueda representar riesgo de contagio.
Las y los periodistas abogamos por la defensa de una prensa libre, a través de la cual podamos informar a la ciudadanía. La prensa, como lo estipula la Declaración de Chapultepec y sus Contribuciones, es fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos y se promueva el bienestar. En medio de una crisis sanitaria, provocada por una pandemia, las y los trabajadores de la comunicación y los medios, son tan importantes como el personal médico, de salud, de servicios básicos, de telecomunicaciones, del sistema bancario o del sector alimenticio; porque son quienes generan historias, interpelan a las autoridades, fiscalizan la gestión de los gobiernos y se encargan de entregar información a las y los ciudadanos para que sepan qué acciones tomar. Los periodistas lo hemos hecho en épocas de crisis, de emergencias, de desastres y también en épocas de COVID-19.
