“Lo que no se nombra no existe”: organizaciones rechazan derivación del Ministerio de la Mujer hacia la política criminal
Por: Gabriela Peralta @gaperalta07
Publicado 30 de mayo del 2024
Organizaciones de mujeres, disidencias y feministas rechazan los intentos de “transformar” el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en un órgano con competencias en política criminal, por parte del gobierno de Daniel Noboa. Las organizaciones advierten que esto podría desatender las necesidades de las mujeres y niñas, frente a la violencia de género, la brecha salarial, la representación política, el acceso a la salud reproductiva, entre otros aspectos. Además, aseguran que esta decisión pone en el centro una lógica militarista, ajena a un enfoque de cuidados, reparación integral y prevención de la violencia. Por ello, exigen que se mantenga un Ministerio dedicado exclusivamente a la defensa y promoción de los derechos de este grupo.
Organizaciones de mujeres, disidencias y feministas realizaron un plantón frente al Palacio de Carondelet para exigir que se mantenga el Ministerio de la Mujer. Foto: Ángelly Tinoco, 29 de mayo de 2024.
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El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, anteriormente conocido como Secretaría de Derechos Humanos, fue creado en noviembre de 2022 por el expresidente Guillermo Lasso mediante el Decreto Ejecutivo 609. Su creación, según se detalla en un comunicado, responde a una lucha histórica del movimiento de mujeres y tiene como objetivo “dar respuestas institucionales a la aplicación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia a nivel territorial”. Además, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos lidera el Registro Único de Violencia (RUV), una herramienta destinada a recopilar información de nueve instituciones estatales para atender casos de violencia de manera coordinada y prevenir feminicidios.
No obstante, a pesar de su establecimiento, esta entidad aún no tiene el rango o estatus ministerial. Es decir, aunque la institución fue creada con la intención de abordar temas relacionados con los derechos de las mujeres y los derechos humanos, carece del mismo nivel de autoridad, presupuesto y autonomía que otros ministerios del gobierno, como el de Salud, Educación, y del Interior, entre otros.
En febrero de 2024, Arianna Tanca, ministra titular de la institución, señaló en entrevista que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos representa un 0.05% del Presupuesto General del Estado y que, a nivel nacional, cuenta con 394 servidores públicos, en comparación con los 400.000 que tiene el Estado. Además, para 2024 se redujo su presupuesto en un 23%. De 17,2 millones en 2023 pasó a 13,2 millones en 2024.
A esta situación se suma que el 20 de mayo de 2024, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, anunció que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se “transformaría” en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. Según Torres, este cambio se daría para abarcar lo que la Asamblea Nacional aprobó en enero de 2023 y para cubrir con mayor espectro y darle más facultades al Ministerio. Torres se refiere a la aprobación del Proyecto de Ley Reformatoria a varios cuerpos legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral. No obstante, esta reforma legislativa no especifica que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos asuma la rectoría de la política criminal.
Torres indicó en rueda de prensa que el ministerio “no dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una nueva operación mucho más integral”. Asimismo, el gobierno de Daniel Noboa aseguró en un comunicado que no eliminará el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sino que lo transformará y le asignará nuevas competencias en materia de política criminal, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Integral. Sin embargo, hasta el 30 de mayo de 2024, el presidente Noboa no ha firmado el decreto oficial ni ha detallado cómo se implementará este plan.
Al respecto, organizaciones de mujeres y feministas rechazan los intentos de “transformar” el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos.
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos de niñas y mujeres, manifestó su oposición a esta “transformación”. “Sabemos que esto significa minimizar la importancia estructural y simbólica que tiene este Ministerio, y que el presupuesto para la aplicación integral de la Ley y a los importantes temas de derechos humanos será casi inexistente”, afirmaron. Además, señalaron que la política criminal es la responsable de dar seguimiento a los delitos y el crimen, sin tener relación alguna con la garantía de los derechos de las mujeres y niñas.
Por ello, reiteraron que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos debe continuar con sus funciones específicas como ente rector de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las mujeres, fortaleciendo su estructura y su presupuesto como Ministerio, no como Secretaría. Asimismo, señalaron que la política criminal debe ser incorporada al Ministerio de Defensa que es su ente rector y que el Ministerio de la Mujer es una conquista del movimiento de mujeres. “Una Ley no puede borrar ni la lucha, ni la muerte de las mujeres que por décadas han planteado la necesidad de una institucionalidad acorde a las múltiples demandas de las mujeres en todo el país”.
El Movimiento de Mujeres de El Oro, una organización social feminista popular, que trabaja por la promoción e igualdad de los derechos humanos de las Mujeres, también emitió su posición al respecto y enfatizó que el nombre “Ministerio de la Mujer” es un reconocimiento a la importancia de la equidad de género y a la necesidad de políticas específicas para abordar las desigualdades históricas y contemporáneas que enfrentan las mujeres en la sociedad. Este movimiento ratifica que defiende el Ministerio argumentando que una institución dedicada exclusivamente a los asuntos de las mujeres puede enfocarse en abordar las necesidades específicas de este grupo, incluyendo la violencia de género, la brecha salarial, la representación política, el acceso a la salud reproductiva, entre otros aspectos. Además, sostuvo que el nombre “Ministerio de la Mujer” refuerza el mensaje de que la igualdad de género es una prioridad gubernamental.
Akila Dignidad, organización de la sociedad civil dedicada a la investigación, enseñanza y comunicación de los Derechos Humanos, también rechazó el cruce de competencias. Akila ratificó que, aunque no se eliminará el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, se le otorgarán atribuciones de política criminal que no corresponden a su rectoría. “Es absurdo y contradictorio que a un ministerio, que debe velar por el cumplimiento irrestricto de los estándares en materia de derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, se le atribuya no solo el diseño, sino la ejecución de la política criminal”. Para esta organización, “en la región, la política criminal se ha convertido en acciones policiales y militares de represión, tergiversando incluso la razón de ser de las Fuerzas Armadas bajo la excusa de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de la ciudadanía, sin que estas medidas, en números reales, hayan demostrado que son la respuesta a la criminalidad”.
Para Akila Dignidad, la incorporación de nuevas competencias al ente rector de protección de las mujeres desatiende sus necesidades específicas de prevención y perpetúa la violencia de género en todos los espacios. También, “evidencia la persistencia de una política patriarcal que subordina las necesidades y derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en todas sus diversidades, a intereses de seguridad y de orden público”.
Las hijas de pandora, parte de la red Feministas en Acción, en un comunicado, expresaron: “Este cambio de funciones del Ministerio no solo invisibiliza la necesidad urgente de prevenir y erradicar la violencia contra las niñas, jóvenes y mujeres en un país donde 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia, sino que también refleja una afrenta política contra los avances en derechos, sostenida e impulsada por grupos antiderechos que actúan en toda la región y de manera coordinada con los gobiernos”. Para este colectivo, al redefinir así al Ministerio, no solo se elimina la atención específica a los derechos y necesidades de las mujeres y diversidades, sino que pone en el centro una lógica militarista de ataque y enfrentamiento, que es ajena a un enfoque de cuidados, reparación integral, creación de espacios seguros y prevención de la violencia. Además, exigen al gobierno que elabore un plan de seguridad coherente con la realidad de niñas, adolescentes y mujeres, y que no continúe recortando el presupuesto destinado a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Por su parte, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM-Guayaquil, organización que trabaja por 40 años en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos y una vida libre de violencia, expresó su preocupación ante el mensaje enviado por el Gobierno de Daniel Noboa. CEPAM-Guayaquil señaló que el mensaje del gobierno sugiere una intención de “desaparecer las responsabilidades que el Estado tiene en la erradicación de la violencia de género”. Para esta organización, esto representa una grave banalización de los avances en derechos alcanzados a través de la histórica lucha de los movimientos feministas, que incluyen a madres, hijas, hijos, familiares de víctimas de femicidio, así como a víctimas y sobrevivientes de violencia en Ecuador.
Rocío Rosero Garcés, integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, en un XSpace con Wambra, planteó que este es el momento para hablar claro con las autoridades, “para decirle una vez más a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos que es la oportunidad para que se implemente el estatuto orgánico del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos”. Este estatuto, dijo, debe convertir al Ministerio en el ente especializado que facilite las políticas de protección integral de derechos y de prevención de las violencias de género.
A estos pronunciamientos se sumaron alrededor de 300 activistas, colectivos y organizaciones de mujeres, feministas y disidencias del Ecuador que en un manifiesto cuestionaron: “¿Cómo un Ministerio aún débil, al que no se le asigna el presupuesto y la importancia necesaria puede asumir nuevas tareas?, ¿cuál será el lugar en el que se ubiquen las competencias específicas enfocadas a las mujeres y diversidades, que actualmente tiene el Ministerio de la Mujer?”.
El 22 de mayo de 2024, ONU Mujeres también exhortó al Gobierno ecuatoriano a mantener el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, subrayando que este ministerio debe mantenerse como un ente independiente, con mandato específico y recursos suficientes para cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres y niñas ecuatorianas. Transformar su rectoría, advirtió, pone en riesgo los avances alcanzados.
El 23 de mayo de 2024, Arianna Tanca, titular del Ministerio de la Mujer, afirmó en una entrevista que el nombre “Ministerio de la Mujer” es el reconocimiento a una lucha que el presidente reconoce como propia, y enfatizó que este nombre será intocable. Además, en otra entrevista, dijo que el ministerio no estará a cargo de la administración carcelaria y que la misma permanecerá bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI.
En 2023, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos atendió a 71.300 víctimas de violencia de género. Solo en ese año, en Ecuador se registraron 321 muertes violentas de mujeres, una cada 27 horas. De esas muertes, 128 fueron feminicidios íntimo, familiar y sexual; 172 feminicidios en sistemas criminales; 17 transfeminicidios y 4 mujeres desaparecidas en años anteriores.
Ecuador enfrenta una creciente tasa de feminicidios, y la posible asignación de nuevas competencias al ente encargado de proteger a las mujeres podría desatender sus necesidades específicas de prevención y perpetuar la violencia de género. Así lo afirmaron las organizaciones de mujeres, disidencias y feministas, quienes el 29 de mayo de 2024 realizaron un plantón frente al Palacio de Carondelet para reclamar que “lo que no se nombra no existe” y exigir que se mantenga un ministerio dedicado exclusivamente a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.
Organizaciones de mujeres, disidencias y feministas realizaron un plantón frente al Palacio de Carondelet para exigir que se mantenga el Ministerio de la Mujer. Foto: Ángelly Tinoco, 29 de mayo de 2024.
