Las ofensivas antigénero desafían
los derechos humanos en Costa Rica
Por Rebeca Monge – Alharaca
foto de CONAPFAM; David Bolaños Acuña
Publicado 22 de julio 2020
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Los esfuerzos de una nueva oleada ultraconservadora para instaurar una agenda de principios religiosos en el terreno público de Costa Rica han traído como resultado múltiples obstáculos para abordar la desigualdad de género y para garantizar la protección de los derechos humanos.
En mayo del 2020, Costa Rica albergó un suceso sin precedentes al convertirse en el primer y único país de Centroamérica que ha avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo. La medida fue legalizada en un decreto constitucional emitido como último resultado de un proceso de consulta iniciado por el gobierno costarricense en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2016. En principio, el país buscaba determinar si estaba obligado a garantizar ciertos derechos de la población LGBTBI+, como permitir a personas trans el cambio de nombre en documentos de identificación nacional. En 2017, la Corte IDH no solo determinó que, bajo lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos en los que el país es signatario, Costa Rica no solo tenía la obligación de ofrecer acceso al derecho al cambio de nombre, sino a varias otras figuras jurídicas definidas por la Constitución costarricense, entre ellas el derecho al matrimonio.
El camino recorrido hasta ese momento estuvo lleno de obstáculos para grupos defensores de derechos humanos y para grupos a favor de la igualdad de género. El más reciente informe publicado por el Observatorio de Política y Sexualidad de América Latina da cuenta de eso.
Frente al trabajo hecho para fortalecer las medidas y políticas de inclusión social e igualdad de género en los últimos años desde la academia, el desarrollo científico, y la educación, grupos de activistas religiosos ultraconservadores han marcado un largo trayecto para incidir en el sector público y deslegitimar iniciativas de educación y de salud pública que buscan fomentar la igualdad de género en el país. La nueva retórica de ataques emitidos por un sector ultraconservador renovado en Costa Rica se ha enfocado recientemente en la “ideología de género” como principal acusación para arremeter contra la educación sexual en las escuelas, el acceso a métodos anticonceptivos, y dinámicas sociales y económicas características de un Estado laico. Así lo señala Gabriela Árguedas Ramírez, bioeticista, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, autora de la investigación “Políticas Antigénero en América Latina”, publicada en 2020 desde el Observatorio de Política y Sexualidad. El informe, que evalúa el caso visto en Costa Rica, traza una primera cartografía descriptiva de las “cruzadas” contra la igualdad de género en dicho país, y es parte de un esfuerzo inicial hemisférico por identificar nuevas movilizaciones sociales que aplican una agenda religiosa ultraconservadora a políticas sociales y económicas en la región.
La iniciativa se publica con una colección de ocho informes de país, y surge de la preocupación frente a “nuevas configuraciones en torno al género y la sexualidad en la región” que los investigadores empezaron a identificar desde 2015, tras intercambiar análisis con especialistas que ya habían visto fenómenos similares en Europa. “Lo que veíamos ya no era más de lo mismo en las corrientes de activistas conservadores en América Latina”, resaltan los co-coordinadores del proyecto: Richard Parker, quien también dirige el Centro de Género, Sexualidad y Salud de la Universidad de Columbia; y Sonia Correa, investigadora y referente feminista en Brasil.
Desde un análisis a escala nacional que incorpora el caso visto en Costa Rica a un estudio integral y transnacional, el informe devela tanto las consecuencias que han producido las campañas mediáticas lideradas por grupos fundamentalistas, como el impacto que han tenido las últimas movilizaciones conservadoras en la escala macro. A 15 años de la inscripción oficial del que ahora es uno de los partidos políticos mayoritarios de origen cristiano en Costa Rica, el informe del Observatorio expone que las maniobras de grupos ultraconservadores han adquirido una escala multidimensional y han logrado incidir tanto en la política social como económica de un país centroamericano que anteriormente ha sido reconocido entre la comunidad internacional por su solidez democrática y sus políticas para el acceso a la educación y a la salud pública.
Según el recuento de sucesos desarrollado en el informe, la nueva ola ultraconservadora no solo se movilizó en el campo político partidario. También se posicionó en el sistema judicial interno, en los principales medios de comunicación, y en jornadas intensivas de campaña electoral previas a las elecciones generales de 2018. Ante tal escenario, el Observatorio advierte que el efecto a escala macro de estas nuevas ofensivas antigénero ha conducido a Costa Rica hacia una “erosión gradual del tejido democrático”.
Con este contexto, la autora también resalta cómo las secuelas del activismo político y las maniobras ultraconservadoras que buscan influir en la opinión pública y en el sistema educativo han llegado a provocar el cierre de escuelas ante la posibilidad de que apliquen el uso de guías de educación sexual y reproductiva Esto es algo que, para el Observatorio, requiere especial atención ahora que los indicadores socioeconómicos más actualizados por organismos como Naciones Unidas, señalan que la tasa de natalidad en adolescentes -entendida como el número de nacimientos por cada 1,000 mujeres entre los 15 y 19 años- asciende al 53.% en Costa Rica.
Para ilustrar el impacto de estos nuevos ataques antigénero, el informe también describe acciones que han marcado los últimos años en Costa Rica al reducir el acceso de la ciudadanía a espacios democráticos, laicos, e inclusivos. La inscripción de partidos políticos de origen religioso bajo el aval del Tribunal Supremo Electoral, las capacitaciones de formación religiosa lideradas por uno de los excandidatos presidenciales como campaña política, y las reacciones adversas a pronunciamientos clave para el país sobre en materia de inclusión y derechos humanos, como las que se dieron contra la Opinión Consultiva 24/17, son parte de un cúmulo de acciones que han permitido a una nueva ola ultraconservadora recobrar fuerza suficiente contra las políticas de igualdad género.
Con esto, la investigadora articula ejemplos que ofrecen una conclusión sobre el más reciente panorama adverso para las políticas de género en Costa Rica: Se trata de “las estrategias de alianzas entre distintos sectores, con base en el miedo y en el discurso de salvación político-religiosa como una expresión compleja de malestar social”.
.La lucha multidimensional contra la “ideología de género”
Los posicionamientos emitidos desde el Vaticano entre 2016 y 2019 sobre la amenaza de la “ideología de género” cayeron en tierra fértil en la Costa Rica contemporánea. A ese periodo, los grupos ultraconservadores y religiosos se habían esforzado lo suficiente, desde finales de los 90s, para posicionarse desde el activismo, los partidos políticos, las bancadas legislativas, y en el Órgano Judicial, según describe el informe del Observatorio en un recuento de los acontecimientos vistos en las últimas décadas en Costa Rica.
Como producto de ese trabajo hecho en décadas, se logró la fundación de varios partidos políticos que desde entonces arremeten contra la presunta “ideología de género”, basándose en las condenas de la Iglesia Católica. Pero el sector ultraconservador no solo se alió con el religioso en el campo político-partidario. También se movilizó en el ámbito jurídico interno para sentar precedentes legales sobre políticas educativas y de salud pública.
La movilización ultraconservadora, católica y neopentecostal, dice el informe del Observatorio, se activó además en los principales medios de comunicación del país, y desde las iglesias durante campañas electorales. Así, su lucha contra esfuerzos nacionales que buscan fortalecer igualdad de género se volvió multidimensional y traspasó distintos ámbitos del Estado costarricense.
Entre los partidos que surgieron de este contexto está el ahora partido mayoritario cristiano del país, Restauración Nacional. La respuesta del Tribunal Supremo Electoral fue débil en ese momento para apegarse a lo establecido en el Código Electoral, que prohíbe la inscripción de partidos de origen religioso. “El TSE sólo le exigió a Renovación Costarricense no utilizar símbolos religiosos, como resultado de un recurso de amparo electoral”, recuerda la investigadora en el informe emitido por el Observatorio.
Con un recuento descriptivo de este y otros sucesos vistos en los últimos años en Costa Rica por parte del sector ultraconservador aliado con las iglesias, el informe emitido por el Observatorio advierte que las más recientes condenas públicas a la igualdad de género, y los efectos vistos en las elecciones de 2018 no fueron en realidad parte de un “shock”, o fenómeno social progresivo legitimador de una opinión pública renovada. Fue más bien, asegura Gabriela Arguedas como autora del informe, “el resultado esperable de los acontecimientos en la disputa por la hegemonía político-cultural que estamos experimentando desde hace más de dos décadas en Costa Rica». “El shock”, aclara, en realidad “venía pasando desde hace tiempo”.
Como punto de inicio, el recuento en el informe también señala la validez que adquirieron los partidos político-religiosos desde 1986, cuando se creó el partido Alianza Nacional Cristiana. Esto empezó a abrir las puertas del congreso a un nuevo bloque parlamentario religioso que logró ciertas victorias en la legislación. Líderes religiosos convertidos en figuras políticas, según describe el informe, llegaron a la Asamblea Legislativa para tratar de posicionar sus intereses y ganar votos mayoritarios en la aprobación de proyectos de política económica como el Tratado de Libre Comercio, que tuvo el respaldo de la bancada cristiana.
Al mismo tiempo, estas alianzas fueron eficientes para iniciar muchos pronunciamientos en artículos de opinión que difundieron medios de comunicación acostumbrados a dedicar buena parte de su agenda de cobertura al debate sobre la “ideología de género”. La agenda mediática nacional daba espacio a figuras religiosas que hablaban en contra de la educación sexual en el sistema educativo público, y a la cobertura de eventos religioso-políticos organizados. Es por eso que el informe también hace un registro del fenómeno con un rastreo de medios.
A partir de un monitoreo de periódicos impresos y digitales de mayor circulación en el país, los investigadores del Observatorio identificaron distintos artículos de opinión y noticias publicadas desde 2011, cuyo enfoque, sin cuestionamientos, asociaba a la “ideología de género” con la aplicación de programas de educación sexual y salud reproductiva en las escuelas. Además, recuenta el informe, varios de estos medios de comunicación solo reproducían lo visto en actos religiosos organizados por la alianza entre partidos políticos y las iglesias católica y evangélica.
Un ejemplo es la noticia publicada el 18 de enero de 2018 en La Nación bajo el titular “4 candidatos se unieron a oración de católicos y evangélicos por el proceso electoral”. La nota indica que esa fue “la primera vez” que los partidos políticos tanto de tendencia católica como evangélica, “se unían en una actividad de cara al proceso electoral”. Ahí, cuatro candidatos presidenciales participaron en un encuentro junto a la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica Costarricense, e hicieron una oración por las elecciones generales del 2018 que estaban próximas. Después, se unieron a la publicación de un “manifiesto” en el que consideraban “inaceptable la propuesta de ‘Educación para la Afectividad y la Sexualidad’ que impone el Ministerio de Educación Pública, así como otras propuestas gubernamentales contaminadas por la ideología de género que contravienen principios cristianos y la moral universal”.
Desde el 2015, recuerda el Observatorio, la prensa en Costa Rica ya había ganado experiencia en la cobertura de los debates contra la ideología de género, y había dado seguimiento a los posicionamientos que tanto desde el Vaticano como desde el movimiento local se hacían para desvirtuar el tema sobre género. Como ejemplo, el Observatorio también menciona una entrevista a monseñor José Rafael Quirós publicada en el Diario La Extra en 2017. En esa ocasión, monseñor Quirós reafirmó la posición oficial de la iglesia católica costarricense contra las guías de educación sexual que buscaban implementarse desde el Ministerio de Educación. La publicación se hizo con una cita de monseñor Quirós que zanjaba: “Se requiere una educación sexual integral, no ideologizada”. Ese mismo año, recuerda el Observatorio en el nuevo documento, los medios continuaron dando cobertura al movimiento activista contra las iniciativas de género, como lo hicieron durante la Marcha por la Vida y la Familia que había sido convocada por la Iglesia Católica. Así, el informe describe cómo las acciones antigénero adquirieron una dimensión mediática en Costa Rica.
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La nueva ola activista y las maniobras jurídicas antigénero
A los esfuerzos por zanjar la discusión en contra de la ideología de género en medios de comunicación, académicos conservadores del Ministerio de Educación también sumaron la fundación de un nuevo grupo conservador llamado «Despierta Costa Rica». Así se movilizaron en el campo activista desde el académico, y denunciaron la posibilidad de que se aprobaran decretos sobre política educativa con los que se aplicarían guías de educación sexual en las escuelas.
También se pronunciaron radicalmente en contra de iniciativas del gobierno que buscaban dar acceso a anticonceptivos entre la población adolescente. Las protestas lideradas por “Despierta Costa Rica” en 2017, recuerda el informe, alcanzaron la magnitud necesaria como para lograr el cierre de varias escuelas primarias “como medida de presión contra el Ministerio de Educación Pública”.
De igual manera, el informe publicado por el Observatorio sobre las nuevas luchas antigénero, consigna las maniobras de la alianza ultraconservadora y religiosa para sentar precedentes legales respecto a políticas de salud pública y reproductiva a nivel nacional. Estas acciones, sin embargo, llegaron a tener un impacto adverso para Costa Rica a nivel jurídico internacional, pues resultaron en denuncias contra el Estado costarricense ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Uno de los principales ejemplos de estas acciones se reflejó en la resolución de la Sala Constitucional que, en el año 2000, declaró como inconstitucional la política de fertilización in vitro que había estado vigente en el país desde 1995 bajo un decreto ejecutivo. Poco después de la aprobación del decreto, un asesor de la iglesia católica costarricense había presentado una denuncia ante la Corte Suprema bajo distintos alegatos que señalaban una presunta violación del derecho a la vida con la aplicación del método de fecundación. Su esfuerzo rindió fruto años más tarde, y esto puso en vilo el acceso al método en Costa Rica.
La situación generada con la declaración de inconstitucionalidad llevó a nueve parejas costarricenses que sufrían de infertilidad a hacer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en el 2001. Doce años más tarde y tras un proceso en el que la CIDH hace distintas peticiones de información y de medidas de reparación al Estado costarricense sin lograr avances, la Corte Interamericana emitió sentencia de condena contra Costa Rica por violaciones a derechos, incluido el derecho a la protección a la familia, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, y el derecho a la la libertad personal.
El caso es ahora uno de los principales referentes de jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada a la defensa de los derechos reproductivos, y es algo que consigna el informe del Observatorio como parte de los intentos de la ola fundamentalista por minar esfuerzos para la igualdad de género.
En su informe, el Observatorio también recuerda cómo la Sala Constitucional ha rechazado peticiones de acceso a la interrupción del embarazo en casos específicos como el de “Ana” y “Aurora”, cuyos embarazos habían sido clínicamente catalogados como “de alto riesgo” por anancefalia y malformaciones en los fetos que fueron incompatibles con la vida fuera del útero. A pesar del negativo impacto psicológico y físico que esto tuvo para las mujeres, ambas se vieron obligadas a llevar los embarazos a término. Poco después, los casos fueron presentados en una misma petición ante la CIDH, denunciando, de nuevo, a Costa Rica ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sin embargo, frente a estos casos el país solicitó implementar “Soluciones Amistosas”, un mecanismo de acuerdo entre las denunciantes y el Estado. Así, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), el país se comprometió a publicar un protocolo de interrupción del embarazo bajo ciertos criterios en el sistema de salud; y “Aurora”, una de las denunciantes, retiró su denuncia de la CIDH. Pero hasta hoy y con la administración progresista del presidente Carlos Alvarado, el gobierno no ha cumplido su promesa, “por la intensa presión del movimiento neointegrista fundamentalista”, según lo señala el informe del Observatorio. “Aurora” retomó el proceso en la CIDH en 2018 y fuentes de la Cancillería dijeron al periódico El País ese año que un juicio internacional en la Corte IDH contra Costa Rica es inminente.
La historia de reacciones adversas de los grupos antigénero también ha continuado frente a otros pronunciamientos de la Corte IDH como la ya conocida Opinión Consultiva emitida en 2017, en la que el tribunal determinó que el cambio de nombre “constituye un derecho protegido” por artículos de la Convención Americana, y que los Estados tienen la obligación de “reconocer y establecer” mecanismos oficiales para garantizar ese derecho.
Al conocer la resolución, consigna el Observatorio en su informe, el excandidato presidencial de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, llegó incluso a afirmar que Costa Rica podía “denunciar” la Convención Americana, tratado internacional de derechos humanos creado en 1969 y conocido, de hecho, como el Pacto de San José ya que fue suscrito en la capital costarricense.
Pero el panorama cambió a pesar de la contrarreacción ultraconservadora, y en mayo del 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La orden constitucional que desde entonces permite el matrimonio igualitario fue producto de las acciones que tomó el Estado en cumplimiento a las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 24/17.
Como lo sugiere frente a este panorama Gabriela Arguedas, autora del informe, ha sido esta serie de acontecimientos y asaltos de las nuevas corrientes ultraconservadoras lo que ha conducido a Costa Rica hacia una “erosión del tejido democrático”. Lo más reciente visto en el país es, «una expresión muy compleja de malestar social” en la que se vuelve urgente atender un nuevo pronóstico de país ofrecido por Arguedas: “Con la crisis fiscal y la desaceleración económica se ha profundizado la conflictividad y la polarización social. Algunos sectores sociales consideran que la reforma fiscal impulsada por el actual gobierno constituye una política neoliberal».
Ante posibles vacíos en el estudio y monitoreo de los fenómenos sociales más recientes que han cobrado fuerza en América Latina, el Observatorio de Política y Sexualidad refresca el panorama de derechos humanos en la región, y reúne los acontecimientos para hacer sentido de lo sucedido. Así, logra arrojar luz sobre las nuevas movilizaciones sociales que inciden en las democracias latinoamericanas actuales.
