Otras miradas
Nuestra lengua, nuestro derecho
Ñukanchik shimi, ñukanchik hayñi
Por : Verónica Yuquilema Yupangui
Publicado 21 de diciembre 2020
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En el año 2014 mientras trabajaba como asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, tomamos conocimiento del caso de una compañera y un compañero kichwa hablantes que fueron privados de libertad en Quito. La lengua materna de los dos era el kichwa, hablaban muy poco castellano, pero no lo comprendían bien. A pesar de ello, durante todo el proceso penal instaurado en su contra nunca fueron asistidos por peritos intérpretes en lengua kichwa.
A raíz de este lamentable caso, el mismo año acudimos al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública y la Fiscalía General de la Nación para solicitar información en relación a la existencia o no de peritos intérpretes contratados y capacitados dentro de la justicia. La respuesta de las dependencias del sistema judicial ordinario fue que no contaban con peritos intérpretes en lenguas originarias.
Hoy, seis años más tarde la historia se repite, cuando Jaime Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, achuar hablante, comparece a la Fiscalía para rendir versión y solicita la presencia de un o una intérprete en su lengua materna. El acto se suspende debido a que la Fiscalía no cuenta con una persona que pueda realizar el peritaje de interpretación en lengua achuar.
Este pedido parece absurdo ya que Jaime Vargas habla castellano. Esto es así para quienes hacen una interpretación taxativa y purista de las leyes y de la realidad; sin embargo, para quienes somos parte del proceso de reivindicación de nuestro ser y estar en este país plurinacional en la realidad social, pero uni-nacional en la práctica estatal, la exigencia del Presidente de la CONAIE constituye, por sobre todo, un acto político de reivindicación y búsqueda de justicia lingüística y epistémica, puesto que reposiciona y visibiliza una realidad lamentable y condenable.
Aunque en Ecuador existen al menos 16 lenguas originarias y el artículo 2 de la Constitución ecuatoriana determina que el kichwa y el shuar son lenguas de relación intercultural, el Estado ecuatoriano no ha sido capaz de garantizar mínimamente la existencia de un equipo de peritas, peritos intérpretes en lenguas originarias, debidamente calificados para asistir gratuitamente a la población no castellano hablante.
Conforme al último censo poblacional del año 2010, la población indígena en Ecuador representa el 7,3% del total de la población ecuatoriana, esto es 1.018.176 personas; de los cuáles, el 28,5 % es bilingüe y el 34.5% son monolingües en lenguas maternas, según el estudio “¿Cómo estamos. Los pueblos indígenas según el Censo 2010?” de Luis Maldonado.
Entonces, más allá de lo que los medios de comunicación tradicionales intentan posicionar en el imaginario social, nosotras y nosotros, pertenecientes a los pueblos originarios del Ecuador condenamos acérrimamente la vulneración de nuestros derechos lingüísticos y exigimos que el Estado garantice nuestro derecho humano de contar con intérpretes en lenguas originarias en los procesos judiciales ordinarios, tal como determinan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 14 N° 3 y 25), la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, (Art. 13.1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 8.2), y como lo establece la propia Constitución de Ecuador en el artículo 76 numeral 7 literal f, que dice: “El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.”
Hoy fue Jaime Vargas, un líder indígena reconocido públicamente, quien fue vedado de su derecho humano, mañana o en este preciso momento será una de las más de 351.000 personas autodefinidas como indígenas en el Ecuador que únicamente hablan su lengua materna, quienes no contarán con peritas o peritos intérpretes. En unos casos serán privados de su libertad de forma injusta porque simplemente no comprenden la lengua castellana dominante, o en otros casos, serán sumidos en la incertidumbre y desesperación, tal como ya sucedió con la compañera y compañero kichwas privados de libertad en Quito hace seis años.
Por eso, exigir que el Estado a través de las instituciones del sistema de justicia ordinaria cumpla con su obligación de garantizar peritos intérpretes en lenguas originarias, no es un gusto individual para “entorpecer” la justicia, sino que es un derecho que tenemos los pueblos y nacionalidades indígenas para acceder a una justicia respetuosa con la diversidad cultural y epistémica de este país plurinacional, intercultural, de derechos y justicia. En ese sentido, seguiremos gritando la consigna: Ñukanchik shimi, ñukanchik hayñi. Nuestra lengua, nuestro derecho.
