Los niños y niñas abandonados por el Estado son reclutados por bandas narcocriminales

Un testimonio lo narra

Por: Gabriela Peralta @gaperalta07

Fotografías CDH @CDHGYE

Publicado 19 de septiembre del 2023

Un relato anónimo, publicado por el CDH, visibiliza el abandono estatal y la situación de criminalidad en comunidades de Guayaquil, donde bandas narcocriminales reclutan de manera forzada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el tráfico de drogas, el sicariato y la explotación sexual. Pese a no ser una realidad nueva ni aislada, es la primera vez que se registra un testimonio de ese tipo.

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Tráfico de drogas, sicariato y explotación sexual

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, publicó, en condición de anonimato, un testimonio voluntario en el que un habitante de una comunidad revela las dinámicas con las cuales controlan y actúan las bandas narcocriminales, a partir del reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes para incorporarlos a actividades ilícitas como el tráfico de drogas –cocaína, heroína y marihuana–, asaltos a camaroneras, asesinatos, violación y explotación sexual a mujeres.

El testimonio anónimo señala que se reclutan a niños, niñas y adolescentes sin padres o en situación de calle, pero también a aquellos que tienen familiares que salen a trabajar. También puntualiza que varios de los jóvenes reclutados para el tráfico de drogas se convierten en vendedores y, en algunos casos, en consumidores. Las familias se ven obligadas a entregar a sus hijos al crimen organizado, caso contrario se enfrentan a amenazas y represalias. A los jóvenes reclutados para el sicariato, las bandas criminales les ofrecen tareas iniciales y les involucran gradualmente en actividades más peligrosas. Es decir, “les asignan misiones para ganar estatus dentro de las bandas, lo que implica violencia tanto dentro como fuera de las comunidades”.

Al respecto, Billy Navarrete, director ejecutivo del CDH, explica que una medida de identificación de los sicarios es a través de la numeración de cada uno de ellos. Las personas reclutadas para sicariato tienen un porcentaje o número alto y, a partir de que van cumpliendo las tareas y responden a las órdenes, ese número disminuye. Según relata Billy, mientras más bajo sea el puntaje, más alta es su experiencia, poder y compromiso con la organización criminal: “Es todo un procedimiento, van dándole responsabilidades cada vez mayores a estos chicos para que vayan ejecutándolas. Mientras más difíciles son estas tareas, más alto es el rango, el nivel de rol y de desempeño al interior de la organización. Se va acumulando una suerte de ascenso en la jerarquía y eso incluye la explotación sexual a niñas”.

Asimismo, el testimonio anónimo da luces de algo que, a decir de Billy, es nuevo: el uso de cámaras de seguridad por parte de las organizaciones criminales para el manejo de la extorsión, control del tráfico de drogas, convivencia y acción comunitaria dentro de las comunidades. Si una organización de derechos humanos o cualquier organismo ingresa a una comunidad, esta es identificada por la organización criminal y, eventualmente, se le concede el permiso, incluso vía pago, para ingresar a la comunidad. “Es un orden paralelo que ahora está utilizando incluso la tecnología para esta práctica y que ha generado que familias, que se ven con mucha presión y que ven que los chicos están cayendo en esa dinámica, dejen sus viviendas en abandono”.

Según lo relatado por el director del CDH, en barrios de Guayaquil hay cuadras con casas que ya están deshabitadas por el desplazamiento forzado interno que se ha registrado y, a su vez, “son ocupadas por la organización criminal y desde estas viviendas se monitorea la dinámica comunitaria. La dinámica extorsiva es la expresión más evidente del control que tienen las organizaciones criminales hacia la comunidad”.

El entrevistado anónimo menciona que, aunque el reclutamiento de personas está principalmente masculinizado y es destinado al tráfico de drogas y sicariato, el reclutamiento de niñas y adolescentes se da para ser «propiedad» de los líderes de las bandas. Además, estima que alrededor de quince y veinte niñas están involucradas con bandas durante los últimos dos años y que, aunque algunas familias conocen la situación, estas se encuentran en una relación de sometimiento con los líderes de las bandas, pues estas dinámicas representan un sustento económico para ellas. “Las organizaciones criminales generalmente están compuestas por hombres y ahí, dentro de esas dinámicas masculinas, las niñas están siendo reclutadas para constituirse en una suerte de harén alrededor de estos jefes mafiosos que dan a cambio beneficios económicos a las familias y que de alguna forma reciban ese consentimiento para tenerlas como “propiedad” de los líderes de las bandas”. Caso contrario, pueden ser agredidas o su vida corre peligro.

“Usualmente son reclutadas niñas de 12, 13, 14 y 15 años. Voy a hablar del líder de la banda, máxima autoridad en la comunidad. Él tenía su mujer y sus hijos (…), pero de un tiempo para acá empezó a andar con las niñas del barrio, de 12, 13, 15 años, más o menos. No conocí a una de 16 o de 17. En cada barrio o en cada sector se conocía a una o dos que eran de la propiedad de él”, dice el entrevistado anónimo.

Él mismo cuenta que ha aumentado la tasa de muertes y que cada dos o tres horas se escucha de un muerto:

“A veces uno llega al barrio y, así mismo, llegan los motorizados a dar bala. A veces logran matar a la persona que quieren (matar), pero otras veces quedan heridas personas inocentes que van pasando por ahí o que vivían en esa esquina (…). Mire, tienen hasta la potestad de mandarte a decir que, si tienes un foco fuera de tu casa a cierta hora, deben tenerlo apagado (…). Imagino que era una manera de escabullirse o no hacer tan visible el traslado de la droga desde una vivienda a la canoa”.

En la economía del narcotráfico, Ecuador es un país atractivo por una serie de factores:

Abandono estatal

El abandono estatal se profundizó en el contexto de la pandemia por Covid-19 y, en muchos casos, se ha agudizado en el contexto actual de varias comunidades de Guayaquil. Así lo explica una investigación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, y la Misión Alianza Noruega realizada entre abril y septiembre de 2022 en nueve comunidades del noroeste de Guayaquil.

De acuerdo con la investigación, las familias del noroeste sufren una violencia estructural al no contar con derechos básicos como: trabajo digno, educación de calidad, salud, vivienda y hábitat, etc. El 64% de las familias que fueron consultadas para la misma investigación señalaron que las bandas narcocriminales son las responsables del temor y la inseguridad en Guayaquil. Además, mostraron preocupación por el reclutamiento forzoso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para actividades delictivas.

Billy Navarrete afirma que el proceso de reclutamiento tiene como telón de fondo un abandono que los niños sufren en relación con sus familias. “Hay desprotección del núcleo familiar por las carencias. Las personas en comunidad están en condiciones de sobrevivencia y los padres salen a trabajar y dejan desprotegidos a los chicos. En esas circunstancias de desprotección, estos ofrecimientos van escalando sus requerimientos hasta incorporarse, y ese nivel de compromiso con las organizaciones criminales incluye cierto beneficio económico para con las familias y ahí hay un consentimiento forzado, condicionado, porque no hay otra alternativa”.

Billy también relata que en las comunidades de Guayaquil no hay programas ni políticas públicas dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes que puedan representar una alternativa de vida frente a actividades delictivas. “No existe nada, y eso se ha agudizado en la pandemia, aunque se venía registrando desde antes un debilitamiento del área social, de la política pública del gobierno central para que pueda mitigar estos riesgos”. En el mejor de los casos hay unidades educativas cercanas; sin embargo, de acuerdo con la misma investigación, las instituciones educativas, unidades de salud y demás espacios públicos, paradójicamente, son los más inseguros. A eso se suma que la Policía Nacional, que debería garantizar la seguridad de la población, no goza de la confianza de las comunidades debido a la “inacción, ineficacia o incluso complicidad con los grupos delictivos”.

El CDH visibilizó el testimonio en condición de anonimato por la falta de garantías que el Estado ecuatoriano ofrece; lo hicieron de esa forma porque si la persona testimoniante es identificable podría recibir represalias que pueden costarle hasta la vida. La organización exige que las instituciones públicas y las de gobierno cumplan su rol de acuerdo con sus atribuciones, una de ellas, la educación.

Las unidades educativas son el espacio idóneo para la articulación institucional y la recuperación de la infancia reclutada por organizaciones criminales. Por ello, el CDH junto con otras organizaciones impulsaron un proceso de articulación entre instituciones de gobierno, municipios y la sociedad civil, al que denominaron: “Mesa de Gobernanza Colaborativa por Escuelas Seguras” para prevenir la violencia en comunidades del noroeste de Guayaquil. Este proyecto, que inició en febrero de 2023, tiene pensado ejecutar acciones concretas como “Caravanas por Escuelas Seguras” que recorrerán comunidades del noroeste realizando paradas en unidades educativas priorizadas. Sin embargo, a decir del director del CDH, ha faltado voluntad política sobre todo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación para involucrarse firmemente con funcionarios de territorio, y los tomadores de decisiones no lo han visto con la prioridad que merece ser tratado.