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Las mujeres hijas del maíz
Defensoras del territorio frente al extractivismo
Por Cecilia Borja @ceciliaborja_p
Medio: Tegantai Agencia Ecologista de Información
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Las Saramanta Warmikuna de Ecuador son mujeres sabias, defensoras, sanadoras y lideresas que han luchado por la vida y la justicia social en sus pueblos y comunidades durante años. Se definen como “dadoras de luz”; “custodias de la memoria colectiva y las formas de respetar la naturaleza, la diversidad y la multiplicidad de las semillas”; y, como “defensoras de la naturaleza, la vida y la sabiduría de sus pueblos”. Saramanta Warmikuna en idioma kichwa significa “Mujeres hijas del maíz”.
Ésta es una articulación de mujeres creada en el año 2012, en un contexto de profundización del extractivismo minero y petrolero implementado por el ex presidente Rafael Correa. Muchas de estas mujeres son indígenas y campesinas de la Costa, Sierra y Amazonía. “Es una articulación de organizaciones de mujeres con identidades propias, cuyo objetivo común es enfrentar el extractivismo y cuidar la familia, la salud y el entorno,” comenta Ivonne Ramos de Acción Ecológica – Saramanta Warmikuna.
Ejemplos hay muchos. Son de mujeres valientes como Elizabeth Durazno, quien es defensora de la naturaleza y los derechos de su comunidad, Río Blanco, y forma parte de los demandantes de la Acción de Protección por el incumplimiento de consulta previa a la comunidad presentada en el año 2018, debido a lo cual se suspendió las actividades mineras en esta zona.
Río Blanco es una comunidad ubicada en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, provincia de Azuay. Según el catastro minero 2020, están concesionadas 4.979 hectáreas a la empresa Ecuagoldmining South America S.A., en tres concesiones dentro del bosque Protector Molleturo-Mullopungo que tiene una extensión de 150 mil hectáreas. La empresa es un consorcio que pertenece a los capitales chinos de Junefield Mineral Resources Limited and Hunan Gold Group.
La defensa del territorio y sus amenazas
Las mujeres – y especialmente las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes – son afectadas de manera diferenciada por las actividades mineras y petroleras. Según una investigación sobre delitos sexuales relacionados a los proyectos mineros en la Amazonía ecuatoriana, las actividades extractivas contribuyen a la feminización de la pobreza a través de violencia económica. Además, afectan la salud y el derecho a la alimentación, a lo que se suma el despojo de tierras junto con el desplazamiento forzado y los reasentamientos involuntarios. Estas actividades también incrementan distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, debido a la violencia política, las mujeres son excluidas de los procesos organizativos por medio de amenazas.
Además, las mujeres que defienden los derechos humanos se enfrentan a desafíos específicos. Según el Análisis Global de Front Line Defenders, el cual documenta la situación de las personas defensoras de derechos humanos en riesgo alrededor del mundo, en el año 2020 las vulneraciones más comunes contra los las mujeres defensoras de derechos a nivel mundial fueron las detenciones/arrestos (24%), las acciones legales (19%) y las agresiones físicas (12%). Este análisis también indica que 44 mujeres defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en este periodo.
Las Saramanta Warmikuna también reportan haber sido perseguidas, criminalizadas y enjuiciadas por enfrentarse a los poderes transnacionales, a los gobiernos de turno y a las fuerzas militares y policiales para defender a sus territorios de la extracción minera y petrolera.
Según Ivonne Ramos de Acción Ecológica – Saramanta Warmikuna, “el primer peligro, es que el modelo extractivista se instale en su territorio, es el peligro que las mujeres prevén y por eso se activan tan fuertemente. El segundo, es que puedan hacerles daño físico, a sus cuerpos, a sus vidas. Otro peligro es la criminalización y en el contexto actual que tenemos con la situación de las cárceles, creo que las mujeres ven eso con mucho terror, tanto por la inseguridad para sí mismas, como por la inseguridad para los hombres de sus familias”.
En el informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador, la Alianza por los Derechos Humanos indica que en Ecuador se “evidencian procesos sistemáticos de vulneración de derechos de, al menos, 449 personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza en estos últimos 10 años”, lo cual deja al país como “uno de esos países donde las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, hasta la fecha, no tienen un entorno seguro” y donde las mujeres defensoras están “expuestas a situaciones de violencia e inseguridad, que amenazan su integridad personal o la de sus familias como represalias a su trabajo”.
El 29 de septiembre de 2021, mediante oficio signado con número de trámite 410039 dirigido a Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, Marlon Santi Gualinga presentó una solicitud de amnistía en favor de ciento nueve personas, entre ellas veinte mujeres defensoras del territorio.
Como el caso de Nataly C. de La Merced de Buenos Aires, parroquia ubicada en la provincia de Imbabura. Ella es defensora de la naturaleza frente a las actividades de la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, tiene dos investigaciones previas, estuvo en estado de gestación cuando sucedieron los hechos por los que fue denunciada, una presunta “intimidación” a una trabajadora de la empresa, y durante el proceso tuvo complicaciones en su embarazo y parto. Según Acción Ecológica, la Alianza por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones que son parte del pedido de amnistía, la comunidad “Ha sido deslegitimada ante la opinión pública y sistemáticamente criminalizada, son varias investigaciones previas en contra de los y las defensoras de los derechos de la naturaleza y derechos humanos, abiertas por el representante legal de Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, por personas vinculadas a la compañía minera y en relación de dependencia laboral, y por la Fuerza Pública del Ecuador”.
También en las zonas de explotación minera se incrementan los casos de violencia sexual y física. Una investigación sobre delitos contra la integridad sexual en la Amazonía ecuatoriana revela que “La presencia de actividades mineras está directamente relacionada con el número de delitos sexuales, que además tienen un fuerte impacto de género”. Por ende, debido a las actividades mineras en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza se producen casos de acoso sexual, estupro, abuso sexual y violación, que se cometen principalmente en contra de las mujeres indígenas y campesinas, aunque estos delitos también afectan a niñas y adolescentes.
De igual forma, según un informe de Saramanta Warmikuna enviado en el año 2019 a Dubravka Śimonović, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, las mujeres de la Nacionalidad Sapara han sufrido persecuciones y agresiones, como lo sucedido en diciembre de 2013, cuando a través de canales de televisión estatales, hicieron un programa de desprestigio a la lideresa Gloria Ushigua; el entonces presidente Rafael Correa, se refirió a Gloria como “incitadora de disturbios en las manifestaciones”, cuando ella defendía su territorio de las empresas petroleras y lideraba las manifestaciones; y, los presentadores compararon a la vestimenta tradicional de Gloria con la de un “traje de payaso”. Mientras que el 19 de agosto de 2015, tres policías irrumpieron en su casa, la agredieron junto a otras mujeres, y a niñas y niños. Hicieron uso de gas lacrimógeno dentro de la casa y destruyeron la oficina de Gloria.
En el marco de la defensa de sus territorios, las Saramanta Warmikuna, elaboraron su Mandato, el cual entregaron al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y al El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE, como parte del Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras del Territorio realizado del 18 al 20 de octubre de 2021 en la ciudad de Quito.
El Mandato recoge su preocupación “Ante la política de ampliación de la producción extractiva petrolera y minera del actual gobierno, mediante su Plan Nacional de Desarrollo (Plan de Creación de Oportunidades) y la expedición de los Decretos Ejecutivos 151, 95 y 165”, y entre sus pedidos consta: “(…) Exigimos que se transparente la información sobre el número de concesiones en la provincia de Bolívar, nombres de los proyectos, titulares, superficies y ubicaciones. Y que se audite el procedimiento de adjudicación con la participación de las comunidades afectadas. (…) Exigimos que el Estado mantenga el área de amortiguamiento de la zona intangible Tagaeri – Taromenani, libre de explotación petrolera para la protección y garantía de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. El Estado debe ampliar las zonas intangibles hacia los lugares en que se movilizan los pueblos en aislamiento voluntario, los mismos que cuentan con protección internacional (…)”.
A pesar de la vulneración a derechos, a los procesos de resistencia comunitaria y contraponiéndose a la Constitución, el presidente de la república Guillermo Lasso expidió la Política de Hidrocarburos, el 7 de julio de 2021, mediante el Decreto Ejecutivo No. 95. De igual forma, el 5 agosto del presente expidió el Decreto No. 151 que establece la implementación del Plan de Acción para el sector minero.
Estas disposiciones se desarrollarían en los siguientes cien días a partir de su publicación en el Registro Oficial. La primera está encaminada a permitir una mayor participación del sector privado y a duplicar la producción petrolera, estableciendo nuevos marcos regulatorios que provean de seguridad jurídica. En la segunda, se destaca la atracción de inversión privada, brindando seguridad jurídica y garantías, definiendo así las condiciones en que la minería debe desarrollarse en el país. Mientras que, con el Decreto Ejecutivo No. 165 emitido el 18 de agosto de 2021, se expide el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, para permitir con mayor facilidad acuerdos comerciales con empresas extranjeras bajo el argumento de “reactivar” la economía.
A través del Decreto Ejecutivo No. 151, se pretende implementar un Plan para respaldar los derechos mineros promoviendo la inversión, legalizar concesiones mineras sin autorización definitiva, y agilizar la operación de los proyectos mineros estratégicos y de segunda generación. Todo esto a pesar de que, adicionalmente, las empresas tienen amparo en los Tratados de Inversión y Tratados de Libre Comercio, por lo cual pueden demandar al Estado en tribunales de arbitraje internacionales (con ayuda del Decreto No. 165) como el CIADI, que es un sistema de justicia paralelo a la justicia nacional; es decir que sería contrario a la Constitución y otras normas que prohíben que los inversores violen derechos y estén sobre la justicia ecuatoriana.
Según el boletín de opinión de la organización Acción Ecológica – AEOpina, “se pretende blindar, resguardar a las empresas mineras frente al rechazo de la población ecuatoriana, que se ha pronunciado contra la minería con carácter vinculante, como fue el caso de la consulta nacional (febrero 2018); las consultas populares de Girón (marzo 2019) y Cuenca (marzo 2021); así como las consultas comunitarias de Pacto (abril 2015) y de Kimsacocha (julio 2014). En todas ellas, el rechazo a la minería superó el 70%”.
Mientras tanto, a través del Decreto No. 95, Guillermo Lasso busca atraer inversión privada para participar en las distintas áreas de la actividad hidrocarburífera y así enfrentar la coyuntura económica actual generando más recursos para el fisco, al incrementar la extracción de hidrocarburos y reducir “ineficiencias y costos” en las áreas de industrialización, transporte y comercialización. Por lo cual, se delegaría a la iniciativa privada campos productivos de EP Petroecuador, al igual que el sistema de refinación, de transporte y de comercialización de petróleo; y, se vendería las estaciones de servicios de la empresa estatal.
Según AEOpina, este Decreto “se contrapone con la Constitución del Ecuador que en su artículo 316 determina que el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada el ejercicio de las actividades en los sectores estratégicos. Sin embargo, en el mencionado Decreto se pretende que la participación privada sea máxima, es decir, la excepción se vuelve norma”.
Esto representaría un costo muy alto para los pueblos amazónicos en cuanto a la vulneración de derechos, a la contaminación y a las afectaciones a su salud, debido a que aún sufren las consecuencias de la extracción petrolera.
Por ejemplo, según un estudio de la Clínica Ambiental, en el Norte de la Amazonía cerca de las zonas donde operó Texaco-Chevron, se presenta una incidencia mayor de casos de cáncer (24,3% frente a un 2,4% de las poblaciones alejadas de la contaminación), en las provincias de Orellana y Sucumbíos, han documentado 479 casos de cáncer, el 71 % de ellos en mujeres (dos de cada tres casos que inician a edad temprana, entre los 30 y los 59 años). En esta misma zona, el índice de abortos es más alto debido a la cercanía con las instalaciones petroleras. Así, la Clínica Ambiental registra que una de cada tres madres ha sufrido algún aborto (con un promedio de 1,5 abortos por madre). Además, estas poblaciones enfrentarían con su resistencia histórica, que lleva más de 50 años, la extracción de más petróleo, corriendo el riesgo de una represión violenta por parte del gobierno de turno.
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Lideresas para la resistencia
El extractivismo, es una de las múltiples manifestaciones del patriarcado capitalista, mismo que se sostiene en la violencia y el despojo de la naturaleza para su expansión, donde se condiciona, somete y ejerce poder sobre las mujeres y la naturaleza; ya que al ser patriarcal no afecta de la misma manera a mujeres y hombres, por ende, los valores tradicionalmente considerados como femeninos y la naturaleza ocupan posiciones subordinadas.
Las mujeres enfrentan al extractivismo y la violencia que este genera desde su sabiduría ancestral, con su medicina y cultivos, con sus guardias permanentes en las comunidades para evitar el ingreso de las empresas, con el cuidado del bosque. Se encargan de fortalecer el tejido comunitario y de promover una vida digna para ellas y sus familias, lo cual se puede comprender con las palabras de Ivonne Ramos de Acción Ecológica – Saramanta Warmikuna: “los vínculos que nos unen son afectivos, principalmente. La condición de ser mujeres nos da la posibilidad de entretejer las luchas, los miedos y las estrategias para la protección de los territorios. También, utilizamos todos los mecanismos que permite el sistema, como el usar las opciones legales para acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales”.
De tal manera que, el territorio se convierte en una fuente de vida que brinda a las mujeres una infinidad de recursos naturales, espirituales, medicinales, alimenticios, lo cual les permite existir y coexistir en comunidad, siendo este un espacio cultural muy rico y diverso, ligado íntimamente a la conservación de la biodiversidad y a un medio ambiente ecológicamente sano, que son vitales para su sobrevivencia. Esta es la razón por la cual las Saramanta Warmikuna se organizan y resisten, son grandes lideresas a la vez que son sanadoras y talentosas artesanas, tejen sus tejidos y van tejiendo sus sueños de libertad, una libertad que se traduce en comunidades libres de minería y petróleo, exigen que el Estado garantice a sus pueblos y nacionalidades el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir de acuerdo con su cultura y pensamiento, y el derecho a una vida sin opresión ni violencia.