DERECHOS

Menos fondos, menos recursos: la pomposa entrega de presupuesto para las casas de acogida

 

Por Gabriela Peralta

Publicado 16 de mayo del 2022

 

21 casas de acogida y centros de atención integral fueron seleccionados para recibir presupuesto estatal para este 2022. Las organizaciones, que dirigen estos centros, debían postular a la convocatoria abierta que impulsó la Secretaría de Derechos Humanos con el fin de resolver la falta de presupuesto que se presentaba al inicio de cada año y la ausencia de una política pública clara para su mantenimiento, situaciones que, evidentemente, amenazaban el funcionamiento de estas casas y centros que brindan protección a mujeres, sus hijos e hijas –hasta los 12 años de edad– en situación de violencia de género o violencia sexual.

La entrega de presupuesto para las casas de acogida y centros de atención fue una de las últimas acciones realizadas por Bernarda Ordóñez, quien, hasta el pasado 28 de abril de 2022, estuvo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Ese día, la ministra renunció al gabinete de Guillermo Lasso, aparentemente, por la visión que el Gobierno del Encuentro tiene frente al manejo de la crisis carcelaria, la violencia ejercida por la Policía Nacional el 8 de marzo y por el silencio ante “los repudiables hechos de violencia, especialmente de niñas, niños y mujeres”. Eso indicó vía Twitter.

 

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Bernarda Ordóñez, ex secretaria de DDHH, era la encargada de garantizar los convenios de 2022 que permiten, tanto a las casas de acogida como a los centros de atención especializada, seguir operando en pro de los derechos de las víctimas de violencia de género. El 26 de abril, Ordóñez entregó recursos a 21 organizaciones para el fortalecimiento de estos centros y casas, por un monto de inversión de $2’189.905, para 2022.

“Entregamos el presupuesto, de manera oportuna y ágil, sin las esperas que ocurrían en el pasado”, dijo Ordóñez, en el encuentro de la Secretaría con las organizaciones sociales que protegen la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos frente a la violencia machista.

En Ecuador, hasta antes de abril de 2022, cinco casas de acogida y dieciséis centros de atención integral recibían financiamiento por parte del Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Para 2022 se firmaron dos convenios, uno de enero a marzo y otro de abril a diciembre. En este último, únicamente, cuatro casas de acogida –una nueva– firmaron el convenio con la Secretaría. La Casa Paula de Orellana y Casa amiga en Lago Agrio, que anteriormente recibían presupuesto público, no postularon a la convocatoria al no estar de acuerdo con la reducción del presupuesto para las casas de acogida ni con la creación del Reglamento de procedimiento de selección, suscripción de convenios y funcionamiento de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida sin la participación de las organizaciones de mujeres, entre otras razones.

Durante el evento, Ordóñez les recalcó a las representantes de las casas de acogida que, «La última vez que tuvieron un aumento fue hace tres años» y, también precisó que cada casa de acogida recibirá 106.000 dólares para este año.

Rosario Gómez, fundadora de la Casa de Refugio Matilde, congratuló que a los centros de atención se les asigne el presupuesto que venían demandando; sin embargo, también reclamó la reducción de fondos para las casas de acogida, aludiendo que eso “significa una grave reducción de personal” y que eso no lo pueden silenciar. Anteriormente, las casas recibían 130.000 dólares, aproximadamente. Es decir, se redujeron 24 mil dólares para cada casa.

Gómez, señaló, además, que “entre los centros y casas hay un hilo conductor histórico y diario para prevenir el femicidio y, así contribuir a la toma de conciencia colectiva por una vida digna”. A su vez, la fundadora de Casa Matilde se refirió al proceso de calificación de las propuestas presentadas por las organizaciones para acceder al concurso de los fondos. Ella indicó que con el concurso se evidenciaron “debilidades institucionales” y que necesitan saber cuáles son esas debilidades para, solidariamente, entre las organizaciones incorporar correctivos que permitan el crecimiento de sus fortalezas técnicas y administrativas “a fin de potenciar el trabajo contra la violencia de género en todo el país”.

En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos expuso que las casas y centros fueron elegidos bajo los siguientes criterios: experiencia en tratamiento de sobrevivientes de violencia; ubicación de acuerdo a los índices de violencia de género; registro de casos atendidos por las organizaciones participantes; participación en organizaciones nacionales e internacionales, especializados en prevención y erradicación de violencia; capacidad de incidencia en la construcción de Política Pública y planes de fortalecimiento propio en su gestión.

Gómez finalizó su intervención manifestando que espera que la Secretaría active el Sistema Nacional de Protección de las 22 instituciones del Estado, a quienes, además, demanda el cumplimiento de las políticas y las leyes conquistadas. “No con retórica, sino con presupuesto, con instituciones y personal amable y eficiente, atento a las necesidades que tenemos para salvar la vida de las mujeres en todo su ciclo vital”, expresó.

Bernarda Ordoñez, quien cumpliría un año de gestión en mayo, hizo pública la entrega del presupuesto para las casas y centros, aludiendo que, “las víctimas de femicidio, en lo que va del año suman ya 25”, y que “Ecuador vive una dura crisis de derechos humanos y violencia estructural, producto del abandono del Estado”. Además, Ordóñez aseguró que el proceso para fortalecer las casas y centros de atención ha sido un proceso “abierto, participativo y transparente”. Sin embargo, esto fue contradicho por las organizaciones de la sociedad civil.

 

Geraldine Guerra: Las casas de acogida no son bodegas de mujeres; son espacios de protección

Geraldine Guerra, vocera de la Red Nacional de Casas de Acogida, en entrevista con WambraEc, calificó como positiva la efectivización de la firma de convenios, tanto con centros de atención externa como con las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, dijo que hay que tener claro que, los dos millones que entregó la Secretaría, “son dos millones ganados, hace varios años, por el esfuerzo y el trabajo del movimiento de mujeres y de las organizaciones de sociedad civil”, quienes han luchado por más de 10 años, desde 2008, para que eso se concrete.

“Eso es algo ganado, no es algo que en esta administración se pone a disposición. Si hubieran puesto a disposición, tenía que haber sido, por lo menos, el doble para ampliar los servicios. Eso tiene que estar claro, porque parecería otra cosa. Esos dos millones ya estaban designados en las partidas presupuestarias. Eso fue ganado hace tiempo”, afirmó. 

Asimismo, la vocera mostró preocupación porque las casas de acogida, que anteriormente firmaban con el Estado, eran cinco y, este año, no han firmado dos de ellas: Casa Paula en el Coca y Casa amiga en Lago Agrio. Únicamente firmaron tres antiguas y una nueva organización. Es decir, en total firmaron cuatro casas: Casa Hogar de Nazaret de Guayaquil, Casa Mariamor de Cuenca, Casa Matilde de Quito y una Casa de Machala.

Guerra también se refirió al anuncio de Bernarda Ordóñez, quien aseguró que nuevas organizaciones recibieron financiamiento por parte del Estado, sin tomar en cuenta que para fortalecer los servicios bajaron el presupuesto de las casas de acogida: “Con el mismo presupuesto están financiando más servicios. Si bien, subieron los sueldos a los centros de atención externa para las profesionales, a las casas de acogida les quitaron dos profesionales. Usualmente, el Estado cubría siete profesionales y, ahora, cubren cinco en casas de acogida. Para mí es una pérdida también”, expresó. Por ello, exhortó a la Secretaría de Derechos Humanos, como ente competente, para que amplíe los servicios y no que estos se vayan reduciendo. “En este momento, en frontera, en Sucumbíos, no tienen servicios. En El Coca no hay casas de acogida, y si hay, no tiene nada que ver la Secretaría. Cuando la Secretaría debería apoyar a todos los servicios que hay en el país y no solo a unos sí y a otros no”, asintió.

 

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¿Geraldine, por qué hay casas que se quedaron fuera del convenio con la Secretaría de Derechos Humanos?

En realidad, es por esta falta de claridad en la relación sociedad civil-Estado. Parece que fuera una relación de contratación, como si fuéramos proveedoras y, las casas y centros de atención no son proveedoras de servicio o, si son proveedoras, pero no con esa relación. Es una alianza Estado-sociedad civil para mejorar y fortalecer los servicios de atención a víctimas y para prevenir femicidios. Ese es el concepto o la noción con la que se deben entender esos convenios. No como que nos contratan. No nos están haciendo un favor; eso es lo que debe hacer el Estado, es el rol del Estado.

Entonces, por un lado, parece que fuera un gran apoyo, pero por otro, en realidad no. Hay que trabajar, colectivamente, para que cambie esa mirada de que no somos una simple proveedora de servicios y que nos contratan como si fuéramos una empresa. Estamos generando un sistema de protección, fortaleciendo el sistema de protección integral a víctimas, en donde los servicios son las casas de acogida, los servicios de atención externa y, también una serie de otros servicios que se tienen que cumplir para que realmente se configure un panorama de protección a las víctimas de violencia.

En esa relación, lo más importante es que se valorice la experiencia de las casas de acogida. Las casas de acogida tenemos un modelo de atención que fue validado, que ha sido socializado, que lo tenemos y que tiene que ser también reconocido y valorado como lo que es, porque nos ha costado años saber que necesitamos, por ejemplo, dos facilitadoras. Unas de las facilitadoras quitaron, entonces ahora pretenden que una persona atienda 24 horas y siete días a la semana. Eso no se puede, eso va contra todas las normas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, ellas hacen turnos para cubrir las 24 horas. Ahora el Estado dice: “No, con una. Ustedes arréglense con una, ustedes resuelvan”. Estamos dejando de lado la importancia de lo que significa el cuidado, porque las facilitadoras de lo que se encargan es del cuidado. En las casas están niños, niñas y adolescentes y requieren atención, una atención de calidad. Claro, por un lado, sube el sueldo, pero no puede dejar de lado el resto. Bajando el presupuesto a las casas de acogida subieron el sueldo a otros servicios. Yo no sé si eso es equiparable en una balanza. No es así. No es quitar y poner, en temas de atención a víctimas de violencia, es poner, es sumar, no restar.

Las casas de acogida no son bodegas de mujeres; son espacios de protección, en donde se garantiza un abordaje de calidad multidimensional, interdisciplinario e intersectorial, en donde se garantiza que esa señora que fue vulnerada en sus derechos sea ayudada a reparar el daño.

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Marlene Villavicencio: “Jamás se ha dado para el total de los gastos que significa mantener una casa de acogida”

Marlene Villavicencio, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador, también, en entrevista con WambraEc, contó que, en el mes de diciembre de 2021 y en enero de 2022, exigieron que se reconozcan los fondos para este año, pero que, lo que hizo la Secretaría fue reducir los fondos para las casas de acogida y quitaron dos personas clave en el trabajo con las mujeres y niños: la educadora y la facilitadora. Además, aseguró que, para el funcionamiento de las casas, el Estado “jamás ha dado el total de los gastos que significa mantener una casa de acogida”.

Villavicencio afirmó que esa es una de las razones por las que las compañeras de la Casa Amiga y de la Casa Paula no presentaron la propuesta: “ellas vieron difícil asumir un proyecto con la Secretaría de Derechos Humanos con tan bajo presupuesto y con menor personal”. Villavicencio alegó que las casas de acogida que firmaron los convenios, firmaron el convenio sabiendo que no es un presupuesto suficiente para el funcionamiento de las mismas.

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¿Cuál es el rol de la educadora y de la facilitadora dentro de las casas de acogida?

La educadora hacía el trabajo de apoyo para los niños y niñas que ingresan con sus madres porque hay que reconocer que en una casa de acogida ingresa una mujer y pueden ingresar dos, tres, cuatro, cinco u ocho niños, porque las mujeres tienen sus hijos. Entonces, realmente, hay más niños y niñas que mujeres en una casa de acogida y, es importante saber que los niños y niñas viven y tienen efectos de la violencia, por lo tanto, es necesario trabajar, especializadamente, con ellos. La facilitadora era la encargada de garantizar el sostenimiento las 24 horas del día y de acompañar los procesos cotidianos y comunitarios de las casas de acogida. Es decir, se disminuyeron dos personas y se quitó un presupuesto que se tenía para el autocuidado, capacitación del equipo y también trabajo con la comunidad.

Por ello, desde las casas de acogida continuaremos exigiendo al Estado que se reconozca, mínimamente, el personal que ya se reconocía anteriormente, y no solo eso, sino que también se reconozca el verdadero costo de una casa de acogida. Realmente, sostener una casa es muy costoso y eso no es solo aquí en el Ecuador, es en el mundo entero. Si nosotros queremos que las mujeres recuperen sus créditos de vida, reinicien sus vidas y salgan de la violencia, necesitamos espacios y acompañamiento suficiente, porque si llegan a espacios precarios, ¿cómo rehacer la vida?, ¿cómo rehacer la esperanza?, ¿cómo rehacer un futuro?

 

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María Inés Ramírez: “Nos dan lo que creen que nos deben dar; presupuestos muy bajos con los que no se puede trabajar”

María Inés Ramírez, directora de la Fundación Ayllu Huarmicuna y de la Casa Paula ubicada en Francisco de Orellana, El Coca, también contó para Wambra que, desde hace algunos años, han trabajado con el Estado y que este les ha entregado recursos para el fortalecimiento de las casas de acogida. Sin embargo, indicó que, durante todo este tiempo, han vivido “una serie de vulneraciones, en referencia a la decisión que toman, arbitrariamente, sobre los presupuestos”.

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¿Por qué no participaron en la convocatoria que impulsó la Secretaría de Derechos Humanos?

“Ellos –el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos– nos dan lo que creen que nos deben dar: presupuestos muy bajos con los que no se puede trabajar. A nosotras nos ha tocado hacer, todo el tiempo, gestión, y, específicamente, este año hemos decidido no participar por eso, porque nos redujeron el presupuesto, nos quitaron la educadora, la facilitadora y un rubro que había para capacitación. Además de una serie de cuestiones que no estábamos de acuerdo, como la eliminación del modelo de atención.

Ellas –las compañeras de la Secretaría– elaboraron, desde el escritorio, su propio reglamento, sus propios documentos con los que no estuvimos de acuerdo, porque no fuimos consideradas para poner nuestros criterios; sin considerar que nosotras, como casa de acogida, tenemos 22 años trabajando en la Amazonía. Entonces fue una serie de circunstancias que hicieron que, al final del día, decidamos no participar en la convocatoria.

Las casas no formaron parte de la toma de decisiones frente a los presupuestos, no se consideraron criterios técnicos de la experiencia que tenemos como casa de acogida en el abordaje en temas de violencia y se han elaborado documentos que, en la práctica, no solucionan la violencia. No participamos porque estamos en contra de la vulneración de derechos que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos.

.¿Cómo gestionan el funcionamiento de la casa de acogida?

 Ya no tuvimos presupuesto a partir del mes de abril de 2022. Estamos en una situación difícil, porque hemos aplicado a los gobiernos locales; los gobiernos locales no son conscientes de que es una obligación del Estado trabajar en prevención de violencia. Ha sido muy complicado; sin embargo, hemos hecho un acercamiento con el alcalde de la provincia de Orellana, Ricardo Ramírez, quien nos ha abierto la puerta y nos va a apoyar con el recurso hasta diciembre.

La Casa Paula tiene 28 personas acogidas y es súper difícil decirles: “chao, ya no tenemos presupuesto, vayan nomás a su casa”. Por eso mismo, hemos agotado todos los recursos que hemos tenido y las instituciones aliadas a nuestro trabajo para conseguir los recursos que nos permitan sostener hasta diciembre.

El Estado ofrece un mundo de cosas, hace una promoción y hablan de miles de dólares, cuando ese presupuesto es insignificante frente a las necesidades que tenemos como casas de servicio de atención a víctimas. A nivel nacional son muy pocos. Aquí, en Orellana, la única casa de primera acogida es la Casa Paula que está sin recursos. Hago un llamado al Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos que se abra un poquito y vea un poco más allá. Requerimos presupuestos para seguir trabajando en el tema de atención y prevención de la violencia.

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Bernarda Ordóñez fue secretaria de Derechos Humanos hasta el 28 de abril de 2022. Es decir, dos días después del encuentro con la casas y centros de acogida, a los que entregó un cheque gigante, pero con un presupuesto insuficiente para su funcionamiento, renunció. En su renuncia, que llegó vía Twitter, indicó que no comparte la política de derechos humanos del gobierno de Lasso; política que, sin embargo, llegó a ejecutar y cuya mayor expresión fue la reducción de presupuesto para la prevención de violencia de género.

Siete días más tarde, el 5 de mayo, Paola Flores fue posesionada, por el presidente, como la nueva Secretaria de Derechos Humanos. Flores tendrá a su cargo, entre otras cosas, la prevención, erradicación de la violencia contra niñas y mujeres y el seguimiento respectivo al proceso de selección y asignación de presupuesto para las casas de acogida.