La protesta también fue joven

70% de las personas detenidas durante el Paro Nacional son jóvenes

y adolescentes menores de 30 años.

Por: Redacción Wambra Medio Digital Comunitario @wambraec

Unxs tenían el pelo pintado, otrxs lentes; tenían mochilas, chompas de capuchas, jeans y zapatillas. Estaban en la primera fila de la protesta lanzando piedras y gritando a la autoridad. También estaban atrás, allá donde las papas queman, pero de otra forma: de voluntarixs, con mandil blanco atendiendo a personas heridas, con guantes recogiendo la basura, sirviendo la comida, cuidando a los guaguas, haciendo títeres, tocando música. Eran indígenas, mestizos, afro descendientes. Eran de la universidad pública, de la universidad privada. Venían de barrios del sur, también del norte.

El Paro Nacional  en Ecuador tuvo rostro indígena, rostro de mujer, pero también rostro joven. Y un dato, lamentable, lo confirma:  70% de las personas detenidas en las protestas son adolescentes y jóvenes menores de 30 años.

En once días de movilización, 1192 personas fueron detenidas, de acuerdo al Séptimo informe de Monitoreo de Situación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, emitido el 14 de octubre de 2019. En los datos desglosados por edad se observa que el 25% corresponde a adolescentes de entre 15 y 19 años, edad para estar en el colegio; otro 25% corresponde a jóvenes de entre 20 y 24 años, edad para estar en la universidad; le sigue en número jóvenes de 25 a 29 años con un 12% de las detenciones, y un 8% menores de 15 años; es decir, adolescentes.

Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría del Pueblo, especificó que en el informe se reporta la cantidad de personas que han tenido “contacto con la ley penal”; es decir, han sido aprehendidas por la Policía y se ha iniciado un procedimiento, por lo menos de flagrancia. En rueda de prensa, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, explicó que, de las 1.192 personas aprehendidas, el 74% salió en libertad inmediatamente, lo cuál significa “que dichas aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales”. Reporta, además, que solo 24% de las personas aprehendidas fueron procesadas, de las cuales tan solo un 30% se encuentra con prisión preventiva.

Gonzalo Criollo de  21 años, fue uno de los líderes estudiantiles del Colegio Montúfar durante las jornadas de movilización durante al gobierno de Rafael Correa en 2013. Hoy es representante al Consejo Académico de la Asociación Escuela de Economía de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Para Gonzalo, el número de jóvenes detenidos responde a que uno de los roles de la juventud fue “sostener el Paro” desde diversos espacios: asambleas estudiantiles,  actividades de apoyo, foros y centros de acogida. Desde su mirada, el gobierno de Lenin busca deslegitimar la protesta, pues “hay un posicionamiento mediático del gobierno que dice que hay 19 organizaciones identificadas, la mayoría juveniles, de extrema izquierda. Empieza a haber  una agenda para deslegitimar el concepto mismo de la protesta y la movilización social”.

Sube el costo del pasaje, salen a las calles

El aumento de los pasajes es un tema recurrente en activar las protestas estudiantiles en Ecuador. Durante el Paro Nacional los estudiantes volvieron a salir a las calles por la misma razón: el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina, tiene también un impacto directo en el precio de los pasajes.

Antes del decreto 883, emitido por el presidente Lenin Moreno, el pasaje de transporte urbano en Quito –y gran parte del país– costaba 25 centavos de dólar; y el transporte interparroquial e intercantonal, hasta 45. Si bien el decreto no ordenó elevar el costo del transporte, pocos días después de su expedición, el precio subió.

Mediante dos resoluciones, la Agencia Nacional de Transporte (ANT) dispuso el alza de hasta 10 centavos al costo de los pasajes.  A pesar de que la resolución especifica que no se podrá subir más de 40 centavos de dólar por cada pasaje y se mantendrá la tarifa preferencial –mitad del valor– para estudiantes de escuelas y colegios, el alza fue un hecho. Esta disposición supuso una intervención parcial desde el gobierno central, en las competencias locales de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes están encargados de planificar y controlar el costo del transporte terrestre.

Esto generó el descontento de las y los estudiantes secundarios y universitarios que se sumaron a las protestas en el Paro Nacional para defender el precio de los pasajes del transporte público y contra las políticas económicas del gobierno de Lenin.

El sueldo básico y costos de pasajes

Las protestas estudiantiles por el costo del pasaje no son nuevas. Ocurrieron en 2002, contra el alza del combustible, durante el gobierno de Gustavo Noboa, presidente que asumió el mandato después del derrocamiento de Jamil Mahuad, presidente que eliminó el sucre como moneda nacional, dolarizó la economía y huyó a Estados Unidos. En estas protestas, el adolescente Damián Peña murió producto de un disparo en su cabeza durante una manifestación en Cuenca. También protestaron en 2003 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ser “el mejor amigo y aliado de Estados Unidos” apenas a un mes de ser elegido. Luego participaron  en las protestas que dieron como resultado su derrocamiento en 2005.

Las y los estudiantes secundarios también fueron uno de los grupos que generó  protestas durante el gobierno de Rafael Correa. En ese caso, por el carnet estudiantil y contra las reformas a la Ley de Educación. Fue en estas movilizaciones que sucedió  la detención y judicialización de 12 estudiantes del Central Técnico, acusados de “rebelión”. En similares protestas, Edison Cosíos, de 17 años, estudiante del Colegio Mejía, fue impactado por una bomba lacrimógena en su cabeza. Edison permaneció en estado vegetativo siete años y siete meses, hasta fallecer en abril de 2019. También sucedió   la tortura al estudiante del colegio Mejía, Angelo Ayol. Los policías acusados fueron juzgados por tortura, y sancionados diez años después, en 2019.

Para Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la participación de jóvenes en el Paro  tiene una razón: “El movimiento juvenil y estudiantil sufrió una fuerte embestida del anterior gobierno. Por medio de sanciones, se generó un proceso de intimidación hacia quien salía a protestar. Esa rebeldía que nos caracteriza a la juventud, hizo que estallara en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Moreno.”. Pero no solo los pasajes era la razón, también las reformas laborales, que según el líder estudiantil, afecta a la juventud: “Nos movilizamos también por la estabilidad laboral porque se busca eliminar los contratos ocasionales, «flexibilizar» la jornada laboral, y los jóvenes somos los más afectados”.

Para Gonzalo Criollo, estudiante de la PUCE, la participación de jóvenes en la protesta responde a una aglutinación de temas: “fue la acumulación de cosas, una gran masa de ecuatorianas y ecuatorianos, indígenas, molestos con las medidas del gobierno. La parte juvenil fue un respaldo y un sostén. En la parte urbana se convocaba a plantones pacíficos: los cacerolazos. Hubo el apoyo en los centros de acopio, y fue fundamental incluso en la reproducción de la manifestación, para otorgar un espacio de descanso y alimentación”

¿Cómo afecta las medidas económicas a jóvenes y estudiantes?

Juventud y pobreza

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, las y los adolescentes y jóvenes en Ecuador representan el 32% de la población. Una población, que vive condiciones de desigualdad.

Gonzalo, Mauricio y Skarleth coinciden en que esta es la razón para salir a protestar: las medidas económicas les afecta  directamente a su vida, y de forma indirecta a sus posibilidades de continuar estudiando o no.

Según la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional (CNII) el 30%  de los y las jóvenes es  pobre o extremadamente pobre. Según el estudio el 17,7% de las y los jóvenes vive en pobreza; y el 11,4%, en pobreza extrema.

Similar situación se evidencia en el empleo. Más del 60% de los y las jóvenes está subempleado, trabaja sin remuneración, no cuenta con empleo pleno o está desempleado. Un porcentaje parecido no cuenta con seguridad social. Esto quiere decir que muchos de los jóvenes aún dependen de los ingresos de sus progenitores, que muchas veces solamente cuentan con el sueldo básico.

Los porcentajes de acceso a educación también son bajos. Según datos del INEC, el 76% de los y las jóvenes está en primaria, educación básica, media, secundaria o no accedió a ninguna educación. Quienes llegan a la universidad o posgrado son una minoría, lo que  podría implicar que gran parte de la juventud crecerá en condiciones de precarización.

Según Mauricio Chiluisa, estas condiciones de pobreza y desigualdad son las que motivan a las y los jóvenes a participar en las protestas. Gonzalo Criollo lo explica: “como joven, estudiante y también como trabajador, las medidas económicas generan un fuerte impacto, porque significa afectar la capacidad adquisitiva que tenemos los estudiantes, que ya es bastante compleja. La medida termina por desacelerar la economía; si se disminuye el consumo, también disminuye la producción, también disminuye el empleo.”