Otro joven es asesinado durante un operativo policial

Miguel Ángel Rodríguez, 14 años

Por Verónica Calvopiña @kinoraxx

Publicado 06 de febrero del 2025

Miguel Ángel Rodríguez, un adolescente de 14 años, fue asesinado durante un megaoperativo policial y militar realizado el pasado 30 de enero, en el Guasmo Sur, en Guayaquil.

Al igual que Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los cuatro niños y adolescentes de Las Malvinas, Miguel Ángel era afrodescendiente jugaba fútbol y vivía en uno de los barrios más empobrecidos de Guayaquil. 

Para el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, CDH, lo sucedido con Miguel Ángel Rodríguez se trata de una ejecución extrajudicial, pues su asesinato se produjo en medio de un operativo militar y policial en su barrio. Esta es otra muerte de un chico afrodescendiente en medio del “conflicto armado interno”, declarado por Daniel Nobo, el 9 de enero de 2024.

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Milton Rodríguez estaba comiendo fuera de su casa ubicada en la Cooperativa 15 de Agosto del Guasmo Sur de Guayaquil, cuando vio un gigantesco operativo que ingresaba hasta su barrio. Milton es padre de doce hijas e hijos, él sostiene a su familia  con su trabajo agrícola y haciendo carbón en su finca, ubicada en Santa Elena. 

Era el jueves 30 de enero cuando alrededor de mil policías y marines, en camionetas y motos, por aire, mar y tierra, ejecutaron el operativo Apolo 5, según información de Diario El Universo. Entre el 30 y 31 de enero, dos operativos más con el nombre de Apolo también se realizaron en Mapasingue Este y en la vía Portoviejo- Manta, según información en las cuentas de facebook de la Policía Nacional.

“Era una cosa de locos. Las balas sonaban a diestra y siniestra. Había camionetas y motos sin contar”, señala Milton, durante la rueda de prensa brindada en conjunto con el Comité Permanente de Derechos Humanos, el 04 de febrero, en Guayaquil. Milton regresó lo más pronto que pudo a su casa para poner en buen recaudo a sus hijos y nietos, cuando recordó que dos de sus hijos, Juan José, de 16 años, y Miguel Ángel, de 14 años, estaban jugando fútbol en el parque del barrio. De repente, Milton vio a Juan José ingresar a su hogar con un disparo en el pecho, gritando:

— ¡Papi, ayúdame que me dispararon!

Miguel Ángel, el menor, en cambio, no aparecía. Horas después, cuando Milton entregaba los documentos de Juan José en el Hospital del Guasmo Sur, vio a otro de sus hijos bajar de una ambulancia que traía a Miguel Ángel herido, con tres impactos de proyectil en la espalda.

—Lo encontraron al lado de la casa del vecino, disparado, agonizando— relata Milton.

Miguel Ángel cursaba el noveno curso en modalidad online, soñaba con convertirse en futbolista y cuando no estaba estudiando, apoyaba a su padre en la finca. No tenía antecedentes penales y tampoco vínculos con bandas. “Yo llevaba a mis hijos cada vez que podían, una semana, 15 días. Ellos me ayudaban a sembrar maíz”, dice Milton recordando a sus hijos.

Por su edad, Miguel Ánge fue trasladado al Hospital del Niño, donde permaneció hasta el viernes 31 de enero, cuando falleció. Durante ese tiempo sufrió dos infartos. Milton relata que, hasta la noche, medicina legal no había llegado para hacer el levantamiento del cadáver. “Estos señores hacen lo que les da la gana con el pobre. No les interesa el dolor del resto de las personas”, relató con indignación en la Rueda de Prensa.

Junto con Juan José y Miguel Ángel se encontraba José Daniel Ramírez, de 18 años, quien  mantiene una herida incrustada en la columna vertebral, lo que posiblemente afecte su movilidad permanente.

Miguel Ángel fue velado y enterrado el pasado 3 de febrero. Milton, recién en la noche de ese día, pudo conversar con su hijo Juan José, quien le relató lo vivido

— Nosotros estábamos en el parque. Éramos cuatro chicos jugando pelota, y llega una hermana a leernos la palabra, cuando vemos las camionetas y motos que se meten. Nosotros corremos y nos damos la vuelta por el Estero. Disparaban ellos, pero no le alcanzaron. Le alcanzaron del otro frente, donde se encontraba un francotirador, en la otra orilla. Ellos son los que acribillan a los chicos. 

En un vídeo publicado en la cuenta de Facebook de la Policía Nacional de la Zona 8 de Guayaquil, el 31 de enero, el Comandante de esa zona, Pablo Dávila, aseguró que tras el operativo Apolo 5 ejecutado en el Guasmo Sur: “Tenemos a 16 personas fueron aprehendidas, tres de ellas en los procedimientos que empezaron ayer fueron heridas, haciendo uso legítimo de la Fuerza, porque estos, al ver la presencia policial, también intentaron victimar a nuestros servidores policiales.  31 personas que han sido retenidas que han sido localizadas en estos mal llamados centros de rehabilitación”. Tras dicho operativo, la Policía exhibió como resultado la incautación de armas, municiones, equipos y vehículos.

Aunque Dávila no dio el nombre de las personas que resultaron heridas, es en la llamada Zona 8, donde, el 31 de enero, Miguel Ángel fue asesinado y Juan José Rodríguez, así como su primo de 18 años fueron heridos de bala.

Dávila también señala que: “Policía Nacional va a continuar con estos operativos Apolo, lógicamente, planificadamente y en conjunto con las Fuerzas Armadas. Eso es lo que nos va a fortalecer en el trabajo contra la violencia, aquí en la Zona 8”.

Milton Rodríguez, padre de Miguel Ángel y Juan José, denunció que que, durante el operativo desarrollado en su barrio, la policía y militares cometieron abusos: “atropellaban a la gente de la manera que les diera la gana. No me grabes, decían. A una señora la arrastraron por el piso. Al esposo de una señora discapacitada se lo llevaron preso”.

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27 casos de desaparición forzada

Miguel Ángel es un adolescente más que es asesinado en un operativo militar desde el inicio del llamado “Conflicto armado” de Daniel Noboa. La lista de personas ejecutadas y desaparecidas es mayor. Luis Perdana, presidente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el reciente examen realizado a Ecuador el 23 de enero, aseguró que desde enero a noviembre de 2024, se registran 15 ejecuciones extrajudiciales.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, en rueda de prensa del 04 de febrero, señaló que el organismo ha detectado dos grandes violaciones a derechos humanos desde la declaratoria de Conflicto Armado Interno: “Ejecuciones extrajudiciales perpetradas por patrullas militares en Guayaquil, y por otro lado, detenciones- desapariciones forzosas también perpetradas por patrullas militares en la Costa ecuatoriana”.

Las ejecuciones extrajudiciales, “requieren de la participación directa de agentes del Estado que asesinan a personas por fuera de sus atribuciones, por fuera de contextos de enfrentamiento, de todo elemento que les permita usar un arma letal” explica Navarrete. Por lo tanto, lo sucedido con Miguel Ángel Rodríguez se trata de “una ejecución extrajudicial, esta vez en una fuerza combinada entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas y de la Marina”.

En cuanto a las detenciones- desapariciones forzadas, la CDH Guayaquil registra en su reciente informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», 27 personas desaparecidas en manos militares, desde el 2024.

Las detenciones- desapariciones forzadas son un fenómeno del cual el país  “no se tenía registro, al menos no tan seguido”, según Billy Navarrete. Este delito sería cometido por patrullas militares, especialmente en las provincias de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. La organización de derechos humanos alertó de un patrón en el comportamiento de estas patrullas militares que implica:

• La arbitrariedad en el momento de la detención
• El ingreso no autorizado a viviendas
• Patente de corso para hacer acciones sin control, ingresan a domicilios, destruyen y sustraen propiedad privada sin explicación.
• Operativos indiscriminados de control en la vía; agarran aleatoriamente y detienen arbitrariamente a cualquier persona. Las personas desaparecidas fueron detenidas sin motivaciones.
• Amenaza y violencia perpetrada por agentes militares a testigos del hecho.
• Uso excesivo de la Fuerza
• Dejar desnudos a los sobrevivientes de estas detenciones arbitrarias.
• Obstrucción en el acceso a la justicia: demora en la denuncias, deficiencia institucional, los casos son señalados como secuestro pese a que hay indicios de detenciones- desapariciones.
• Los fiscales desarrollan audiencias sin presencia de las familias de personas desaparecidas.
• Familiares sin atención, sin apoyo psicológico.

Estos comportamientos, en especial, el ingreso arbitrario a viviendas, “es grave” menciona Navarrete, por lo que esta acción no está permitida ni en estados de excepción, sin embargo recalca que las patrullas militares “lo hacen de forma indiscriminada”.

Fernando Bastías, abogado del CDH Guayaquil,  agregó que lo sucedido el 30 de enero con Miguel Ángel Rodriguez, así como con otras víctimas : “No es aislado, es el resultado de una política de seguridad. No es espontáneo, aquí hay un direccionamiento político por parte de las autoridades en asegurar que existan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y prácticas de tortura en todo el país pero que, además, existe una respuesta de impunidad en los casos. Según Bastías, “En dos casos hay informes de Fuerzas Armadas que son confidenciales y están en reserva para resguardar los nombres de las personas implicadas”.

El asesinato de Miguel Ángel Rodriguez fue denunciado en Fiscalía como ejecución extrajudicial. También se pondrá una denuncia por extralimitación en un acto de servicio frente a lo sucedido con Juan José Rodríguez y José Daniel Ramírez, informó Bastías. 

La Policía reacciona

La noche del 4 de febrero, la Policía Nacional emitió un comunicado donde lamentó la muerte de Miguel Ángel, a la vez que solicitó a la Fiscalía que “el referido caso sea trasladado a Quito” y se investigue en una Fiscalía especializada “a fin de que no exista ninguna intromisión en la zona en la que se produjeron los hechos”.

La Policía también pidió que “la investigación determine si las armas que privaron la vida al adolescente corresponden o no a algunas de las entregadas en dotación a la Policía Nacional”. Esta petición va más allá y pide que en caso de que el arma sea de la institución “se analice las circunstancias en que se hubiera hecho uso del arma de fuego”.