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Grupos antiderechos propagan discursos

inconstitucionales en México

 

 

 

Por: Mariana González Quintero @mariquigoglez

Universidad de Guadalajara

Méxco

 

 

 

 

Publicado 03 de mayo de 2021

 

 

Aunque la Constitución mexicana  estipula que el Estado debe ser laico, la injerencia de grupos religiosos conservadores en las legislaciones parece mostrar lo contrario

La homosexualidad vista como una enfermedad; el “matrimonio natural” pensado desde la heteronorma; y la Educación Sexual Integral (ESI) considerada como adoctrinamiento que promueve el aborto y “conductas inapropiadas” en lxs niñxs son algunos de los discursos que abanderan los grupos religiosos conservadores en México.

A través de organizaciones como el Frente Nacional por la Familia (FNF), agrupaciones autodenominadas como “pro-vida”, o movimientos en redes sociales, difundidos con hashtags como #ConMisHijosNoTeMetas y #ConLosNiñosNo, estos grupos logran incidir, en la opinión pública y en la agenda política.

“En el momento en que estos discursos se propagan, están afectando el ejercicio pleno de los derechos”, señaló Daniela Mendoza, directora general de Verificado MX, medio de comunicación especializado en fact checking (verificación de hechos). Y añadió que “es ahí donde tenemos que advertir del peligro (…) Es una negación de derechos, es una falta de observancia a las leyes que ya tenemos, es inconstitucional, es ilegal”.

Una de las iniciativas más recientes que han impulsado estos grupos ha sido el Pin Parental. Esta propuesta, busca que lxs tutorxs de lxs infantes decidan sobre la educación sexual que reciben en las escuelas. Lo anterior bajo el argumento de que madres y padres “tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas”, como señala el FNF en su página web.

La propia Secretaría de Gobernación (Segob) en México alertó que al aprobar estas iniciativas, consideradas inconstitucionales, se vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, pues se oponen a una educación laica y científica. Pese a ello, el Pin Parental ya se ha discutido en diversos congresos locales; estos se encargan de legislar temas correspondientes  a cada estado y que no le competen solo a la federación. En Jalisco y Nuevo León, segundo y tercer estado más importante del país, respectivamente, ya se ha discutido esta iniciativa.

El Estado mexicano debe ser laico, como se precisa en el artículo 40 de la constitución. Este principio se replica en el artículo 3, que hace referencia a la educación; “corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, dice.

Por su parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indica en el artículo 58, que se debe promover la educación sexual integral conforme a su edad. Lo anterior implica el uso de criterios científicos que evite los prejuicios sobre el ejercicio de su sexualidad.

Pese a las legislaciones que protegen a lxs infantes en el país, Daniela Mendoza apuntó que “todavía se sigue pensando que los hijos y las hijas son propiedad de los padres y las madres, cuando en realidad son habitantes de nuestro país con derechos que tenemos que respetar”.

 

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Estado, ¿laico?

En noviembre de 2020, Católicas por el Derecho a Decidir México (CDD) junto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dieron a conocer los resultados del informe “Laicidad y Derechos Reproductivos y Sexuales en América Latina y el Caribe”. Dicho documento revela los niveles de laicidad en 19 países de la región, y su relación con el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.

 “Aunque los marcos jurídicos de esos países los definan como laicos, separación entre las iglesias y el estado, no significa que eso se traduzca en que los derechos estén garantizados, y sobre todo las libertades”, explicó al respecto Aidé García Hernández, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de CDD México.

CDD México, es una organización sin fines de lucro, integrada por personas católicas, que desde la perspectiva feminista, buscan defender la laicidad del Estado y los derechos humanos; forman parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir (RedLacCDD).

García Hernández destacó que, parte de esas restricciones en las leyes y políticas públicas, tienen que ver con la injerencia de los grupos religiosos en esta materia: “lo que nosotras estamos viendo es que efectivamente hay una estrategia de los grupos antiderechos (…) lo que ellos están haciendo es buscar cómo influir en el ámbito político para ocupar lugares, tanto en la función pública como en los congresos”.

En el caso de México, la relación entre los grupos religiosos y los partidos políticos es un hecho fehaciente. Un ejemplo, fue lo ocurrido en las últimas elecciones presidenciales de 2018, en donde los candidatos José Antonio Mead, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), se mostraron a favor del FNF, como da cuenta una nota de Verificado MX.

El PAN es un partido de ideología conservadora que se ha caracterizado, desde sus orígenes, por su relación con la iglesia. El PRI, por su parte, es un partido de centroderecha, que gobernó el país por 70 años, desde su fundación hasta el año 2000. Actualmente, funcionarios que pertenecían a ese partido, como Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y el mismo ex presidente, Enrique Peña Nieto, han sido señalados por cometer  actos corrupción mientras ostentaban sus cargos.

El FNF surgió en 2016 luego de que el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, presentara una iniciativa a favor de legalizar el matrimonio igualitario, iniciativa con la que grupos conservadores religiosos no estaban de acuerdo. Desde entonces se ha articulado una red que se extiende, según el propio FNF, a todas las regiones del país.

Otro ejemplo, también de las elecciones federales de 2018, es el de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. El entonces candidato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) -que se autodenomina de izquierda- , se lanzó en coalición con el Partido Encuentro Social (PES), mismo que ha mostrado una postura en contra del aborto y el  matrimonio igualitario. 

Sobre ello, García Hernández dijo que “ahí empezamos a enfrenta que los funcionarios públicos, los políticos, el legislativo, empiecen a tomar decisiones a partir de su moral religiosa y no de su moral laica (…) ellos desde este lugar político no permiten que se avance, obstaculizan, e incluso proponen retrocesos”.

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Estrategias para legitimar discursos

En 2019, Verificado MX en conjunto con otros nueve medios de la región, lanzaron la investigación “Las falsedades sobre la educación sexual integral en Latinoamérica”. En ella se dieron a conocer, tras un sondeo de medios, las tres desinformaciones más divulgadas sobre este tema: la ESI promueve el aborto, la homosexualidad y “conductas inapropiadas” en lxs niñxs.  

Según esta investigación, las organizaciones autodenominadas “pro-vida” y “pro-familia”,  autoridades de la iglesia Católica, pastores de iglesias evangélicas, y autoridades gubernamentales y públicas son las figuras que propagan estos discursos.

Según García Hernández, estos grupos conservadores  “tienen que validar esas mentiras que dicen, porque ellos también hacen uso de los derechos humanos, uso de las investigaciones científicas entre comillas, pseudiocuentififas, para mostrar que el aborto, por ejemplo, hace que las mujeres se vuelvan locas cuando abortan (…) están generando fuentes [de información] donde están basando sus propias narrativas falsas, y eso es muy perverso”.

Desde CDD México han señalado que las mujeres y personas gestantes que abortan son juzgadas y criminalizadas tanto por el Estado como por la Iglesia; “las autoridades estatales no se deben dejar influenciar por las presiones ejercidas desde la jerarquía de la Iglesia católica o de otros líderes y grupos religiosos que se oponen a la progresividad de los derechos humanos de mujeres y niñas”, dijeron en un comunicado. 

Daniela Mendoza apuntó que los medios de comunicación pueden formar parte de la solución al poner en debate este tipo de problemáticas: “aunque las personas tenemos un montón de sesgos en nuestra cabeza, debemos ir modificando estos sesgos con información”, finalizó.