Gerentes de Furukawa son procesados
por explotación laboral
Publicado 09 de noviembre 2021
Furukawa Plantaciones C.A., es una empresa japonesa que se estableció en Santo Domingo de los Tsáchilas en 1963. Esta compañía se dedica al cultivo y procesamiento de abacá.
En julio de 2020, la Defensoría del Pueblo entregó un informe donde evidenció la vulneración de derechos y la supuesta esclavitud, en la que se encontraban más mil 200 personas, en su mayoría afrodescendientes, que vivían y trabajaban en los campamentos
Posteriormente, 123 trabajadores y trabajadoras presentaron una Acción de Protección ante la justicia, que reconoció vulneración de derechos y una situación de esclavitud moderna dentro de los campamentos de esta empresa, ubicados entre las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ya en el 2021, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Marcelo Cicerón A.Z., Ángel Iván S.S y José Adrián H.V., gerente y exgerentes de Furukawa Plantaciones C.A. por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La audiencia de formulación de cargos en contra de los funcionarios de la empresa se realizó el pasado jueves 28 de octubre de 2021, en el Complejo Judicial de Santo Domingo.
La Fiscalía presentó más 120 elementos de convicción “recabados durante la investigación previa y que sustentaron la acusación fiscal en contra de los procesados”.
Uno de estos elementos fue el informe de la Defensoría donde se señala que las y los trabajadores habrían mantenido “condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud” al interior de los campamentos, según se señala en este informe.
Además, se presentaron versiones de funcionarios públicos, directivos de Furukawa, entrevistas a presuntas víctimas, procesados, entre otros testimonios que determinaron que las y los trabajadores eran personas de entre 13 y 70 años de edad. “En su mayoría eran campesinos, afrodescendientes y analfabetos, a quienes no se les proporcionaron equipos de trabajo, ropa, ni elementos de seguridad para el cumplimiento de sus labores”.
La Jueza de la causa, Susana Sotomayor, dispuso la “prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad” del gerente y ex gerentes de la empresa, según se señala en el boletín N.º 1012-dc-2021, de la entidad. Así como el uso de un grillete electrónico.
Ordenó, además, “la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles a nombre de la empresa Furukawa para garantizar posibles reparaciones integrales a las víctimas”.
Este próximo 16 de noviembre, se realizará una siguiente audiencia de Acción de Protección, presentada en junio pasado por la Defensoría del Pueblo. Esta acción busca reparar de forma integral a las y los ex trabajadores de la empresa. Así como que el Estado tome las medidas pertinentes para evitar nuevas formas de esclavitud y explotación laboral.
