Estar alerta o perder tu casa, tu historia

Por: Andrés León León @Leonandrelo

Edición Verónica Calvopiña @kinoraxx

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Publicado 10 mayo de 2021

La tarde calurosa se refresca con el viento. La sombra que regala la copa de los árboles repele los rayos del sol que se buscan camino entre los claros y al que los gatos y perros huyen mientras descansan junto a Isabel y Kenia, habitantes de San Eloy y asesoras jurídicas del proceso. Leen y analizan los cuerpos jurídicos para preparar la defensa, junto a ellas está Walter Cifuentes, ingeniero civil y también vecino de San Eloy, revisa planos, coordenadas, analiza los detalles para encontrar inconsistencias, y las encuentra.

El 22 de marzo de 2021, los habitantes del sitio San Eloy en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, fueron notificados que serían desalojados por orden del Ab. Orley Delgado, juez multicomptente de Montecristi. La orden de desalojo se dio tras la denuncia de Boris Agustín Solorzano en la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, y esta a su vez, presentó la denuncia ante la Fiscalía cantonal de Montecristi. Solorzano dice ser el dueño de las tierras, pero sus escrituras y coordenadas señaladas en el proceso no coinciden con las de San Eloy, sino con el sitio Los Corrales, a 4 kilómetros de distancia, donde el municipio de Montecristi aprobó la creación de la urbanización San Rafael. Aquí los buenos parecen malos y los malos, pues los buenos.

San Eloy está ubicado en un bosque seco en el que ceibos grandes, frondosos y solitarios se ven por todo el barrio, aquí habitan 108 familias en 76,52 hectareas que se han organizado para defender sus casas y tierras.  

Se han distribuido en siete puntos del territorio para vigilar el ingreso de personas y vehículos ajenos al barrio, las 24 horas del día, todos los siete días de la semana. Tienen ollas comunitarias para alimentar a las personas que hacen guardia, la comunicación entre punto y punto es inmediata. Desde que fueron notificados del posible desalojo, la lógica diaria de los vecinos ha cambiado: son un solo cuerpo que lucha y defiende su derecho a vivir en paz, como lo han venido haciendo desde hace 20 años.

-El municipio nos desconoce, para ellos no existimos desde 2008. – Dice Isabel, quien ha vivido en estas tierras por 17 años y ha luchado por su legalización y las pruebas que presenta son sus títulos de posesión entregados por el INDA (Instítuto Nacional de Desarrollo Agrario) desde 1998 hasta el 2002. Desde 2010, el INDA se llama Subsecretaria de Tierras. Han pagado impuestos prediales al municipio de Montecristi, Organizaron el “Comité Promejoras del Sitio San Eloy” con personeria jurídica otorgada por la Dirección Provincial de Bienestar Social desde el 8 de septiembre de 2005.

– Nos quieren desconocer porque le quieren dar la tierra a otros, no porque no existamos y las pruebas ahí están-

¡Carita de la buena, carita de la buena! vocea un señor que recorre el barrio vendiendo pescado fresco. Un bus anuncia su llegada por la vía principal con un vallenato intenso, dos niños compran golosinas en una de las tantas tiendas que existen.

San Eloy es un barrio consolidado: energía eléctrica, alumbrado público, agua que se va y vuelve, alcantarillado no tienen porque casi nadie lo tiene en Montecristi. Internet, servicio de transporte público, vendedores ambulantes recorren a diario sus calles porque hay personas a quien vender, casas de bloque, madera y caña construidas a lo largo de 20 años saltan a los ojos y para cualquiera esto es un barrio, para el municipio, no.

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“Mientras usted ordene, yo no le hago caso”

Gerardo Sácido Molina, llegó en 2001 con su esposa Liova Matilde Zambrano y sus tres hijos a este campo. Isidro Parrales, quien fue dueño de esas tierras hasta su llegada, es el que les entregó la posesión de las mismas. Son los primeros habitantes de San Eloy. – Esto era puro monte, teníamos que coger bus por abajo. Aquí hemos dejado nuestra juventud, trabajamos bastante para que sea habitable.- Dice don Gerardo sentado en su hamaca, está junto a doña Liova que también dice lo que piensa: – El no es dueño de esto, llevamos años aquí nosotros y nunca se ha sabido que ese señor sea el dueño. – Don Gerardo y siete vecinos más tienen órdenes de prisión preventiva dictadas el 19 de marzo en la audiencia de formulación de cargos, es acusado de tráfico de tierras e invasión. La prisión preventiva dirigida hacia él fue sustituida por una orden de arraigo por ser adulto mayor. Tiene que presentarse en la Fiscalía de Montecristi, los lunes y viernes.

– A mi el que me demanda es el dueño, que no es el dueño, Agustín Solórzano. Yo le digo algo, siempre lo he dicho ante la ley y lo digo ahora: si yo supiera que estas tierras fueran de él y me pide que me vaya, yo me voy, encantado, porque estoy conciente que son suyas las tierras, pero no, nunca han sido tierras de él.-

El Instituto de Desarrollo Agrario le entregó las posesiones efectivas de su terreno en 2002. Cultivaron mientras la tierra lo permitió: maíz, maní, melones, sandías. En la actualidad San Eloy puede generar cultivos de ciclos cortos, porque el invierno es cada vez más escaso y corto. Las posibilidades de cultivos a largo plazo son casi nulas.

Doña Liova cuenta un encuentro que tuvo con Solórzano: – Hace años yo estaba sola aquí en la casa y el señor llamó. Me preguntó que como estábamos allí, le dije que el dueño de la tierra nos había puesto aquí para que la cuidáramos, porque no teníamos donde vivir tampoco, y el dijo señora pero lamentablemente tienen que salir, baje sus cositas, vea a donde se va porque estas casas van hacer tiradas allá al hueco. La respuesta que yo le di es que me tendrá que tirar a mi también, yo de aquí de mi casa no me voy porque usted quiere. Sólo que Dios baje del cielo y me diga, mija, no discutas por esta casa, ándate, me voy, pero mientras usted ordene, yo no le hago caso. No me voy nis mis cosas ni yo. Tíreme con todo al hueco.-

Don Gerardo afirma que Solórzano no ha vuelto por San Eloy, que ahora se vale de policías y gente de “grueso calibre” para amedrentar a los vecinos. Tiene miedo de la justicia, porque se deja comprar, cuando debería ser igual para pobres, chicos y grandes. – No por tener plata usted me puede dominar a mi o yo a usted –, dice con fuerza mientras apreta los puños porque todo esto le indigna y se le nota en su rostro. Doña Liova tiene 85 años, sufre taquicardia. Don Gerardo tiene 75 años y una vida dedicada al campo que ya no le permite trabajar la tierra como cuando era joven. Su casa es dos pisos, cemento y madera, cuentan con energía eléctrica, alumbrado público y cuando necesitan agua pasa un tanquero que les abastece. Para el municipio no existen.   

Defender lo obvio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro de su resolución 4/2020 sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19, aprobada el 20 de julio de 2020, recomienda a los Estados a “implementar la suspensión de desalojos, de pago de rentas o hipotecas, o cualquier alivio para que las personas con COVID-19 puedan cumplir con las disposiciones sanitarias que correspondan”. La orden de desalojo no considera estas recomendaciones. Los habitantes de San Eloy saben que eso iba a pasar y que la única manera de no perder lo suyo es defenderse. Llevan 14 años enfrentando procesos judiciales, administrativos, civiles y penales en los que han probado que San Eloy existe, son los legítimos propietarios y no traficantes de tierras.

Para Kenia, la denuncia actual está llena de inconsistencias y contradicciones, pero que eso no sirve de nada si son desalojados antes de que se declare la nulidad de la demanda. – Te desalojan, destruyen tu casa, tu vida, para que luego digan que puedes volver si es que puedes volver. Eso no sirve de nada, ya te lo quitaron todo-.

La gente en San Eloy vive con el temor de que en cualquier momento puede ocrrir el desalojo, afectando su cotidianidad en medio de una pandemia que está lejos de acabar.

Resistencia

– Uno ha trabajado tanto por la familia, para que ahora venga un sabido así por así con documentos, dinero y mafia para sacarnos, no pues. Entonces nos declaramos en resistencia ante el abuso.- 

Alejandro Nicolas Burgos Toala, tiene 53 años, llego hace 17 a San Eloy a trabajar la tierra. Es parte del grupo de demandados por tráficos de tierras e invasión con orden prisión preventiva, por una discapacidad física le dieron orden de arraigo. Ha criado 8 hijos y 16 nietos aquí en San Eloy. Cuando llegó habían cuatro casas y todos vivían de la agricultura y afirma lo que todos dicen acá: el INDA les adjudicó las tierras y tienen los documentos de posesión que los convierte en dueños legítimos. -Hemos pasado más despiertos que dormidos, no se puede estar bien, pero estamos organizados porque así tiene que ser.- Dice sereno, sentado en la sala de su casa que la ha ido mejorando con el tiempo y en la que vive con su esposa y seis hijos. -La lucha es por mis hijos, mi familia, por la juventud, los niños.-

Cuenta que Agustín Solorzano, el demandante y quien dice ser dueño de la tierra, lo ha amenazado enviando gente brava para que deje su tierra, ha sufrido atentados. La última vez que habló con la gente de Solorzano, le ofrecieron dinero para que deje su casa y abandone la resistencia en San Eloy. Dijo que no. -Para mi no hay plata. Lo que yo quiero es a la gente que está conmigo. No voy a traicionar a mi grupo, más claro.- Don Alejandro confía en que el desalojo no se ejecute porque Solorzano y su gente saben que están organizados y que de estas tierras nadie se va a dejar sacar fácil. Algo que lo tiene sorprendido es que el Alcalde actual, Washington Arteaga, desconozca a San Eloy: – Votamos por el alcalde de Montecristi y el sabe que existe San Eloy, vino acá a pedirnos el voto y ahora que niegue, es bien raro. – Entiende que hay intereses más allá de lo que es justo y evidente, pero no puede afirmar nada, solo estar conciente de que la única manera de sostener la vida ante la amenaza de ser desalojados, es si están juntos y en resistencia.

El sol se oculta de a poco, la luz  que desaparece deja tonos violetas y naranjas en el horizonte, el viento sacude las hojas de los ceibos y trae con el un olor dulce que  acompaña las largas caminatas a los diferentes puntos de San Eloy. Andrea Zambrano es parte del grupo que coordina las actividades entre los siete puntos, conoce a casi todos los habitantes de San Eloy y todos la conocen a ella. Es muy querida, amable, optimista, pero hay momentos que la zozobra gana. – El desalojo se evita en la medida en que los vecinos resistan. –  Andrea está preocuapada por el desgaste que esta lucha implica, el ánimo de la gente para continuar haciendo guardias, mingas, carteles y todas las tareas que necesita esta resistencia y que puedan combinarla con sus trabajos, familia, los problemas cotidianos y la pandemia. El 5 de mayo pasado estaba prevista la audiencia de apelación, sin embargo, el juez que lleva la causa se no se presentó, alegando que estaba enfermo. El barrio esperaba el día de la audiencia porque saben que pueden ganar y anular la orden de desalojo.   

San Eloy es en si mismo una consigna: caminas por sus calles y para donde se vea hay un cartel en la verja de una casa, sobre el tronco de un ceibo o junto a una hamaca; los vecinos siempre alerta a la llegada de cualquiera que no sea de su cuadra para comunicar al resto de puntos. La policía hace rondas esporádicas con cautela y no pasan de la calle principal porque saben que aquí no son bienvenidos. Organización pura y dura motivada por un derecho básico, evidente, fundamental e irrenunciable: tener vivienda digna y adecuada. El poder así no lo entiende, por eso San Eloy se declara en resistencia.