“La seguridad sin nosotras no es seguridad”
Mujeres organizadas por la paz y por vidas dignas
Naomi Mosquera @naoh023, Colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio
Publicado 26 de julio 2024
A Rocío la intentaron doblegar incendiando su casa como represalia a no querer entregar a sus hijas a las bandas criminales; Jacinta, a pesar del miedo, huyó con sus hijos para salvarlos de ser reclutados. Despertar con la noticia en la radio o en Facebook de nuevas muertes “se ha vuelto tan común como el amanecer mismo”, cuenta Josefa. A pesar de esto, en Esmeraldas, como dice Jacinta: “hacemos todo lo posible para mantener a nuestras familias unidas y seguras, pero necesitamos más apoyo».
En varios espacios de encuentro y diálogo, mujeres de Esmeraldas, Guayaquil y Quito hablaron sobre cómo la violencia afecta específicamente sus vidas, y desde una mirada integral plantearon propuestas para una verdadera paz y seguridad, más allá de la militarización.
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Entre las ocho y nueve de la noche, el calor de las llamas empezó a devorar la vivienda de Rocío Caicedo. Mientras ella asistía a la misa, tres jóvenes irrumpieron en su hogar para incendiarlo con un mensaje brutal: castigar a Rocío por negarse a entregar a sus hijas a una banda criminal.
Los miembros de este grupo intentaron doblegarla, primero con exigencia de dinero y luego con amenazas. Su resistencia tuvo un costo: el esfuerzo de toda una vida fue convertido en cenizas. Para sostener a Rocío en este duro proceso, solo estuvo la sociedad civil, organizaciones y colectivos de mujeres que acudieron en su ayuda. Estos grupos ofrecieron apoyo emocional y psicológico, proveyeron recursos materiales y económicos, y ayudaron a Rocío a reconstruir su hogar en otro sector para evitar las represalias.
La historia de Rocío y sus hijas se repite más de lo que nos gustaría admitir y es que en Esmeraldas las mujeres y niñas enfrentan una doble carga: el acecho constante de las bandas criminales y la desatención del Estado que no les brinda la protección necesaria.
Al desagregar los datos de inseguridad en Ecuador por género, el Latinobarómetro revela que el 68% de las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, con el 59%. Los conflictos armados y la violencia en general afectan desproporcionadamente a las mujeres. La violencia sexual es utilizada como una táctica de guerra, infligiendo traumas que persisten mucho después de que cesan los enfrentamientos. Además, las mujeres y sus hijos desplazados por la violencia representan la mayor parte de las poblaciones refugiadas, enfrentando condiciones extremadamente difíciles.
Similar situación a Rocío, vivió Jacinta Corozo, madre de tres hijos, oriunda de San Lorenzo, cantón fronterizo con Colombia: «Cuando empezaron a reclutar gente, mi esposo tuvo que huir de Esmeraldas hacia la Sierra porque teníamos miedo de que lo busquen para hacer cosas malas. Entonces me quedé sola con nuestros hijos y luego me tocó irme de San Lorenzo porque mi hijo, el mayorcito, ya tiene 14 años y después me lo iban a querer meter a esas bandas. No solo tuve que encontrar la manera de alimentarlos y mantenerlos a salvo, sino que también tuve que lidiar con el miedo constante de que algo nos pasara.”
La violencia ha forzado a miles de personas a abandonar sus hogares en Ecuador. Desde octubre de 2023 hasta abril de 2024 la Patrulla Fronteriza de EE.UU. reportó 94,871 encuentros con personas de nacionalidad ecuatoriana en la frontera de este país con México. Este número es casi equivalente a toda la población de Sangolquí, ciudad en la provincia de Pichincha, que en 2022 tenía 96,647 habitantes. Para poner esto en perspectiva, imagina a cada persona de Sangolquí, desde los niños jugando en los parques hasta los adultos caminando por las calles, que todos juntos, desaparecieran. Es como si toda una ciudad decidiera levantarse y caminar hacia un nuevo destino.
Esta alarmante cifra se aproxima rápidamente a los 97,074 casos registrados en todo el año 2021, mostrando una realidad inquietante: en apenas 4 meses, las cifras casi se igualan a las de todo 2021.
Para Rocío, huir del país se presentó como una opción poco probable: “Me quise largar de este lugar inmediatamente pero salir del país es caro y nosotras no teníamos ni ropa para dormir ni un mueble para vender. Además tenía que sacar a mis hijas conmigo porque yo no pensaba dejarlas solas aquí ni mandarlas solas a pasar trabajo en otro lugar. O salíamos juntas o nada. Al final, con mucha ayuda, pudimos establecernos en otro lugar aquí mismo en la provincia. Les juro que en ese momento de crisis me planteé salir del país, pero no tenía el dinero para hacerlo.”
Un estudio realizado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. (CID Gallup) revela que los ecuatorianos son la tercera nacionalidad latinoamericana con mayor intención de migrar si tuvieran los recursos económicos suficientes. Esta situación es un reflejo de cómo la violencia está desarraigando a familias enteras y desestabilizando comunidades. No se trata solo de números, sino de personas que huyen por miedo y desesperación, en busca de mejores condiciones, dejando atrás sus hogares, sus vidas y su país. La violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto devastador en el tejido social y en el futuro de Ecuador.
Jacinta insiste: “Las mujeres aquí hacemos todo lo posible para mantener a nuestras familias unidas y seguras, pero necesitamos más apoyo».
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Sentir la violencia
La violencia en Ecuador ha escalado dramáticamente. Según cifras de Insight Crime, en 2022, Ecuador se convirtió en el décimo país más violento de Latinoamérica y el Caribe, con un aumento del 82% en los homicidios respecto a 2021. Para 2023, según datos oficiales, se registraron 7.878 muertes violentas, lo que corresponde a una tasa de 46,5 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, registrando la tasa de homicidios más alta de cualquier país de Centro y Suramérica.
Josefa Estupiñan, residente del barrio Voluntad de Dios, en Esmeraldas, siente que la violencia se ha normalizado en la provincia: “En Esmeraldas, todos conocemos a una persona que fue asesinada, ya sea el vecino, amigo de la infancia o un familiar, la muerte rodea nuestras conversaciones diarias. Despertar con la noticia en la radio o en facebook de nuevas muertes se ha vuelto tan común como el amanecer mismo. Hasta los niños se están acostumbrando, escuchan detonaciones y tratan de diferenciar si es bala o cohete. A mi me da mucha rabia porque hace unos meses fueron los hijos de mi vecina los que encontraron la cabeza de una persona en un saco cuando iban camino a la escuela, eso no lo debe vivir ningún niño.”
En Ecuador, a diferencia de otros países, el crecimiento de la violencia ha sido acelerado, pasó de 5 a 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, entre 2018 y 2023. Esto significa un incremento de las muertes violentas del 700%. según datos recopilados por el portal Plan V, con base en información oficial.
Los datos del Barómetro de las Américas de 2023, realizado por el Latin American Public Opinion Project (LAPOP), muestran que alrededor del 36% de los ecuatorianos en edad de votar fueron víctimas de algún delito en los 12 meses previos a la encuesta. Esto quiere decir que casi 5 millones de ecuatorianos de entre 18 y 65 años, habrían sido víctimas de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial. En promedio, más de 500 ecuatorianos son víctimas de la delincuencia cada hora.
La inseguridad en Ecuador también se refleja en la percepción de los ciudadanos, según cifras del Barómetro. En 2023, el 64% de los ecuatorianos reportaron sentirse inseguros ante la posibilidad de ser víctimas de un robo o asalto en su lugar o barrio de residencia. Esta cifra es significativamente alta en comparación con otros países, como Estados Unidos, Bahamas, Granada y Canadá, donde entre el 13% y el 16% de la población reporta sentirse insegura.
Katherine Angulo, estudiante universitaria, habla sobre el placebo que sienten sus compañeros en cuanto a la seguridad: “Incluso cuando dejamos de escuchar noticias de muertes violentas por semanas enteras, no estamos tranquilos, la sensación que tenemos es de una quietud falsa, como caminar sobre cáscaras huevo.”
Según el Barómetro, Ecuador cerró el 2023 como el país más violento, inseguro y con la mayor tasa de victimización por delincuencia del continente. Las instituciones encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía no dan abasto. Datos oficiales dicen que más del 90% de los crímenes cometidos en Ecuador, en 2023, permanecen en la impunidad, esperando una resolución.
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El papel de las Mujeres en la Paz y la Seguridad
En el 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1325, donde se habló por primera vez de una Agenda sobre las Mujeres, la Paz y Seguridad, donde se hizo énfasis en los efectos que los conflictos armados dejan en las mujeres; así como en la contribución de estas a la solución de conflictos. Esta resolución es un hito histórico que insta a la participación de las mujeres en la consolidación de la paz, su protección ante violaciones de los derechos humanos y su acceso a la justicia y servicios contra la discriminación. La Agenda se articula en cuatro ejes principales: prevención, participación, protección y asistencia, y recuperación.
El Colectivo Mujeres de Asfalto ha buscado implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad desde el trabajo organizativo y comunitario. Para eso, realizaron tres conversatorios, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Esmeraldas. Estos espacios son fundamentales para abordar las problemáticas relacionadas con la violencia de género y la participación de las mujeres en temas de paz y seguridad. Además, permiten visibilizar las necesidades y demandas específicas de las mujeres en contextos locales, reorientando el diálogo hacia un enfoque centrado en las personas y en la construcción de paz desde la base comunitaria.
El primer evento se realizó el 9 de septiembre de 2023, en Guayaquil. El segundo evento tuvo lugar en la ciudad de Quito, el 14 de septiembre de 2023. El tercer encuentro se realizó en Esmeraldas, el 23 de mayo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme que se conmemoraba un día después. En el conversatorio fue importante evidenciar que las mujeres sufrimos de manera desproporcionada las consecuencias devastadoras de la violencia, la desigualdad y la falta de protección.
Para Carla González, activista por los derechos de las mujeres y participante del tercer encuentro “Es crucial reconocer que las mujeres enfrentamos una violencia específica que afecta nuestra seguridad y bienestar de manera única. Desde la violencia de género hasta el desplazamiento forzado, pasando por la falta de acceso a servicios básicos y derechos fundamentales, las mujeres estamos expuestas a una serie de riesgos y vulnerabilidades que ponen en peligro nuestras vidas y la de nuestras familias.”
Juana Francis, presidenta del Colectivo Mujeres de Asfalto, aprovechó el contexto y la fecha conmemorativa para hacer una reflexión: “En Ecuador, la ausencia de una política clara y efectiva para el desarme del crimen organizado es una realidad preocupante. A pesar de los constantes llamados de la sociedad civil y de los informes que señalan la escalada de violencia, el país carece de un proceso integral para desarmar y desarticular a las bandas criminales que siembran terror en nuestras comunidades. Esta carencia refleja no solo una falencia en la estrategia de seguridad nacional, sino también una falta de voluntad política para enfrentar de manera decidida el problema.”
La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en Esmeraldas es un trabajo esencial debido a la urgencia de abordar las desigualdades y los conflictos que afectan a la provincia. Según Francis, esta agenda es una respuesta necesaria a los serios desafíos relacionados con los conflictos sociales, la falta de acceso a derechos, desigualdades y racismo ambiental que enfrenta la provincia. “La implementación de esta agenda no sólo abordaría estas problemáticas, sino que también actuaría como una política de reparación histórica para los territorios afectados”, mencionó.
Las mujeres en Esmeraldas enfrentan múltiples y complejos desafíos en términos de seguridad y violencia. A esto se suma el racismo estructural persistente que resulta en una falta de reconocimiento y protección por parte del Estado, exponiendo a las mujeres a mayores riesgos para su vida y bienestar. La falta de políticas públicas eficaces y de inversión en seguridad y desarrollo agrava estos problemas, dejando a las mujeres sin los recursos necesarios para protegerse y mejorar su calidad de vida.
Para Juanita Francis, el Ministerio de la Mujer, creado con la intención de fortalecer la protección y promoción de los derechos de las mujeres “ha sido incapaz de articular políticas públicas que realmente impacten a las mujeres en territorios en conflicto. A pesar de su mandato, el Ministerio trabaja desde un estado centralizado, desconectado de las realidades y necesidades específicas de las comunidades que sobreviven a la violencia. Las políticas diseñadas en oficinas alejadas de las zonas más afectadas no logran aterrizar en el terreno, dejando a muchas mujeres sin el apoyo y la protección que necesitan.”
Las principales demandas de las mujeres en Esmeraldas para la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad abarcan áreas como el acceso a un empleo digno, atención integral en salud, vivienda adecuada y segura, y el reconocimiento y protección de sus derechos familiares. Además, buscan políticas económicas que les permitan emprender desde sus contextos y recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible y la inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el uso de sus recursos.
Dayana Hurtado, participante del último encuentro corrobora esto: “En Esmeraldas, la violencia y la falta de políticas públicas efectivas crean un contexto de indefensión jurídica y social. Las mujeres en esta región enfrentamos una doble carga: la amenaza constante de la violencia y la negligencia del Estado. Sin inversión pública adecuada y con políticas que no consideran las particularidades locales, la seguridad y el bienestar de nosotras.”
Los próximos pasos para Esmeraldas en la implementación de esta Agenda implican fortalecer la colaboración entre el gobierno y las organizaciones sociales, asegurar que las voces de las mujeres esmeraldeñas sean tomadas en cuenta en la elaboración de políticas, y garantizar la asignación de recursos adecuados para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Superar barreras estructurales y culturales será crucial para avanzar hacia una sociedad más justa, pacífica y segura para todas las mujeres en Esmeraldas.
Juana Francis enfatiza la importancia de estos esfuerzos: “La implementación de esta agenda tiene el potencial de transformar las estructuras sociales y políticas que perpetúan la violencia y la desigualdad, contribuyendo a un desarrollo más equitativo y sostenible en Esmeraldas”.
