Especial Periodístico
El camino para ampliar la brecha: Lenin, Lasso y el FMI
Investigación y redacción: Viviana Erazo @vivianaerz
Coordinación y edición: Ana Acosta @yakuana
Publicado 05 de mayo de 2022
La políticas tributarias y económicas que favorecen al 0,1% si bien son impulsadas y aprobadas durante el gobierno de Guillermo Lasso, tienen una historia más larga relacionada al gobierno de Lenin Moreno quien ya realizó varias acciones encaminadas a cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, FMI.
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El regreso del FMI
La primera Carta de Intención que suscribió Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, FMI, tuvo lugar en 1983, desde esa fecha hasta 2003 Ecuador suscribió 16 acuerdos con el organismo, que no progresaron por la presión de la opinión pública frente a las políticas que condicionan los desembolsos.
La presencia del FMI en Ecuador se detuvo durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017. Correa incluso eliminó la oficina que el organismo disponía en la sede del Banco Central del Ecuador, en Quito.
Después de la presidencia de Rafael Correa, su sucesor, Lenin Moreno rompió con este distanciamiento de 10 años y en marzo de 2019 pactó un préstamo de 4.200 millones de dólares, al que se sumaron 6.000 millones de dólares más de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Previo a este pacto se aprobó y publicó el 21 de agosto de 2018, la Ley de fomento productivo, según detalla el economista Jonathan Baez, con este cuerpo normativo se modificó la distribución de la renta petrolera en perjuicio del Estado, aumentó las exenciones impositivas, y condonó una deuda en firme al SRI que sumaba poco más de $4,600 millones, de los cuales $2,355 millones eran por concepto de multas y recargos. Si bien la medida benefició a 350 mil contribuyentes, el 78% de lo perdonado corresponde a 203 Grupos Económicos.
Otro beneficio que otorgó esta Ley fue la exoneración del impuesto a la salida de divisas para nuevas inversiones productivas en la importación de insumos y bienes de capital.
El primer desembolso que recibió Ecuador fue el 11 de marzo de 2019 con una cifra que alcanzó los 652 millones de dólares. En un evento, el ex mandatario Lenin Moreno se refirió al destino que tendría el dinero: «no es para pagar sueldos, es para inversión social.” El acuerdo con el FMI requería un plan económico que permita garantizar el pago de la deuda que tenía como acuerdos para “afianzar la sostenibilidad fiscal y los fundamentos institucionales de la dolarización en Ecuador.”
Es así que, el 1 de octubre de 2019, en cadena nacional, Lenin Moreno anunció las principales reformas en el ámbito tributario, laboral y económico. Una de las más importantes y la que provocó un estallido social fue la eliminación de los subsidios a los combustibles. Por medio del Decreto Ejecutivo 883, Moreno liberó el precio del diesel y la gasolina extra. Ya en noviembre del año anterior había liberado el precio de la gasolina súper. Además, anunció que enviaría reformas al legislativo en torno a temas laborales, a la eliminación del anticipo al impuesto a la renta –un pedido constante de los empresarios– y también para bajar a la mitad el impuesto de salida de divisas de materias primas, insumos y bienes de capital que constan en el Listado del Comité de Política Tributaria.
Al día siguiente del anuncio, 02 de octubre, se registraron protestas en Cuenca, Quito, Guayaquil y otras ciudades del país que desembocaron en un Levantamiento Indígena y un Paro Nacional que duró hasta el 13 de octubre. Como resultado de estas protestas 1.340 heridos y decenas de personas que perdieron sus ojos, además hubo nueve fallecidos, 7 de estas muertes pueden ser catalogadas como ejecución extrajudicial, según el informe de la Comisión de la Verdad creada por la Defensoría del Pueblo. Si bien se obtuvo la derogación del decreto presidencial 883, las reformas planteadas para cumplir el mandato del FMI continuaron.
Es así que a pesar de la conmoción social, un mes después, en noviembre Moreno envió a la Asamblea Nacional la “Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero, y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas”, más conocida como Ley de de Crecimiento Económico.
Esta reforma contenía 404 artículos y afectaba a veintidós cuerpos legales modificando aspectos tributarios, el Código Monetario y la normativa de Finanzas Públicas. En esta Ley ya se proponía establecer un impuesto único y temporal para los capitales que estaban en el exterior que retornaran al país, algo que el economista Jonathan Baez cataloga como “blanqueo de dinero” y que está contemplado en la Reforma Tributaria de Guillermo Lasso que está en vigencia desde enero de 2022.
La ley de Moreno fue rechazada por la Asamblea el 17 de noviembre de 2019 y en su lugar el gobierno envió la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria que fue aprobada el 9 de diciembre de 2019 y entró en vigencia el 01 de enero de 2020. Esta Ley planteó cambios como: gravar con impuesto a la renta las ganancias que pagan las empresas a sus inversionistas extranjeros y eliminó el anticipo del impuesto a la renta, según el gobierno, para “reducir el déficit fiscal”.
Para que la Ley entre en el Registro Oficial antes de que termine el 2019, la Asamblea el 30 de diciembre, un día en el que no laboraba, asistió al palacio legislativo y así la normativa entró en vigencia.
Después de esto, el FMI llegó a un acuerdo técnico con Ecuador para la entrega del segundo y tercer desembolso del préstamo pactado.
En 2020, ya en el contexto de la pandemia por la COVID-19, Moreno envió a la Asamblea otra de las leyes necesarias para cumplir con el FMI: La Ley Humanitaria. Esta ley incluyó todo el paquete de reformas laborales, entre otros temas, y fue aprobada por la Asamblea el 15 de mayo del 2020.
Anahi Macaroff, investigadora del Observatorio de Cambio Rural, en su texto de análisis con FES-ILDIS “Combatir el COVID-19 no alcanza. Políticas fiscales para una reactivación económica que reduzca la desigualdad”, explica cómo la Ley Humanitaria incluyó artículos para ajustar las condiciones económicas laborales, el contrato “emergente”, la reducción de la jornada, el goce de vacaciones, el teletrabajo y el reconocimiento de enfermedades profesionales. Es por eso que esta ley llegó a tener hasta 23 demandas de inconstitucionalidad. “Esta ley generó mayor precarización y posibilitó, entre otras cosas, nuevas formas de contratación y la reducción de jornadas e ingresos. Con estas medidas no se impidió el deterioro de la cantidad y calidad del trabajo” dice el estudio. Del 2019 a 2020 se registra una caída de un 22,1% del empleo adecuado al 16,7%, y un aumento del subempleo de 17,8% al 34,5% según la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, INEC de 2020. Para mayo del 2021 se registró la tasa de desempleo más alta de los últimos 15 años, con un 6,3%.
El 30 de septiembre de 2020, el gobierno de Lenin Moreno concretó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llamado Acuerdo de Financiamiento, SAF, por sus siglas en inglés. Este acuerdo fue de 6.500 millones de dólares que serían desembolsados hasta el 2022, de la siguiente forma: En 2020, el país recibiría 4.000 millones; en 2021, 1.500 millones y, en 2022, 1.000 millones.
En diciembre de 2020 el Gobierno de Moreno anunció que recibió un desembolso de 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para impulsar programas económicos y sociales ante la crisis desatada por la emergencia sanitaria. Anunció también que hasta 2022 la entidad financiera entregaría 2.500 millones.
El convenio con el FMI, suscrito en septiembre de 2020, estipula que para que la entrega de recursos continúe, el Estado ecuatoriano debe cumplir ciertas condiciones, entre ellas, aumentar sus ingresos fiscales y recortar el gasto público.
Con un paso fuera de Carondelet, Lenin Moreno logró que se aprobará en la Asamblea Nacional la Ley de Defensa de la Dolarización en abril de 2021, en el último mes de su mandato. Moreno aseguró que esta ley era una garantía para robustecer la moneda, en un país dolarizado desde el 2000.
Esta Ley estableció reformas al Código Monetario y Financiero el proyecto fue calificado como urgente en materia económica y su aprobación estuvo atada al acuerdo crediticio por 6.500 millones de dólares que el Gobierno ecuatoriano suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otra arista de la agenda del FMI era la inversión privada cuyo paso más fuerte lo dio Guillermo Lasso, el 21 de junio de 2021, cuando el embajador de Ecuador en Estados Unidos firmó el reingreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El país salió de este espacio en 2009, después de 23 años. Rafael Correa, adujo en su momento que el acuerdo con el CIADI violaba un artículo constitucional, que prohíbe “tratados internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”. El reingreso fue considerado como una balanza que se inclinaba para las empresas extranjeras.
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Lasso y el FMI
Siendo candidato presidencial Lasso se pronunció sobre los planteamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la entrega de créditos al Ecuador y dijo que no asumiría las “recetas” del organismo. Enfatizó: «Nosotros tenemos la experiencia y la personalidad para resolver los problemas sin meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos», y calificó de “recesivas” las condiciones impuestas para los desembolsos.
Aunque Lasso afirmó que impondría sus condiciones al FMI, su llegada al poder y la visión de un gobierno declarado conservador y con fórmulas neoliberales fue bien vista por el organismo financiero.
El 15 de abril de 2021, en una entrevista para EFE, el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, reconoció que existía un “entendimiento importante” con el presidente electo de Ecuador. “Ellos conocen muy bien el programa que se tiene en operación con el presidente Moreno porque hemos tenido conversaciones con todos los candidatos y además con el equipo del presidente electo Lasso se han tenido encuentros durante muchos años”, detalló.
En septiembre de 2021, el gobierno de Guillermo Lasso anunció un principio de acuerdo con el organismo para el desembolso de USD 2 500 millones entre el 2021 y 2022. Lasso planteó una recuperación económica enfocada en la apertura de la economía, el recorte del gasto público y una reforma tributaria. Una reconocida receta neoliberal que tenía como eslogan, repetido en múltiples ocasiones por Lasso: “Que el costo de la pandemia recaiga sobre aquellos que más tenemos en el Ecuador”.
«Hay que racionalizar el manejo tributario y el objetivo es que el costo de la pandemia recaiga sobre aquellos que más tenemos en Ecuador. Es decir, son impuestos focalizados a apenas el 4 % de la población, el resto no va a sufrir ningún impacto de impuestos ni por incremento de tasas ni por creación de impuestos», dijo en ese entonces. Sin embargo las reformas planteadas distan mucho de este ofrecimiento.
Para el 4 octubre de 2021, el Fondo Monetario Internacional desembolsó a Ecuador, USD 802 millones por el programa de Servicio Ampliado (SAF) suscrito en 2020, el Ministerio de Economía indicó que el dinero permitirá financiar el presupuesto general del Estado de 2021.
El programa económico contempla un financiamiento total de 6 500 millones, de los cuales el FMI ya desembolsó 4.800 millones. En 2021 quedaron 700 millones pendientes, los cuales se desembolsarán en 2022 para así cumplir con los 1 700 millones restantes.
El 26 de abril de 2021 Guillermo Lasso en su programa semanal “Encontrémonos por la ciudadanía” expresó su esperanza de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) termine «muy pronto» su cuarta revisión a la economía ecuatoriana para continuar con el programa crediticio.
Semanas antes de la fecha inicial para esa revisión, el gobierno de Lasso congeló los precios del diésel y de la gasolina extra en 1,90 dólares y 2,55 dólares, respectivamente, por galón, como respuesta a las protestas protagonizadas por los movimientos indígenas y los gremios de transportistas.
En este marco, la Reforma Tributaria enviada por Lasso, aprobada mediante el Ministerio de la Ley, comprende un suplemento fiscal requerido para el desembolso del FMI y la continuidad de las enmiendas que Lasso acordó con la entidad tras llegar al poder.
La nueva ley, que se encuentra en vigencia desde el 1 de enero de 2022, está elaborada precisamente para cumplir con el primer requisito. La reforma tiene como base un incremento en la recaudación del impuesto a la renta personal y la introducción de impuestos temporales al patrimonio, que aplica tanto para empresas como para personas naturales.
Esta ley plantea recolectar 1900 millones, la proyección es de 800 en 2022 y alrededor de 110 millones en 2023. Pero, ¿a quién beneficia esta ley?
