OTRAS MIRADAS
Ecuador: Del espionaje político institucionalizado a la impunidad legal
Crítica al Proyecto de Ley de Inteligencia
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Por: Nos Vigilan (Plataforma de Investigación)*
Publicado 04 de junio del 2025
La Asamblea Nacional inició el martes 3 de junio, el segundo debate sobre la propuesta de Ley de Inteligencia. El oficialismo defiende esta propuesta bajo la idea recurrente de combatir el crimen organizado. Sin embargo, varios artículos atentarían contra el derecho a la privacidad de las y los ciudadanos pues entre otras cosas, obligaría a instituciones públicas, empresas y personas a entregar información bajo amenaza legal; y permitiría un uso político del sistema de inteligencia en contra de opositores, activistas, defensores de derechos o periodistas.
¿Cómo se ha configurado el sistema de inteligencia en Ecuador? ¿Para qué ha servido? Desde la Plataforma Nos Vigilan se hace una reseña sobre el manejo de la inteligencia en el país y nos alertan de los efectos políticos de la Ley de Inteligencia.
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Un legado de opacidad y silencio mediático
En Ecuador, los sistemas estatales de inteligencia han operado históricamente bajo un manto de opacidad e impunidad vinculados incluso con el crimen organizado y “fieles” a los gobiernos de turno, nunca han titubeado en ser herramientas de presión y acoso político. Sin una cobertura mediática adecuada ni una discusión pública profunda, prácticas ilegítimas como el espionaje y acoso político a opositores, periodistas y activistas han permanecido impunes.
En 2019, el presidente Lenín Moreno reconoció que el ECU-911, diseñado inicialmente para atender emergencias, había sido «utilizado de manera perversa» como herramienta de acoso y espionaje a opositores y adversarios políticos. (Fuente: El Comercio)
Rafael Correa cuestionó más adelante, en 2024, que esa misma plataforma era empleada para «seguimientos ilegales solicitados incluso por la Fiscalía», advirtiendo que esas son funciones del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y que el ECU-911 había dejado de cumplir una función técnico-neutral para convertirse en «herramienta de control político».
Pero el uso paralegal de estos sistemas es en realidad una práctica institucionalizada.
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Más declaraciones sobre el uso indebido del ECU-911
Cada administración, en un juego de acusaciones cruzadas que son casi un insulto a la razón, señala a otra de usar el sistema como herramienta de espionaje contra opositores. Durante la gestión de Lenín Moreno, se sostuvo que el ECU-911 había servido al régimen de Rafael Correa como un brazo de espionaje político. A su vez, Correa criticó que durante el gobierno de Lasso se empleará el ECU-911 para seguimientos sin respaldo judicial.
En enero de 2024, bajo el gobierno de Guillermo Lasso, el director de Operaciones del ECU-911, Bolívar Tello, admitió ante la Asamblea que servidores de dicho Sistema estaban «rastreando, persiguiendo y monitoreando todos los pasos de opositores». Comentó que al menos nueve funcionarios hacían mal uso de Mobile Locator (una herramienta de localización celular) para hacer un amplio seguimiento extrajudicial, y que él mismo estaba siendo víctima del espionaje, al punto de que recibió amenazas de muerte. (Fuente: Radio Pichincha)
Dichas declaraciones de Tello se dieron en el marco de las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio, expuso de manera brutal estos abusos al decir que con la herramienta Mobile Locator el ECU-911 se había rastreado ilegalmente el celular del candidato, y de decenas de otros ciudadanos, sin orden judicial de por medio. Esta confesión ratificó una vez más lo que todos sabemos, un patrón sistemático de vigilancia ilegal, evidenciando que incluso los propios responsables de dichos sistemas de vigilancia y control podían convertirse en víctimas de persecución.
Más recientemente, en abril de 2024, la Asamblea inició una investigación tras denuncias que señalaban el uso de Pegasus para espiar a opositores bajo la gestión de Daniel Noboa. Se alegó que Michele Sensi Contugi -entonces Director de CIES- debía responder sobre el presunto seguimiento ilegal haciendo uso de software espia Pegasus, evidenciando que la preocupación por el uso ilegítimo del sistema persiste. (Fuente: Primicias)
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Vulneraciones a la libertad y posibles escenarios de abuso
El Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia pretende otorgar aún más facultades al Estado. Permite acceder a datos personales, historial de comunicaciones y ubicaciones en tiempo real sin necesitad de orden judicial, vulnerando el derecho a la privacidad y al debido proceso. Exime a los agentes de inteligencia de toda responsabilidad legal y clasifica como “reservados” los fondos destinados a esas actividades, facultando a la Contraloría para destruir documentos financieros y eliminando toda posibilidad de fiscalización. Además, obliga a instituciones y personas a entregar información sin recursos legales de oposición, y concentra el nombramiento de la máxima autoridad en el Ejecutivo sin controles parlamentarios.
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Impunidad amparada en nombre de la “seguridad”
El asesinato extrajudicial de cuatro jóvenes en Las Malvinas, Guayas, evidenció el peligro de operar sin supervisión: aquel operativo, disfrazado de combate al crimen, terminó con la vida de cuatro jóvenes inocentes. Con el proyecto vigente, situaciones similares podrían repetirse con impunidad garantizada. La persistente vigilancia política mediante el ECU-911, independientemente de la administración, evidencia que la falta de controles convierte en rutina la persecución de civiles y problablemente incluso funcionarios de las misma policia y fuerzas armadas.
Por otro lado el caso Metástasis, entre otros, han demostrado hasta qué punto el Estado ecuatoriano se encuentra corrompido: funcionarios del más alto nivel tienen vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Resulta una verdadera locura imaginar que ese mismo personal reciba los poderes que el proyecto propone otorgar. Darles facultades unilaterales equivaldría a legitimar un sistema corrupto y garantizar la impunidad de quienes hoy ya operan al margen de la ley.
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Una verdadera locura
Los testimonios de Moreno sobre el «uso perverso» del ECU-911, las críticas de Correa a su politización, la denuncia de Lasso sobre la vigilancia interna, las sospechas en la gestión de Noboa y la confesión de Tello en el caso Villavicencio dejan claro que la vigilancia ilegal sigue en manos del Estado. El proyecto de ley no corrige estas distorsiones: las consolida mediante inmunidad absoluta, fondos opacos, acceso irrestricto a datos, clasificación arbitraria de información y concentración de poder.
En un país que ya sufrió espionaje político, ejecuciones extrajudiciales y persecución de la disidencia, aprobar esta ley equivaldría a legitimar un sistema autoritario y entregar al Estado herramientas para criminalizar a la oposición y silenciar voces críticas. Es urgente exigir el archivo inmediato del proyecto. Cualquier legislación al respecto debe garantizar transparencia, rendición de cuentas y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Esto es solo un capítulo más y no un suceso aislado: se trata del modus operandi de un poder público dominado por intereses privados que concentran poder político y económico. La sociedad no debe tolerar ni normalizar estas prácticas; deben ser fiscalizadas con rigor, pues nadie puede estar por encima de la ley.
Lee aquí el Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia
*Este artículo fue publicado originalmente en nosvigilan.org El presente contenido es responsabilidad de sus autores.
