La Corte Constitucional cambió
Un análisis de los avances y las deudas
Por: Viviana Erazo @vivianaerz
Publicado 10 de febrero de 2022
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La Asamblea Nacional posesionó a tres nuevos jueces principales de la Corte Constitucional: Richard Ortiz, Jhoel Escudero y Alejandra Cárdenas. Esto, luego del sorteo público efectuado el lunes 7 de febrero del 2022 donde tres jueces concluyeron sus funciones. Silvia Bonilla, abogada constitucionalista; Efrén Guerrero, docente y abogado especialista en derechos humanos; y Fernando Bastías, parte del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, analizan las sentencias consideradas como avances de derechos y las deudas pendientes que la Corte renovada tendrá que abordar.
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En 2019 la Corte Constitucional (CC) se conformó con 4 juezas y 5 jueces: Hernán Salgado, Teresa Nuques, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y Karla Andrade –en ese orden según la puntuación que lograron–. Tres años después, en febrero del 2022, se hizo la primera renovación por tercios según lo determinado en el artículo 432 de la Constitución. A criterio de Fernando Bastías, defensor de derechos humanos y veedor del proceso, fue una acción transparente en el que tres prestigiosos magistrados salieron por sorteo público.
Efren Guerrero, especialista en Derechos Humanos y ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, destaca este cambio en el máximo tribunal del Ecuador por demostrar que “se pueden cumplir las normas dentro de la institucionalidad”, considerando que las dos últimas elecciones tuvieron grandes quejas y hasta acusaciones de corrupción de operadores públicos y privados.
Guerrero realiza un balance del trabajo de la Corte y lo califica de “positivo” en estos tres años, “ha comprendido las lógicas de un país complejo, violento y diverso, dando parte a las necesidades ciudadanas”. Según el experto esto visibiliza, para la gente, la importancia de elegir una buena Corte Constitucional y “cómo afecta nuestras vidas, porque asegura el respeto de ciertos valores y principios democráticos”.
Esta mirada comparte Sylvia Bonilla, abogada constitucionalista, para quien sin duda hubo grandes avances sobre todo en derechos humanos, de género, ambientales y a favor de la naturaleza.
“Se elevaron estos estándares de forma sustancial, por ejemplo, si hablamos de los pueblos y nacionalidades, lo que ha dicho la Corte es que cuando la Constitución se refiere a las medidas que les afecten no es una afectación positiva o negativa, sino es una afectación en general”, explica.
En ese sentido Bonilla considera valioso la declaración de inconstitucionalidad de varias normas que afectan los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Las últimas fueron la Ley de Aguas y el Decreto 751. Este último tiene que ver con la ampliación de la frontera petrolera en el área del Yasuní. En materia de consulta ambiental, las concesiones por falta o ausencia de consulta, Bonilla destaca que la Corte puso un estándar muy similar a la consulta ambiental y a la consulta previa, lo que quiere decir que no es un derecho únicamente de pueblos y nacionalidades, sino también de comunidades a las que les afecte estas intervenciones o concesiones y el extractivismo de forma general.
“Los derechos tienen vocación de expandirse” dice Guerrero, esto con el objetivo de que una mayor cantidad de personas sea protegida; pero, por otro lado, hay una sociedad que debe darse cuenta que hay límites y están en la Constitución.
Esto lo dejó muy claro Hernán Salgado, ex presidente de la Corte Constitucional, en sus últimas declaraciones después del sorteo público de jueces: “Todos –las y los magistrados– tuvimos diferencias, pero nos une el respeto por la Constitución”.
Analizar esta frase es fundamental según Guerrero, pues considera que la cancha de juego es la Constitución y la expansión de los derechos se hace a través de las posibilidades que la Corte le da.
Fernando Bastías, parte del Comité Permanente de Derechos de Guayaquil, señala que la Corte ejecutó sus acciones anteponiendo la Constitución y no los intereses del gobierno de turno, como sucedió en Cortes conformadas anteriormente..
“No se defendían normas sino ideales, nuestra Constitución dejó de ser una norma y pasó a verse como derechos, y, en ese ejercicio, salen sentencias como la del Matrimonio Civil Igualitario en 2019 o la de la despenalización del aborto por violación en 2021”, puntualizó Bastidas.
A estas sentencias se suma la del 27 de enero de 2022, una de las últimas de la CC, en la que revisó las sentencias dictadas en una acción de hábeas corpus presentada en favor de una mona chorongo llamada “Estrellita”. La Corte Constitucional (CC) reconoció que los animales silvestres son sujetos de derechos de protección, al formar parte de la Naturaleza.
Por otra parte, Guerrero también resalta el papel de la Corte al controlar el funcionamiento del poder del Estado sobre los estados de excepción de las cárceles, “tomar decisiones que también son impopulares, que le digan a la gente que van a establecer derechos para los privados de libertad en un país que tiene falta de confianza ciudadana, no es sencillo.”
Esto le costó a la Corte un llamado de atención del presidente Guillermo Lasso que responsabilizó, en parte, a la Corte Constitucional de la matanza al no darle “las herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contras las mafias que lucran del caos”, olvidando que la Corte es la encargada de resguardar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas en momentos de crisis.
Además el organismo frenó al poder extraordinario, restringiendo las actividades de las Fuerzas Armadas “exclusivamente con funciones complementarias a las de la Policía Nacional” explica Guerrero
Para el experto, considerando la cantidad de sentencias de la Corte, deja en evidencia que el resto de funciones del Estado “legislan poco y mal en materia de derechos”.
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Deudas de la Corte Constitucional
Si bien Guerrero, Bonila y Batías destacan el buen papel de los jueces salientes en la Corte al tratar a la Constitución como un texto vivo, hablan también de las deudas que aún tiene la Corte renovada y las y los nuevos jueces.
Para Sylvia Bonilla estas deudas son, sobre todo, con las y los trabajadores. Se refiere a la no respuesta sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario, que fue producto de la emergencia sanitaria y que sirvió para flexibilizar las condiciones de trabajo. Esta demanda está en manos del juez Alí Lozada y lleva más de 18 meses sin tener una sentencia. Para Bonilla “a la larga tiene un gravamen irreparable en la vida de los trabajadores, pero sobre todo en la conservación de las normas de trabajo en forma general”.
Los tres expertos coinciden en que la Corte en temas de “difícil debate”, como los llaman los mismos magistrados, ha sido “tibia”.
“Hubo sentencias que tuvieron un mal litigio, además de la Ley Humanitaria, la Corte no escuchó la voz de las universidades públicas en la reducción de presupuestos” dice Guerrero.
Esto resulta preocupante por la prioridad que se les da a ciertos temas, mientras que otros caen en la congeladora, algo que según Bonilla podría suceder con Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal planteada por Lasso. Esta ley recibió varias denuncias de inconstitucional, por separado, en algunos de sus artículos por parte de: Leónidas Iza presidente de la CONAIE, quien calificó como “lesiva para la mayoría de los ecuatorianos”; del asambleísta Joao Acuña Figueroa, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES); y de Yaku Perez, ex candidato presidencial del movimiento indígena. Aunque antes de su cambio la Corte admitió a trámite los pedidos de demanda, la Ley continúa vigente.
Por su parte, Bonilla recuerda con pesar el papel de la Corte en el paro de octubre de 2019, “fue la Corte la que dictaminó la constitucionalidad de un estado de excepción de forma preventiva, es decir sin que el gobierno haya justificado reales condiciones para establecerlo, y todo lo que pasó: los muertos, heridos y criminalizados también son, en parte, responsabilidad de esa Corte.“
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Renovación de la Corte Constitucional
Los expertos coinciden en que cuando el trabajo de la Corte muestra avances en materia de derechos, es inevitable sentir incertidumbre frente al cambio de tres de sus magistrados, sobre todo si parte de ellos fueron los ponentes o cumplieron un papel trascendental en varias de estas sentencias.
“Me apena la salida de jueces como Agustín Grijalva porque las sentencias de él avanzan mucho en el contenido de derechos” Bonilla destaca las relacionadas de Habeas Corpus, movilidad humana y la última de permitir la consulta popular sobre minería en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Mancomunidad del Chocó Andino. “Estas sentencias realmente le dan vida a la Constitución y no solo la dejan cómo letra muerta” detalló Bonilla.
Los tres jueces salientes; Agustín Grijalva, Ramiro Ávila y Hernán Salgado; marcaron la línea de la Corte, según opinión de los expertos, demostrando seriedad en el manejo del sistema en contraste con anteriores Cortes. Para Guerrero, el cambio significa una correlación de fuerzas técnicas, pero señala como “falaz” calificar a un grupo de la Corte como “conservador” y a otro como “progresista”.
Debemos considerar que, tanto en la sentencia de despenalización del aborto por violación, como en la sentencia de Matrimonio Igualitario los votos fueron divididos. En el primer caso fueron 6 a favor y 3 en contra y en el segundo fueron 5 contra 4, con el presidente de la Corte en minoría que dijo “a mí no me gustaba la sentencia, pero es mi Corte y debo respetar la decisión de la mayoría”.
Guerrero hace una reflexión sobre esto “estas sentencias se hicieron con jueces que, uno diría, que son conservadores, quienes no cambiaron su postura, simplemente decidieron que estaban de acuerdo en un estándar de derechos más funcional.”
La Corte renovada parcialmente se mantendrá así hasta 2025 cuando se realizará la siguiente renovación por tercios mediante sorteo público, de la que no serán parte los jueces posesionados este 10 de febrero de 2022. La renovada Corte eligió el 10 de febrero por unanimidad como presidente del organismo al juez Alí Lozada Prado y como vicepresidenta a la jueza Carmen Corral Ponce.
