Comité de Derechos Humanos insta a Ecuador a priorizar la educación sexual integral, prevenir la violencia y despenalizar el aborto
Por: Sinchi Gómez Toaza @SinchiGómez
Publicado 28 de noviembre 2024
Cada cuatro años, Ecuador debe informar sobre los avances o retrocesos en materia de derechos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En específico, este comité analiza el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; es decir, los derechos relacionados con la justicia, la privacidad, la libre circulación, el no ser objeto de tortura, ni a tratos crueles. Los Derechos Sexuales y Reproductivos y su cumplimiento en el país también estuvieron en debate.
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Entre el 28 y 29 de octubre, el Estado ecuatoriano presentó el séptimo informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y durante la sesión 4170ava, realizada el 5 de noviembre de 2024, este organismo entregó a Ecuador, el Informe de Evaluación Periódica, donde resalta algunos avances legislativos y de políticas públicas en derechos humanos de las mujeres como:
El Comité de Derechos Humanos menciona que, si bien Ecuador ha tomado medidas para mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva, se mostró preocupado por el alto número de femicidios y las pocas condenas, así como por la violencia sexual contra las mujeres y niñas en hogares y escuelas. También señaló los insuficientes servicios de protección y el poco apoyo e indemnización a las víctimas. Otro de los temas de preocupación es la interrupción del embarazo que continúa penalizada y solo se permite cuando corre riesgo la vida, la Salud, vida y en casos de violación.
Para prevenir la Violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, el Comité de la ONU recomendó al Estado Ecuatoriano acelerar y asignar los recursos necesarios para la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Lisi Ernets, Presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, coincide con el Comité de Derechos Humanos en que Ecuador debe acelerar en la implementación de esta ley. La Coalición Nacional de Mujeres fue una de las organizaciones que participó en el séptimo informe periódico y presentó información al Comité por parte de la sociedad civil. Ernest estuvo en la sesión del 5 de noviembre y recuerda que el Comité le dijo al Estado: “Tienen muchas leyes. Han avanzado muchísimo en la legislación, en reglamentos y protocolos, pero en la realidad, nada de eso se está cumpliendo”.
En el informe del Comité también se presentó la Fundación Legatum; su vocera Fiorella Bosso, comenta que, además de los problemas en la implementación de mecanismos para prevenir las violencias, el séptimo informe abordó la situación del aborto en Ecuador y de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en casos de violación. “No se está aplicando la ley, no hay educación sexual. Tampoco se ha aprobado la guía práctica clínica para la Interrupción Voluntaria del Embarazo porque esto garantiza que existan los medicamentos necesarios como misoprostol y mifepristona. Tampoco existe la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública dentro de la dirección de provisión de servicios, Las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos a Ecuador sobre el aborto llegan en un momento clave, ya que desde el 9 de julio de 2024 se encuentran ingresadas dos demandas en la Corte Constitucional, para eliminar el aborto como delito, siendo uno de los grandes objetivos en la lucha por la justicia reproductiva.
Hasta hace poco, el Código Penal, no incluía casos de violación para todas las mujeres, niñas, adolescentes o personas con posibilidad de gestar, victimas de este delito, se restringía a quienes tenían una discapacidad mental.
La aprobación de la Ley Orgánica que regula el aborto en caso de violación en 2022, representó un avance importante. Sin embargo, esto no quiere decir que el problema se ha resuelto, aún persisten barreras que dificultan el acceso efectivo y equitativo al aborto seguro, especialmente para mujeres de zonas rurales, racializadas y grupos vulnerabilizados. En la práctica, las mujeres en Ecuador enfrentan obstáculos para acceder al aborto, incluso en los casos permitidos por ley.
Las trabas con las que se enfrentan tienen que ver con la objeción de conciencia de los profesionales médicos que restringen el acceso, retardan el proceso y en algunos casos caen en la ilegalidad de la objeción de conciencia institucional. Además, la falta de servicios de salud sexual y reproductiva en regiones rurales agrava la situación, dejando a poblaciones afrodescendientes, indígenas y en situación de pobreza con opciones limitadas y desproporcionadas en comparación con las zonas urbanas, siendo que carecen de infraestructuras, equipos y personal para atender a las poblaciones.
El estigma y la desinformación son otros factores para mantener vigentes problemas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la prevención de la violencia sexual, el embarazo precoz y maternidades forzadas.
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Las recomendaciones en Derechos Sexuales y Reproductivos
El Comité recomienda cuatro acciones puntuales para que Ecuador garantice la salud sexual y reproductiva y reitera la recomendación 036 hecha ya en el EPU de 2018, que son:
Aunque el marco legal ha progresado, queda un largo camino para que las mujeres en Ecuador puedan ejercer sus derechos reproductivos sin obstáculos. Las recomendaciones del Comité instan a Ecuador a adoptar una postura más inclusiva y accesible en salud reproductiva y a ampliar el marco legal para reducir la desigualdad en el acceso al aborto seguro. Además, se sugiere mejorar la infraestructura de salud en áreas remotas y rurales, garantizando que todos los sectores tengan acceso a servicios médicos confidenciales y no discriminatorios.
La lucha por la despenalización total del aborto en Ecuador sigue siendo un tema urgente en la agenda de derechos humanos. El camino hacia la despenalización requiere no solo reformas legales, sino un compromiso político para implementar políticas públicas que eliminen barreras y ofrezcan a las mujeres, especialmente a las de sectores menos favorecidos, el derecho a decidir sobre su salud y su vida sin miedo a represalias legales o sociales..
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¿Qué otros temas evaluó el Comité de Derechos Humanos?
El Comité de Derechos Humanos dio no solo recomendaciones en el ámbito de salud sexual y reproductivo, sino también en otras vulneraciones de derechos humanos, entre las que resaltan:
Estados de excepción: Preocupación por su uso excesivo y la suspensión desproporcionada de derechos, afectando a indígenas, migrantes y pobres. Se recomienda limitar su aplicación y garantizar la revisión judicial.
Impunidad por violaciones pasadas: Solo 12 condenas relacionadas con casos documentados por la Comisión de la Verdad. Se pide avanzar en justicia, reparación y respeto al derecho a la memoria.
Violencia de género y feminicidio: Persisten altos índices de violencia contra mujeres y niñas, y servicios insuficientes para víctimas. Se recomienda implementar de manera efectiva la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Condiciones penitenciarias: Hacinamiento, violencia en las cárceles y deficiencias en salud y seguridad. Se pide implementar medidas para mejorar las condiciones y garantizar la rehabilitación.
Pueblos indígenas: Preocupación por la falta de consulta previa en proyectos extractivos y conflictos derivados del Decreto Ejecutivo 754. Se pide garantizar consultas adecuadas y respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Libertades de expresión y reunión pacífica: Denuncias de uso excesivo de la fuerza en protestas y amenazas contra periodistas. Se recomienda fortalecer el Mecanismo de Protección Periodística.
Defensores de derechos humanos: Alto riesgo de agresiones, amenazas y criminalización. Se solicita establecer un mecanismo especializado de protección.
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La respuesta del Estado ecuatoriano
Fiorella Orozco menciona que el Estado ecuatoriano no pudo dar las respuestas necesarias ante los cuestionamientos y preguntas que le realizó el Comité de Derechos Humanos: “Fue decepcionante, con todas las organizaciones que fuimos con muchísimo esfuerzo y tan preparadas buscando respuestas y también para las organizaciones que estaban en Ecuador escuchando en vivo, que el Estado no pudo dar respuestas y no solo fue esto triste para nosotros, sino también para los expertos. Varias veces le llamó la atención al Estado ecuatoriano porque sus respuestas eran de mera lectura, no respondían lo que se les preguntaba, aunque los expertos fueron muy precisos.
Lisi Ernest también señala que los representantes del Estado Ecuatoriano no tuvieron respuestas frente a temas coyunturales, como los efectos de los Estados de Excepción o sobre los problemas que persisten en el país: “En estas repreguntas que le hicieron al Estado, tampoco pudo contestar de una manera clara y objetiva en muchos temas. Por ejemplo, se tocó el tema de las cárceles y de la cantidad de masacres en las cárceles, no tenían respuesta, solamente dijeron que iban a hacer dos cárceles más que costaban 58 millones, cada una”.
Parte de las obligaciones de los estados es evaluar las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, aceptarlas y aplicarlas, a través de mecanismos de política pública y legislación. El informe periódico del Comité no solo es un panorama del estado de los derechos humanos de un país, sino que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el cual el Ecuador tiene responsabilidades comprometidas.
