Las obligaciones pendientes del Estado ecuatoriano
con los derechos de las mujeres, según la CEDAW
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan1
Publicado 14 de febrero 2022
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, presentó el 12 de noviembre de 2021, observaciones y recomendaciones al Estado ecuatoriano, en temas de violencia contra las mujeres, acceso a aborto seguro, educación y otros, a fin de avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia, y garantizar los derechos humanos de las mujeres en Ecuador. 44 organizaciones y colectivos de mujeres y feministas de Ecuador aportaron a la CEDAW con un Informe Sombra elaborado durante el 2020. El informe de la CEDAW brinda varias recomendaciones al Estado ecuatoriano respecto a 19 temas.
Han pasado tres meses desde este informe, por lo que organizaciones y colectivos de mujeres y feministas agrupadas en la Coalición de Mujeres, realizaron una rueda de prensa el 08 de febrero de 2022, para recordar al Estado ecuatoriano las recomendaciones del organismo y la ruta que debe seguir para el cumplimiento de sus obligaciones; en especial con respecto al acceso al aborto para mujeres sobrevivientes de violencia sexual, tema que está en manos de la Asamblea Nacional en el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación.
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¿Por qué las observaciones de la CEDAW son obligatorias?
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigencia en 1981. Este es considerado un documento jurídico importante en la lucha a favor de los derechos de las niñas y las mujeres.
Ecuador suscribió la CEDAW en 1981 y se comprometió a presentar a su Comité de expertas, informes periódicos sobre la aplicación de los derechos amparados por la Convención. Por lo cual, el Estado ecuatoriano debe acatar las recomendaciones que el Comité presenta para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres para garantizar el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Además, el Estado ecuatoriano se comprometió a implementar medidas legales, sociales, económicas y políticas para eliminar la discriminación y la violencia de género contra las mujeres. La Constitución del Ecuador en su artículo 11, numeral 3 reconoce que los convenios internacionales “serán de directa e inmediata aplicación”. Es decir, si el Estado ecuatoriano no aplica las recomendaciones de la CEDAW, expresadas en forma de observaciones finales, estaría desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos con el que asumió obligaciones.
La CEDAW se encarga de evaluar los avances y retos que enfrentan los países en materia de discriminación y violencia de género y recoge las demandas de la sociedad civil a través de lo que se denomina “Informes Sombra”. En 2020, el Estado ecuatoriano presentó el décimo informe a la CEDAW y este fue analizado por el Comité durante dos sesiones. En noviembre de 2021, el Comité presentó recomendaciones en 19 temas al Estado ecuatoriano.
De estos 19 temas, organizaciones de mujeres y feministas puntualizaron en las observaciones referentes a la violencia contra las mujeres; el acceso a justicia; y el acceso a la salud sexual integral, en especial el acceso al aborto seguro. Este último toma importancia por su discusión en la Asamblea Nacional de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación, donde el legislativo deberá prestar atención a las recomendaciones del organismo.
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Los pendientes sobre el acceso a salud sexual integral y aborto
Las organizaciones de mujeres recordaron al Estado ecuatoriano y en especial a la Asamblea Nacional que el Comité de la CEDAW, en sus recomendaciones del informe de 2021, expresó su preocupación con respecto a la falta de acceso a servicios seguros de aborto y cuidados posteriores, así como por la escasez de profesionales sanitarios capacitados para prestar estos servicios.
Según el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI, alrededor de 95.000 mujeres interrumpen sus embarazos anualmente en el Ecuador, pero la mayoría de estos abortos son clandestinos. Ecuador es el país de Latinoamérica donde se practican con mayor frecuencia abortos inseguros. Estos datos se mencionan en el informe Implicaciones de la criminalización del aborto en Ecuador, realizado por Elsa Guerra Rodríguez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Específicamente, la CEDAW recomienda en su página 13, numeral 34, literal a: “Legalizar el aborto en casos de violación, incesto, amenaza para la vida o la salud de la embarazada o malformación grave del feto, despenalizarlo en todos los demás casos y ofrecer a las mujeres servicios seguros de aborto y cuidados posteriores, sobre todo cuando se presenten complicaciones a raíz de abortos practicados en condiciones de riesgo.”
Además, la CEDAW recomienda que se debe facilitar información para que niñas y mujeres puedan acceder a métodos anticonceptivos de manera segura y confidencial, respetando su derecho a decidir con autonomía.
Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío y parte de la Coalición de Mujeres, explica que “hay que consolidar una propuesta de educación sexual integral” en el país. En la rueda de prensa, también se centró en la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo en casos de Violación, que se encuentra en discusión dentro de la Asamblea Nacional. Ella recordó que, en abril del 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación, pero que eso no es suficiente para que las mujeres accedan abortos seguros, por lo que la Ley es importante.
Además recordó las exigencias planteadas anteriormente por mujeres, colectivos, organizaciones, feministas y disidencias, ante el acceso libre y sin restricción a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación; algo que la Asamblea debe tomar en cuenta ya que la sentencia de la Corte Constitucional de abril del 2021 pidió que el legislativo incluir los mejores parámetros y estándares internacionales de derechos humanos.
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Las observaciones para prevenir la violencia contra las mujeres
El Estado ecuatoriano en su informe presentado ante la CEDAW resaltó los avances normativos en temas de género que ha realizado para eliminar la violencia contra las mujeres en sus diversas formas, así como para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Sin embargo, el Informe de la CEDAW y las observaciones de las organizaciones de mujeres en el Informe Sombra dan cuenta de que esto no es suficiente.
En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sufrido violencia, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. “El tema de violencia contra las mujeres, es recurrente, es un tema sin resolver, sin políticas que no son prioritarias para los diferentes gobiernos”, expresó, Miriam Ernest parte de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. A esto se suma el alto índice de embarazos forzados, resultado de violación.
Según datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía, recogidos por el informe Contribución Conjunta para el Examen del Comité de Derechos del Niño, las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual, casi siempre en entornos familiares o conocidos. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponde a niñas, niños y adolescentes.
La violencia contra las mujeres se agravó con la pandemia de la Covid-19. Las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno para controlar la crisis sanitaria, impusieron que muchas mujeres permanecieran por mucho más tiempo con sus agresores, lo cual puso en riesgo sus vidas. De acuerdo con los reportes de violencia presentados por el INEC, el 45 % de la violencia contra las mujeres está perpetrada por su pareja, según el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
Bajo los parámetros presentados, el Comité de la CEDAW realizó varias recomendaciones referentes a tomar medidas contra la violencia de género. La primera es educar a la población en materia de violencia contra las mujeres y sus repercusiones; garantizar centros de acogida que brinden servicios de protección a víctimas de violencia, garantizar el acceso y cumplimiento de la justicia.
Por lo que se espera que, todas las recomendaciones y observaciones presentadas por la CEDAW, se difundan a nivel nacional, regional y local, para conocimiento de los y las ecuatorianas, garantizando que el Estado ecuatoriano cumpla con las obligaciones que garantizan los derechos humanos de las mujeres.
Para noviembre del 2025, el Estado ecuatoriano deberá presentar el informe número 11 con las medidas adoptadas en materia de violencia de género, habiendo aplicado de manera efectiva leyes que erradiquen la violencia contra las mujeres, que les permitan el acceso a educación de calidad, garantizar el acceso a una ley de aborto seguro y responder a las demandas de acceso a salud sexual y reproductiva sin discriminación alguna.
