Las Casas de Acogida de mujeres víctimas de violencia advierten problemas en el reglamento de funcionamiento

Por: Gabriela Peralta @gaperalta07

Publicado 28 de enero 2022

[rt_reading_time label=»Tiempo de lectura:» postfix=»minutos» postfix_singular=»minute»]

Organizaciones de mujeres, Centros de Atención Integral y Casas de Acogida solicitaron un diálogo directo con Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, para debatir y construir, conjuntamente, el borrador de Reformas al Reglamento de procedimiento de selección, suscripción de convenios y funcionamiento de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida. La reunión se realizó el sábado 29 de enero, sin embargo las organizaciones realizaron un comunicado donde denunciaron que la Secretaría “desconoce el modelo de atención”, la falta de inclusión de sus aportes y varios problemas, como la reducción del personal de atención, entre otros.

***

Las mujeres y niñas necesitan contar con entornos seguros y libres de violencia. Las Casas de Acogida y los Centros de Atención Integral son espacios en donde se protegen sus vidas, y, por ende, se previenen feminicidios. Según datos recogidos por Fundación Aldea, desde el primero de enero hasta el 15 de noviembre de 2021 se registraron 172 feminicidios en Ecuador. “El número incluye 103 feminicidios, 7 transfemicidios y 62 muertes violentas por delincuencia organizada, que tienen un componente feminicida y de género”.

En Ecuador, cinco casas de acogida y dieciséis Centros de Atención Integral reciben financiamiento por parte del Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Organizaciones, en estos espacios, brindan protección a mujeres, sus hijos e hijas –hasta los 12 años de edad– en situación de violencia de género o violencia sexual. Este servicio lo hacen a través de convenios firmados con la Secretaría de Derechos Humanos. Actualmente, Bernarda Ordóñez, titular de la Secretaría, es la encargada de garantizar los convenios de 2022 que permite, tanto a las Casas como a los Centros de Atención Especializada, seguir operando en pro de los derechos de las víctimas de violencia de género.  De acuerdo a la resolución Nro. SDH-SDH-2021-0000-R, “El convenio es un instrumento jurídico a través del cual se regulan las obligaciones financieras y administrativas entre la Secretaría de Derechos Humanos y las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral”.

Anteriormente, en diciembre de 2021, la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador denunció la falta de presupuesto para poder seguir salvando la vida de mujeres y niñas frente a la violencia machista. Tanto la Red Nacional como los servicios especializados exigieron al Estado ecuatoriano y, en específico, a la Secretaría de Derechos Humanos, garantizarles un presupuesto suficiente, eficiente, a tiempo y completo  para el 2022.

La secretaria de Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter, indicó que, el 7 de enero de 2022, se suscribieron 21 convenios correspondientes al primer trimestre del año, con los Centros de Atención Integral y Casas de Acogida del Ecuador. El primero de los convenios firmados para el primer trimestre fue con la Fundación Movimiento de Mujeres del Cantón Jipijapa, quien dirige un centro de atención integral para niñas, adolescentes y mujeres desde 2005. Estos convenios serán válidos hasta marzo de 2022 y la Secretaría prevé realizar una convocatoria abierta para organizaciones de todo el país.

Para Ordóñez la convocatoria abierta garantizará que los recursos públicos sean invertidos en las Casas y Centros de Atención Especializada; sin embargo, Geraldine Guerra, representante de las Casas de Acogida, explicó que al ser una convocatoria abierta y pública, 100 o más organizaciones pueden postular, con lo cual, ninguna de las cinco casas de acogida ni los 16 centros de atención que ya tienen firmado el convenio –desde el 10 de enero hasta el 31 de marzo de 2022–, tiene garantizada la nueva firma de convenios.  

Por ello, la representante de las Casas de Acogida expresó que las organizaciones de mujeres están a favor de que se amplíen los servicios de atención y protección, porque consideran que es urgente y necesario, pero que esta ampliación debe ir acorde con la entrega de presupuesto.

Según indicó Ordóñez, el presupuesto para 2022, que garantizará el funcionamiento de Centros y Casas de Acogida, es de 2 millones de dólares. Por lo que las organizaciones deberán postular a la convocatoria abierta que se prevé para febrero de 2022, donde deberá ser aceptado su proyecto y en abril firmarían el convenio para todo el año.

En torno a eso, Geraldine Guerra tiene algunas interrogantes. Una de ellas es si las organizaciones que tienen firmado el convenio hasta el 31 de marzo de 2022 pueden aplicar y/o acceder a la convocatoria abierta si esta se lanza antes de abril. Desde su visión, si la convocatoria se lanza en abril, eso implicaría que los convenios no se firmen el primer día del mes.

Asimismo, Bernarda Ordóñez señaló que los recursos económicos para los Centros y Casas de Acogida, correspondientes a finales de 2021, ya fueron acreditados. “En octubre y diciembre de 2021 se realizaron los desembolsos respectivos al año 2021”, dijo. Esos desembolsos fueron de 600 y 400 mil dólares, respectivamente.

En provincias como, Morona Santiago, Zamora, Tena, y otras, los servicios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia no existen, a pesar de que son de carácter urgente. Por ello, Geraldine Guerra instó a la Secretaría de Derechos Humanos a la ampliación de los servicios con un presupuesto que pueda ser garantizado.

.

Las observaciones al reglamento

Mientras la secretaria de Derechos Humanos asegura que “el diálogo ha sido permanente” y que, en estos días, su equipo está socializando y entregando el reglamento a las distintas casas y centros, para luego analizarlo; la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador envió, el 19 de enero de 2022, una carta dando a conocer sus observaciones sobre el borrador de Reformas al Reglamento de procedimiento de selección, suscripción de convenios y funcionamiento de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida, presentado el 11 de enero de 2022 por la misma secretaría.

Uno de los puntos que más les genera preocupación es la derogación del modelo de Casas de Acogida y Centros de Atención. “No sabemos por qué la secretaría ha derogado estos dos modelos, que son como la guía del accionar tanto de Casas como de Centros. Eso es gravísimo porque deja sin nada, sin ningún piso y además se desconoce todo lo trabajado durante años para lograr esos modelos. De hecho éramos un referente en América Latina por tener un modelo de registro oficial que guíe la actuación para las Casas de Acogida y Centros para víctimas de violencia”, asintió Geraldine Guerra.

Asimismo, en las reformas al reglamento, la Secretaría de Derechos Humanos propone que para los Centros y Casas de Acogida el equipo técnico deberá ser conformado al menos por un Administrador/a, Abogado/a, Psicólogo/a y un Trajador/a Social. Es decir, el reglamento establece la reducción del personal.

Antes de las reformas, en el caso de las Casas de Acogida, siete miembros del personal de atención tenían garantizado su sueldo. Ahora, solo se garantiza el de los cuatro profesionales.

El reglamento deja sin las facilitadoras –personas que duermen en las Casas, encargadas de la alimentación y de la atención las 24 horas del día– y sin la educadora –persona encargada de monitorear y acompañar procesos de niños y niñas. A decir de Geraldine Guerra, “todas son importantes, pero las facilitadoras siempre han sido el motor crucial en una Casa de Acogida, porque son quienes garantizan el buen relacionamiento y el trabajo doméstico al interior de una Casa”.

Las Casas de Acogida, generalmente, cuentan y requieren de más de siete personas, por lo que el Estado debería garantizar al menos el financiamiento de los siete servidores. Guerra expresó, “Hablan de que han subido los sueldos, pero redujeron el personal de atención de las Casas de Acogida”. Además, sostuvo que las organizaciones siguen a la espera de un diálogo con la titular de la secretaría, para debatir y construir, conjuntamente, el reglamento y para conocer cuál es su visión sobre la atención de mujeres víctimas de violencia en el país. “El reglamento tal como está nos deja muchas dudas, es incierto”, finalizó Guerra.