Las 11 barreras de acceso al aborto que las mujeres buscan cambiar
.
Por: Verónica Calvopiña @kinoraxx
Foto de portada: Archivo Wambra
Publicado 31 de mayo del 2023
“Si los servicios de salud se ofertaran de forma amplia, las mujeres no tendrían el riesgo de ponerse en abortos clandestinos, en condiciones donde está el país, y poner en peligro su vida o su salud, además de su fertilidad futura”. Este es el testimonio de Pablo, médico ginecobstetra, parte del “Estudio cualitativo sobre principales rutas de acceso y barreras al aborto legal en Ecuador”, elaborado por el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, en el 2022.
Sin embargo, lo dicho por este médico es un deseo que aún está lejos de ser realidad. A pesar de que en Ecuador el aborto es legal en tres causales: vida, salud y en casos de violación, lo cierto es que este derecho se cumple a cuentagotas.
El estudio de Kaleidos menciona que además de las barreras institucionales y sociales, existen otras como las “logísticas relacionadas al desplazamiento que deben realizar las mujeres para acceder a sitios donde practicar el aborto; los problemas ligados al navegar el sistema; las opciones clínicas limitadas; los altos costos (de movilidad y cuidado); y las restricciones estatales y al interior de clínicas”.
Una barrera son todas aquellas conductas que por acción o por omisión limitan el acceso de las mujeres al aborto en el servicio de salud. En total este estudio identifica 11 barreras “que atraviesan todo el tejido social, desde lo personal-individual, hasta lo colectivo y las instituciones que conforman el aparato administrativo del Estado”.
Las barreras sociales también están presentes dentro de las instituciones. Así, parte del personal médico, ya sean doctoras, enfermeros, personal administrativo o de seguridad, tiene estigmas morales o creencias religiosas que les lleva a negar este servicio.
La investigadora Sara Larrea en su estudio “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre aborto legal de personal de salud y operadores de justicia en Ecuador”, elaborado en 2022, encuestó a 203 profesionales de salud y operadores de justicia. De los participantes de esta encuesta, el 32,7% de profesionales de salud y 40,4% de operadores de justicia consideraron que “el aborto debería ser legal en todos los casos, a pedido de la persona embarazada”. El 65,4% de profesionales de salud y 40,4% de operadores de justicia apoya el aborto para la protección de la vida de la mujer, el 55,8% de profesionales de salud y 47,5% de operadores de justiciapara los casos de violación y el 44,2% de profesionales de salud y por 23,2% de operadores de justicia para la protección de la salud mental de la persona embarazada.
Entre las personas encuestadas se puede evidenciar cómo las creencias religiosas pesan a la hora de apoyar el aborto. Esto porque el 76.9% de las personas no creyentes apoyan el aborto en todos los casos, mientras que solo el 28% de las personas que se consideran católicas o evangélicas están de acuerdo con esto.
También están las objeciones morales, tal como se muestra en el testimonio de esta obstetriz, de 30 años: “Yo creo que una mujer embarazada debe saber lo que hizo, y de tal manera pagar la consecuencia. La mayoría de veces no es justo ir a la cárcel por algo que no sé lo que hice. Entonces dentro de la consejería postaborto que se les da, se le hace entender a una mujer que actuó contra la vida de un ser humano, y las consecuencias psicológicas que está viviendo, las fallas tal vez en su matrimonio, tal vez con sus hijos, la falta de perdón, han hecho que ella no tenga un buen estilo de vida.”
La investigadora Sara Larrea también identificó, entre los estigmas alrededor del aborto, que el personal de salud y los operadores de justicia creen que el aborto es una “decisión extremadamente difícil de tomar, un acto que siempre deja secuelas emocionales y psicológicas y una práctica que los y las profesionales de salud solo realizan por intereses económicos”.
Estas creencias religiosas y morales también se evidencian en los profesionales de la salud que optan por la objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto. El estudio dice que el 18,3% de los profesionales de la salud encuestados se declararía en Objeción de Conciencia ante la práctica de un aborto.
Según el Memorando Nro. MSP-DNAIS-2023-0422-M del 15 de marzo de 2023, de la Dirección Nacional de Atención Integral del Ministerio de Salud, a nivel nacional se han registrado 560 profesionales de salud en el primer nivel de atención que han declarado objeción de conciencia. Mientras que el Memorando Nro. MSP-DNH-2023-0427-M, de la Dirección Nacional de Hospitales, aprobado con fecha del 05 de mayo de 2023, señala que 228 profesionales de salud de nivel hospitalario se declaran objetores de conciencia.
Tanto las creencias religiosas como el declararse objetor de conciencia pesan a la hora de dar atención médica para interrumpir un embarazo, incluso cuando se tratan de las causales legales; es decir, se convierten en una barrera, tal como se narra en este testimonio recolectado en Sucumbíos por el estudio de Kaleidos:
“Tuvimos otro caso de una niña de 15 años, una adolescente de 15 años, que además tenía una discapacidad, igual había sido víctima de violación por un vecino de una finca, pero era una niña con ¡discapacidad! Y ella en su discapacidad decía que no quería, y ella estaba de 20 semanas de embarazo. Entonces, se tuvo también un fuerte nudo crítico, fue también la familia, porque la familia había sido evangélica, entonces le decían que no, que lo tenga, que era una bendición, y ella en su discapacidad decía que ella no quería. La situación en la que vive esta familia, es una familia muy pobre, que viven en su finca, que no tienen, o sea para ir ni siquiera a una unidad educativa, a una escuela; son cosas así, que no solo es la situación que vive, sino es todo el entorno que le rodea. Entonces, ahí también se logró, así mismo, fue hablar en Quito, pedir ayuda, hasta que a ella le hicieron en Shushufindi, ahí mismo la directora del hospital enojadísima, que son unas aborteras nos dijo, que cómo van a hacer esto, que cómo van a hacer este otro” (Micaela, Organización de Mujeres Sucumbíos, entrevista personal 2022).
Tanto el estudio de Kaleidos como el de Sara Larrea mencionan que existen vacíos en la formación del personal médico para la atención de un aborto, sumado a sus actitudes, creencias y la tramitología por la que deben pasar las mujeres y niñas que desean acceder a un aborto en el sistema de salud público. En la investigación de Kaleidos también se establece que parte del personal médico desconoce la normativa sobre aborto por violación y siente temor a supuestas consecuencias legales que le conllevarían su práctica.
En definitiva, a dos años de la sentencia histórica de la Corte Constitucional y a un año de la aprobación de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación son pocos los esfuerzos desde la institucionalidad pública para eliminar las barreras tanto institucionales como sociales que impiden el acceso a un aborto.
A pesar de que Kaleidos en su estudio encontró en el sistema de salud, dos rutas para el acceso al aborto, una para la causal vida o salud y otra para la causal violación, señala que urge “la necesidad de una transformación epistémica y a nivel de las prácticas de atención-educación en salud sexual y reproductiva” que aleje al aborto de una mirada de delito para que se lo entienda como un derecho.
