“A pesar de la injusticia, luchamos”

La atención a sobrevivientes de violencia que buscan abortar en la Amazonía

 

Por Gabriela Ruiz @GabyRuizMx

Fotos: Josué Araujo IG: la.mala.foto

 

Publicado 31 de mayo del 2023

 

 

El acceso al aborto por las casuales legales en la Amazonía ecuatoriana enfrenta varios retos institucionales y prejuicios culturales que ahondan la situación de vulnerabilidad de las niñas y mujeres. Los datos oficiales en este territorio presentan varios vacíos, por lo que organizaciones de mujeres han generado su propio registro. Según un estudio de Surkuna, entre abril de 2022 hasta abril de 2023 recibieron 24 solicitudes de acompañamiento de aborto por violación, de estas el 33%  fueron de niñas menores de 14 años. Las solicitudes de acceso a aborto legal fueron del 20,8% en Sucumbíos, 12,5% en Morona Santiago y 4,2% en Napo. El 25% de las personas que solicitaron acceso a un aborto legal fueron indígenas.

Sin embargo, la cifra reportada por Surkuna representa tan solo el 0,02% del total de 155.838 partos de niñas menores entre 10 y 14 años que se atendieron en 2022 en el sistema público como informó el Ministerio de Salud. Esos 155.838 partos debieron denunciarse en su momento como casos de violencia sexual aplicando la Ley de Erradicación de Violencia contra Mujeres, el Código Púrpura (Norma técnica de atención integral en salud a víctimas basada en género), Formulario obligatorio 094 de notificación de casos para activar la investigación con Fiscalía. En Ecuador, la falta de aplicación de la ley va en contra de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres para vivir una vida libre de violencia; algo que presenta mayores retos en un territorio como la Amazonía.

 

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Tena, Napo.- Mirian Moreno de 53 años, recibe una llamada de auxilio. Si es tarde o muy temprano, vuelve a calzar sus sandalias, se recoge el cabello, se ajusta los lentes sobre la nariz. Encomienda su trabajo en una plegaria. Enfrentará al aparataje institucional y lo hará funcionar. Al otro lado del teléfono, hay una aliada o quizá, una víctima. A Mirian, la responsable de la casa de acogida Wasi Pani en Tena, le cuentan la triste y repetitiva historia de violencia contra las mujeres. Algunas logran huir de sus casas, solas o con niños en brazos, mientras una polilla aletea sobre sangre y sombras. En Wasi Pani encuentran refugio las víctimas de violación que han llegado con menos de 15 años, con huesos rotos y apuñaladas, desfiguradas el alma, y a veces, embarazadas de sus violadores.

Según la Encuesta de Violencia contra las Mujeres del Instituto de Estadística y Censo (INEC), seis de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida; 64% de las mujeres indígenas, que en las provincias amazónicas se acentúa 79% Morona Santiago, 78% Napo, 73% Pastaza, 72% Zamora Chinchipe.

Las mujeres en la Amazonía ecuatoriana enfrentan un grave contexto de violencia a todo nivel: pobreza, falta de educación, restricción a servicios de salud, altas tasas de embarazo adolescente, la pronta iniciación de su vida sexual que incrementa en las zonas rurales, como muestra la Línea Base ProAmazonía en 2019 . La tasa de mortalidad materna afecta en especial a las niñas y adolescentes indígenas en la Amazonía que es superior al promedio nacional. 

Apenas en abril de 2022, Ecuador logró que la Asamblea Nacional regularizara el aborto en casos de violación con la Ley de Acceso a la Interrupción del Embarazo en Casos de Violación. Un año antes, el 28 de abril de 2021, una sentencia de la Corte Constitucional amparaba a las niñas y mujeres para interrumpir embarazos forzados  resultados de la violencia sexual.

Para este reportaje, recogemos el testimonio de Mirian y otras mujeres que acompañan procesos e intentan  acceder al aborto por causales legales. El problema es complejo y requiere el trabajo interinstitucional principalmente del Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía y las Juntas de Protección de la Niñez y las Mujeres a nivel local junto al apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí algunas de sus historias que ponen rostro y datos en la Amazonía, territorio que aún se considera distante política y culturalmente de las grandes ciudades.

 

.Código Púrpura

 Hace calor, y tenemos la sensación de que todo se pega al cuerpo. Hay un 95% de humedad en Tena, a unos 190 km de la ciudad de Quito. Nos encontramos con Mirian Moreno, activista y coordinadora de la Casa de Acogida Wasi Pani. A Mirian le pedimos hacer el trayecto a pie que usualmente recorre junto a las víctimas.

¿A dónde ir primero cuando eres víctima de violación o violencia de género? Primero, vamos al Hospital General José María Velasco Ibarra en medio del bullicio de la ciudad. Alrededor está el mercado, el terminal de transporte local, farmacias, funerarias, y asaderos de pollo y carne que arden noche y día.

Buscamos confirmar la implementación del Código Púrpura para atender casos de violencia basada en género. Hospitales y profesionales están obligados a implementarlo para atender en emergencia o consulta externa los casos de violencia de género y evitar la revictimización como lo dice la Norma técnica de atención integral en salud a víctimas basada en género y graves violaciones a los derechos humanos, de aplicación obligatoria en todo el Sistema Nacional de Salud, en vigencia desde 2019

Los letreros en español y kichwa indican dónde encontrar la sala de primera atención (servicio de emergencia) que debe operar 24 horas y la sala de primera acogida. Según el Código Púrpura, el ingreso de las víctimas de violencia de género debe ser por consulta externa, y pueden llegar derivadas del Sistema Judicial, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional o Junta de Protección de Derechos.

 

 

Los muros tienen ilustraciones con la representación del ideal de la familia conformada por padre y madre e hijos blancos, y de la maternidad angelical en colores pastel. Las niñas y mujeres víctimas de violencia de género esperan entre afiches informativos sobre Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), los derechos de los pacientes y de las personas en movilidad humana, dado que Napo es una provincia que comparte frontera con Perú.

El consultorio está cerrado. El responsable es Fabián Castro, médico que atiende regularmente a las víctimas, está enfermo este día. Mirian conoce a Fabián Castro, y da buenas referencias de su trabajo.

Pasan algunos minutos y nos recibe la doctora Joselyn Sánchez reemplaza a Fabián Castro. Nos deja pasar a conocer el espacio. Sobre el escritorio, hay un “Registro de formularios 094 – Notificación de violencia” para cumplir con el Código Integral Penal y notificar a la Fiscalía, Policía y ECU911, e informar a las Juntas de Protección de Derechos. Los profesionales tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes sobre presuntos hechos de violencia basados en género.

En la antesala, un mural tiene la escena de un niño y una niña jugando bajo el sol sonriente. Una mariposa revolotea. La niña impulsa un avión de juguete con su manito. Hay otro “Registro de muestras bajo cadena de custodia” con la palabra “emergencia” en mayúsculas. Mirian se apoya en la camilla del consultorio. Su cuerpo se encorva ligeramente como si tomara el lugar de una de las víctimas. Un letrero en blanco y negro colgado bajo el dibujo de los niños dice: “Los gritos no educan, ensordecen el corazón”.

 

Acceso al aborto legal

Dependiendo del caso, se entrega el kit púrpura que incluye antibióticos y antirretrovirales para prevenir enfermedades de transmisión sexual o la mujer puede acceder al aborto por violación. Incluso si un médico se declara objetor de conciencia en un lugar alejado que cuenta tan solo con un médico, el especialista deberá atender la emergencia, como marca la sentencia de 2022 de la Corte sobre objeción de conciencia.

En 2022, las unidades de salud pública atendieron 17.494 personas por razones de género, de este número 15.293 fueron mujeres. Las adolescentes indígenas inician la actividad sexual siendo aún niñas y se casan cuando tienen entre 12 a 14 años. La  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012 revela cifras alarmantes como que el 89,9 % de niñas de 10 a 14 años que han tenido relaciones sexuales, las tuvo con personas mayores a ellas; y que el 7,5% de embarazos en menores de 15 años termina en abortos.

El Observatorio Social del Ecuador registró en tres provincias de la Amazonía, la tasa más alta de niñas entre 10 y 14 años que dieron a luz. Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago rebasan los cinco embarazos adolescentes por cada 1.000 adolescentes. Hay altas tasas de fecundidad y mortalidad materna e infantil, complicaciones obstétricas, abortos inseguros, infección por VIH, y en condiciones de asepsia pueden provocar la muerte de las pacientes.

Surkuna, organización que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, publicó el Reporte de Casos Acompañados para el acceso a un aborto legal por violación en Ecuador entre abril y noviembre de 2021. En 2021, el 54% de abortos por violación fueron de niñas entre 10 y 14 años. En el 95.5% de los casos de violencia, el agresor formaba parte del grupo familiar.

Son 22 casos de acceso al aborto legal registrados desde el 28 abril, 16 casos se dieron en hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las solicitudes de acceso a aborto legal fueron del 18% en Morona Santiago y 9% en Sucumbíos. El 27 % de las personas que solicitaron acceso a un aborto legal fueron indígenas (nacionalidades Shuar y Kichwa).

Surkuna informa que el 54.5% de las personas que solicitaron el acceso a un aborto legal en casos de violación sí habían presentado una denuncia. Mientras que un 45.5% no lo había hecho, siendo únicamente necesaria una solicitud de acceso a un aborto legal. El 87.5% de de los casos que accedieron aborto legal se realizaron mediante el procedimiento de aborto con medicamentos, de acuerdo a la Guía Práctica Clínica para la atención del aborto terapéutico del MSP aprobada en 2015.

 

Un Complejo Judicial “púrpura”

A pie y bajo el sol que agobia, nos toma unos 20 minutos llegar al Complejo Judicial de la provincia desde el Hospital General del Tena. Dependiendo de cada caso, las víctimas llegan primero aquí a la Fiscalía o al hospital. Muchas veces, esas víctimas vienen caminando desde las comunidades rurales sin un solo centavo.

La abogada Esther Paucay, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Napo, nos recibe y autoriza un breve recorrido por las instalaciones. En esta dependencia pública, se aplica el Código Púrpura. Verificamos el funcionamiento de la Sala de Primera Acogida, que al igual que en el Sistema de Salud debe prestar atención por ocho horas. Aquí se pueden realizar exámenes periciales por parte de médicos acreditados y peritos forenses.

Hay un consultorio médico, consultorio psicológico y una oficina de trabajo social, tal y como el Código Púrpura determina se debe conformar el equipo de salud y activación.

La política de atención a víctimas de violencia de género y prevención del embarazo en niñas y adolescentes, debe ser intersectorial y permear hasta el personal que presta el servicio. Requiere de la operación del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), y la garantía del derecho a la atención integral en salud a víctimas de violencia de género y atención especializada a niñas embarazadas, víctimas de violencia sexual, durante el período de embarazo, parto, pos parto y tratamientos que requiera.

En Ecuador, el embarazo en niñas y adolescentes es un problema social y de salud pública que se agrava con factores socioeconómicos: En 2021, la tasa de pobreza de las mujeres es 1, 4 puntos porcentuales mayor que los hombres, mientras que la tasa de pobreza extrema de las mujeres es 0,3  puntos porcentuales mayor que los hombres, según cifras de la Cepal.

Según analizó ONU Mujeres, las mujeres en Ecuador experimentan mayor movilidad laboral y desempleo que los hombres. Los salarios de las mujeres son entre un 13 y un 26% menores que los de sus pares hombres. Las mujeres en el área rural trabajan en promedio 23 horas más cada semana que los hombres.  En educación, el promedio de escolaridad en Ecuador es de 10,5 años, donde las mujeres rurales alcanzan sólo 8,1 años de escolaridad.

La investigación “Embarazo en la adolescencia en la Amazonía del Ecuador” explica que el embarazo en adolescentes es un reflejo de inequidad, débil implementación de políticas públicas, relaciones de género/poder, abuso sexual, explotación sexual y matrimonios forzados.

 

 

El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con prisión de 19 a 22 años cuando la víctima es menor de 14 años. El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. Antes de esta decisión histórica de la Corte, entre los años 2009 y 2019 Human Rights Watch documentó 148 casos de criminalización del aborto, en los cuales 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedores de la salud fueron procesados penalmente por abortos. Varias mujeres recibieron condenas que incluyeron desde ser encarceladas hasta la obligación de realizar “terapia”, prestar servicio comunitario en orfanatos para que “aprendan a ser buenas mamás”, pagar multas o una combinación de estas sanciones.

Como explica y socializa Surkuna en talleres dirigidos a servidores públicos que atienden directamente a víctimas de violencia de género: “Cualquier mujer o persona con posibilidad de abortar en Ecuador puede acceder de manera legal a un aborto en las situaciones que establece el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El aborto puede practicarse por peligro la vida de la mujer embarazada, y cuando proviene de una violación; esta última causal fue modificada mediante sentencia 34-19-IN de la Corte Constitucional.

 

.Las marcas de Soledad

Entre 2014 y noviembre de 2020, de un total de 849 femicidios, ocho se produjeron en la Amazonía; Sucumbíos presenta el mayor número de agresiones según datos de Fundación Aldea. Allí se debe considerar la situación fronteriza, la presencia de la industria petrolera y la minería ilegal que conforman un mapa de mayor vulnerabilidad para las mujeres y las niñas amazónicas.

La Encuesta de Violencia contra las Mujeres del INEC pregunta a las encuestadas si avisó de la agresión a alguien o denunció la agresión. Alrededor del 50% de agresiones cometidas por la pareja se conversa o denuncia pero el abuso sexual cometido por familiares, no se denuncia. Es parte de un círculo de violencia sostenido por la pobreza, la vergüenza y el miedo.

Por eso, cuando las víctimas llegan a la Fiscalía, han atravesado un infierno. “En la Fiscalía de Tena, mientras busco a la Fiscal de oficina en oficina, escucho las versiones” comparte Mirian, y trato de comprender de dónde saca fuerzas. Repiten una y otra vez la misma versión. Las mujeres explican frente al escritorio “esto me han dicho que es violencia. El borracho tapa mi boca. Abusa. Golpea. Viola a mí. Me bota al suelo”. En oficinas donde no hay traductor y las mujeres indígenas hablan en sus lenguas originarias.

Mirian Moreno ha visto tantas escenas de sangre y falta de empatía.  Recuerda que un día llegó una mujer macheteada por su marido, sin una oreja. La tuvieron esperando ensangrentada hasta que pudieran tomarle la declaración. Y luego del examen médico, le dieron solo tres días de incapacidad.

Mirian me presenta a Soledad, ex servidora pública de 67 años, originaria de Quito. Llegó a las oficinas de la Fiscalía en Tena para preguntar sobre el avance en el caso de su hija Mishell de 27 años. Fue brutalmente golpeada en la calle por su novio, el 6 de marzo de 2022. A un año, se espera el informe social para que la justicia emita sentencia por los cargos de agresión física.

 

 

Soledad es sobreviviente de violencia. Entre los 23 y 33 años sufrió golpizas de su ex esposo. Le dejó tres roturas de tabique, pérdida del oído izquierdo y tumores en el cuerpo que aparecieron a consecuencia de los golpes. Antes de la Ley Orgánica Integral para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, promulgada en el año 2018, la violencia de género ni siquiera se sancionaba. ¿A quién denunciar? Era culpa de las mujeres hacer enojar a sus maridos. Es lo que rememora Soledad con amargura, su ex esposo envolvía la mano en su largo cabello y la golpeaba. Me pide tocar su cabeza para sentir la cicatriz.

Nos invita a casa y nos pide conversar con Mishell. Pedimos que la hija de Mishell se retiré de la sala, sólo tiene ocho años. Hay muchas lágrimas. Soledad dice ser una madre estricta que una vez le lanzó un cuchillo a los pies de Mishell. “Es una buena hija, estudiosa, hermosa.” A punto de abandonar sus estudios, acosada por su agresor, Mishell lucha por su vida, por recobrar la paz. Cuando faltó a clases por la golpiza, una de sus maestras le dijo: “Eso ya pasó, deje atrás, deje de quejarse”.

Los recuerdos vívidos y aún frescos de las golpizas que sufrieron madre e hija, parecen cruzar el pasado y el presente. ¿Qué hacer para que no se repita?  En el dorso de la mano izquierda, Soledad lleva tatuadas las iniciales de su ex marido golpeador. Ahora, esa mano izquierda se junta con la de su hija, que lleva tatuado “Soledad” en el antebrazo. La violencia machista deja marcas imborrables y mata.  

 

“Soy una persona que toda la vida quisieron violentar”, cuenta Soledad que tuvo cargos públicos como Teniente Político y Comisaria. En funciones, sancionó a los hombres golpeadores con siete días de cárcel. Se convierte en una anciana con un cuerpo delgado, con la esperanza lánguida, cabizbaja. “Quizás porque soy huérfana y busqué amor”, dice tratando de encontrar una explicación. ¿Cuándo la justicia es más importante que el amor?

Llegué a casa de Soledad y Mishell buscando testimonios de acceso al aborto legal. La red de organizaciones sociales en Napo, a través de Mirian, me permitió escuchar esta historia. Es todavía difícil que las mujeres adultas accedan a narrar sus abortos, los cifran en símbolos que comunica el cuerpo: cicatrices, tumores, enfermedades que somatizan la tristeza y el miedo. A veces, no contar ni recordar más el aborto, es parte del pacto que sostiene a las mujeres.

 

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La Gran Casa  y las hermanas

 En 2018, Miriam Moreno sobrevivió a un asalto en carretera, vía El Coca – Loreto. Ocho asaltantes acribillaron el transporte que llevaba mercadería y 15 trabajadores. Logró salir desde la entrada en Agua Santa conduciendo con sus tres hijos bajo el tablero. Junto a ella murió la novia de su cuñado con un balazo. Dentro del camión encontraron 28 casquillos.

Recibieron primeros auxilios en la SAMARINA, el buque hospital flotante. Subieron con el cadáver por el río Napo, por Chonta Punta. El olor a sangre es un recuerdo penetrante que aún puede percibir. ¿Es la valentía un roble majestuoso?, me cuestiono mirando al roble de Mirian, de pie, firme.

Tomamos un taxi para dirigirnos al albergue. En la estación local de radio suena una canción con la siguiente letra: “A la vida de mi vida, muerta la quisiera ver y no verla padeciendo en brazos de otro”. No podemos revelar la ubicación del lugar de Wasi Pani que forma parte de la Red de Casas de Acogida al que varias víctimas llegan huyendo de sus agresores.

Las mujeres violentadas llegan sin un centavo, necesitan comida, alojamiento, ropa y sostener la carga emocional. Esta red de Casas de Acogida funciona como una hermandad de solidaridad entre mujeres y organizaciones de la sociedad civil que enfrentan la pandemia, el recorte presupuestario o la falta de ejecución presupuestaria de los gobiernos.

 

 

“Hay varias historias dentro de la Casa de Acogida. Se ayuda a mujeres adultas. Se ayuda con abortos porque fueron abusadas por sus propias parejas” explica Mirian. “Después del aborto hay que cuidarse, guardar reposo como si se hubiera dado a luz, durante 40 días. No tienes que hacer fuerza, puedes caer en el sobreparto”. La afectación es doble y las mujeres deben llevar al mismo tiempo su proceso de “defensa” ante la ley y en su recuperación. “La decisión de abortar pasa por la institucionalización” de las leyes y la moral.

En un 45.5% de los casos las sobrevivientes de violación, no reportaron estar acompañadas, es decir, no tenían redes de apoyo, pues las víctimas y sobrevivientes de violación muchas veces sienten vergüenza y miedo de comunicar lo que ha ocurrido a sus círculos cercanos.

En Wasi Pani han llegado adolescentes que se “golpean el estómago, se aruñan el estómago” cuando saben que esperan un bebé producto de abuso. La Fiscalía tiene conocimiento pero pueden pasar meses hasta que la víctima tenga acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Miriam recuerda el caso de una niña de 12 años que tenía tres hermanas que sufrían abuso sexual por el padre. En plena pandemia, a los 19 años, la chica quedó embarazada de su padre. Estaba en quinto curso. Su padre y madre la vendían a los vecinos. La hermana mayor, la acompañó a poner la denuncia en la Fiscalía. En un giro dramático, la madre de las niñas usó la religión para interceder a favor del padre violador, y pedir a sus hijas que desistan de denunciar.

La psicóloga del Subcentro de Salud denuncia el abuso y trasladan a la chica a la Casa de Acogida. Mirian fue a la Fiscalía de Género. No se pudo detener el embarazo. Esa niña violentada permaneció en el albergue. Dio a luz a otra niña que murió a los seis meses. Fueron siete años de abuso sexual. La niña violentada volvió a casa de sus padres.

 

 

“Me debato con la religión, me revuelve el estómago” confiesa Mirian al narrar esta y otras historias cuando son servidores públicos quienes todavía sacrifican a las niñas e impiden el acceso al aborto legal de las víctimas de violencia sexual. Ha escuchado decir: “Tienen que aguantarse los nueve meses”.

Los agresores también buscan cómo llegar al albergue, intimidan a Mirian y a las víctimas para que no denuncien o abandonen los procesos legales. En opinión de Mirian, los servidores públicos sin sensibilización y capacitación en la normativa vigente son una amenaza para las mujeres.

—Mirian ¿Qué hace para sostenerse y no quebrarse ante tanto dolor que atestigua y del que son víctimas las mujeres?

—Converso con el río para que el dolor no permanezca, converso con la coraza de la piedra. Visualizo su resistencia. No quiero que se vuelva mi corazón. Lloro debajo de la lluvia. A pesar de la injusticia, luchamos. La indefensión en la que nos deja la sociedad es la que nos mata, la que nos atemoriza.

 

Morona Santiago: violación en casa, escuela y calles

En Morona Santiago, conocí a Talía Cabrera de 53 años, viceprefecta saliente y activista. Tiene una historia de vida que la ha llevado a comprometerse para impulsar emprendimientos y la autonomía de las mujeres en una provincia de superficie extensa:  Morona Santiago tiene una extensión de 25.690 km², siendo la segunda provincia más grande después de Pastaza.En 12 cantones, hay más de mil comunidades dispersas y se hablan diversas lenguas indígenas: shuar, achuar, kichwa que reúne una población de 41155 habitantes.

 

 

Frente a la ayuda que piden las víctimas de violencia de género, Talía se involucró activamente. La atención a las mujeres se canalizó a través del Centro de Formación Equidad y Acción Social y las Juntas de Protección de Derechos de Niñas, Niños, Mujeres y Adultos Mayores.

“El dolor de las mujeres violentadas es un dolor que nadie verá, ni escuchará”, evalúa Talía con dureza tras cuatro años de gestión pública. “He visto a una niña que a los 11 años fue obligada a dar a luz y murió. Hubo que conseguir ataúd para ambos, para la niña y el bebé. La niña era de Huamboya”, recuerda. En otros casos no se encontró ataúd, y se llevaron a los muertos en fundas plásticas.

En Huamboya, comunidad shuar Kenkuim, Luis Mashinkiasha W. fue condenado a diecinueve años de prisión por la violación a una niña de 11 años informó la Fiscalía de Asuntos Indígenas en 2020. El 13 de abril de 2020, “la niña caminaba por la calle, llevando una taza de colada para su abuelita, cuando fue interceptada por el ya sentenciado, quien la llevó a la fuerza hasta la parte de atrás de un inmueble, donde la agredió sexualmente. Por la gravedad de las lesiones, la niña fue trasladada al Hospital General de Macas, en donde permaneció internada tres días.”

La agresión sexual es común en Morona Santiago, solo en 2020, la Fiscalía registró 3.643 denuncias de las cuales, el 32% corresponde a violencia de género: violación, abuso sexual y violencia psicológica. En 2022, el profesor Tsentsak Tito M. violó a su estudiante, una niña de 7 años de la comunidad Kayak; Justo Medardo M. W.  violó a una niña de 11 años frente a su hermanita de 9 años.

Morona Santiago y Orellana presentan una alta Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) entre 4, 8 y 7,1 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años, según el informe de Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Ecuador publicado por Unicef en febrero de 2020. El 7.8% de las mujeres que se embarazaron antes de los 15 años fue con una persona de 30 años o más, víctimas de violencia sexual. El 7.5% de embarazos en menores de 15 años termina en aborto, reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en 2012.

En 13 casos casos donde las niñas, adolescentes y mujeres adultas víctimas de agresión abortaron, se abrieron causas contra ellas, documentó Wambra.

“Recibí una llamada del médico rural que auxilió a una víctima porque el papá con machete en mano, acompañado de la familia, quería rescatar a la niña que había violado desde los 6 hasta los 11 años”, continúa Talía narrando el contexto desafiante donde culturalmente la agresión sexual en la familia se tapa.

Cuando se recibe una alerta, se activan la Fiscalía y el Consejo de Protección de Derechos. Desde 2022, hay tres niñas que están en la Casa de Acogida en Macas. Tienen 8, 10 y 14 años. En otros casos, sólo queda esperar: A una adolescente de 16 años, la violó el papá de su novio. Se llama Alejandra, su agresor la golpeó hasta dejarla en coma. Producto de la violación quedó embarazada. La mamá la sacó del Hospital Básico Méndez y se la llevó a Taisha. ¿Qué será de Ana Alejandra?¿Qué pasará con las niñas? se pregunta Talía.

 

¿Qué avances hay en materia de políticas públicas?

En respuesta a una solicitud de información, el Ministerio de Salud Pública (MSP) precisó que la prestación de atención en salud sexual y salud reproductiva se encuentra financiada mediante gasto corriente. El Proyecto para el Abordaje Integral de la Salud Sexual y Salud Reproductiva en Adolescentes cuenta con un monto total de $14.845.389,90 para el periodo 2023-2025 e incluye la atención y acceso al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el año 2021, la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión, impulsa la conformación de una Mesa Técnica Nacional del Ministerio de Salud, para dar respuesta a las solicitudes de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación (IVEV). Desarrollándose un total de 18 mesas técnicas para dar acompañamiento técnico a dichas solicitudes. Actualmente, la Mesa Técnica se mantiene, brinda acompañamiento y asesoría a los establecimientos de salud y se apoya con profesionales de diferentes ramas e instituciones.

Durante el 2022, la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, inició el desarrollo de “Lineamientos operativos para el acceso oportuno a Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación” hasta lograr su emisión el 04 de marzo de 2023.

MSP informó que a nivel nacional, en 23 casos, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, accedieron al procedimiento en 6 de las 9 Coordinaciones Zonales. De este total de casos, 15 corresponden a la región amazónica de la siguiente manera:

 

 

Una de las grandes demandas es de personal especializado y capacitado, para ejecutar la normativa vigente en las grandes ciudades pero también en la ruralidad. Es importante que se conozca desde la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Norma técnica de atención integral en salud a víctimas basada en género y graves violaciones a los derechos humanos – 2019, Modelo de gestión de la información – Formulario obligatorio de notificación de casos de presunta violencia de género y graves violaciones a los derechos humanos 094, hasta el Acuerdo Ministerial 267 que regula el Servicio de Primera Atención.

Actualmente, hay 237 establecimientos de salud en los tres niveles de atención. En la Amazonía, el Hospital de Orellana y el Centro de Salud INNFA de Macas, cuentan con el Servicio de primera atención para realizar exámenes periciales en casos de violencia sexual en convenio con la Fiscalía General del Estado.

El MSP informa que se han capacitado desde el mes de marzo a mayo del presente año a 372 profesionales de salud y se han realizado dos webinarios con un total de 3.570 participantes entre profesionales de salud y usuarios. Algunos temas abordan la interrupción del embarazo desde un enfoque intercultural, la desmitificación del síndrome postaborto, y el consentimiento autónomo de las mujeres adolescentes y niñas.

El MSP realizó 10 talleres y conversatorios dirigidos a los técnicos y responsables vinculados a la ejecución de la Sentencia del Caso 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional y desconcentrado (distrito, zona y establecimientos de salud), mediante actividades de socialización, sensibilización y capacitación sobre los contenidos de la Sentencia, manejo farmacológico de la interrupción voluntaria del embarazo y manejo de la Aspiración Manual Endo Uterina (AMEU) en la interrupción temprana del embarazo, con un promedio de participación en cada actividad de 100 profesionales.

Sobre la capacitación del Código Púrpura, en 2022, 41.731 profesionales de salud del MSP se capacitaron en la Norma técnica de atención integral en salud a víctima de violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos; mientras que en 2023, 1.629 servidores de la Fiscalía General del Estado, realizaron el curso virtual.

 

Cambiar el contexto de violencia

La violencia que sufren las mujeres amazónicas responde a un contexto en específico y a la presión que ejerce la industria hidrocarburífera y minería ilegal sobre los territorios ricos en petróleo y otros recursos. La contaminación ha causado un aumento en el número de abortos espontáneos, cáncer y otras enfermedades entre las mujeres indígenas. Las organizaciones de la sociedad civil piden que la metodología de violencia de género registre también estos casos.

La Alianza de los Derechos Humanos en Ecuador y Fundación Aldea denunció que la contaminación de fuentes de agua por derrames de petróleo como el ocurrido el 7 de abril de 2020 por 15800 barriles de petróleo en el río Napo y Coca, puede ocasionar pérdidas de embarazo. Los reportes sobre medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, me llevaron a Morona Santiago en 2022 donde conocí a Talía Cabrera, viceprefecta de esa provincia.

Bajo una lógica extractivista, los cuerpos de las mujeres indígenas son deshumanizados. Según cifras de la Red de Mujeres Amazónicas, las agresiones a mujeres por parte de sus parejas aumentaron un 79% entre 2021 y 2022.

Existen estudios que determina la incidencia de enfermedad y aborto por la actividad petrolera. Acción Ecológica junto a investigadores de la Universidad Andina, y Médicos Mundi del País Vasco, se encuentran realizando una investigación que vincule la relación de mujeres, salud y petróleo en un periodo de 20 años, entre 2020 a 2022.

Desde el año 2018, la Unión de Afectados por las Actividades Petroleras de la Texaco (UDAPT) y la Clínica Ambiental, realizaron un trabajo conjunto sobre los impactos del cáncer en la Amazonía, en las dos principales provincias petroleras (Sucumbíos y Orellana). En diciembre se cumplieron cinco años y se hicieron públicos los resultados en el 9° informe con el objetivo de concienciar de esta problemática a médicos, personal sanitario, políticos y comunidades.

El acceso a la interrupción legal del aborto por violación es solo una parte de la grave problemática que enfrentan las mujeres en la Amazonía ecuatoriana, territorio que aún se considera distante política y culturalmente. El reportaje recoge datos que demuestran que hay una mayor afectación a las niñas entre los 10 y 14 años, en las comunidades rurales y pertenecientes a los pueblos indígenas.

Para mejorar las condiciones de vida de las niñas y mujeres, hay que fortalecer la institucionalidad y la red de trabajo con la sociedad civil. Se debe ejecutar el presupuesto, las políticas públicas, pero sobre todo, que la Ley se cumpla para evitar la revictimización y criminalización de quienes sostienen la vida de las mujeres más vulnerables.