Otras miradas
Niñas, niños y adolescentes en el fuego cruzado: la incoherencia de la política de Daniel Noboa
Por Efigenia Witt @efiwitt
Publicado 24 de junio de 2025
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Andrés Castillo, asambleísta del partido de gobierno, ADN, propuso que adolescentes de 12 a 17 años que cometen delitos graves, tales como asesinato, sicariato o extorsión, tengan las mismas penas que un adulto. Esta reforma al Código Penal y al Código de Niñez fue incorporada de último momento, en el Proyecto urgente de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviada con carácter de urgente por el Presidente Daniel Noboa a la Asamblea, por lo que tiene un mes para ser tratada.
Organizaciones de derechos humanos y de defensa a la niñez y adolescencia observaron esta reforma y cuestionan que ADN haya incluido una reforma penal en una ley sobre gestión pública, cuando se tratan de temas distintos. También señalan que esta ley contraviene principios constitucionales e internacionales fundamentales.
En el periodo legislativo anterior, ADN votó en contra de reformar el Código de Protección a la Niñez y Adolescencia, COPINNA, que buscaba garantiza derechos para niñas, niños y adolescentes.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo No. 21 de 2025, declaró prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados organizados, terroristas o delictivos. Esta medida, reconoce claramente que los NNA son víctimas de delitos graves, como lo establece el numeral 7 del artículo 91, el artículo 127 y el nuevo artículo 369.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifican el reclutamiento forzoso.
No obstante, esta declaración enfrenta una profunda contradicción: mientras el Ejecutivo admite que los NNA reclutados son víctimas, su propio bloque legislativo impulsa reformas legales para juzgar a los adolescentes como adultos. Es decir, se intenta criminalizar a quienes fueron captados, utilizados y forzados a delinquir por criminales que aprovechan su vulnerabilidad. Esta postura es moral y jurídicamente inaceptable, además viola principios constitucionales e internacionales fundamentales.
La Constitución del Ecuador (art. 44) establece claramente que los derechos de niñas, niños y adolescentes son prioridad absoluta, y que deben ser protegidos especialmente ante cualquier forma de violencia, explotación o negligencia. Además, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral (SENDPINNA) tiene el deber de prevenir estas violencias, restituir derechos y garantizar condiciones para el desarrollo integral de los NNA. Juzgar como adultos a adolescentes reclutados es no solo una re-victimización, sino también una muestra del abandono estructural de un sistema que debía protegerlos desde mucho antes.
Estos adolescentes no solo han sido violentados por las organizaciones delictivas; también han sido víctimas del abandono estatal. Muchos viven en contextos de pobreza extrema, sin acceso real a educación, salud o vivienda digna. La desigualdad, la injusticia en la redistribución de ingresos, la demagogia institucional y la indiferencia política los empujan a las manos de los reclutadores. No castigar a los responsables del reclutamiento y, en cambio, responsabilizar a los adolescentes por delitos cometidos bajo coacción, es encubrir el fracaso del Estado en sus obligaciones esenciales.
El marco internacional también es contundente. La Convención sobre los Derechos del Niño (art. 38 y 39) y su Protocolo Facultativo obligan al Estado a proteger a los NNA de ser usados en conflictos armados, y a rehabilitarlos cuando esto ocurra. La Observación General N.º 10 del Comité de Derechos del Niño prohíbe juzgarlos como adultos. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional va más allá: considera el reclutamiento forzoso de menores como crimen de guerra.
Resulta inadmisible que el Estado, que reconoce oficialmente este delito, pretenda ahora criminalizar a sus víctimas bajo una lógica punitiva. Castigar a estos adolescentes no soluciona la violencia: la profundiza.
Ecuador debe decidir si construye una política pública coherente basada en la protección, la justicia restaurativa y la dignidad, o si seguirá atrapado en discursos huecos que castigan la pobreza y a los más vulnerables en lugar de combatir sus causas y superar los problemas.
