
Sentencia comunitaria no se respeta
En Llano Grande persisten gases tóxicos por presencia de incineradora
Por: Sinchi Gómez
Publicado 30 de mayo del 2025
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La Comuna Llano Grande, pertenece al pueblo Kitu Kara y fue reconocida con personería jurídica desde 1956. Esta comuna, aunque es parte de Quito, mantiene vivas sus tradiciones y organización social.
Llano Grande emitió una sentencia comunitaria contra la empresa G&M Tratamiento Integral de Desechos G&MCOM CIA. LTDA. por presunta contaminación ambiental. En una asamblea realizada el 12 de octubre de 2024, la comunidad reconoció que la planta de tratamiento de residuos tóxicos instalada por esta empresa impacta la salud y el ambiente, afectando la convivencia y la paz en la zona.
El pasado 26 de mayo de 2025, la Comuna de Llano Grande realizó una masiva movilización por las calles del sector exigiendo se cumpla la sentencia ya que la incineradora continúa en operaciones.
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Cuando visitas Llano Grande aún se siente el sentido de comunidad. El caos de mucha gente diversa y compleja habitando sus calles, los comercios con las caseras, las infancias que juegan y las parejas que pasean.
La Comuna Llano Grande es una comunidad indígena ancestral ubicada al norte de Quito, fundada el 23 de febrero de 1956. Integra la parroquia Calderón, la más grande del Distrito Metropolitano de Quito. Los límites territoriales que la componen por el norte son: la Quebrada Copaugtu y Tamaucu, (Landázuri); al sur, la Quebrada Chaquishcahuayco, al este pasa el Río Guayllabamba y por el oeste está la Vía Panamericana y la Avenida Simón Bolívar.
Esta comuna es muy importante para la memoria histórica de Quito y del país, al ser uno de los asentamientos ancestrales del Pueblo Kitu Kara que mantiene una gran vitalidad en cuanto a su práctica cultural milenaria que resiste en medio de la urbanidad.
Desde 2016, transitar por las calles de Llano Grande se volvió un reto, junto a la cancha de fútbol, donde se reúnen las familias a gritar los goles, y cerca de la iglesia donde el cura de la parroquia da los sermones, se instaló una empresa que tenía como fin la incineración de desechos tóxicos. G&M es una empresa que registra en el Servicio de Rentas Internas, SRI, las siguientes actividades asociadas a su Registro Único de Contribuyente, RUC: recolección de desechos peligrosos: sustancias explosivas, oxidantes, inflamables, tóxicas, irritantes, cancerígenas, corrosivas o infecciosas y otras sustancias y preparados nocivos perjudiciales para la salud humana y medio ambiente.
Entre sus servicios, la empresa cuenta con una incineradora que según información de la página web, maneja desechos como “aceites, grasas, envases, EPPs, químicos, material contaminado con hidrocarburos, aguas residuales semi-sólidas, desechos anamopatológicos, fármacos, residuos de procesos de producción, entre otros”. Sin embargo, los residuos de la incineración estarían contaminando el aire de Llano Grande.
Cuando los animales empezaron a cambiar de color de blanco a gris y las plantas de las chakras se tiznaron, todos y todas se alertaron. “Parecía como cuando cae ceniza, me topaba la cara y quedaba marcado como de hollín” dice María A, vecina de la comuna. Ante esto, la comunidad decidió conformar una comisión integrada por habitantes de la propia localidad, con diversas experticias y profesiones, quienes se encargaron de elaborar informes levantando información entre sus vecinos, se organizaron para hacer campañas de comunicación y acompañar a la comunidad en un proceso de administración de justicia comunitaria que las autoridades comunitarias lideraron: tanto para el ejercicio de un derecho, pero también ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del Ministerio del Ambiente, que tienen la competencia en estos casos.
La comisión Llano Grande sin Contaminación levantó ciento catorce testimonios de las comuneras y comuneros de los barrios San Vicente 1, San Vicente 2 y San Juan Loma 1-B. Según el informe de la Comisión Llano Grande sin Contaminación, la operación de G&M ha causado olores intensos y emisiones químicas que afectan el ambiente y la salud de los habitantes. Los comuneros han reportado a la comisión que tienen síntomas como: irritación en ojos y vías respiratorias, y aseguran que estos problemas persisten pese a denuncias que pobladores de la Comuna han hecho frente a autoridades locales y nacionales.
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En busca de justicia
La comunidad en uso de sus derechos colectivos y bajo la jurisdicción de la justicia indígena reconocida en la Constitución de Ecuador en el Art 171, decidió asumir el caso mediante un proceso propio. Se instalaron Asambleas comunitarias de las que participaron cientos de comuneros y comuneras, demostrando que pese a la urbanidad, la práctica comunitaria ancestral se mantiene. El 22 de junio de 2024, la Asamblea General determinó el inicio del proceso de justicia comunitaria, a la cabeza de este proceso estaría el Cabildo, liderado por Alberto Suquillo Morales. La Asamblea elaboró una primera resolución de la cual se desprende una convocatoria a la Empresa G&M para que ejerza su derecho a la defensa, pero la empresa no asistió a las asambleas que siguieron.
La primera resolución señalaba que G&M afecta la salud y el ambiente de la comuna, violando principios del Sumak Kawsay (Buen Vivir) y derechos fundamentales como la Consulta Previa. Por lo tanto, la Comuna exigió a la empresa tomar medidas inmediatas para remediar el daño ambiental y respetar los derechos de la comunidad a un ambiente sano. Además, mencionó que se requiere la participación comunitaria en cualquier proyecto o ampliación de las instalaciones de G&M y una compensación para las familias afectadas. También ratificó el respeto al Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada que ampara a los pueblos y nacionalidades.
La empresa respondió negando las acusaciones de contaminación y argumentando que cumple con las normas ambientales. Sin embargo el 31 de agosto de 2024, la Secretaría de Hábitat y Ambiente del Municipio de Quito informó el inició del proceso de suspensión temporal de la Licencia única de Actividades Económicas (LUAE) para la empresa; esto a partir de una decena de denuncias ciudadanas y el posterior informe del Cuerpo de Bomberos de Quito. El Municipio también puso una denuncia, por contaminación del aire y daños a la salud, en Fiscalía, luego de comprobar que el aire de Quito sí está contaminado y no solo en Llano Grande, sino que la afectación llega por lo menos hasta el sector Ciudad Bicentenario.
La comunidad se reunió en tres ocasiones más, instalando grandes asambleas que llenaron el espacio de la Casa Comunal, tanto que tuvieron que instalar carpas y alto parlantes para que los comuneros y comuneras puedan participar del proceso de Justicia Comunitaria, que finalizó el pasado 12 de octubre de 2024. La justicia comunitaria resolvió una sentencia que contiene 15 puntos, entre los que destacan:
Actualmente, Llano Grande continúa exigiendo que las autoridades respeten su sentencia comunitaria y realicen las acciones determinadas en la sentencia para que solucionen esta situación de manera definitiva.
Después de la sentencia emitida en octubre de 2024, la comunidad ha realizado múltiples movilizaciones pacíficas, pedidos formales a las instituciones competentes y mantienen activa la campaña “Llano Grande Sin Contaminación”. El reclamo se centra en el abandono de las autoridades hacia este caso y el incumplimiento de los entes de control. Una de estas movilizaciones se realizó el pasado 26 de mayo de 2025. La Comuna de Llano Grande recorrió las calles del sector, exigiendo que se cumpla con la sentencia, ya que la incineradora continúa en operaciones.
El caso de Llano Grande y la sentencia comunitaria reflejan la importancia de la justicia indígena en Ecuador y el conflicto entre los derechos colectivos y los intereses empresariales. Los representantes de la comuna mencionan que se mantienen firmes en su decisión y en la defensa de su ambiente, sus derechos, y su identidad cultural.