La mirada de las mujeres esmeraldeñas a las múltiples violencias en contextos de criminalidad

 

 

Por: Lucrecia Bone Lemos  @lucrecia_bone

Publicado 25 de julio 2024

 

 

Esmeraldas es una provincia con una variedad de riqueza natural. Poseemos uno de los manglares más altos del mundo ubicado en la reserva ecológica de Capayas-Mataje, tenemos un ritmo que está arraigado en la gente: la marimba, patrimonio cultural inmaterial. Tenemos varias playas de gran belleza y verdor. Aquí la gente se despierta todos los días con entusiasmo para luchar por un futuro digno para sus familias, a pesar de la violencia, la desigualdad y el racismo estructural.

Este texto es una invitación a escuchar las voces de mujeres afrodescendientes que piensan, sienten y viven esta tierra, sus necesidades y luchas diarias para acceder a salud sexual y reproductiva; a educación y a vivir vidas libres de violencia.

 

***

 

La última vez que participé en una reunión nocturna de amigos fue en el barrio de las Palmas en 2021. En aquella época íbamos recobrando la normalidad luego de la pandemia de Covid-19 y teníamos la esperanza de volver a reencontrarnos. Recuerdo que aquella noche bailamos salsa; uno de los géneros más escuchados por estos lares. La gente movía su cuerpo alegre y el viento cálido de la playa nos abrigaba el alma. No sabíamos que en un abrir y cerrar de ojos todo cambiaría. En Ecuador la violencia se disparó en un 500% del 2016 al 2022 según, Insightcrime un sitio de Internet especializado en temas relacionados al narcotráfico y criminalidad en América Latina. En 2022, Ecuador fue el décimo país más violento de Latinoamérica y el Caribe, según este mismo sitio, con un aumento de 82% en los homicidios frente al año 2021.

En los últimos tres años, Esmeraldas se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del Ecuador, está catalogada como la tercera más violenta de América Latina, con más homicidios, 81 muertes por cada 100 mil habitantes. El promedio nacional es 22 por cada 100 mil habitantes.

En estos últimos años Esmeraldas se ha visto azotada por una ola de violencia, la misma que ha causado cambios profundos en la vida de las mujeres y un impacto en los derechos humanos de sus habitantes.  Este artículo se propone recoger las voces de las mujeres que día a día luchan por una vida digna y pacífica en medio de la incertidumbre a la que viven expuestas.

Este dato es importante no sólo para recalcar la situación de inseguridad y violencia sino para entender las dificultades a las que se enfrentan lxs esmeraldeñxs, y en especial las mujeres. Esta problemática se debe a la expansión de grupos narcodelictivos que operan en Ecuador y que se han situado en esta cabecera cantonal disputando el territorio. Como resultado de esto, se han dado varios hechos violentos como: asesinatos por sicariato, personas decapitadas, incendios de automóviles, extorsiones, balaceras y, por último, las pandillas que perpetran ataques contra funcionarios públicos y políticos. Durante el año 2023 seis funcionarios de la prefectura  fueron asesinados.

En 2019 la tasa de homicidios era de 10 por cada 100.000, según InsightCrime, pero esta subió vertiginosamente en los últimos tres años. Los asesinatos han aumentado a medida que aumentan los volúmenes de droga que pasan por el territorio nacional. Según el boletín semestral de homicidios intencionales en Ecuador que sacó el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), “los homicidios con armas de fuego, principalmente utilizadas por organizaciones criminales, se duplicaron a partir del primer semestre de 2021, 107.46% continuaron la tendencia en el mismo periodo de 2022, 154.10%, y presentaron un incremento entre enero y junio de 2023, 79.56%. De igual manera, si se evalúa el crecimiento desde el primer semestre de 2019, 318 casos con armas de fuego hasta el mismo periodo del 2023, “3171 casos”, los homicidios intencionales con este tipo de arma crecieron un 897%.

En 2022, solo en Esmeraldas se registraron 500 muertes por asesinatos. Según el diario Primicias, entre enero y junio de 2023, en esta provincia fueron asesinadas 220 personas. Mientras que en el mismo período de 2024 la cifra es de 104. La reducción es del 52,73%.

El 11 de abril de 2023 en el puerto pesquero de las Palmas, un grupo delictivo masacró a 9 personas y 4 personas fueron heridas mientras laboraban en la mañana. Todos estos asesinatos fueron con arma de fuego. A pesar de todo la gente sale a trabajar con la incertidumbre de que puedan ser atacados nuevamente por estos grupos.  

 

.

Desde el 2021 al 2023 se declararon 5 estados de excepción en la provincia de Esmeraldas. En julio de 2023, luego de la arremetida violenta de buses incendiados, amotinamiento en la cárcel y balaceras, se declaró uno más de los estados de excepción, y el 9 de enero del 2024 se declaró el estado de excepción por el conflicto armado interno.

Esmeraldas se convirtió en un punto álgido de violencia, narcotráfico y actividad criminal debido a su ubicación fronteriza con Colombia y su acceso al Océano Pacífico; pero la militarización vía decretos de estado de excepción no ha logrado una real solución a la problemática que está sufriendo la población. La solución real no está en las restricciones sino en una inversión tanto en seguridad ciudadana como en políticas públicas sociales que permitan el desarrollo de la provincia y de sus habitantes. La gente necesita agua y saneamiento y  una mejor calidad de vida.

 

  

El impacto de violencia y el abandono escolar

 

La violencia y la criminalidad tiene un impacto en la vida de niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Uno de los efectos más fuertes es el acceso a la educación. La tasa de abandono escolar en la provincia es de un 4,02%, mientras que el promedio en el Ecuador es de 2,11%, según los datos abiertos del Ministerio de Educación, MINEDU.

Según el diario Primicias en el último ciclo escolar, las unidades educativas de Esmeraldas recibieron a 172.226 estudiantes, una cifra muy lejana a los 182.159 del período 2017-2018 y a los 212.681 de 2014-2015. En la página del Ministerio de Educación se visualiza que en el periodo escolar 2022-2023, los estudiantes matriculados fueron 65.297 mientras que para el periodo 2024-2025 sólo se han matriculado 58,612 estudiantes. 

La problemática del abandono escolar tiene que ver con que los niños no ven un futuro en la escolarización. Para muchos de ellos es más importante buscar recursos para cubrir las necesidades básicas. Por eso ven en estas pandillas una posibilidad para ganar dinero.

El 15 de noviembre del 2022 un estudiante fue abatido en los exteriores del colegio Eloy Alfaro, por esta razón se recurrió al “Plan Escuelas Seguras”. Este es un plan que representa un esfuerzo importante para proteger a los estudiantes en la provincia. A pesar de esto aún persisten desafíos para garantizar su plena seguridad. Los docentes y estudiantes enfrentan zozobra constante a pesar de esta iniciativa, por la falta de medidas integrales.

Rocío Lemos Padilla, maestra jubilada de la Unidad Educativa Alfonso Quiñonez George, dice que la iniciativa “Escuelas Seguras”, es una medida de seguridad necesaria, pero es un cuidado paliativo, porque no hay un resguardo al 100%.

 

Pobreza, racismo y violencia estructural

El 40% de la población de Esmeraldas es afrodescendiente. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2021, Esmeraldas tiene una tasa de pobreza por ingresos del 52,9%. Esta cifra evidencia el abandono estatal en el que vive la provincia desde hace varios años y las enormes brechas de desigualdad en la que está sumida su población. Diversos factores contribuyen a esta realidad, por un lado la falta de inversión pública y por otro lado la discriminación racial que  han contribuido a que se vean limitadas las oportunidades de acceso a educación, empleo y vivienda digna.

Antes de la pandemia, uno de los tantos medios de vida de lxs habitantes era el trabajo autónomo. La venta de comida típica es uno de los focos de la economía así como el turismo en sus balnearios. Esto se vio paralizado por la creciente escalada de violencia, sin embargo, con la militarización de las calles se ha normalizado la actividad comercial y se han activado los sitios de diversión.  Esto no quiere decir que las llamadas  vacunas hayan cesado, pero la gente respira un aire de más seguridad según nos cuentan algunos moradores del barrio la Tolita 2 ciudadela que está ubicada al sur de la ciudad.

 

 

 

La violencia y  el efecto en la vida de las mujeres

Para Dayana Zamorano, trabajadora social y activista feminista por el aborto legal, lo que vive Esmeradas es producto de la “violencia estructural que afecta a las mujeres específicamente. No hay presencia estatal en el territorio y eso se evidencia en una  ausencia de derechos a la población”. A nivel nacional, dice la activista, “el Estado otorga derechos a otrx ciudadanxs, pero cuando hay cierta población que no tiene acceso a estos derechos hablamos de un racismo de Estado, y una precarización de la vida”. 

Entender la magnitud de la violencia que viven las mujeres en la provincia es necesario para poder visibilizarla. Para esto es clave la estadística, no sólo para la creación de política pública, sino para entender desde las diferentes voces lo que se siente vivir en este territorio y, en especial, ser mujer esmeraldeña en contexto de violencia y criminalidad.

Meury Vera, representante del Colectivo de Mujeres “Esmeraldas por la Vida”, menciona que las instituciones no tienen un enfoque de derechos para tratar el tema de violencia contra las mujeres. “Los técnicos nunca llegan al territorio para conocer las realidades de lxs habitantes ni para potenciar estrategias desde la urgencia de la gente” dice la activista, “para las mujeres esmeraldeñas la violencia ha escalado, y ha alcanzado niveles nunca antes vistos: Nosotros éramos una población que vivía en paz, en armonía, éramos felices. Ahora nos han quitado esa tranquilidad. El Estado no ha intervenido. El Estado es deudor”

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunió el colectivo de la Red de Mujeres Afros y Diversas, la misma que está constituída por mujeres de diferentes organizaciones. Esta red impulsa talleres, ferias de emprendimientos y capacitaciones.

La Red de Mujeres Afro y Diversas de Esmeraldas ha expresado su preocupación por la falta de un enfoque de derechos en las unidades de género de la Fiscalía. Critican que los funcionarios a cargo de estas unidades no están suficientemente capacitados para atender las necesidades de las mujeres.

La Red señala que es fundamental que exista una colaboración interinstitucional para desarrollar e implementar políticas públicas efectivas que aborden la violencia contra las mujeres. Enfatizan que estas políticas no pueden diseñarse desde un escritorio, sino que deben basarse en la realidad. Para eso lxs funcionarixs deben salir al territorio y mirar de primera mano los conflictos en el que viven muchas mujeres.

Por otro lado, en la provincia hay elevados niveles de desigualdad, y esto ha hecho que los Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas Forzadas “MUITF”, sean una práctica común. Un estudio llevado a cabo por El Centro de Planificación y Estudios Sociales, CEPLAES en 2023, muestra que los MUITF están relacionados con las condiciones de desigualdad de género. En Esmeraldas, el 61,7 % de niñas y adolescentes mujeres están en condición de pobreza por ingresos y el 35,7 % de las mujeres de 18 a 49 se habían casado o unido antes de los 18 años.

La alta tasa de deserción escolar hace que las niñas y adolescentes permanezcan en situación de vulnerabilidad frente a los MUITF.  El Estado no tiene una política pública  para prevenir estos casos y para sancionarlos, y esto se da con más fuerza en los sectores rurales.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, ENVIGMU, lanzada en el 2019, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, en el rango de 15 años y más, habían experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia, en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. En Esmeraldas hay una proporción del 68,2%.

La Red de Mujeres ha expresado su preocupación sobre la ineficacia de la política de salud actual en Ecuador, particularmente en lo que respecta a su impacto en  seguridad y el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes. Esto implica que no haya información sobre servicios de salud sexual y salud reproductiva y el acceso a los mismos en los centros de salud.

Mery Zamora de la Red dice que “La política de salud no funciona en el territorio. Si las políticas fuesen diseñadas para ser ejecutadas de manera efectiva evitaremos embarazos no deseados. Se ubica en puestos políticos a gente que no tiene conocimiento y no tiene experiencia de la realidad en la que vive la población”. Todos estos factores influyen para que las mujeres, niñas y adolescentes queden expuestas a contextos de mayor violencia e inseguridad.

El femicidio se tipificó en 2014 en Ecuador y, desde ahí, organizaciones no gubernamentales, como ALDEA, han hecho cartografías para evidenciar esta problemática social. Los femicidios en contextos criminales superan 130 a los femicidios íntimos, sexuales, 96 y transfemicidios, 14.

La directora de ALDEA, Geraldine Guerra, nos habla de femicidios en sistemas criminales. La activista dice que “se está usando la categoría de femicidios en sistemas criminales como un acuerdo de las organizaciones de América Latina, ya que está pasando lo mismo en toda la región; por eso se cambió el término delincuencia organizada a femicidio en sistemas criminales”. Esto engloba sicariato y vacunas que pertenecen a bandas delictivas. Es femicidio porque las mujeres que asesinan son las mujeres más empobrecidas, mujeres racializadas y sus cuerpos son usados como despojo, concluye Geraldine.

En el Ecuador durante el año 2024 hubo 108 muertes violentas de mujeres por razones de género. Aquí en Esmeraldas se registraron 6 casos.

 

 

Según el abogado Novotny Mendez, miembro principal de la Junta Cantonal de Protección de Derechos en la provincia de Esmeraldas se han otorgado las medidas administrativas correspondientes al número de denuncias según lo dispone la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM); vigente desde 2018. Estas medidas permiten a las mujeres salvaguardar su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial.

.

 

 

Yoli Márquez Cetre está al frente de la vicealcaldía  y también de la Casa de Acogida Marimba, para ella lo que se vive en Esmeraldas tiene un impacto en la vida de las personas, especialmente en la vida de las mujeres. “Nosotras tememos por nuestras vidas todos los días”. El trabajo que se hace desde la municipalidad, específicamente desde la Dirección de Desarrollo Comunitario y Acción Social es ayudar a las mujeres sobrevivientes de violencia de género.  De aquí nace la Mesa de Género, y desde ahí se coordina con diferentes instituciones otras acciones.  A la Casa de Acogida Marimba llegan mujeres referidas desde todos los cantones de la provincia; especialmente desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la Fiscalía y otros actores involucrados.

 

 

.

Derechos sexuales y reproductivos, acceso al aborto en contexto de violencia en Esmeraldas

En Esmeraldas las mujeres y niñas enfrentan una situación crítica en lo que respecta a sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente en lo que concierne al acceso al aborto seguro en contextos de violencia. Diversos factores interconectados, como la pobreza, la desigualdad de género, la falta de educación sexual integral y las barreras legales y sociales, obstaculizan el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales. Además de la falta de una política pública que garantice los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Durante el año 2023 se reportaron 1494 casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años, según datos de la Matriz de Registro de Casos de Presunta Violencia de género y graves violaciones a los derechos humanos. 

Los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información del Sistema Nacional de Salud (DNEAISNS) revelan que: entre enero y agosto de 2023, se registraron 185 niñas embarazadas en Esmeraldas, todas con apenas 14 años de edad. Estas 185 niñas fueron víctimas de violación sexual que no pudieron acceder a un aborto legal, a pesar de estar dentro de las causales permitidas por la ley en Ecuador.

Según la DNEAISNS los partos de niñas menores de 14 años en Esmeraldas 2021, 2022 y 2023 fueron: 260, 280 y  191  en cada año. El total de abortos en menores de 14 años fue de 13 en el 2021, 26 en el 2022, y 12 en el 2023.

Es decir que después de la sentencia de 2021 que dictó la Corte Constitucional 34-19-IN/21 que despenaliza el aborto en el Ecuador en casos de violación, apenas 54 menores pudieron acceder a una interrupción voluntaria de embarazo en Esmeraldas entre 2021 y 2023, de las 731 que parieron embarazos productos de violación. En esta provincia no se reportaron solicitudes para acompañamiento del aborto según el reporte que realiza la organización Surkuna lanzado en el año 2021.

A pesar de que la problemática del embarazo en niñas y la necesidad de acceder a un aborto legal en la provincia de Esmeraldas es una realidad preocupante, no existen recursos disponibles para afrontarla. En Esmeraldas las mujeres que abortan a menudo enfrentan discriminación, vergüenza y culpa, lo que puede tener consecuencias psicológicas y sociales devastadoras. Además, hay una profunda estigmatización del aborto por parte de la población. El estigma puede disuadir a las mujeres de buscar atención médica segura y llevarlas a la clandestinidad, lo que puede poner en riesgo su vida y su salud.

Es importante recordar que el aborto es una decisión personal y compleja que las mujeres toman por diversas razones. No hay una respuesta única para la pregunta de si el aborto está bien o mal, y cada mujer puede tomar su propia decisión con base a sus propias circunstancias. Es importante que las mujeres tengan acceso a información precisa y objetiva sobre el aborto, así como a servicios de aborto seguros y legal dentro de sus territorios teniendo en cuenta el enfoque de interculturalidad y de derechos humanos para que no sean revictimizadas.

 

Wendy Mosquera, de la Red de Mujeres Afrodescendientes de Esmeraldas nos da su opinión alrededor del aborto por violación.

Es cierto que las mujeres negras son las más criminalizadas por abortar y las que menos acceso han tenido a un aborto seguro. Esta situación se debe a una serie de factores, entre ellos racismo estructural y criminalización del aborto.

 

 

Amadita Cortez es integrante de MOMUNE Movimiento de Mujeres Negras de Esmeraldas, organización creada para conocer la realidad socioecónomica de las mujeres en el norte de la provincia. En ese cantón hacen incidencia política desde hace varios años. Ellas trabajan contra la violencia machista y el empoderamiento femenino a través de talleres sobre autoestima. Ella comenta que la falta de trabajo y de oportunidades ha llevado a que la provincia esté inmersa en esta ola de violencia.

Para Tamara Tenorio, trabajadora social y activista por el aborto en Esmeraldas “las mujeres negras son las más criminalizadas por abortar y son las que han tenido menos acceso al realizarse un aborto en condiciones de salubridad. Las mujeres negras no han tenido ese privilegio de tener un aborto seguro.”

Para esta activista, los grupos fundamentalistas argumentan que al legalizar el aborto todas las mujeres van a querer abortar y esto recae como un estigma. Por otro lado, también pesa el lado religioso con un fuerte componente moral. La religiosidad pesa muchísimo en los cuerpos de las mujeres. Ella dice que en la población existe un desconocimiento de la legalidad del aborto en caso de violación. Es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, MSP, dar información sobre la ley en los diferentes territorios, pero esto no se cumple.

La posibilidad de haber alcanzado una sentencia favorable en la Corte Constitucional para el aborto por violación ha sido un aliciente para seguir luchando por un acceso a un derecho, pero en la provincia hace falta socializar la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo por Violación, IVE.

Según indica el Plan Intersectorial para Prevenir y erradicar el Embarazo en Niñas y Adolescentes, PIPENA “los esfuerzos y los recursos para prevenir el embarazo en adolescentes, suelen centrarse en el grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte debido al embarazo y el parto, son de 14 años o menos.”

Por otro lado la Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información del Sistema Nacional de Salud registra la atención por consulta externa a 185 embarazadas durante el periodo de enero a agosto del 2023; siendo Esmeraldas la cuarta provincia con mayor número de embarazos en niñas de 14 años.

Según la política pública PIPENA, los embarazos en adolescentes menores de 14 años, tienen una relación directa con la violencia sexual, adicionalmente el sistema de salud y la Fiscalía General del Estado registran que entre el 30% y 50% de los casos reportados sobre violencia física, sexual o psicológica corresponden a niñas, niños, adolescentes. En el MSP de Esmeraldas hubo 680 atenciones por consulta por violencia física, sexual o psicológica a menores de 0 a 19 años de edad entre 2021 a agosto del 2023 indica el DNEAISNS.

Para las mujeres esmeraldeñas ha sido difícil adaptarse a una realidad de violencia. En esta ciudad el espacio público era su punto de socialización. A través del último estado de excepción las personas han recobrado la normalidad ya que pueden salir a trabajar y a hacer deporte como antes en el concurrido parque infantil que queda ubicado en el centro de la ciudad. Se ha activado la economía y han podido recobrar la dinámica que antes llevaban, sin embargo, tienen claro que la situación no cambiará sin una inversión en política social y un cambio estructural que trabaje en la raíz del problema que es la pobreza en la que viven la mayoría de habitantes .