4 niños fueron detenidos, golpeados y desaparecidos por militares
¿Por qué familiares denuncian una desaparición forzada?
Por: Ana Acosta @yakuana
fotografías: Gabriela Peralta
Publicado 23 de diciembre de 2024
Josué, de 14 años; Ismael, de 15; Saúl, 15; Steven, de 11 están desaparecidos. El 8 de diciembre, los cuatro niños salían de jugar fútbol en la cancha cerca del Mall del Sur en Guayaquil, fueron a una panadería a comprar. Militares que realizaban un operativo en el barrio, los persiguieron, dispararon al aire y los detuvieron.
«Papá, los militares nos cogieron en el Mall del Sur. No estábamos haciendo nada. Se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire. Nos maltrataron y nos dejaron botados por allá desnudos”, es lo que recuerda que le dijo Ismael a su madre en la última llamada que recibió.
Un video del Ecu 911, presentado en la Asamblea Nacional, muestra que al menos diez militares, con traje de camuflaje, fusiles, máscaras negras, persiguen a un niño, que sería Ismael, otro niño ya está detenido, los golpean y se los llevan en la camioneta blanca sin placas.
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«Tuve que rogarle a la Fiscal que nos dejara ver dos minutos del vídeo donde militares golpeaban a los chicos más pequeños de 11 y de 14, uno de ellos mi hijo, donde los militares hacían el abuso de autoridad», cuenta el padre de Josué e Ismael, en una de las primeras entrevistas que concedió a la cadena televisiva Ecuavisa.
Según el testimonio del padre, un hombre les llamó a decir que sus hijos estaban cerca de la Base Militar de Taura, golpeados y desnudos y les dijo que vayan a retirarles. Les mandó una ubicación en el celular que daba a la Base de Taura. Luego, la misma persona les dijo que no debían avisar a la Policía y que “las mafias se los llevaron”. Eso fue lo último que supieron de su hijos y los otros niños.
El Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil, CDH, junto con la familia de los menores presentó una demanda de hábeas corpus y pidió una acción urgente al grupo de trabajo de desaparición forzada de la ONU. Para esta organización, este caso debe investigarse como desaparición forzada y no como secuestro, como inicialmente se hizo.
Se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado (militares, policías u otros) o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado. La desaparición está seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la persona, lo que impide a la víctima ser protegida por la ley. Esto según la definición de Naciones Unidas.
Después de 13 días de la desaparición de los niños, el 22 de diciembre, Jaime Vela, Jefe de las Fuerzas Armadas; Victor Zárate, Comandante de la Policía; Gian Carlo Lofredo, ministro de Defensa; Mónica Palencia, ministra del Interior; José de la Gasca, ministro de gobierno; se pronunciaron, a través de un video. «Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias», dijo Gian Carlo Lofredo, Ministro de Defensa.
Sobre esto, Billy Navarrete, Director Ejecutivo, del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, en una Rueda de Prensa, explicó: “No nos queda duda de que hay una desaparición forzada explícita en este caso. Y eso pensando en las propias declaraciones del ministerio de defensa que señala que estos chicos, hay evidencia en video, fueron embarcados en una patrulla militar, y que fueron sacados del cantón. Este hecho ya resulta una detención arbitraria, porque no habría méritos para sacarlos de esta jurisdicción y llevarlos, presumiblemente, a Taura.”
¿Por qué hablar de desaparición forzada?
- Los militares detuvieron a los 4 niños en un operativo de seguridad ordenado por una autoridad pública.
- Cuando los militares detuvieron a los 4 niños, la responsabilidad de su vida estaba en sus manos. La ropa de los niños fue encontrada en la base militar.
- La desaparición forzada implica el involucramiento de un funcionario público, en este caso están involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.
- Este no es un caso aislado, hay más casos similares y responden a la política de militarización del gobierno.
- Hay un perfilamiento racial en los operativos que pone en riesgo a los niños, por ser afrodescendientes y de barrios empobrecidos.
- Al ser una grave violación de derechos humanos este delito no prescribe.
En la Base Militar de Taura encontraron la vestimenta de los niños, por lo que la base fue allanada, el 23 de diciembre, por orden de la Fiscalía.
El caso se encuentra siendo investigado por la Unidad Especializada en investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de Guayaquil, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, en Quito. Esto, para Billy Navarrete, es indispensable, ya que la anterior fiscal “no supo manejar el caso” y lo estaba investigando como secuestro, omitiendo que en el caso hay funcionarios públicos, de las Fuerzas Armadas, involucrados: “Nosotros hemos reclamado que durante varios días, me refiero a más de una semana, esta Fiscal que estuvo a cargo del caso, les pidió a la familia que mantengan silencio; y así lo hicieron con las indicaciones. Nosotros decimos que eso no era posible que salga de una funcionaria”
Además, denunció que policías fueron a la vivienda de las familias de los niños a tomar fotografías “Rogamos que se respete y se brinde protección a las familias que están pidiendo el paradero de sus hijos”, dijo Navarrete.
Para Fernando Bastias, abogado del CDH, lo que ocurrió el 8 de diciembre con la desaparición de los cuatro niños no es un hecho aislado en Ecuador, “las graves violaciones a derechos humanos que estamos viendo, son el resultado de una política ejecutiva de la mano dura, del punitivismo, de la militarización sin control y encubridora, por parte del gobierno central”
Esto, para el abogado defensor de derechos humanos es algo que es producto de la declaratoria del conflicto armado, “ desde el día uno, organizaciones de Derechos Humanos de todo el país, alertamos que la declaratoria del conflicto armado interno, sin que exista conflicto armado interno, generaría el incremento de graves violaciones a derechos humanos”. Para las organizaciones la crisis de seguridad no se combate con la militarización de la sociedad. Esto es algo que lo ha recordado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre los estados de excepción, y dos informes de Naciones Unidas, uno realizado en julio de 2024 por el Comité contra la Tortura y el segundo, en agosto de 2024, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Bastías lo dijo con fuerza: “Si los medios de comunicación y las actores políticos quieren indígnarse de los cuatro niños de las Malvinas, indígnense por la causa de esto: y es la política ejecutiva de militarización sin control y sin ningún tipo de fiscalización.”
En diversas ciudades convocaron a plantones, el lunes 23 de diciembre, exigiendo la aparición con vida de los cuatro niños y exigiendo al gobierno de Noboa, Fuerzas Armadas y Policía respuestas.
Cientos de personas realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Ecuador, en Quito.
