DERECHOS
Justicia a cuestas: 20 años después se retoma el Caso González y otros
Por: Gabriela Peralta @gaperalta07
Publicado 16 de mayo de 2024
La Corte Nacional de Justicia retomó el Caso González y otros, también conocido como Caso Fybeca, emblemático en materia de derechos humanos en el país. Después de más de dos décadas de espera, la justicia ecuatoriana lleva a juicio a cuatro expolicías, acusados de la desaparición forzada de tres personas detenidas durante un presunto intento de asalto a una sucursal de las farmacias Fybeca en Guayaquil, en 2003.
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Han transcurrido más de 20 años desde el 19 de noviembre de 2003, fecha en que ocurrió el conocido Caso Fybeca. Según la versión oficial, aquel día se produjo un intento de asalto en la farmacia Fybeca de la Ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil. De manera coincidente, un grupo de policías que transitaba por el lugar habría intervenido al percatarse de la situación. Los policías entraron a la farmacia y se enfrentaron a tiros con los supuestos asaltantes. Como resultado de eso, se registraron ocho víctimas mortales y cuatro personas detenidas, tres de ellas desaparecidas tras su arresto. Sin embargo, una investigación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, publicada en 2004, cuestionó la versión oficial. Según sus hallazgos, no hubo tal intento de robo en la farmacia, sino “una cita concertada para matar” a ciudadanos.
Las ocho víctimas mortales identificadas son José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López, Raúl Salinas Chumacera, Miguel Ángel Quishpe Portillo, Richard Tello Jácome, Genny Aguilar Vargas, Carlos Andrade Almeida (pastor evangélico-cliente), y Jimmy Córdova Encalada (mensajero de farmacia). Las cuatro personas detenidas por la Policía fueron Johnny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela, Erwin Daniel Vivar Palma y Seydi Vélez Falcón. Sin embargo, la Policía únicamente reportó la detención de Seydi, quien fue condenada, en 2006, a seis años de prisión bajo sospecha de participar en el presunto asalto. Los otros tres detenidos desaparecieron.
Gráfica alusiva a la reconstrucción de los hechos del Caso Fybeca, en el Museo de la Memoria. Fotografía: Carol Bolaños. Quito, 2024.
Según el CDH, en la noche del miércoles 19 de noviembre de 2003, María Dolores Guerra, cónyuge de Johnny Gómez, recibió dos llamadas a su celular. En una de ellas, María escuchó la voz de Johnny, quien le advirtió: “Mija, estoy en los patios de la PJ metido en un carro rojo, ven, entra hasta el fondo. Me van a matar”. A la par, Iván Mata Valenzuela recibió tres llamadas de su hermano César Mata. César le dijo a Iván que también estaba detenido en la Policía Judicial y que lo iban a matar. María Dolores Guerra, luego de las llamadas, acudió a la Policía Judicial, averiguó el paradero de Johnny, pero los agentes estatales le informaron que no se encontraba en el lugar. Esa misma noche, tanto María Dolores como Iván denunciaron la desaparición de sus familiares ante la Fiscalía, ubicada dentro del Cuartel de la PJ.
María Dolores identificó a su esposo entre los detenidos por el presunto asalto, a través de una fotografía capturada por Martín Herrera para el Diario El Universo y publicada el 20 de noviembre de 2003. La fotografía fue crucial, ya que en esta se divisa a Johnny siendo trasladado a un auto rojo con el rostro cubierto por su propia camiseta, mientras era sujetado por un policía vestido de civil que llevaba un arma en la cintura. Este civil fue identificado como Erick Salinas, un exagente de la Policía Judicial actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana.
Fotografía de Martín Herrera para Diario El Universo, donde se visualiza a Johnny Gómez, desparecido, ser detenido por Erick Salinas, expolicía.
El 24 de noviembre, Mireya Dolores Vélez, actualmente ex esposa del detenido-desaparecido Erwin Vivar Palma y tía de Seydi Vélez Falconez, denunció la desaparición de su cónyuge y la incomunicación con su sobrina Seydi, detenida en los calabozos de la Policía Judicial. Días después, el CDH tuvo acercamiento a la joven. Seydi declaró ante un juez que Johnny y César, quienes aún están desaparecidos, estuvieron con ella en un vehículo de color rojo. Además, indicó que les facilitó su celular para que pudieran comunicarse con sus familiares.
El 2 de diciembre de 2003, la Inspectoría General de Policía presentó un informe donde resaltó que los mandos policiales no ordenaron una investigación del caso, que el líder del operativo en la farmacia Fybeca, el Mayor Eduardo González, “no pertenecía al comando local y que actuó sin conocimiento ni autorización de los mandos jerárquicos de la policía”. También cuestionó la participación de Erick Salinas, expolicía, en el operativo. Además, la Inspectoría subraya que hubo un procedimiento inadecuado por parte de los agentes, ya que “no se racionalizó el uso progresivo de la fuerza y de las armas”. A la par, informes del Servicio de Investigación Técnica dan cuenta de que no existió un enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y los agentes policiales.
«Las Dolores», Dolores Vélez, Dolores Briones y Dolores Guerra, esposas de los tres desaparecidos, buscaron llevar a juicio a los policías involucrados en el operativo, pero el 17 de diciembre de 2003, el entonces agente fiscal de lo Penal del Guayas, Carlos Pérez Asencio, se abstuvo de acusar a los policías Sergio Gaibor Bósquez y Erick Salinas Monge.
En 2003, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción creó una Veeduría para supervisar la investigación sobre el operativo en el caso de la farmacia Fybeca. En febrero de 2004, esta Veeduría presentó un informe que destaca que “los abatidos el 19 de noviembre…constituyen ejecuciones extrajudiciales realizadas con ensañamiento y elevada crueldad”. Se afirma, además, que los hombres que allí murieron con antecedentes delictivos o sin ellos, no murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, sino que fueron blancos seleccionados para ser eliminados, “la mayoría ejecutados y rematados en el piso, por la espalda”.
Según una noticia de Diario El Universo, el entonces fiscal Héctor Vanegas, el 5 de marzo de 2004, emitió un dictamen acusando a los desaparecidos Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar, así como a la detenida Seydi Falcones, de ser coautores del robo a la farmacia Fybeca. El 6 de abril de 2004, “el ministro fiscal de la Policía, Cristóbal Mantilla, se abstuvo de acusar al mayor Eduardo González Flores, oficial que dirigió el operativo Fybeca (…). Tampoco responsabilizó a los otros 19 gendarmes …”, así lo detalla Diario El Expreso en una nota periodística.
El Informe de la Comisión de la Verdad, Ecuador 2010. Sin verdad no hay justicia señala que, el 28 de abril de 2004, Luis Castro Saquicela, presidente de la Segunda Corte Distrital de la Policía, emitió las boletas de libertad para catorce oficiales de Policía detenidos por el operativo en la farmacia Fybeca, argumentando que “los policías liberados (…) solo cumplieron labores de resguardo del lugar y para evitar desorden en los exteriores de la farmacia, la mañana del 19 de noviembre”. Dos días después, tras fijar una fianza, la misma autoridad ordenó la libertad de los seis oficiales restantes.
De acuerdo con el mismo informe, el 24 de septiembre de 2004, los jueces de la Segunda Corte Distrital de la Policía Nacional, Germán Brito Ramos, Nicolás Sandoval Molina, Jorge Vaca Peralta y Zhuppi Paredes Samaniego, dictaron auto de sobreseimiento definitivo a favor de todos los oficiales implicados en el caso de la farmacia Fybeca. La decisión, tomada sin suficientes fundamentos y desestimando los reclamos de los familiares de las víctimas, exoneró a los oficiales de cualquier responsabilidad en el caso.
En 2005, la Defensoría del Pueblo declaró que los acontecimientos en la farmacia Fybeca constituyeron actos contrarios a los derechos humanos, y que los agentes policiales que actuaron en el operativo son responsables en calidad de autores de la violación de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica de las personas.
La Comisión de la Verdad también señala, de acuerdo con la versión oficial, que un grupo de policías se percató e irrumpió un presunto asalto en la farmacia, “viéndose obligado a abrir fuego en contra de los presuntos asaltantes”. Sin embargo, la Comisión señala que “las características de la operación, los impactos de bala en la espalda, la muerte de un mensajero de la misma empresa y de otra persona que fue a comprar en el lugar, junto con la desaparición de otras tres personas, son fuertes presunciones acerca de la violencia policial con la que se consumó el hecho”. Según el CDH, los policías involucrados en el operativo eran parte del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). La Comisión de la Verdad registró que el GAO habría dejado 84 muertos en el periodo del 2000 al 2008, por lo que se lo considera un grupo de exterminio de la Policía Nacional. El GAO se creó en 1996 y fue desmontado en el 2009, “por denuncias de excesos en sus acciones”, así lo detalla el Diario El Comercio.
Seydi Natalia Vélez Falcones recibió una rebaja de su pena a cinco años por buena conducta. En octubre de 2006 salió con prelibertad y el 18 de diciembre de 2008 recibió su boleta de excarcelación.
En 2010, la Fiscalía General del Estado, luego de la presentación del Informe de la Verdad, reabrió el caso. Esto dio lugar a algunas diligencias entre 2011 y 2012. Según el CDH, en este punto, el caso se dividió en dos procesos judiciales: uno relacionado con las muertes en la farmacia y el otro que investiga las desapariciones. Según Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, el proceso relacionado con las muertes avanzó rápidamente. Fue así como en noviembre de 2013 se realizó la audiencia de formulación de cargos por el delito de muerte en la Corte Nacional de Justicia. En diciembre de 2014, se emitió la sentencia, la cual fue ratificada por la Corte en noviembre de 2016 por las ejecuciones extrajudiciales en el caso Fybeca. Se acusó a 31 personas y se condenó como autores a 5 policías y a un exagente a 16 años de prisión. Uno de ellos es el ex Mayor de Policía Eduardo González Flores, quien dirigió el operativo y que sigue prófugo fuera del país, sin evidencia clara de proceso de extradición, según el CDH.
El segundo proceso inició en 2016. La Fiscalía trajo a Erwin Vivar, uno de los tres desaparecidos, desde Venezuela. Según relata Billy Navarrete, esa noticia sorprendió a las familias de los fallecidos y desaparecidos. Sobre todo, por la versión que Erwin Vivar brindó a la fiscalía y a los jueces. A la par, la Fiscalía procesó a 18 personas por plagio, cometido bajo la modalidad de desaparición forzada como grave violación a los derechos humanos, según lo indica en su página web. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2022 se convocó a audiencia de juzgamiento únicamente a 11 acusados.
Billy recuerda el testimonio de Erwin y subraya que, en su versión, afirmó que él y los demás, Johnny Gómez y César Mata fueron llevados al cuartel de la policía judicial, donde sufrieron torturas antes de ser arrojados al Estero Salado cercano al recinto policial. De acuerdo con Billy, esa zona del cuartel de la Policía previamente había sido identificada como un lugar de tortura, y los cuerpos de quienes fallecían en el interior eran arrojados al estero. Asimismo, sostiene que esa información se conocía y que los hechos se repetían de manera rutinaria.
Vivar, siguiendo el relato de Billy, aseguró que cuando cayó al estero, el cuerpo de Johnny lo protegió de los disparos propinados por los agentes estatales. Después, nadó hacia la otra orilla y luego salió del estero y, posteriormente, abandonó el país. “Para las familias, esto fue inverosímil, ellos no están muy confiados en que esa versión sea efectiva y verídica. Por ello pidieron que se investigue”, manifiesta Billy, quien alega también que, en 2016, luego del aparecimiento de Vivar, buzos de la Marina buscaron los cuerpos en el Estero Salado, pero no hallaron nada.
Ante la impunidad en Ecuador, las Dolores llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En 2017, la CIDH presentó el Informe de Admisibilidad. Carlos Andrade Almeida y otros Ecuador, donde considera que las ejecuciones extrajudiciales de las ocho presuntas víctimas de las acciones policiales en el operativo desarrollado en la farmacia Fybeca, la falta de investigación y sanción de los responsables podrían caracterizar posibles violaciones de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1. Con este informe, la CIDH admitió a trámite el caso. Es decir, el organismo realiza una investigación detallada de las presuntas violaciones a derechos, publica un informe de fondo y ordena recomendaciones y reparaciones, en este caso, al Estado ecuatoriano.
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Una nueva audiencia
Jueces de la Corte Nacional de Justicia en la audiencia de juzgamiento contra cuatro expolicías, acusados de presunta desaparición forzada en el Caso Fybeca. Fotografía: CDH. Quito, abril de 2024.
El 15, 16 y 17 de abril de 2024 se retomó la audiencia de juicio únicamente en contra de cuatro expolicías: Mario C., Aurelio Ch., Marcos V., Erick S., sospechosos de la desaparición forzada de las tres personas detenidas durante el operativo policial en 2003. Durante la jornada de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó ocho testigos, entre ellos Dolores Guerra, esposa de Johnny Gómez Balda; Pilar Valenzuela, madre de César Mata, e Iván Mata, su hermano. Además, recibió el testimonio de Mireya Vélez, exesposa de Erwin Vivar. Cabe resaltar que Erwin, una de las tres presuntas víctimas de desaparición forzada, quien fue hallado en Venezuela en 2016, también rindió su testimonio anticipado por escrito.
La fiscal Diana Salazar estuvo presente en la audiencia y durante su alegato destacó que, en la época del hecho, 2003, operó una estructura parapolicial que actuó sin autorización y conocimiento de las autoridades civiles y policiales. Sin embargo, para Juan Pablo Albán, defensor de Dolores Guerra y Pilar Valenzuela, familiares de Johnny Gómez y César Mata, eso “es discutible porque Eduardo González, líder del operativo, habría tenido respaldo de uno de los comandantes de la época”. Así lo detalla el Círculo de Periodistas Judiciales en su página web. Además, Juan Pablo señaló que los hechos no son resultado del azar o el infortunio, sino que fueron planificados y ocurrieron en un contexto específico. “El momento que vive la patria no nos autoriza a hacer apología del actuar policial, quienes están sometidos a juicio no son los desaparecidos sino algunos, no todos ni los más importantes, de los responsables del hecho”, dijo.
María Dolores Guerra, cónyuge de Johnny Gómez, y Juan Pablo Albán, abogado defensor, en la audiencia de juzgamiento contra cuatro expolicías por presunta desaparición forzada, abril de 2024. Foto de CDH Guayaquil .
Seydi Vélez, quien es sobrina de Mireya Vélez y Edwin Vivar, y otra de las sobrevivientes del 19 de noviembre, no se presentó a la audiencia, a pesar de estar convocada. Billy Navarrete expresó su preocupación al respecto, afirmando: “Ella sabe y no ha comparecido, ha estado bastante esquiva para revelar todo lo que pasó”. El testimonio de Seydi es clave, puesto que fue trasladada junto a los tres desaparecidos al Cuartel de la Policía Judicial en 2003.
La noche del 17 de abril, en su alegato final, la Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia que los cuatro procesados sean sentenciados como autores directos del delito de desaparición forzada y que se les imponga la pena máxima. También solicitó que, para cubrir la reparación material en el orden económico, “se deberá tomar en cuenta el daño emergente y el lucro cesante de las víctimas directas e indirectas, mediante un cálculo que promedie el salario básico general unificado vigente, 460 dólares, desde la fecha de su desaparición, multiplicado por los años que hubieran recibido este salario”. Además, solicitó tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico adecuado para las víctimas y sus familiares.
Actualmente, todavía se encuentra en curso la audiencia de juzgamiento instalada el 15 de abril de 2024. Las familias de las víctimas de la presunta desaparición forzada, Johnny Gómez, César Mata, Erwin Vivar están pendientes de la fecha de la próxima audiencia, con la esperanza de que un fallo favorable ponga fin a más de dos décadas en búsqueda de justicia.
María Dolores Guerra, cónyuge de Johnny Gómez, y Juan Pablo Albán, abogado defensor, en la audiencia de juzgamiento contra cuatro expolicías por presunta desaparición forzada, abril de 2024. Foto de CDH Guayaquil.
