¿Permitir otra feria de frecuencias?
Razones para el veto parcial de Lenin
a la reforma a la Ley de Comunicación
Por: Ana María Acosta @yakuana
Reformar la Ley de Comunicación se convirtió en una de las propuestas prioritarias del llamado diálogo del gobierno de Lenin Moreno. El proyecto de reforma no tardó en llegar a la Asamblea Nacional, el 21 de mayo de 2017, a pocos días de cumplir su primer año de gobierno, sin embargo no fue la única, quince propuestas más fueron presentadas en la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad encargada de tramitar las reformas. La mayoría tenía en común un punto: la eliminación del sistema sancionador y su emblema, la Supercom.
Casi todos los sectores que solicitaron participar en la Comisión fueron recibidos, y para darle mayor legitimidad al debate, se escucharon las observaciones de dos relatores de la Libertad de Expresión: David Kaye, de Naciones Unidas (ONU) y Edison Lanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto le permitió afirmar al gobierno y a la Comisión legislativa que estas reformas fueron las más debatidas y cumplen con los parámetros internacionales de Libertad de Expresión.
Hasta el informe del segundo debate todo parecía marchar así. Pero en política todo puede mutar. Es así que, recurriendo a un lugar común de la narrativa política, la historia se repitió. En el pleno de la Asamblea, a último momento y sin discusión, se incluyeron varios artículos que modificaron el mecanismo de otorgamiento de frecuencias y los parámetros democratizadores de la Ley con respecto a la distribución equitativa de frecuencias y medios comunitarios.
Jorge Corozo, proponente de la Ley, pensó que este era el gol de la victoria; pero en realidad fue el autogol a la posibilidad de construir una Ley de Comunicación democrática. Aquí el análisis.
El autogol
En 2013 cuando la Ley de Comunicación se aprobó con mayoría gobiernista y Rafael Correa en el poder recuerdo que anunciamos: “Hoy la aplanadora verde aprueba Ley de Comunicación con cambios de último momento”. Estos cambios, más tarde, se convirtieron en el instrumento de sanción preferido del gobierno: la Supercom y todo el sistema de sanciones. Nadie debatió la propuesta, ni supo del texto hasta el día de la aprobación. Desde ese momento quedó en duda la legitimidad de este organismo, clave para la regulación.
En 2018, similar situación. Hoy no eran las sanciones las que ingresaban por debajo de la mesa, sino las condiciones favorables para una nueva feria de frecuencias. Es así que a último momento, sin discusión previa, se incluyó una transitoria y varios artículos que violan la Constitución, y de no ser vetados por el presidente Moreno, serán los textos que en los próximos años permitirán los abusos de poder en el manejo y otorgamiento de las frecuencias, una de las bases para hablar de Libertad de Expresión.
Fue la asambleísta Guadalupe Salazar, de Guayas, del partido oficialista Alianza País (AP), la primera en proponer en el Pleno de la Asamblea un extenso articulado y pedir que se sustituyan los artículos 106, 107, 108, 109, 110 de la ley, para eliminar el Concurso Público Abierto y Transparente e instalar la adjudicación directa de frecuencias. La presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas, asentía desde su curul. En las barras, medios comunitarios reclamaban por la propuesta y pedían que se respete la distribución equitativa y el mecanismo de Concurso Público; mientras medios privados que llegaron de varias provincias, parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, (AER), aplaudían.
No faltaron las palabras de otros asambleístas como Luis Fernando Torres y Patricio Donoso para quienes era necesario eliminar la Ley. Después, como alentada por los aplausos de un fantasma, la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano (PSC) propuso la inclusión de una Transitoria para la renovación automática, argumentando que esta busca “remediar los daños ocasionados a medios durante una década”, además propuso incluir a las universidades y a las escuelas politécnicas en la definición de medios comunitarios. El presidente de la Comisión Jorge Corozo, hablaba por teléfono y miraba hacia las barras. “Confiamos en usted asambleísta” decían desde las gradas empresarios de medios privados. “No hay nada que hacer, tienen mayoría entre AP, Social Cristianos y CREO” decía el asambleísta de Pachakutik, Elio Peña, quien fue uno de los proponentes de una de las reformas de Ley trabajada junto a las organizaciones de medios comunitarios.
De esta forma el asambleísta Jorge Corozo, al ser el proponente de la Ley, era el único que podía introducir cambios, por lo que después de varias intervenciones más, tomó la palabra e informó que acogía las propuestas planteadas; no nombró el tema de frecuencias, ni la Transitoria Octava, esas ya estaban escritas en el documento que circulaba por debajo de los curules. Otra vez el lugar común que se quería evitar. Con apenas 75 votos entre morenistas, Social Cristianos, CREO y uno que otro voto variable se aprobaron las reformas a la Ley de Comunicación con los cambios de último momento.
La transitoria y artículos
Kleber Chica, es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) , ex directivo de Barcelona y concesionario de la Radio Huancavilca de Guayaquil. El 14 de agosto presentó a la Comisión de Derechos Colectivos la propuesta para que se incorpore en el informe para primer debate de las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación la siguiente transitoria:
“Disposición Transitoria.- A efectos de garantizar la recuperación plena del derecho a la libertad expresión, así como para reparar los perjuicios y agresiones que sufrieron los trabajadores de la comunicación en el pasado reciente, y garantizar su derecho al trabajo en el futuro inmediato, quedan renovadas automáticamente, por una sola ocasión, todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión cuyo plazo haya vencido previo a la fecha en que se promulgue la presente Ley Reformatoria”.
Es decir la renovación automática y sin concurso para las frecuencias de radio y televisión de todos los medios cuyas licencias están caducadas. La propuesta no fue incluida en ninguno de los informes para primer y segundo debate, para reformar la Ley de Comunicación. Luego, Chica participó en el segundo debate en el pleno, y tampoco algún asambleísta mocionó su propuesta.
Las razones para que la Comisión de Derechos Colectivos y ningún asambleísta, hasta ese momento, hayan acogido la propuesta era clara: viola la Constitución de Ecuador que en su artículo 17 establece que el Estado debe garantizar “la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias”.
Pero no solo eso, la Transitoria Octava desconoce el informe de la Contraloría General del Estado del 22 de junio de 2018, que observó irregularidades por concentración de frecuencias de varios concesionarios: grupo Yunda, grupo Ángel González más conocido como “El Fantasma” y grupo Andrade Quiñónez. La Contraloría ordenó a la autoridad de telecomunicaciones, ARCOTEL, que revise las irregularidades, ya que estos concesionarios no pueden adjudicarse las frecuencias, pero ARCOTEL hasta ahora no ha cumplido.
Algo más. Dos relatores de la Libertad de expresión incluyeron en sus informes de visita al Ecuador advertencias sobre la renovación automática y los mecanismos cerrados de concesión de frecuencias. David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre Libertad de Expresión, en su informe preliminar de su visita a Ecuador dijo: “insto al gobierno a que no permita la renovación automática de las frecuencias actuales”. Por su parte Edison Lanza, Relator de libertad de Expresión de la CIDH, en su informe preliminar dijo: “La Relatoría reitera que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados”, recomendación que sustenta en el principio doce de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
La Comisión lo sabía, lo discutió y no aceptó la inclusión de la transitoria. Es más, el asambleísta José Chalá, propuso incluir una Transitoria que prohibía la renovación automática, lo cual fue apoyado por la Comisión, incluido por Jorge Corozo. Así la Transitoria Octava aprobada por la Comisión en el informe para segundo debate decía: “Se prohíbe la renovación automática de frecuencias para medios privados. La renovación de frecuencias la harán mediante el concurso respectivo instaurado en esta Ley” . La Transitoria era clara: prohibición de renovación automática y ratificar los concursos públicos. Pero por la magia política, durante el segundo debate en el pleno esta misma transitoria se transformó de prohibitiva a permisiva.
La aprobación de esta transitoria implicaría que funcionarios de telecomunicaciones otorguen las frecuencias de forma discrecional, algo que en 2009 ya fue observado por la Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión como “indicio de peculado” ya que el espectro radioeléctrico es un recurso estratégico administrado por el Estado. En épocas de lucha contra la corrupción ¿Por qué abrir las puertas a la feria de frecuencias?
¿Otra feria de frecuencias?
Días después de aprobada la Ley, varias organizaciones de medios comunitarios, privados e incluso asambleístas denunciaron la irregularidad de la Transitoria introducida a último momento.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, también emitió un comunicado en el que rechaza las reformas a la Ley de Comunicación introducidas a “La reforma realizada al Artículo 106 sobre la repartición tripartita es clara muestra de negociación con los intereses empresariales en detrimento de la democratización del espectro radioeléctrico”
La Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios, una organización que agrupa a medios comunitarios de mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades indígenas, afro-descendientes en un comunicado expresó “Esta Ley que buscaba terminar con los abusos del poder en la comunicación, acaba de aprobar una Disposición Transitoria Octava, que permite la renovación automática de frecuencias para aquellos concesionarios cuyas frecuencias hayan caducado, sin concurso, sin previo análisis de legalidad, permitiendo que la corrupción en la entrega de frecuencias se mantenga intacta. Esta renovación es por 15 años y luego 15 años más. Es decir 30 años de entrega de frecuencias indiscriminada”. Además denunciaron que no solo la Transitoria Octava fue incluida a último momento, sino varios artículos que “modifican sustancialmente el proceso de otorgamiento de frecuencias”
Los artículos reformados son el 106, 107, 108, 109 y 110. El artículo 106 sobre Distribución Equitativa de Frecuencias, modifica los porcentajes asignados para medios privados y junta en un solo porcentaje de 66% a medios privados y medios públicos. Si bien el porcentaje del 34% para medios comunitarios se mantiene, coloca un límite: “hasta el 34%” y “en función de la demanda”. Es decir un artículo que garantizaba la reserva del espectro como parte del ejercicio de un derecho, pasó a ser un artículo de limitación y condicionamiento del porcentaje en función de criterios de mercado: oferta y demanda.
Desde el artículo 107 hasta el 110 conforman un solo paquete que modifica todo el proceso de otorgamiento de frecuencias, elimina los Concursos Públicos Abiertos y Transparentes y retoma el mecanismo de adjudicación directa que estaba presente en la Ley de Radiodifusión y Televisión aprobada en 1975 en plena dictadura, y reformada en 2002 en plena época neoliberal.
De esta forma el artículo 107 que reconocía la experiencia acumulada para aquellos medios privados y comunitarios que ya tienen concesión, fue reemplazado por un artículo que legaliza la renovación automática. De esta forma si la Transitoria Octava es vetada por el presidente Lenin Moreno, la renovación automática aplicará a través del artículo 107. Esta renovación será para todas las personas jurídicas o naturales concesionarias de frecuencias, que cumplan los parámetros técnicos, económicos y de contrato, independientemente que hayan sido observados por irregularidades de concentración de frecuencias. Este sería el caso de las empresas vinculadas al grupo Yunda, Ángel González y otros grupos concentradores.
El artículo 108 incluyó dos mecanismos de concesión: adjudicación directa para todos los medios privados, comunitarios y públicos, y la adjudicación por proceso público competitivo cuando la demanda sea mayor al número de frecuencias disponibles, con la limitante de que estos concursos no se pueden realizar entre medios comunitarios y privados, es decir, se impide a los medios comunitarios acceder a frecuencias en las principales ciudades donde todas las concesiones de frecuencias están ya ocupadas por privados.
Los requisitos para la adjudicación directamente son ahora técnicos y económicos, la autoridad ya no verifica si el concesionario incumple las prohibiciones de concentración establecidas en la Ley (Art 113) , simplemente renueva o otorga las frecuencias.
Este mecanismo ya existía desde 1975, reformado en 2002 y en 2009 observado por la Comisión de Auditoría, como un mecanismo que permitió la discrecionalidad en la entrega de frecuencias por favores políticos o económicos, dejando fuera del acceso a las frecuencias a los medios comunitarios y a medios privados locales que no tienen la misma capacidad de disputar las concesiones que se otorgan al mejor postor. La presencia de procedimientos transparentes como el concurso público, fue precisamente una de los estándares que el Relator Edison Lanza contempló como positivo en la Ley que se pretende reformar.
Hoy con la Constitución aprobada en 2008 vigente, establece que este mecanismo es ilegal e inconstitucional y no puede colocarse en la Ley de Comunicación.
Por esta razón el presidente Lenin Moreno, a través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación, anunció que vetará la Transitoria Octava, pero no basta con eso, el veto debe incluir también aquellos artículos que permiten la misma renovación automática y retoma el mecanismo cerrado de la época de la dictadura, un mecanismo que de Libertad de Expresión y democracia no tenía nada. Si no lo hace ¿Se permitirá otra feria de frecuencias?
