Tiempo de lectura: 13 minutos

¿Las vidas negras importan en Ecuador?

Vivir el racismo en la piel

Por: Génesis Anangonó @genestefa 

foto de portada: Freddy Cevallos

Ilustraciones: Axel Apxel

 

Tiempo de lectura: 13 minutos

 

Tras la muerte de George Floyd, ciudadano afroestadounidense, en Minneapolis, Estados Unidos, la indignación se apoderó de las redes sociales, donde personas de todo el mundo manifestaron su rechazo a la violencia racista. En Ecuador también la etiqueta en inglés #BlackLivesMatter, que significa: Las vidas negras importan, fue tendencia en redes sociales.  Varias personas, además, se sumaron a la iniciativa del sector musical Black Out Tuesday, que buscaba resaltar la influencia afro en la industria de la música “que por años se ha aprovechado y beneficiado” de esta cultura.  Pero ¿ver el racismo hacia afuera es mucho más fácil que cuando lo miras hacia adentro? Así se vive el racismo en Ecuador.

 

***

 

Hablar de racismo siempre resulta incómodo, porque nadie quiere asumir que vive en un país racista o peor aún que es racista. Sin embargo, en Ecuador, el racismo no solo está en las instituciones del Estado que no garantizan los derechos consagrados en la constitución, el racismo está en cada rincón: en la televisión, en la palabra, en el deporte, en los chistes, en la vida cotidiana.

El racismo está presente cuando no puedes caminar en tu ciudad o en tu barrio sin ser visto como sospechoso o sospechosa; está cuando puedes ser atacado, golpeado y humillado sin que nadie haga nada; o incluso puedes ser asesinado, asesinada; todo esto solamente por el color de tu piel.

.

En Ecuador ¿Las vidas negras importan?

Ladrón” es lo que le dijeron a David Espinoza, un joven artista afroecuatoriano, en mayo de 2019, cuando alrededor de las diez de la noche, junto a su primo, arribó al barrio donde está su domicilio después de un ensayo en el grupo cultural al que pertenece. David fue golpeado por los vecinos, que le acusaron de ladrón y si no fuera por la ayuda de dos migrantes venezolanos habría sido linchado. Cuando la Policía llegó al lugar, no levantaron un parte policial, porque, dijeron que “no vieron la agresión”. David puede contar esta historia, pero Mireya Congo y Juan Pabón no.

Juan Pabón, según quienes lo recuerdan, fue un hombre amable y risueño que se dedicaba a la venta de gas en Quito. Juan fue quemado vivo una madrugada del 2004, en un barrio del norte, luego de que un vecino encendió la alarma barrial, tras acusarlo de ladrón, después que Juan le pidió un cigarrillo. Nadie fue detenido por su asesinato y hoy su madre y su padre, a quienes él sostenía económicamente, viven en condiciones de extrema pobreza.

Mireya Congo, una mujer afrodescendiente de 28 años y madre de dos niños, fue asesinada por un policía el 6 de diciembre de 1996, en Quito. Mireya se dirigía a su domicilio y fue interceptada por tres hombres mestizos que la insultaron. Uno de ellos le dijo “negra hija de puta”, Mireya respondió, y él le disparó provocándole la muerte. Tras el asesinato, al 7 de enero de 1997, cientos de afroecuatorianos residentes en Quito se agruparon en el parque de La Alameda con la intención de tomarse las calles para exigir justicia y sanción para el responsable. Mientras organizaban la protesta llegaron cinco patrulleros con policías armados que los rodearon, ante la mirada y los murmullos de la gente que veía con preocupación y miedo que 500 personas afrodescendientes estén juntas en el parque. Este hecho está narrado en el libro El proceso organizativo afroecuatoriano, del antropólogo y sociólogo Jhon Antón Sánchez, en el mismo que se establece que esta manifestación fue “el primer grito de protesta en contra de la discriminación racial” en Ecuador.

El asesinato de Mireya Congo se sancionó como un delito preterintencional, es decir, que la muerte se produjo como una consecuencia no contemplada por el agresor. El asesino recibió una sentencia de seis años de reclusión y no se le sancionó por un delito de odio por discriminación racial, porque el capítulo relacionado con delitos de odio se incluyó en el Código Penal recién en 2009. Sin embargo, aún con la existencia de este capítulo, sancionar un delito de odio por razón de racismo es complejo en Ecuador.

.

¿Racista, yo?

El racismo no siempre se manifiesta de forma violenta como en los casos de David, Juan y Mireya. El racismo muchas veces es algo que está interiorizado en prácticas cotidianas. Un claro ejemplo es cuando las personas creen y repiten frases como “todos los negros son vagos, son delincuentes”.  Estos mensajes no solo se dan en el lenguaje cotidiano, en “chistes inocentes”, sino de forma masiva en los medios de comunicación. 

“Los afrodescendientes, o sirven para futbolistas o para vender cocadas. Porque aquí no tienen nada, nada aquí arriba –señalando la cabeza–. Si hay uno que tenga algo aquí, en el cerebro que venga y me lo demuestre”. Esta frase la dijo Geovanny Jaramillo Lino, expresentador del programa de farándula “Vamos con Todo”. ¿Qué relevancia tienen estas palabras? Decirlas en un programa de televisión que se transmite a nivel nacional, en horario familiar y que tiene un alto alcance, perpetua el racismo en contra de la población afroecuatoriana. Esto empeora cuando quien lo dice es alguien con poder y visibilidad, que goza de legitimidad al haber sido director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos y reconocido por el Consejo de Gobierno, por la Corte Nacional de Justicia Indígena y por organizaciones LGBTI como “aliado en la lucha a favor de los Derechos Humanos”. Es una contradicción nombrarse defensor de Derechos Humanos y a la par descalificar a un grupo étnico basado en prejuicios y estereotipos infundados. Pero esto no solo le pasa al expresentador de televisión sino a muchas personas en todo Ecuador.

Según la encuesta nacional denominada “Las Percepciones de Racismos y Discriminación en el Ecuador”, realizada en 2004,  el 65% de los ecuatorianos admiten que en el país existe racismo, pero solo el 10% se reconoce abiertamente racista. La encuesta también mostró que quienes más discriminan son las personas blancas y mestizas; y la población más discriminada es la negra y afroecuatoriana.

La discriminación parece no ser vista porque está maquillada bajo el argumento naturalista y equivocado de que existen razas aptas para una cosa u otra. Este criterio tiene influencia de la Conquista donde las personas negras y afrodescendientes eran vistas como seres fuertes para actividades físicas que, supuestamente, personas de otras etnias no podían realizar.

En la Conquista también se construyó la idea de que las personas negras y afrodescendientes eran “antisociales, sexuales por naturaleza, violentas e incapaces de aprender”; y que por eso “merecían ser excluidas”. Hoy a esta construcción negativa de la imagen de las personas negras y afrodescendientes se le conoce como “criminalización del fenotipo afrodescendiente”.

El fenotipo afro o negro explica por qué a los afrodescendientes se les relaciona con actos de transgresión, violencia, crimen y delincuencia. Mientras más oscura es la piel mayores son las posibilidades de ser discriminado.

A Marcelo*, estar dentro del fenotipo afro hizo que la Policía lo detuviera junto a sus compañeros – todos hombres afrodescendientes– por “estar encapuchados y portar armas”. A ninguno de ellos les preguntaron por qué tenían armas, y solo los detuvieron, porque creyeron que estaban involucrados en el asalto a un banco. Marcelo y sus compañeros eran guardias de seguridad, trabajaban en una florícola y por eso tenían armas. Marcelo y sus compañeros estuvieron detenidos todo el fin de semana hasta que el lunes al no encontrar evidencia de su participación en el asalto, fueron liberados.

El fenotipo afro no solo condena a los afrodescendientes a ser vistos como criminales o delincuentes, también los condena a la pobreza, a la falta de oportunidades y a la exclusión. Pero esta exclusión no solo proviene de la sociedad, también proviene del Estado que hace que la población negra y afrodescendiente viva condiciones sociales y educativas inequitativas, que precarizan su calidad de vida.

En Ecuador, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, la población afrodescendiente representa el 7,2% de la población ecuatoriana, pero a la vez representan el 40% de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El acceso a servicios básicos, de salud, justicia, educación y oportunidades de trabajo digno en las zonas con fuerte presencia de población afrodescendiente y negra se ve disminuido frente a otros grupos étnicos.

En el Valle del Chota, ubicado entre las provincias de Imbabura y Carchi, la agricultura, la zafra de caña y el contrabando son las actividades que han permitido que familias enteras logren alimentarse, vestirse y educarse. Esta última actividad ha generado una sistemática estigmatización sobre el territorio como un espacio “peligroso”, derivado de la criminalización del fenotipo afro.

Juan Pabón

 

Delitos de odio sin justicia

Desde 1994 hasta el 2009 el Consejo de la Judicatura registró 7 casos relacionados con discriminación racial, la Fiscalía General del Estado, antes llamada Ministerio Público, también receptó denuncias por eso delitos, pero hasta el 2016 ninguno llegó a sentencia.

El primer delito de odio racial que se sancionó en Ecuador ocurrió en 2016 luego de que el joven afroecuatoriano Michael Arce, en 2011, presentó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia contra el excapitán del ejército, Fernando Encalada. 

Michael Arce ingresó a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), pudo ser el primer general negro en Ecuador, pero su instructor, el excapitán Fernando Encalada, se lo impidió. Michael Arce fue sometido a una serie de prácticas humillantes de carácter físico y psicológico. ¿Por qué?, porque como le dijo Encalada, en reiteradas ocasiones, “nunca habrá un negro en mi ejército”. Según Encalada, Michael Arce no encajaba en el modelo jerárquico del Ejército ecuatoriano.

Después de todos los abusos, Arce pidió, voluntariamente, la baja e inició un proceso legal en contra del instructor de la ESMIL. La Fiscalía General del Estado inició el proceso y tras un peritaje psicosocial determinó que las acciones ofensivas en contra de Michael Arce representaban un crimen de odio motivado por su origen étnico. Pero cuando la ESMIL conoció la denuncia desmintió el delito y dijo que todas las quejas de Arce eran una excusa al “no poder aguantar la vida militar”.

En 2013, el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha, dictó prisión preventiva contra Fernando Encalada. Sin embargo, el Tribunal Séptimo le revocó la orden de prisión y le otorgó la libertad, sin considerar que la Fiscalía y la Defensoría habían recabado pruebas que demostraban que Encalada había actuado basado en estereotipos y prejuicios en contra de Arce. Luego de dos apelaciones se declaró culpable a Fernando Encalada y fue condenado a cinco meses y 24 días de reclusión y a recibir tratamiento psicológico y a disculparse públicamente con Arce. Esta sanción es menor, ya que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los delitos de odio serán sancionados con reclusión de uno a tres años.

Las disculpas públicas, que eran parte de la sentencia, se dieron en el 2017 en los parqueaderos posteriores de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Esa mañana Fernando Encalada leyó un documento y luego se fue, asegurando que «ante Dios no cometió ningún delito». Arce, su abogado Juan Pablo Albán y los delgados de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo rechazaron las disculpas, porque no cumplían con el objetivo de resarcir a la víctima.

Años antes del proceso que inició Michael Arce, el cabo de policía César Mina también denunció un delito por discriminación. Lo hizo el 25 de enero de 2010 en contra de teniente coronel, de la Policía, Byron Fernández Cox.

El teniente coronel Fernández Cox viajaba en un bus portando un arma de fuego que fue encontrada en una requisa realizada por César Mina. Fernández le dijo a Mina, frente a los otros policías y civiles, “deja ahí bronco de mierda, que soy Policía. Negro bronco abusivo”. El proceso fue llevado al Juzgado de Garantías Penales de Santo Domingo y se sobreseyó a Fernández a pesar de que la Fiscalía presentó los elementos necesarios para llevarlo ante el tribunal. Más tarde, la Corte Provincial de Santo Domingo, al igual que el Juzgado, ratificó el sobreseimiento a favor del teniente coronel Byron Fernández Cox al considerar que no existieron elementos suficientes para continuar con el proceso y llevarlo a Tribunal.

En septiembre de 2014, la Corte Constitucional del Ecuador declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la motivación al debido proceso iniciado por César Mina, declarando la nulidad de las sentencias emitidas, sin embrago más tarde la Corte ratificó “de forma unánime su decisión de considerar que no hubo delito de odio” porque “el procesado reaccionó diciéndole “negro bronco”” al ser “provocado” por Mina. La Corte también dijo que, aunque en el trato común los términos lascivos pueden ser considerados injuriosos, en el argot militar y policial no.

 

.

Abuso policial

George Floyd murió como resultado de la extralimitación de un Policía. Floyd fue acusado por el cajero de una tienda de, supuestamente, haber pagado con un billete de veinte dólares falso. Luego de recibir la alerta cuatro policías detuvieron a George y lo obligaron a bajar del auto en el que estaba con otras dos personas. Cuando los cuatro policías lo detuvieron, George se puso tenso, les dijo que era claustrofóbico y que no estaba logrando respirar, sin embargo terminó en el suelo, con la rodilla del oficial de policía Dereck Chauvin presionando su cuello y los otros tres policías apretando su cuerpo contra el pavimento.

Buena parte de lo que ocurrió después es de conocimiento público, porque las redes sociales se inundaron de vídeos grabados por transeúntes y cámaras de seguridad de la zona: George murió. En el video que permitió registrar su muerte se observa como George suplica que le permitan respirar. 8 minutos y 46 segundos duraron las suplicas de George hasta que finalmente deja de moverse, pero incluso en esos 2 minutos y 53 segundos en los que ya no se mueve, Dereck Chauvin continúa apretándolo contra el suelo.

El policía Dereck Chauvin, antes del caso de George Floyd, registraba 18 denuncias por abuso de poder y fue castigado solo en dos ocasiones. En el reporte preliminar de la autopsia de George se establece que padecía de problemas en la arteria coronaria e hipertensión, lo que sumado a la inmovilización agresiva pudo provocar su muerte.

En Estados Unidos la muerte de personas afrodescendientes en manos de la Policía es recurrente, George es solo uno de los cientos de casos de abuso policial que anualmente denuncia la comunidad afroestadounidense en ese país. La muerte de George a causa del abuso policial causó indignación a nivel mundial y ha permitido que cientos de países, especialmente de Latinoamérica, se cuestionen que esto no solo sucede en Estados Unidos; sino que sucede en todos los países, y sí, sucede en Ecuador. Aquí también hombres y mujeres afrodescendientes han muerto a manos de la Policía.  

En octubre de 2019, en el contexto de las protestas indígenas en el Paro Nacional, en Durán, Gabriel Angulo Bone, joven afrodescendiente, de 15 años, murió tras recibir, sobre su pecho, el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un policía. Gabriel fue junto a sus amigos del barrio a la Av. Nicolás Lapentti, previo al ingreso al Puente de la Unidad Nacional, para ver la llegada del movimiento indígena, que en ese momento se encontraba protestando en contra de las medidas económicas anunciadas y aprobadas por el gobierno de Lenin Moreno.  Gabriel estaba cerca de un local que fue saqueado. Cuando la Policía llegó para detener a los saqueadores Gabriel y sus amigos corrieron asustados, mientras intentaban esquivar las bombas lacrimógenas. En el perfil realizado por Wambra de las 11 personas que murieron en el contexto de las protestas del Paro Nacional, su amiga que vio lo que sucedió, relató que el policía disparó la bomba directo al pecho de Gabriel a una corta distancia. Cuando Gabriel se desploma y requiere atención médica, la Policía se niega a brindarle ayuda para trasladarlo a un hospital. Las autoridades relacionaron la muerte de Gabriel, como parte de las acciones de seguridad de la Policía Nacional en el control de los saqueos.

Andrés Padilla, joven afrodescendiente de 24 años, también fue asesinado, el 23 de agosto de 2018, tras recibir en la cabeza el impacto de una bala disparada por un policía en Mascarilla, provincia de Carchi, en el territorio ancestral Valle del Chota. El asesinato quedó registrado en un video, donde se ve a Andrés correr hacia un lado de la carretera; mientras un policía se dirige hacia el lado contrario, se detiene, regresa a mirar, apunta y dispara. Andrés cae al suelo y el policía que disparó corre. En junio de 2019 el Policía que disparó contra Andrés, David Velastegui, fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión por “extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”. Pero tras la apelación, en diciembre de 2019, fue puesto en libertad y declarado inocente.

La muerte de Andrés se justificó, en redes sociales y por las autoridades, porque supuestamente era “delincuente”, “contrabandista” y “estaba vinculado a la minería ilegal”, sin embargo hasta el momento de su muerte, sobre él nunca pesó un proceso judicial que lo confirmara. La Ministra de Gobierno María Paula Romo, en una comparecencia en la Asamblea Nacional defendió al policía implicado y relacionó la muerte de Andrés al contexto de contrabando y control de la minería ilegal.

El policía Velastegui ahora busca que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional le conceda amnistía, lo que permitiría que se archive el proceso y se le absuelva de todo; incluso de la sentencia que ya recibió. Colectivos y organizaciones afroecuatorianas han manifestado su rechazo a este pedido, argumentado que si la Asamblea Nacional lo aprueba estaría enviando un claro mensaje que refuerza el racismo estructural y minimiza la mala actuación de las instituciones policiales y militares, además de que demostraría que el Estado evade su responsabilidad al momento de sancionar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos.

La ejecución de Andrés Padilla no es la única ejecución extrajudicial que se registra en Ecuador, de hecho el país fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 17 de noviembre de 2015, por la ejecución extrajudicial de José Luis García Ibarra, joven afrodescendiente de 16 años que en 1992 fue impactado en la cabeza por una bala policial. En este caso el policía argumentó que se encontraba en una riña con otra persona, a quien habría golpeado en la cabeza con la cacha del arma en repetidas ocasiones y ésta se disparó, impactando sobre el joven. La familia de José llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí se determinó que además de la privación del derecho a la vida, también se violó el derecho a la justicia por la falta de celeridad en el proceso, de una investigación eficaz y por irregularidades, que la misma Corte Suprema de Justicia de Ecuador habría detectado durante el proceso.

El primo de Andrés Padilla, Jofre Alencastro también fue asesinado, en 2015, en un enfrentamiento entre civiles y policías que se dio durante un operativo para detener el contrabando. Jofre, al igual que Andrés, recibió un disparo por la espalda. En este caso, la justicia tampoco sancionó a los culpables y el proceso no prosperó por falta de pruebas.

 

.

¿Ver el racismo afuera es más fácil?

Decir “Las vidas negras importan” no es suficiente, porque muchas personas aún se niegan a ver y entender que la discriminación racial persiste y está en la calle, en los barrios, en el trabajo, en la academia, en los estadios. El racismo, al contrario de lo que se cree, no ha desaparecido, solo se ha invisibilizado y aunque no siempre se expresa a través de la violencia o la muerte, sí produce daños en la vida de las personas que lo sufren.

Antes de decir que “las vidas negras importan” es necesario cuestionar el rol que cada uno cumple para erradicarlo. El racismo solo acabará cuando dejemos de temerle a lo distinto, cuando dejemos de reírnos de “chistes”, dibujar caricaturas o emitir noticias que perpetúan estereotipos que disminuyan la dignidad de las personas, terminará cuando dejemos de insultar al “negro” porque no consiguió anotar un gol, cuando dejemos de repetir que los afrodescendientes son violentos y dejemos de mofarnos y sexualizar sus corporalidades. Un primer paso para ser parte de la solución es dejar de creer que todos son buenos para el fútbol o que la música es la única contribución del pueblo negro a esta “civilización”.

La erradicación del racismo es una tarea de todas y todos; y hay que empezar a hacer nuestra parte asumiendo que, aunque en teoría todos nacimos libres e iguales en derecho y dignidad, en la práctica no es real. El racismo no puede preocuparnos solo cuando está en la coyuntura, porque el racismo no es una moda, es algo real, que violenta y arrebata vidas como sucedió con Mireya y Juan, en otras ocasiones trunca sueños como en el caso de Michael Arce, otras veces deja heridas físicas y emocionales como en el caso de David y otras veces menoscaba la dignidad de las personas como en el caso de César Mina.

El racismo estructural no puede perpetuarse y tampoco se puede minimizar las denuncias de las personas racializadas acusándolas de “sensibles”. El racismo es real y aunque tú no lo reconozcas o percibas está ahí y hiere, y otras veces mata. Decir “yo no soy racista” no basta, porque si tus accione son contrarias a tu discurso, esto no pasa de ser eso: un discurso, y, como dijo Angela Davis, «en una sociedad racista no basta con no ser racista. Hay que ser antirracista».

Marcelo* es un nombre ficticio que prefirió no ser identificado.

Comentar