DERECHOS
La letra pequeña de la Consulta Popular
¿Qué dicen las preguntas?
Por: Gabriela Peralta gaperalta07
Publicado 15 de enero del 2024
Daniel Noboa, el 2 de enero de 2024, envió a la Corte Constitucional un paquete inicial de once preguntas para una consulta popular. Las preguntas, en su mayoría, se refieren a reformas al Código Orgánico Integral Penal y están relacionadas con el rol de las Fuerzas Armadas, justicia, etc.
El 8 de enero, Esteban Torres, viceministro de gobernabilidad, anunció la entrega de nueve preguntas más, que incluyen temas como: delitos transnacionales, extinción de dominio para combatir la delincuencia y el crimen organizado, indultos a policías y militares, trabajo por horas, entre otros temas.
En total, la Corte Constitucional tendrá que analizar y aprobar o rechazar veinte preguntas hasta el lunes 30 de enero. Si la Corte no emite una respuesta en el plazo establecido, se asumirá que su posición es favorable y los ecuatorianos tendrían que ir a las urnas en abril, aproximadamente.
La propuesta de consulta ha generado críticas por parte de expertos en derecho y organizaciones de derechos humanos, ¿qué esconden las preguntas?
.
***
.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 2 de enero de 2024, propuso once preguntas para una nueva consulta popular, una oferta que prometió en campaña electoral. Según expresó el presidente, vía X, la consulta busca “construir un nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo” y tiene tres objetivos: que las Fuerzas Armadas se involucren en la lucha contra la delincuencia; proteger a todos quienes combaten a las mafias; fomentar el empleo a través de nuevas contrataciones y actividades económicas. No obstante, la propuesta ha generado críticas por parte de expertos en derecho y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, en un comunicado expresó que la consulta “es una acto populista y demagógico que en nada aportará a la resolución de los graves problemas socio económicos y de seguridad” que atraviesa el país. Además, la organización manifestó su preocupación al señalar que este proceso consumirá recursos esenciales que podrían destinarse a inversiones sociales prioritarias.
Aquiles Hervas, abogado, integrante de Voces por la Democracia y docente universitario, explicó que la propuesta de consulta popular de Daniel Noboa tiene defectos complejos, y que las preguntas son “una lamentable respuesta, en el marco del populismo penal, al miedo de la gente, que no va a cambiar estructuralmente la inseguridad”. Por lo que, para Hervas, la consulta es innecesaria y constituye “un desperdicio de recursos”, ya que la mayoría de las preguntas pueden plantearse primero en la vía legislativa y una vez que esta se agote se debe recurrir a consulta popular. “Lo más probable es que la mayoría de las preguntas, si no son todas, sean negadas, moduladas o rechazadas completamente por la Corte Constitucional”, aseguró el abogado.
Según Hervas, el populismo penal –aquellas políticas que buscan incrementar las penas de cárcel, prometiendo terminar con los delitos o una situación de violencia– lleva a más muertes. “Si usted les ordena a los órganos coercitivos del Estado, policías y militares, que vayan con todo contra el crimen, lo que termina pasando es que estos buscan falsos positivos para convertirlos en perfiles de justificación de su ineficacia y casi siempre el cuerpo que paga esa estrategia es el cuerpo de la gente empobrecida”, dijo Hervas. Además, afirmó que la consulta es un intento de legitimación del gobierno de Daniel Noboa, y de aumento de su nivel de popularidad, siempre y cuando sea vendida comunicacionalmente de forma positiva.
.
El proceso para la consulta popular
En un primer momento, el presidente formaliza la presentación de las preguntas propuestas para la consulta popular en la Corte Constitucional. Así lo hizo con el primer paquete de preguntas, el 2 de enero de 2024. En este caso, el organismo tiene un plazo de 20 días, que empezó a correr desde el 3 de enero, para evaluar y pronunciarse sobre la constitucionalidad de dichas preguntas. Con respecto al segundo paquete de preguntas, la Corte, a través de un comunicado, informó que no han recibido dicho pedido. En caso de que las preguntas sean aprobadas por la Corte, el Consejo Nacional Electoral, CNE, deberá convocar a los ciudadanos ecuatorianos a participar en las urnas.
La realización de una consulta popular está valorada entre 45 y 60 millones de dólares. Por ello, movimientos políticos como Construye, Revolución Ciudadana y Pachakutik creen que la consulta propuesta por Noboa es un gasto y que el país no está en condiciones para asumirlo. La misma posición tienen organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores, UNE, quienes en rueda de prensa manifestaron que la consulta es una “campaña anticipada”.
Asimismo, voces de expertos en derecho cuestionan la propuesta de Noboa. El abogado Mauro Andino pregunta: “¿Justifica una consulta popular un gasto de 45 millones de dólares, cuando el paquete de reformas al COIP podría enviarse a la Asamblea Nacional? También cuestiona a las autoridades del gobierno para que expliquen: ¿cómo las reformas solucionarán la inseguridad en el país?, ¿en cuánto tiempo aproximadamente lo lograrían?, ¿cuáles son los objetivos, metas e indicadores que aspiran alcanzar?, y ¿cuáles son las acciones y políticas públicas que acompañarán a estas reformas?
.
.
¿Qué dicen las primeras once preguntas?
Para Aquiles Hervas, las preguntas 1 y 2 son innecesarias porque las Fuerzas Armadas ya realizan esas acciones de control. Asimismo, Fernando Bastías, abogado e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH Guayaquil, señaló en su red social X que en estas preguntas “se propone que directamente las Fuerzas Armadas tengan competencias en materia de seguridad”, no que sean un apoyo complementario. Eso, según Bastías, desnaturaliza su rol y “le venden a la ciudadanía una falsedad como una exitosa política de seguridad”.
El abogado Mauro Andino, vía X, también señaló que la Ley de Seguridad Pública ya prevé que los militares controlen y eviten el ingreso de armamento a las cárceles “aunque ahora la propuesta se amplía un poco y señala que se lo haga de manera permanente”.
En el anexo de la pregunta 1 se propone que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, defina, entre otras cosas, “el mecanismo de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos en las acciones de las Fuerzas Armadas”. Para el vocero del CDH, este anexo “propone impunidad a graves violaciones de derechos ejercidas por las FFAA”; algo que se complementa con la pregunta 3.
Esta pregunta es inconstitucional, para el abogado Aquiles Hervas. No hay razón para que la fuerza pública no responda a la justicia y a la ley, de la misma forma que responden los demás ciudadanos. Esta pregunta le quita responsabilidad a la fuerza pública.
Asimismo, para Mauro Andino esta pregunta puede interpretarse como “carta abierta para que se haga uso letal de la fuerza bajo cualquier circunstancia en contra de un presunto delincuente, y mientras no exista sentencia ejecutada el miembro de la fuerza pública no sería privado de su libertad, lo cual evidentemente podría devenir en excesos, abusos y equivocaciones en contra de los ciudadanos”.
Las preguntas 4, 5, 6 y 7 piden reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que, según Aquiles Hervas, violan el Art. 195 del Código de la Democracia que plantea que primero debe ser rechazada o negada una reforma legislativa para pasar a plebiscito constitucional o ir a consulta popular. Es decir, no es necesario convocar a consulta salvo que la Asamblea lo negara. “Estas cuatro preguntas violan la seguridad jurídica y lo más seguro es que la Corte Constitucional (CC) le diga al presidente: ‘vaya primero por la vía legislativa’”.
Respecto de la pregunta 8, Hervas menciona que puede ser interesante, pero que no es integral, puesto que si no va de la mano con otras reformas es insuficiente. “Ahora mismo hay un sistema de evaluación a los jueces, pero no está funcionando. Lo que hay que cambiar es todo el sistema de forma integral y para que eso funcione hay que cambiar también el sistema de ingreso a la función judicial”, dijo.
Mauro Andino, en cambio, plantea que, si bien el objetivo de la pregunta es transparentar el patrimonio de las y los servidores judiciales y así evitar la corrupción, “es un asunto que puede y debe realizarlo la Contraloría e investigarlo la Fiscalía”. A la par considera que la pregunta debería incluir la evaluación a miembros de la Policía, de las FFAA y de otras autoridades de elección popular.
Hervas y Andino coinciden en que se necesita depurar la estructura del Estado, no solo una parte de este.
Este procedimiento ya existe, asegura Hervas. El Estado se puede apropiar de bienes que tengan como origen el narcotráfico u otros orígenes ilícitos.
Esta pregunta, según Hervas, es inconstitucional porque viola tratados internacionales y la norma constitucional vigente sobre el derecho a la movilidad humana. “Directamente, esta pregunta reproduce la xenofobia”, aseguró el abogado.
Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, en una entrevista dijo que “los casinos son de las pocas opciones que hay en Ecuador para generar 25 mil empleos directos e indirectos muchos más”. Sin embargo, a decir de Hervas, esta pregunta implica el retorno de los casinos y no es cierto que generará muchos empleos. “Es una idea descabellada, sin ningún sentido y nada prioritaria. A la gente le urge el empleo, la seguridad y salir de la crisis económica”, dijo. Además, agregó que esta pregunta “es un juego del populista que quiere hablar de empleo alrededor de un área de tan poca capacidad de dotación de empleo”.
En 2011, el 52% de la población ecuatoriana ya se pronunció en contra de los juegos de azar y casas de apuestas, porque generalmente son lugares donde suele operar la delincuencia.
.
Nueve preguntas más para la consulta popular
El 8 de enero de 2024, Esteban Torres, viceministro de gobierno, entregó a la Corte Constitucional nueve preguntas más como propuesta para la consulta popular. Este segundo paquete de preguntas, según el viceministro, tienen que ver con extradición de delincuentes por delitos transnacionales, extinción de dominio para combatir la delincuencia y el crimen organizado, revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales, indultos a policías y militares, establecimiento de justicia constitucional especializada para evitar la corrupción, trabajo por horas, entre otros temas.
